Autor
Raúl Medina Orama
La crisis económica de los noventa apretó tanto a mi padre que vendió su biblioteca y no pudo comprarme un televisor hasta 2005. No sé cómo terminé leyendo libros y viendo películas con devoción, escribiendo de lo que leo y veo, cuando podría haber sido barman o militar o político. Solo temo a la ceguera.
Un acuerdo del Consejo de Ministros marca un cambio significativo en el modelo cubano de asistencia social, caracterizado por un fuerte control estatal sobre los servicios de cuidado a personas mayores y en situación de discapacidad.
El comité de asuntos exteriores de la Cámara de los Comunes de Canadá convocó a una sesión especial para abordar la crisis humanitaria en Cuba. A la audiencia fueron invitados miembros de la sociedad civil cubana para testificar ante el Parlamento canadiense, un país clave para la isla por su peso en el turismo, la inversión minera y el acceso a divisas.
La pregunta que no responde el poder es fundamental: ¿cómo se garantizará el suministro de los productos en las bodegas estatales de las ciudades y campos? La cuestión no está resuelta porque el objetivo principal no es asistir a los «vulnerables», sino reducir la carga pública del Estado que prometía «no dejar a nadie desamparado».
Los reportes de un motín en la prisión provincial de Ciego de Ávila, conocida como Canaleta, provienen hasta el momento de comunicados públicos difundidos por organizaciones independientes de derechos humanos.
La ley propuesta elimina la confiscación por salida definitiva del país que está declarada en la norma vigente —algo que contradecía la nueva Ley de Migración de 2024—; permite ser propietario de hasta tres viviendas y amplía opciones de financiamiento, incluyendo créditos e hipotecas.
El profesor de la Facultad de Ciencias Técnicas y Empresariales de la Universidad de Sancti Spíritus «José Martí Pérez» fue condenado a una sanción conjunta de diez años de cárcel por pintar frases contrarias al régimen de La Habana; algunas iban dirigidas al mandatario Miguel Díaz-Canel.
Un diputado usa su cargo para justificar la represión, criminalizar la crítica y legitimar campañas del Estado, y termina desmentido por el aparato que defiende.
Sin combustibles para operar la generación distribuida y para transportar al personal de los hoteles, al régimen cubano le resulta cada vez más difícil mantener la burbuja en la que ha intentado aislar el turismo del resto de la nación.
El 4 de febrero de 2026, luego de una de las madrugadas más frías que se recuerdan en Cuba en mucho tiempo, tres mujeres se dirigieron a una oficina de la Asamblea Nacional donde entregaron una solicitud para aprobar una ley de amnistía a favor de cientos de presos políticos.
elTOQUE Jurídico recibió consultas de la audiencia sobre la veracidad de publicaciones virales que afirman que las copias electrónicas de documentos notariales y certificaciones de registros «están reconocidos para su uso en el tráfico jurídico internacional». Pero esto es FALSO.
«Nosotros, los cubanos, además de muertos en vida, también estamos muertos en espíritu. ¡Cuánta esperanza tengo en que llegue el momento de la libertad!», dijo Ankeilys Guerra en una de sus transmisiones en vivo, pocos días antes de que la Seguridad del Estado irrumpiera en su casa.
Los pronunciamientos de los congresistas han trascendido un día después de la llegada, el miércoles 28 de enero de 2026, del tercer vuelo de ayuda humanitaria de Estados Unidos para los damnificados por el huracán Melissa en la región oriental del país, entregada por organizaciones de la Iglesia católica.
El Estado cubano acaba de dotarse, por primera vez, de un marco jurídico integral para la educación financiera, una estrategia que ha puesto bajo la conducción del Banco Central. En medio de uno de los peores momentos de la crisis nacional y ante la necesidad de cambios sistémicos, no encontraron otro asunto urgente del que ocuparse.
En una Cuba marcada por la inseguridad alimentaria, Lázaro Manuel Hernández ya no puede hornear el pan que ponía en la mesa para sus hijos, o que donaba para causas sociales o vendía en su pequeño negocio privado. Hace más de cuatro meses lo apartaron de su familia unos agentes policiales que «solo querían hacerle unas preguntas», según dijeron. Pero Lázaro Manuel no regresó.
Varios actores de la sociedad civil cubana han señalado que la liberación de las personas presas por motivos políticos en Cuba debe ser un asunto prioritario en cualquier aproximación de gobiernos extranjeros con el régimen de La Habana o ante un proceso de cambio político en el país.
