Política de Comunicación
El Decreto Ley 41 y la creación del Instituto de Información y Comunicación Social, tras la disolución del ICRT, parecen el comienzo de la implementación jurídica de la «Política de Comunicación» en Cuba.
El Consejo de Estado aprobó un nuevo Decreto Ley que regulará la actividad en el ciberespacio cubano. Podría esperarse que la norma asegure el control estatal sobre las telecomunicaciones.
Década tras década, indicaciones tras indicaciones, quienes dirigen en Cuba se han acomodado tanto a no usar la transparencia de sus procedimientos, que ya parece una cuestión normal.
Los símbolos pueden resultar muy poderosos, pero también sucede que las insignias, cuando se pretenden usar como cura infalible de todos los males, suelen terminar convirtiéndose en su contrario: la sobresaturación que lleva al hastío, el hastío que produce antagonismo. Lo antisimbólico por antonomasia.
Con un discurso muy cuidadoso, enfocado en transmitir la idea de la continuidad, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel hace más de lo que dice; pero sin llamar la atención, sin que se noten casi los cambios.
En el caso de las balitas de gas licuado, ya casi todos los medios digitales de noticias sobre Cuba (no estatales) han publicado informaciones sobre la modificación en su venta. Pero el silencio en los medios bajo gestión del Partido Comunista parece indicar que la “verdad revolucionaria” necesita aún de algún tiempo adicional para expresarse.
¿Puede ser exitosa una Política de Comunicación gestada, analizada e implementada con una comunicación mínima y selectiva? Con estos principios, es difícil esperar finales diferentes.
