Autor

Raúl Medina Orama
La crisis económica de los noventa apretó tanto a mi padre que vendió su biblioteca y no pudo comprarme un televisor hasta 2005. No sé cómo terminé leyendo libros y viendo películas con devoción, escribiendo de lo que leo y veo, cuando podría haber sido barman o militar o político. Solo temo a la ceguera.

La organización Cubalex documentó, hasta el 17 de marzo de 2026, al menos 156 protestas y 47 detenciones ocurridas en marzo. El conteo incluye, además de los confirmados en Morón, «un número no determinado de arrestos en Guisa (Granma) relacionados con el incendio del restaurante El Mirador».
Emma no ve a su papá desde la mañana del 6 de febrero de 2026, cuando se lo llevaron esposado por opinar en redes sociales, como ha ocurrido con muchos otros padres en Cuba, aunque la niña de tres años no lo sepa. Ernesto Ricardo continúa preso en Holguín, junto con Kamil Zayas, por los videos críticos que filmó en una pequeña habitación de su hogar.

Organizaciones de cubanos exiliados en Estados Unidos y activistas independientes esperan que la Administración Trump autorice iniciativas pacíficas para llevar ayuda humanitaria por vía marítima hacia Cuba, una «respuesta cívica» al Convoy Nuestra América, promovido por grupos afines al régimen.
Dos personas fueron condenadas a penas de siete y nueve años de cárcel en Ciego de Ávila por robar tornillos que se utilizan para la instalación de paneles solares. En medio de una prolongada crisis del servicio eléctrico, las autoridades consideran que estos hechos constituyen un sabotaje.

El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas recibió solicitudes de «Acción urgente» por los sobrevivientes de un enfrentamiento con Tropas Guardafronteras cubanas durante un supuesto intento de infiltración armada en Cayo Falcones, en la costa norte de Villa Clara. Según informó Cubalex, este órgano de expertos «ha emitido una exigencia directa al Estado cubano» para que responda sobre las «personas desaparecidas», con plazo hasta el 19 de marzo de 2026.

Las autoridades cubanas quieren mostrar resultados en el enfrentamiento de un fenómeno cuya percepción ha crecido en la sociedad. También buscan posicionarse como un actor importante en la contención del narcotráfico en el Caribe, en medio de reportes de contactos entre Marco Rubio y el entorno de Raúl Castro.
Un acuerdo del Consejo de Ministros marca un cambio significativo en el modelo cubano de asistencia social, caracterizado por un fuerte control estatal sobre los servicios de cuidado a personas mayores y en situación de discapacidad.

El comité de asuntos exteriores de la Cámara de los Comunes de Canadá convocó a una sesión especial para abordar la crisis humanitaria en Cuba. A la audiencia fueron invitados miembros de la sociedad civil cubana para testificar ante el Parlamento canadiense, un país clave para la isla por su peso en el turismo, la inversión minera y el acceso a divisas.
La pregunta que no responde el poder es fundamental: ¿cómo se garantizará el suministro de los productos en las bodegas estatales de las ciudades y campos? La cuestión no está resuelta porque el objetivo principal no es asistir a los «vulnerables», sino reducir la carga pública del Estado que prometía «no dejar a nadie desamparado».
Los reportes de un motín en la prisión provincial de Ciego de Ávila, conocida como Canaleta, provienen hasta el momento de comunicados públicos difundidos por organizaciones independientes de derechos humanos.
La ley propuesta elimina la confiscación por salida definitiva del país que está declarada en la norma vigente —algo que contradecía la nueva Ley de Migración de 2024—; permite ser propietario de hasta tres viviendas y amplía opciones de financiamiento, incluyendo créditos e hipotecas.

El profesor de la Facultad de Ciencias Técnicas y Empresariales de la Universidad de Sancti Spíritus «José Martí Pérez» fue condenado a una sanción conjunta de diez años de cárcel por pintar frases contrarias al régimen de La Habana; algunas iban dirigidas al mandatario Miguel Díaz-Canel.
Un diputado usa su cargo para justificar la represión, criminalizar la crítica y legitimar campañas del Estado, y termina desmentido por el aparato que defiende.
Sin combustibles para operar la generación distribuida y para transportar al personal de los hoteles, al régimen cubano le resulta cada vez más difícil mantener la burbuja en la que ha intentado aislar el turismo del resto de la nación.

