Pocos pudieron predecir que la transmisión a través de Facebook de una protesta en el parque de San Antonio de los Baños pudiese derivar en lo que hoy casi todo el mundo llama 11J. Un nombre que sintetiza eventos ocurridos en el lapso de tres días, pero que toma el apelativo por la fecha de inicio y concentración de la mayor cantidad de eventos. Muchos suponían que algo de esa magnitud podía suceder dado el agravamiento de la crisis económica y social en la que han vivido los cubanos de forma permanente desde hace varias décadas. Sin embargo, era difícil vaticinar cómo y cuándo se produciría. 

Más allá de cualquier ejercicio de prestidigitación fallido, lo cierto es que entre los días 11, 12 y 13 de julio de 2021 ―en especial durante el 11― los cubanos salieron a protestar de forma masiva. El Observatorio Cubano de Conflictos considera que unas 180 mil personas salieron a las calles durante esas jornadas en más de 587 manifestaciones. Otras fuentes totalizan entre 60 mil y 600 mil participantes. En cualquier caso, se trata de las protestas sociales más numerosas, diversas ―en composición y tipos de reclamo― y distribuidas geográficamente de que exista registro en la joven historia de la nación cubana. En las calles de esos días, los cubanos reclamaron desde vacunas contra la COVID-19 hasta el fin de la dictadura y un cambio de régimen político.

DEBATES MOTIVADOS POR EL CÓMO Y EL CUÁNDO DEL 11J

La manera en la que se produjo y desarrolló el 11J ha motivado debates sobre las formas más efectivas de articulación ciudadana y protesta en Cuba. A un año del estallido social es más fácil intentar responder ―sin éxito garantizado― a la pregunta: ¿cómo debe gestarse una protesta en Cuba para que sea efectiva?

Para hacerlo, no solo basta mirar lo sucedido en el verano de 2021, sino también lo acontecido unos meses después con la marcha por el cambio convocada por Archipiélago. Una mirada en retrospectiva de ambos hechos nos permite poner en una balanza las dos variables fundamentales de análisis: espontaneidad y preparación. 

La preparación previa por ciudadanos organizados, tal cual fue pensada para el 15N, demostró ser proclive a la detección y la neutralización. Por otra parte, la protesta espontánea y viralizada demostró tener la capacidad de ocupar espacios públicos el 11J, pero a la larga develó que la falta de coordinación y estrategia para preservar los espacios ocupados y «plantarse» pacíficamente ante las sedes del poder influyó en su disolución acelerada. Disolución derivada de la mezcla de represión cruenta, corte de las comunicaciones y falta de instancias de organización de la protesta por parte de la ciudadanía cubana. 

En resumen, las razones de éxito del 11J demostraron ser iguales a las de su fracaso: espontaneidad, desorganización y horizontalidad. A la par, lo que parecía ser la fortaleza del 15N: el liderazgo articulado, la organización y la preparación terminó también por ser lo que les pasó factura. Ante esto, un pesimista podría decir: en Cuba cualquier protesta está condenada al fracaso. Pero si se evalúan ―como sucede con fenómenos similares en otros países― como una mezcla de éxitos y derrotas, puede abrirse otra conversación y algunos aprendizajes tentativos.

¿CÓMO ENFRENTAR ENTONCES UNA SITUACIÓN COMO ESTA?

Quienes deseen un cambio en Cuba deberían apostar por generar espacios y proyectos desideologizados que fomenten la espontaneidad de los ciudadanos y la formulación de reclamos al poder. Reclamos que no tienen que ser solo políticos, toda vez que en regímenes cerrados cualquier exigencia al poder es contraria a su esencia. Tampoco tienen que englobar en sí mismos todas las reivindicaciones que muchos imaginan para un cambio total. Las reivindicaciones particulares de sectores específicos pueden mantener viva la memoria y capacidad de la ciudadanía para reconocerse en el otro y exigir derechos.

La espontaneidad del 11J fue el resultado de la acumulación de reclamos silenciados y del efecto del entusiasmo que provoca ver lo nunca visto: miles de personas en las calles que exigen públicamente lo que solo decían en privado. Por ende, amplificar esos reclamos y conducirlos a formas variadas de acción concreta seguirá siendo la mejor posibilidad que tiene la sociedad civil y la oposición política de conectar con la ciudadanía. 

