Resulta irónico que el texto que más pone en evidencia al régimen comunista cubano no es Archipiélago Gulag ni Camino de servidumbre ni Rebelión en la granja ni 1984; tampoco Mientras anochezca ni Cómo llegó la noche ni Dulces guerreros cubanos ni ninguna de las biblias clásicas del anticomunismo universal o cubano. Siquiera es un texto escrito desde el exilio ni durante la Guerra Fría ni desde la hostilidad ideológica. El libro que más se opone hoy al sistema castrista fue escrito por el hombre que lo fundó. Y esa es su mayor herejía.

La historia me absolverá —el libro que nació como alegato moral contra la dictadura batistiana, que fue concebido como una hoja de ruta para regenerar la vida republicana y devolver al país un horizonte de justicia— se ha convertido hoy, más de siete décadas después, en el libro más disidente que puede leerse dentro y fuera de la isla.

Para comprender la potencia disidente del texto es necesario recordar el entorno en el que nace. El Fidel que redacta ese discurso no es aún un hombre de poder. Es un opositor perseguido, un abogado que ve desintegrarse el orden constitucional de 1940 y presencia la instalación de un régimen personalista y corrupto. Es un joven que reclama leyes, instituciones, separación de poderes y respeto por la soberanía popular. Su programa político se fundamenta no en una teoría marxista-leninista —que no aparece en ningún momento—, sino en la defensa de derechos cívicos y en la voluntad de restaurar la república.

El Fidel de 1953 habla de reforma agraria, de industrialización y de justicia social, sí; pero lo hace dentro de un marco democrático, humanista, plural. Y lo más llamativo: reclama libertades que no existen en la Cuba actual; lo cual lo convierte en un texto profundamente ligado a las aspiraciones frustradas de la Cuba republicana; un documento que denuncia con fuerza el fracaso de la Revolución en cumplir su proyecto fundacional, pues el país que retrata Fidel Castro en sus páginas en muy poco difiere, para bien, del que hoy tenemos como legado de más de seis décadas del castrismo en el poder.

Desde el arranque del alegato hay un dato profundamente revelador —y difícil de pasar por alto—, y es que Fidel se presenta como víctima absoluta de un sistema injusto, incomunicado, privado de defensa, atropellado por un aparato judicial que describe como envilecido: «Nunca un abogado ha tenido que ejercer su oficio en tan difíciles condiciones; nunca contra un acusado se había cometido tal cúmulo de abrumadoras irregularidades”.[1] El tono es el de quien ha sufrido una violencia ilegítima, no el de quien encabezó una intentona armada que dejó muertos de ambos lados.

La ironía se vuelve amarga cuando se observa el destino posterior de esas palabras. Porque la Cuba que Fidel construyó elevó la indefensión del individuo a un grado infinitamente más crudo; hoy, ciudadanos que no empuñan armas, que no asaltan cuarteles ni conspiran violentamente, sino que escriben un texto, graban un video o se manifiestan pacíficamente, son detenidos, incomunicados, privados de abogado independiente y juzgados por Tribunales subordinados al poder político. La victimización inicial del alegato, que buscaba denunciar una injusticia excepcional, terminó convirtiéndose en el molde de un sistema en el que miles de cubanos viven exactamente lo que Fidel consideró intolerable para sí mismo: la imposibilidad de defenderse ante una justicia controlada por quienes los acusan.

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Páginas más adelante, Fidel remata ese gesto de victimización reclamando para sí aquello que, una vez en el poder, negaría sistemáticamente a los demás: «Solo una cosa voy a pedirle al Tribunal —dice—: que se respete mi derecho a expresarme con entera libertad».[2] Presenta esa exigencia como condición mínima para que subsistan siquiera «las apariencias de justicia». El contraste con la Cuba posterior ya ha quedado remarcado. La petición que Fidel elevó como reclamo de dignidad personal terminó siendo, en manos del poder revolucionario, el derecho más radicalmente confiscado a la nación.

En el núcleo temático del texto, Fidel identifica seis grandes problemas de la Cuba de los años cincuenta, ligados a la «tierra», la «industrialización», la «vivienda», el «desempleo», la «educación» y la «salud». Su alegato consistió en demostrar que Batista había agravado esos males y que solo un Gobierno legítimo podía enfrentarlos.

Tomemos, primero, el problema de la tierra. Fidel denunciaba el latifundio, la concentración de la riqueza en pocas manos y la situación miserable del campesino. Hoy, tras más de seis décadas de planificación centralizada, la tierra es propiedad casi absoluta del Estado, los campesinos carecen de autonomía real y Cuba importa la mayoría de los alimentos que consume. El castrismo no solo fue incapaz de resolver el problema agrario, sino que lo petrificó detrás de una burocracia que impide innovación, competencia y productividad.

Cuando Fidel dice: «Los mercados debieran estar abarrotados de productos; las despensas de las casas debieran estar llenas; todos los brazos podrían estar produciendo laboriosamente», y recalca que es inconcebible «que haya hombres que se acuesten con hambre mientras quede una pulgada de tierra sin sembrar»,[3] hay que tener en cuenta que esas palabras no describían una utopía lejana, sino una exigencia mínima de justicia en la Cuba de 1953. Lo verdaderamente irónico es que, leídas hoy, parecen una crónica del país actual. La escasez estructural, los mercados vacíos, la improductividad del campo y el hambre cotidiana no son residuos del viejo orden que la Revolución prometió superar, sino consecuencias directas del modelo que instauró.

