La aprobación de leyes sustantivas que legitimen los derechos de lesbianas, gays, trans, bi, intersexuales y queer (LGBTIQ) y el reconocimiento legal de las familias homoparentales, son exigencias que integran una petición formal que activistas presentarán al parlamento cubano.

La iniciativa fue lanzada el pasado 11 de enero por la documentalista Yaima Pardo en la plataforma digital Avaaz.org., que se define como “una comunidad global de movilización online que integra la acción política impulsada por la ciudadanía dentro de los procesos de toma de decisiones globales”.

Una vez que se consigan las 1.000 rúbricas, el documento será enviado a Esteban Lazo, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral), cuya composición se apresta a cambiar en abril venidero cuando culminen las actuales elecciones generales.

La demanda alude a la importancia de la reforma constitucional, que fue anunciada por las autoridades pero sin precisar fecha.

“Los activistas por los derechos de las personas LGBTIQ quieren que sus voces sean escuchadas y sus demandas incluidas en las transformaciones que precisa la Carta Magna de nuestra República para garantizar la equidad y calidad de ciudadanía de todos los seres humanos en nuestra sociedad”, consigna el texto.

Los pedidos suscritos son los siguientes:

Libertad de asociación con amparo legal, que estimule el crecimiento y organización de la sociedad civil sensibilizada con la promoción y defensa de los derechos de las personas LGBTIQ.

Libre acceso a los medios de comunicación para desarrollar campañas públicas contra la discriminación, amplificar las demandas, visibilizar la realidad y problemáticas de las personas LGBTIQ, y para construir comunidad.

Apoyo explícito por parte de funcionarios públicos, diputados a la asamblea nacional y decisores de políticas hacia la condición de las personas LGBTIQ, así como el reconocimiento del acoso sufrido por este grupo, y disculpas públicas como única vía de reparación histórica.

Legislación sustantiva que legitime sus derechos y se proteja de manera efectiva de las discriminaciones en los ámbitos públicos, institucionales, familiares, así como servicios públicos de la economía estatal y privada, insertada en una Ley General contra las Discriminaciones.

Reconocimiento legal de las familias homoparentales, base fundamental para una necesaria legalización futura de la adopción y acceso a los métodos de reproducción asistida.

Garantizar un reconocimiento de las uniones legales (matrimonio igualitario) en parejas de homosexuales.

Propiciar investigaciones públicas que describan la situación de esa franja, así como la estructura de sus posibles familias, sus necesidades y aspiraciones.

Acceso de las personas transgénero fuera de la capital cubana a tratamientos especializados y terapias hormonales en sus propios territorios, y en sus propios términos.

Incorporar temas sobre diversidad sexual en todos los niveles de enseñanza pública.

Implementar programas de capacitación y sensibilización hacia las personas LGBTIQ dirigidos a los miembros de la policía y demás autoridades responsables de hacer cumplir la ley.

Capacitar a los profesionales de la salud sobre diversidad sexual y reproductiva para la asistencia efectiva a personas LGBTIQ.

Pardo explicó a la Redacción IPS Cuba que la petición se conformó con la colaboración de activistas sobre el tema como Isbel Díaz, Jimmy Roque, Yasmín S. Portales, Norges Espinosa, Ramón Silverio, Francisco Rodríguez Cruz, Alberto Roque, Maikel González Vivero e integrantes de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Cuba, entre otros, quienes participaron en el documental “Causas y Azares”, de la realizadora, Norges Rodríguez y Taylor Cáceres.

“Entendimos como una necesidad visibilizar las demandas por todas las vías posibles porque no caben en un documental. Realizar este trabajo me ayudó a entender la necesidad de autonomía que precisa el activismo para ser efectivo, también cómo se manifiestan las mismas necesidades de transformación desde varias posiciones políticas”, argumentó.

Contexto regional

El 9 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en San José, Costa Rica, un histórico fallo a favor de las minorías sexuales en América Latina, en el cual instó a los Estados miembros reconocer y garantizar los derechos a la identidad de género y procedimientos de cambio de nombre, así como a los vínculos entre parejas del mismo sexo sin discriminación.

Al mismo tiempo consideró pertinente utilizar la figura del matrimonio y no otros formatos legales que podrían prolongar la estigmatización hacia ese segmento poblacional.

El dictamen no obliga a los países donde el matrimonio homosexual es ilegal a que cambien sus leyes de inmediato, pero ahora las familias de la región disponen de un sustento legal para exigir sus derechos en una instancia legal internacional.

El matrimonio igualitario está vigente en países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y en algunos estados de México, mientras la unión civil entre personas del mismo sexo es amparada en Chile y Ecuador.