Buena parte de la sociedad civil cubana y, en especial, de la oposición política se encuentra ―sobre todo después de la represión estatal post-11J― desarticulada. No parecen ser capaces en este momento de gestar, impulsar o coordinar un nuevo estallido social. Como hoy tampoco sucede en Belarús, Hong Kong, Nicaragua o Rusia, donde oleadas de manifestaciones ―más prolongadas y organizadas que las cubanas― sucumbieron por la represión despiadada del Estado. 

El inicio de un nuevo estallido social en Cuba parece descansar de forma exclusiva en el desenfreno de ciudadanos comunes hastiados de la crisis y de la inexistencia de mecanismos para canalizar sus inconformidades. Ante su situación actual, a la sociedad civil y la oposición política cubana le corresponde prepararse para acompañar ese próximo estallido y ofrecerle formas y estrategias que permitan canalizar la energía popular. Esto pone sobre la mesa otro tema que ha estado en el centro de discusiones recientes: ¿quién tiene mayores capacidades de acompañar ese estallido e impulsar un cambio democrático en Cuba, la sociedad civil o la oposición política?

Hay quienes consideran que el camino de la democratización de Cuba pasa por la activación y el crecimiento infinito de la sociedad civil; esa que encontró en los dos últimos años formas diferentes de hacer política. Formas que, a pesar de ser gremiales en muchos casos, demostraron ser efectivas y no estar circunscritas a simples exigencias o activaciones virtuales. Formas que demostraron tener la capacidad de ocupar espacios públicos y generar simpatías en una ciudadanía que no veía y se acercaba ―salvo algunas excepciones― con igual afán a la oposición política. 

Asimismo, hay quienes opinan que los fracasos del 11J y la situación actual de repliegue y sangría que vive el activismo cubano, demuestran la necesidad de apoyar a los únicos actores que han mostrado constancia y coherencia ―aunque con menos capacidad de empatizar con la ciudadanía―: la oposición política. Para lo cual, más que reclamos tímidos y fragmentados de las personas comunes ―una marcha LGBTI, un movimiento ecologista, una petición legal feminista― sería preciso apoyar, dentro o fuera del país, a vanguardias políticas conscientes y organizadas. 

Empero, si se analiza con detenimiento lo sucedido el 11J, puede determinarse que la anterior es una discusión espuria. El catalizador del 11J fue el que la sociedad civil había utilizado y perfeccionado como mecanismo para conectar con las personas, las redes sociales. Sin embargo, ni los actores de la sociedad civil ni la oposición política lograron conectar de forma decisiva con los manifestantes y canalizar los reclamos de la protesta. Una protesta que se diluyó ante la represión posterior a la orden de combate y de la cual fueron víctimas por igual opositores políticos y actores de la sociedad civil que participaron, o al menos intentaron hacerlo.

La detención de los principales líderes o cabezas visibles de la oposición y la sociedad civil el 11J demostró que más allá de figuras puntuales, las redes y mecanismos de la oposición política ―a pesar de haber recibido apoyo material y político prioritario durante mucho tiempo― son pobres e incapaces de conectar con grandes volúmenes de personas. También, que los reclamos sectoriales de algunos actores de la sociedad civil les impiden muchas veces sumarse a agendas más holísticas que aboguen por la reestructuración total del sistema.

Por ende, intentar establecer prioridades en cuanto a quiénes apoyar y en qué condiciones hacerlo parece ser una discusión secundaria en un escenario en el cual lo que se requiere es pluralidad de actores con capacidad suficiente para superar sectarismos. En un ambiente en el que el monopolio político es la base del sistema, lo ideal sería generar múltiples competencias que asuman como único adversario temporal al régimen que les oprime.

Ese entendimiento no se logra con imposiciones o ponderaciones de unos actores sobre otros. Se logra desde el respeto y apoyo a cualquier proyecto que persiga el empoderamiento de la ciudadanía ―única con capacidades reales de impulsar y gestar un nuevo estallido que conduzca a la democratización; sea por un quiebre súbito del poder o por la aceptación, por un segmento de este, de la negociación capaz de abrir la política como espacio plural en una Cuba sin dictadores―.