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Raúl Medina Orama
La crisis económica de los noventa apretó tanto a mi padre que vendió su biblioteca y no pudo comprarme un televisor hasta 2005. No sé cómo terminé leyendo libros y viendo películas con devoción, escribiendo de lo que leo y veo, cuando podría haber sido barman o militar o político. Solo temo a la ceguera.
Un acuerdo del Consejo de Ministros marca un cambio significativo en el modelo cubano de asistencia social, caracterizado por un fuerte control estatal sobre los servicios de cuidado a personas mayores y en situación de discapacidad.
Los reportes de un motín en la prisión provincial de Ciego de Ávila, conocida como Canaleta, provienen hasta el momento de comunicados públicos difundidos por organizaciones independientes de derechos humanos.
Un diputado usa su cargo para justificar la represión, criminalizar la crítica y legitimar campañas del Estado, y termina desmentido por el aparato que defiende.
elTOQUE Jurídico recibió consultas de la audiencia sobre la veracidad de publicaciones virales que afirman que las copias electrónicas de documentos notariales y certificaciones de registros «están reconocidos para su uso en el tráfico jurídico internacional». Pero esto es FALSO.
El Estado cubano acaba de dotarse, por primera vez, de un marco jurídico integral para la educación financiera, una estrategia que ha puesto bajo la conducción del Banco Central. En medio de uno de los peores momentos de la crisis nacional y ante la necesidad de cambios sistémicos, no encontraron otro asunto urgente del que ocuparse.
El comité de asuntos exteriores de la Cámara de los Comunes de Canadá convocó a una sesión especial para abordar la crisis humanitaria en Cuba. A la audiencia fueron invitados miembros de la sociedad civil cubana para testificar ante el Parlamento canadiense, un país clave para la isla por su peso en el turismo, la inversión minera y el acceso a divisas.
La ley propuesta elimina la confiscación por salida definitiva del país que está declarada en la norma vigente —algo que contradecía la nueva Ley de Migración de 2024—; permite ser propietario de hasta tres viviendas y amplía opciones de financiamiento, incluyendo créditos e hipotecas.
Sin combustibles para operar la generación distribuida y para transportar al personal de los hoteles, al régimen cubano le resulta cada vez más difícil mantener la burbuja en la que ha intentado aislar el turismo del resto de la nación.
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«Nosotros, los cubanos, además de muertos en vida, también estamos muertos en espíritu. ¡Cuánta esperanza tengo en que llegue el momento de la libertad!», dijo Ankeilys Guerra en una de sus transmisiones en vivo, pocos días antes de que la Seguridad del Estado irrumpiera en su casa.
En una Cuba marcada por la inseguridad alimentaria, Lázaro Manuel Hernández ya no puede hornear el pan que ponía en la mesa para sus hijos, o que donaba para causas sociales o vendía en su pequeño negocio privado. Hace más de cuatro meses lo apartaron de su familia unos agentes policiales que «solo querían hacerle unas preguntas», según dijeron. Pero Lázaro Manuel no regresó.
La pregunta que no responde el poder es fundamental: ¿cómo se garantizará el suministro de los productos en las bodegas estatales de las ciudades y campos? La cuestión no está resuelta porque el objetivo principal no es asistir a los «vulnerables», sino reducir la carga pública del Estado que prometía «no dejar a nadie desamparado».
El profesor de la Facultad de Ciencias Técnicas y Empresariales de la Universidad de Sancti Spíritus «José Martí Pérez» fue condenado a una sanción conjunta de diez años de cárcel por pintar frases contrarias al régimen de La Habana; algunas iban dirigidas al mandatario Miguel Díaz-Canel.
El 4 de febrero de 2026, luego de una de las madrugadas más frías que se recuerdan en Cuba en mucho tiempo, tres mujeres se dirigieron a una oficina de la Asamblea Nacional donde entregaron una solicitud para aprobar una ley de amnistía a favor de cientos de presos políticos.
Los pronunciamientos de los congresistas han trascendido un día después de la llegada, el miércoles 28 de enero de 2026, del tercer vuelo de ayuda humanitaria de Estados Unidos para los damnificados por el huracán Melissa en la región oriental del país, entregada por organizaciones de la Iglesia católica.
Varios actores de la sociedad civil cubana han señalado que la liberación de las personas presas por motivos políticos en Cuba debe ser un asunto prioritario en cualquier aproximación de gobiernos extranjeros con el régimen de La Habana o ante un proceso de cambio político en el país.
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