Política de Comunicación

Ley de comunicación en Cuba: el PCC no suelta el control
¿Cuáles serán los cambios significativos en los medios en Cuba una vez que se apruebe el anteproyecto de Ley de Comunicación Social?
El texto profundiza en las tergiversaciones, mentiras y en el discurso manipulador que expuso Las razones de Cuba para intentar demostrar que un grupo de espacios digitales son subordinados a la política estadounidense.
El jurista Eloy Viera reflexiona sobre el Anteproyecto de Ley de Comunicación, presentado a la prensa el lunes 11 de julio.
El Consejo de Estado aprobó un nuevo Decreto Ley que regulará la actividad en el ciberespacio cubano. Podría esperarse que la norma asegure el control estatal sobre las telecomunicaciones.
Década tras década, indicaciones tras indicaciones, quienes dirigen en Cuba se han acomodado tanto a no usar la transparencia de sus procedimientos, que ya parece una cuestión normal.
Un llamado a la «resistencia creativa» es la nueva consigna del Gobierno cubano para pedirle al pueblo más paciencia y sacrificios ante la dura situación que se vive en la isla hoy.
En diciembre de 2021, el Ministerio de las Comunicaciones dispuso los límites aplicables, en pesos cubanos, de los servicios de transmisión de datos para los cuentapropistas; un año después de que se establecieran las tarifas para personas naturales y jurídicas.
Los símbolos pueden resultar muy poderosos, pero también sucede que las insignias, cuando se pretenden usar como cura infalible de todos los males, suelen terminar convirtiéndose en su contrario: la sobresaturación que lleva al hastío, el hastío que produce antagonismo. Lo antisimbólico por antonomasia.
Con un discurso muy cuidadoso, enfocado en transmitir la idea de la continuidad, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel hace más de lo que dice; pero sin llamar la atención, sin que se noten casi los cambios.
Los nombres, las edades y las actividades que realizaban los desaparecidos en el incendio de Matanzas no son simples datos íntimos. Son datos públicos en tanto contribuyen a determinar los efectos de un incidente que compete a la ciudadanía cubana.
El Decreto Ley 41 y la creación del Instituto de Información y Comunicación Social, tras la disolución del ICRT, parecen el comienzo de la implementación jurídica de la «Política de Comunicación» en Cuba.
En el caso de las balitas de gas licuado, ya casi todos los medios digitales de noticias sobre Cuba (no estatales) han publicado informaciones sobre la modificación en su venta. Pero el silencio en los medios bajo gestión del Partido Comunista parece indicar que la “verdad revolucionaria” necesita aún de algún tiempo adicional para expresarse.
¿Puede ser exitosa una Política de Comunicación gestada, analizada e implementada con una comunicación mínima y selectiva? Con estos principios, es difícil esperar finales diferentes.