LOS MITOS DERRUMBADOS

La realidad del mito derrumbado parece cada vez más evidente. Una realidad patentada luego de un 11J que acabó con todos los supuestos preestablecidos. En primer orden acabó con la idea de los cubanos de a pie que se percibían ―y con ellos a la nación toda― como unos cobardes incapaces de salir a la calle. Acabó con los presupuestos de aquella oposición que durante mucho tiempo entendió que no se producirían protestas si no eran organizadas o convocadas por ellos. También acabó con los presupuestos manejados por los aparatos de control estatal de que el miedo que eran capaces de infundir era paralizante y cien por ciento efectivo. Acabó con las formulaciones de muchos «expertos» que habían dedicado su vida a teorizar sobre la excepcionalidad cubana. 

El 11J demostró que la cultura cívica del cubano es más rica que los clichés. Los cubanos tienen ansias de libertad y son capaces de expresarlas como lo hicieron durante esos días. Los cubanos saben ser ciudadanos porque sin guía y sin liderazgos y en medio de la pobreza y el desamparo, lograron superar la parálisis y salir a la calle a exigir una batería de reclamos que tenían atragantados. Aquellas jornadas dejaron claro, además, algo que tuvo su expresión previa en las protestas populares del verano de 1994: la influencia de las crisis socioeconómicas en la capacidad del cubano de superar las parálisis y los miedos.

El fenómenos es completamente lógico y aplicable a cualquier ambiente. Las crisis socioeconómicas han sido los detonantes de múltiples estallidos sociales en el mundo. Las protestas populares en Sri Lanka, que concluyeron con la huida del presidente del país el 9 de julio de 2022, tuvieron como detonante principal una profunda crisis financiera expresada en la imposibilidad de contar con monedas extranjeras, como el dólar o el euro, para pagar importaciones. Eso provocó una inflación de cerca del 30 % y un profundo desabastecimiento de comida, medicinas y combustibles, al punto de disponerse la prohibición de la venta de gasolina a particulares. 

La situación económica de Sri Lanka no es diferente a la cubana. Como tampoco es diferente la situación que vive Cuba en julio de 2022 de la que vivía el 11J. Si existen diferencias, estas no tienen que ver con mejoras en la crisis, sino con su empeoramiento. Ese panorama hace que la repetición de otro estallido social en el archipiélago sea una opción imaginable. A un año del 11J, las condiciones que propiciaron las protestas siguen allí, acrecentadas. 

EL REPLIEGUE Y EL EXILIO

Si se tuviera que establecer una diferencia entre la Cuba del verano de 2021 y la de julio de 2022, se tendría que hablar no de la situación socioeconómica del país, sino del estado de la sociedad civil y la oposición política. La represión desplegada después del 11J ha sido cruenta. Hay en Cuba centenares de presos políticos, más que la suma de sus aliados de la región, Venezuela y Nicaragua. Mayor, en términos comparativos ―sobre el total de población― que dictaduras amigas como la rusa o la china. Dentro de esos presos, destacan no solo sujetos previamente despolitizados que participaron en las protestas, sino también algunos de los líderes más visibles del activismo y la oposición política de los últimos años. 

Asimismo, se ha potenciado el exilio forzado o inducido de decenas de activistas y defensores de derechos humanos. Personas que se han visto frente al dilema ético de la permanencia o el exilio. Un dilema que tiene un componente moral relacionado con la necesidad del sacrificio, la solidaridad y la permanencia para alcanzar la libertad. Lo anterior profundiza en muchos de esos activistas el sentimiento de abandono y promueve, además, los análisis políticos relacionados con la evaluación sobre dónde se es más eficaz y cuáles son los riesgos de permanecer. La sobrevivencia y la autopreservación son expresiones también de la libertad del individuo y no deberían ser cuestionadas.

Por el contrario, el exilio y el repliegue lógico después de una ola represiva no debería sobredimensionarse. Los ciclos de protesta y repliegue ocurren en todas las sociedades, sobre todo en espacios cerrados. No hay excepcionalidad en ese sentido en el caso cubano. Situación semejante la vivieron nicaragüenses, bielorrusos, rusos y hongkoneses. Los cubanos no son más «cobardes» que aquellos, también desarticulados debido a la prisión y el exilio. No se debe confundir la justa crítica por los errores cometidos con una flagelación culposa que solo alimenta la parálisis. 