El 4 de febrero de 2026, luego de una de las madrugadas más frías que se recuerdan en Cuba en mucho tiempo, tres mujeres se dirigieron a una oficina de la Asamblea Nacional donde entregaron una solicitud para aprobar una ley de amnistía a favor de cientos de presos políticos.
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Raúl Medina Orama
La crisis económica de los noventa apretó tanto a mi padre que vendió su biblioteca y no pudo comprarme un televisor hasta 2005. No sé cómo terminé leyendo libros y viendo películas con devoción, escribiendo de lo que leo y veo, cuando podría haber sido barman o militar o político. Solo temo a la ceguera.
La organización Cubalex documentó, hasta el 17 de marzo de 2026, al menos 156 protestas y 47 detenciones ocurridas en marzo. El conteo incluye, además de los confirmados en Morón, «un número no determinado de arrestos en Guisa (Granma) relacionados con el incendio del restaurante El Mirador».
Dos personas fueron condenadas a penas de siete y nueve años de cárcel en Ciego de Ávila por robar tornillos que se utilizan para la instalación de paneles solares. En medio de una prolongada crisis del servicio eléctrico, las autoridades consideran que estos hechos constituyen un sabotaje.
Un acuerdo del Consejo de Ministros marca un cambio significativo en el modelo cubano de asistencia social, caracterizado por un fuerte control estatal sobre los servicios de cuidado a personas mayores y en situación de discapacidad.
Los reportes de un motín en la prisión provincial de Ciego de Ávila, conocida como Canaleta, provienen hasta el momento de comunicados públicos difundidos por organizaciones independientes de derechos humanos.
Un diputado usa su cargo para justificar la represión, criminalizar la crítica y legitimar campañas del Estado, y termina desmentido por el aparato que defiende.
Emma no ve a su papá desde la mañana del 6 de febrero de 2026, cuando se lo llevaron esposado por opinar en redes sociales, como ha ocurrido con muchos otros padres en Cuba, aunque la niña de tres años no lo sepa. Ernesto Ricardo continúa preso en Holguín, junto con Kamil Zayas, por los videos críticos que filmó en una pequeña habitación de su hogar.
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas recibió solicitudes de «Acción urgente» por los sobrevivientes de un enfrentamiento con Tropas Guardafronteras cubanas durante un supuesto intento de infiltración armada en Cayo Falcones, en la costa norte de Villa Clara. Según informó Cubalex, este órgano de expertos «ha emitido una exigencia directa al Estado cubano» para que responda sobre las «personas desaparecidas», con plazo hasta el 19 de marzo de 2026.
El comité de asuntos exteriores de la Cámara de los Comunes de Canadá convocó a una sesión especial para abordar la crisis humanitaria en Cuba. A la audiencia fueron invitados miembros de la sociedad civil cubana para testificar ante el Parlamento canadiense, un país clave para la isla por su peso en el turismo, la inversión minera y el acceso a divisas.
La ley propuesta elimina la confiscación por salida definitiva del país que está declarada en la norma vigente —algo que contradecía la nueva Ley de Migración de 2024—; permite ser propietario de hasta tres viviendas y amplía opciones de financiamiento, incluyendo créditos e hipotecas.
Sin combustibles para operar la generación distribuida y para transportar al personal de los hoteles, al régimen cubano le resulta cada vez más difícil mantener la burbuja en la que ha intentado aislar el turismo del resto de la nación.
Organizaciones de cubanos exiliados en Estados Unidos y activistas independientes esperan que la Administración Trump autorice iniciativas pacíficas para llevar ayuda humanitaria por vía marítima hacia Cuba, una «respuesta cívica» al Convoy Nuestra América, promovido por grupos afines al régimen.
Las autoridades cubanas quieren mostrar resultados en el enfrentamiento de un fenómeno cuya percepción ha crecido en la sociedad. También buscan posicionarse como un actor importante en la contención del narcotráfico en el Caribe, en medio de reportes de contactos entre Marco Rubio y el entorno de Raúl Castro.
La pregunta que no responde el poder es fundamental: ¿cómo se garantizará el suministro de los productos en las bodegas estatales de las ciudades y campos? La cuestión no está resuelta porque el objetivo principal no es asistir a los «vulnerables», sino reducir la carga pública del Estado que prometía «no dejar a nadie desamparado».
El profesor de la Facultad de Ciencias Técnicas y Empresariales de la Universidad de Sancti Spíritus «José Martí Pérez» fue condenado a una sanción conjunta de diez años de cárcel por pintar frases contrarias al régimen de La Habana; algunas iban dirigidas al mandatario Miguel Díaz-Canel.
El 4 de febrero de 2026, luego de una de las madrugadas más frías que se recuerdan en Cuba en mucho tiempo, tres mujeres se dirigieron a una oficina de la Asamblea Nacional donde entregaron una solicitud para aprobar una ley de amnistía a favor de cientos de presos políticos.
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