La situación del transporte en Cuba es cada vez más crítica, y ni siquiera la impronta del sector privado ha podido revertir esta realidad. La puesta en marcha de una “ley de oferta y demanda” ha disparado los precios y dejado al usuario sin protección.

Si al cubano de a pie se le hace difícil planificar la comida del mes con un salario generalmente insuficiente, el resto de su vida se reduce a la conquista de una malabárica meta. Si además invertimos casi la mitad de nuestro salario solamente en el pago del trasporte hacia los centros laborales, entonces se crea un grave conflicto, sobre todo si este gasto no representa una mejoría económica a corto o mediano plazo.

La entrada en vigor de “ley de oferta y demanda” correspondiente a uno de los lineamientos económicos aprobados  a nivel estatal para un mejor funcionamiento socioeconómico del país, ha permitido la entrada del transporte  privado  en  calles y carreteras. A las penurias del cubano de a pie, podríamos sumarle ahora, los altos costes que impone el sector privado, que al tener un mejor servicio que los autobuses estatales provoca un gasto extra no planificado. Al fin de mes la suma gastada en concepto de transporte podría desafiar a cualquiera, sobre todo si no falta quien esté dispuesto a pagar lo que sea necesario con tal de ganar en tiempo y comodidad.

Pero, ¿por qué aumentaron los precios desde que se legalizaron los servicios de transporte privado? Todo indica que el conflicto surge por la falta de una medida que controle las tarifas límites en este mercado de “oferta y demanda” y que ha traído consigo la desprotección legal del consumidor. Este hecho ha dejando a los pasajeros totalmente a expensas de iniciativas personales que establecen precios disparados según intereses particulares, tipos de transporte, distancias recorridas, inclemencias del tiempo, horarios de trabajo, etc.

Subidas de precios, ganancia para el pescador

Hoy día la demanda supera tanto a la oferta, que la subida de precios casi no ha impedido la aglomeración de personas en todo tipo de medios de transportes.

En una visita realizada a la “Terminal Lido”, en el municipio habanero de Marianao, este autor pudo constatar que de 1 peso cubano (0,05 US) que hace un par de años costaba el trayecto en camión hasta la provincia Artemisa, a unos 60 km, hoy cuesta 5 pesos (0,25 US), lo que afecta directamente el bolsillo de miles de lugareños en su traslado al trabajo o la escuela. Aun así, no dan abasto los camiones para trasladar a tanta gente.

Cerca de allí conocí a Claudia, antigua usuaria de esa terminal, pero ahora prefiere agotar hasta la última alternativa en autobús estatal, ya que “no puede darse el lujo de gastar más de lo que sus padres le ofrecen para transporte y comida en la universidad”.

Tampoco falta quien haga hasta lo imposible por evitar subirse al transporte público. Misael Vázquez, mecánico de computadoras y mesero nocturno de un restaurante italiano en La Habana lo tiene bien claro: “Hace tiempo que evito la incomodidad y maltrato de las guaguas.

Con lo que gano diario me da para vestir, comer y no meterme jamás en un tumulto de esos”, agregó Misael, quien dice gastarse 50 pesos diarios (2 US) solamente en taxis particulares, ya que lo que gana diariamente multiplica por 10 lo que gasta en esa misma jornada.

Jugar con el dinero de otros

Recientemente en Pinar del Río sucedió algo muy interesante. Me llamó la atención que si un camión de pasajeros cobraba 20 pesos desde La Habana hasta esa ciudad (157 km), ¿cómo entonces un taxi intermunicipal me quería cobrar 30 pesos por tan solo 23 km?

“El problema es que no encontramos petróleo barato mi chama”, respondió el taxista convencido de su abusiva tarifa. “Lo que pasa es que la semana pasada se nos tiraron los inspectores pidiendo los tickets del petróleo, y ahora tenemos que comprárselo obligatoriamente al Estado, y sale mucho más caro”.

Según el mismo chofer, anteriormente, los campesinos le revendían a muy buen precio el petróleo de regar sus cosechas a los taxistas, pero la nueva medida destapó las alarmas y una vez más el férreo control repercute en el bolsillo del eslabón más débil, el pueblo.

Lo más preocupante es que al final nadie se pone de acuerdo, y somos nosotros los que seguimos pagando los platos rotos. Creo que si el sector privado ha sido invitado a resolver este problema, no debería aprovecharse del descontrol y la crisis para imponer abusivos precios como mejor guste.

Todo lo contrario, una política acertada de precios podría incentivar aún más  a los usuarios, y lejos de perder, las ganancias se podrían multiplicar. Dicen que ese es el pequeño secreto de los chinos. Puede que aprender de los que saben sea la clave del éxito, valdría la pena ponernos a prueba.