No obstante, desdramatizar el exilio de opositores, activistas, periodistas independientes y opositores cubanos no implica dejar de entender que las personas que decidan permanecer en Cuba tienen que ser reconocidas y contar con apoyos y acompañamientos. Ellos son quienes cargarán con el rol decisivo en cualquier proceso de democratización. Lo demuestran todos los procesos de transición democrática de los últimos 50 años; incluidos aquellos de final exitoso como el vivido por la España franquista. Los exiliados o emigrados juegan también un papel importante en esos procesos, pero la agenda, ritmo y modos se concretan en el interior de cada país. 

EL PAPEL DE LOS INTELECTUALES Y DE OTROS ACTORES SOCIALES 

Fue en Cuba y no fuera ―por más que el oficialismo intente repetirlo hasta el cansancio― donde se gestó el 11J. Fue un estallido netamente popular. No contó con la guía u organización vertical de movimientos de intelectuales u opositores políticos. En esa falta de acompañamiento puede encontrarse también el origen de su fracaso. 

Los intelectuales validan su naturaleza cuando producen conocimientos fidedignos e inspiran valores. En el caso cubano, ese papel juega en varias posturas identificables. Pueden evaluarse al señalar en cada caso las responsabilidades derivadas del estatus y misión social específicos, pero también de lo que la sociedad moderna espera, en general, de sus pensadores: una voz firme ante las injusticias, toma de partido por los actores y cambios progresistas. Todos los académicos adscritos al régimen, los autorizados a habitar espacios de crítica periféricos y quienes deciden, aunque paguen un alto precio, vivir como intelectuales autónomos, tienen ―por acción u omisión― un impacto en la situación actual. 

Sobre todo, quienes pertenecen a esa academia adscrita a la institucionalidad y discurso oficial que implementan la represión y censura en el ámbito científico y educacional. Expulsa a quienes no comulguen con los intereses del régimen y fabrica propaganda. La más reciente en torno a la creación de una narrativa irreal e infundada en torno al 11J. El estallido fue catalogado, primero, como «disturbios» y en los últimos días como un intento de «golpe de Estado vandálico». Lectura miserable, en lo analítico y lo cívico, que refleja la distancia entre la retórica oficial revolucionaria ―amplificada por las universidades, institutos, editoriales y personal leal― y la realidad (políticamente autoritaria, económicamente ruinosa, socialmente desigual y culturalmente mediocre) de un orden que solo se califica, en la suma de sus variables, como reaccionario. Una suerte de mezcla de castrismo declinante y putinismo de bajo costo. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la propaganda y los intelectuales oficialistas por construir un metarrelato, ante una realidad apabullante y un acto de proporciones amplísimas como el 11J, incluso los espacios intelectuales «críticos» autorizados por el poder revelan sus límites. Allí se discute de política, pero sin mencionar la represión. Esas actitudes terminan por agotar el potencial «reformista» de algunas voces que eligieron callar o maquillar la represión, para demostrar su condición ―en estos momentos― de instrumentos de distracción al servicio del poder. 

En estos espacios, se ha concedido demasiado al régimen y muy poco a sus víctimas y oponentes. Si la narrativa académica oficial se ha concentrado en la criminalización y la propaganda, la de los críticos consentidos se ha deslizado entre maquillaje (minimizando la responsabilidad y saldos del autoritarismo, hablando de potenciales democráticos hoy inexistentes) y la crítica con decibeles nivel susurro. 

Por otro lado, la intelectualidad cubana comprometida con análisis más cercanos a la realidad de sus compatriotas se enfrenta, muchas veces, a la penetración en espacios académicos foráneos de la influencia cubana y su retórica. Un esfuerzo que llevó a que en foros de primer nivel, se manejaran con supuestos criterios académicos, iguales argumentos que los de la propaganda del régimen sobre lo que sucedió el 11J. En este particular, la labor de la intelectualidad autónoma padece el efecto combinado de la censura de la academia adscrita y el escamoteo de la autorizada. 

Quienes tienen tiempo y capacidad para pensar han sido siempre actores importantes en los cambios. Sin embargo, ―sobre todo después del fracaso del 15N―, se ha reproducido en la esfera pública cubana un discurso anti intelectual cuya influencia es negativa. Es preciso disminuir ese discurso sin que ello implique instaurar un culto desmedido a los intelectuales. La libertad tiene que ser conquistada y la acción decisiva no vendrá de los intelectuales, sino de sectores populares capaces de coordinarse y actuar en sintonía. Pero esa coordinación y sinergia es impensable sin la colaboración de la intelectualidad. Una colaboración que será de inestimable valor para saber qué hacer cuando la libertad sea conquistada.

El 11J generó también una profundización en la diversidad de voces críticas (liberales, católicos, socialistas…) que se expresan en Cuba. Confluencia de un ciclo de movilizaciones iniciado en la Marcha LGBT de 2019 y que tuvo en los eventos del 27 de noviembre de 2020 un hito superior, con centenares de artistas y activistas ―de la sociedad civil autorizada y de la oposición― que confluyeron en una acción pacífica de cara a las instituciones oficiales. Que algunas de esas personas hayan protagonizado su movilización el 11J ―y que pagaran, varias de ellas, con horas de prisión o procesos penales abiertos― revela vasos comunicantes, no en la lógica policiaca de la desinformación cubana ―«eso fue una maniobra desestabilizadora del enemigo»―, sino en la experiencia de contagio de repertorios y conexión de redes de las protestas sociales de Latinoamérica en estos últimos años. 

Después del verano de 2021 se continuó el impulso de agendas particulares (identitarias, artísticas, religiosas) de tipo social. Esas iniciativas ―quizá sin pretenderlo― preparan apoyos populares masivos a reclamos políticos tan diversos como la liberación de los presos o la oposición a la aprobación del nuevo Código de las Familias. 

En este sentido, destaca el papel emergente de la Iglesia Católica en el apoyo a algunos de los reclamos. En especial, en torno a denunciar el encierro de los manifestantes presos y exigir su liberación. La Iglesia Católica emerge, en esta coyuntura, como un actor social de peso en la realidad cubana, con diversidad de velocidades y posturas. Muy activos han sido los laicos, curas y monjas, en específico, ciertas órdenes; muy parca y dubitativa ―aún―, la jerarquía. También, organizaciones fraternales que siempre han tenido un importante papel en la historia cubana como los masones han asumido un rol importante en la denuncia de la crisis que vive el país.

El 11J demostró que en la Cuba de hoy todos saben lo que desean; sobre todo, los intelectuales. La credulidad, la mentira y el silencio son diferentes a hace 10 años, cuando muchos concedieron el beneficio de la duda a las reformas raulistas; y mucho más diferente a como era hace 20, cuando Fidel Castro estaba vivo y al mando de la situación.

EL PRESENTE Y EL FUTURO

A un año del 11J, los efectos de la represión y una ola migratoria sin precedentes, han logrado generar un clima de aparente calma en Cuba. Sin embargo, el régimen no ha dejado de generar medidas para perfeccionar y legitimar la represión sobre la base de las experiencias heredadas del 11J. La sociedad civil y la oposición no son las únicas que piensan y mutan; por otro lado, los tecnólogos políticos y muchos profesionales continúan al servicio de la represión y la supervivencia del sistema.

Un nuevo Código Penal ha sido aprobado y espera entrar en vigor. Un cuerpo normativo que intimida, pero a la vez profundiza los agravios a una sociedad que continúa expresándose. Los familiares de los agraviados y nuevos actores no dejan de reaccionar por ello ante la profundización de la crisis. 

Los anteriores son factores objetivos y subjetivos que deben incluirse en cualquier análisis sobre la situación cubana actual. En ese sentido, es destacable la persistencia de deudas de la sociedad civil, la intelectualidad y la oposición política en generar sondeos serios y sistemáticos que sean objetivos y no idealizados. Se necesita medir comportamientos y expectativas. Urgen evaluaciones serias que no intenten ofrecer resultados coherentes con las exigencias o propuestas de los sectores de la nación con más alcance mediático, sino que intenten encontrar lo que desean los cubanos y lo que están dispuestos a asumir.

Los parámetros para vivir y pensar el país han cambiado, en masa y de pronto, como nunca. La desarticulación de los actores que, en los últimos dos años, protagonizaron el activismo y la oposición cubanos, el control estatal de los espacios públicos y el mantenimiento de la insatisfacción creciente con la gestión gubernamental prueban que la energía demostrada por la sociedad civil cubana entre 2020 y 2021 puede aplacarse, pero difícilmente se revertirá. Las condiciones que provocaron el 11J siguen ahí y se agudizan: el modelo económico es inviable, la represión sola no basta y la emigración tiene límites.

Desde antes del 11J se demostró que la sociedad civil cubana tenía la capacidad de regenerarse con una velocidad nunca antes vista. Huelga decir que esa velocidad de regeneración es también consustancial a la velocidad con la que desaparecen ―producto de la eficacia de los aparatos represivos y de decisiones y errores propios de los proyectos― las iniciativas y los movimientos. 

El 11J fue el culmen de un ejercicio de corrimiento de los límites que se gestó durante años, de la mano de una oposición política ―que ha sido la disidencia más constante que ha enfrentado el sistema― pero también de la mano de una nueva generación de intelectuales y artistas con más imaginación, conciencia cívica y valor personal que la de quienes le antecedieron. Las generaciones anteriores de la intelectualidad cubana fueron más débiles ante las ideologías, cálculos y miedos personales o presiones familiares. La nueva generación tiene la capacidad de resistir y de intentar empatizar con algunos actores de la oposición política.

Esa influencia, a pesar del repliegue, sigue ahí. Es también la confirmación de que la siguiente generación de artistas e intelectuales puede profundizar la capacidad de resistencia y canalizar sus saberes en función de la lucha por las libertades de todos. El arte es etéreo, pero sirve de guía: «Patria y Vida» es un patrimonio inmaterial y a la vez es el discurso político más breve, eficaz y movilizador que pueden esgrimir hasta los más iletrados. Los artistas han ayudado en el intento de mitigar la falta de mística colectiva que ha imperado en Cuba ―y en muchos otros lugares― durante mucho tiempo. Gracias a sus esfuerzos se puede afirmar que existen muestras claras de una mentalidad colectiva de rechazo al régimen y sus alabarderos. La frase «Díaz-Canel singao», extraída de un tema de rap, es otra muestra. Sin olvidar el «oye, policía, pinga», surgido de una conga popular.

Para entender todo lo que ha dejado el 11J y sus precedentes, es indispensable enfrentar el pasado, decisiones e ideas. Un enfrentamiento que tiene que partir de reconocer responsabilidades. Sobre todo de quienes ―mayoría en muchos casos― en algún momento creyeron en y apoyaron al sistema por activa o por pasiva, mientras otros pagaban el precio por disentir. Quienes en algún momento han sido parte de ese entramado deberían reconocerlo. Reconocer que se ha sido cómplice de vejaciones pasadas es el primer paso. Sin reconocerlo, sin pedir perdón y transformar eso en acción, no llegará el avance.

Nuestras familias han sufrido. Están desgarradas, generacional, ideológica y éticamente. Somos enemigos del Estado, pero también de nosotros. Esa polarización, que muchos señalan como un obstáculo para los reconocimientos de responsabilidades, es también inducida por el poder. Una razón más para rebasarla. Esa polarización profundiza el miedo que desde hace mucho se expande en Cuba. Reconocer que todos somos víctimas, pero también, en muchos casos, victimarios es indispensable para tener un país si otro 11J logra cambiar Cuba.

Hay que procesar la memoria con seriedad. Para ello se debe tener presente que el exceso de memoria paraliza, recuerda las derrotas y mantiene vigente la idea de «aquello no hay quien lo tumbe». Por otro lado, la ausencia de memoria conduce a la repetición de errores, a la incapacidad de ver los elementos que resultaron fallidos. Hay que intentar encontrar un punto medio en el aprendizaje sin matar la innovación y la confianza de que, en otros contextos, iguales aspectos pueden funcionar diferente.

A un año del 11J necesitamos seriedad y menos egoísmo. Necesitamos reconocer que la solución de Cuba no es mágica y mucho menos monopolio de alguien; pero que la historia no tiene un final prescrito y que, a menos que destierren o exterminen a la inmensa mayoría de su pueblo ―con lo cual se quedarían sin fuerza de trabajo― o que descubran, de súbito, el petróleo de Dubái y la eficacia de Singapur, los gobernantes cubanos no podrán tener jamás la paz feudal que anhelan en sus sueños palaciegos.

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