Segundo, el problema de la industrialización. Fidel lo señalaba como el corazón del atraso económico, y dice: «Todo el mundo está de acuerdo en que la necesidad de industrializar el país es urgente, que hacen falta industrias químicas, que hay que mejorar las crías, los cultivos, la técnica y elaboración de nuestras industrias alimenticias...».[4] La Cuba posterior a 1959, sin embargo, se convirtió en una economía dependiente, primero de la Unión Soviética y luego del turismo y las remesas. La industria nacional se redujo, el parque tecnológico quedó obsoleto y la infraestructura se deterioró. El país dejó de exportar bienes industriales y se volcó hacia actividades de bajo valor agregado. En otras palabras, la Revolución agravó el subdesarrollo que decía combatir.

Tercero, el problema de la vivienda, un eje central del discurso. Fidel denunciaba el hacinamiento, el alquiler abusivo y la falta de construcciones nuevas: «Si lo ideal en el campo es que cada familia posea su propia parcela, lo ideal en la ciudad es que cada familia viva en su propia casa o apartamento. Hay piedra suficiente y brazos de sobra para hacerle a cada familia cubana una vivienda decorosa».[5] Hoy, Cuba experimenta una de las crisis habitacionales más severas de toda América Latina. Se calcula que el déficit supera las 800 000 viviendas, según datos oficiales de 2025, y gran parte del fondo habitacional se encuentra en estado crítico. El deterioro de barrios enteros en La Habana y otras ciudades, los derrumbes recurrentes, la falta de materiales y la incapacidad estatal para edificar a gran escala contrastan de manera brutal con el programa que Fidel prometió. Difícil imaginar un indicador material que desmienta más directamente la legitimidad actual del sistema.

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Cuarto, el desempleo. El joven Fidel lo describía como una tragedia nacional. La Revolución eliminó el desempleo abierto, pero lo sustituyó por un fenómeno igualmente dramático: el subempleo masivo y la ineficiencia laboral estructural. Millones de cubanos trabajan en sectores que no generan productividad ni ingresos reales, con salarios incapaces de cubrir necesidades básicas. Además, la emigración masiva —particularmente desde 2019— demuestra que el mercado laboral cubano no ofrece perspectivas de vida digna a sus ciudadanos.

Quinto, el problema de la educación. Aquí, la Revolución suele reivindicar sus mayores logros. Sin embargo, el análisis histórico debe ser más fino. Si bien se amplió el acceso escolar en las primeras décadas, hoy el sistema educativo sufre deserciones docentes masivas, carencias materiales extremas, baja calidad pedagógica, politización del currículo y desigualdades crecientes. El proyecto educativo republicano —centrado en la libertad de pensamiento y en la formación de ciudadanos críticos, como defendía Martí— está ausente. La educación cubana actual es un aparato paternalista y adoctrinador.

Sexto, el problema de la salud. Al igual que con la educación, los primeros años de la Revolución mostraron avances. Pero en la actualidad el sistema sanitario vive un colapso: hospitales sin medicinas, infraestructura en ruinas, éxodo masivo de médicos y profundas desigualdades entre quienes reciben atención preferencial y quienes no. Si en 1953 Fidel denunciaba el abandono sanitario como una afrenta a la dignidad humana, hoy ese Fidel —si se leyera a sí mismo— tendría que denunciar la inviabilidad del modelo que lleva su nombre.

Estos seis problemas eran, según La historia me absolverá, razones suficientes para rebelarse contra Batista. Y hoy, cada uno de esos problemas se encuentra agravado. Lo irónico —y trágico— es que esos seis problemas, casi 70 años después, siguen presentes en la Cuba revolucionaria, no ya como desafíos pendientes, sino como realidades estructurales que han empeorado.

Pero hay, además, un segundo nivel de disidencia en este texto. Más allá de los problemas materiales, La historia me absolverá defiende valores que el sistema posterior eliminó: la autonomía ciudadana, el imperio de la Constitución de 1940, el respeto al voto, la libertad de prensa, la independencia del poder judicial, la libertad de asociación. El Fidel de 1953 no concebía la política como dictadura de partido único; al contrario, denunciaba la supresión de derechos. El Gobierno cubano actual no puede reivindicar sinceramente aquel alegato sin poner en cuestión su estructura de poder. Por eso, el libro se ha convertido en texto peligroso: porque recuerda al país lo que pudo haber sido y no fue.

En uno de los fragmentos claves del texto, Fidel expone: «Es un principio elemental de derecho público que no existe la constitucionalidad allí donde el Poder Constituyente y el Poder Legislativo residen en el mismo organismo. Si el Consejo de Ministros hace las leyes, los decretos, los reglamentos y al mismo tiempo tiene facultad de modificar la Constitución en diez minutos, ¡maldita la falta que nos hace un Tribunal de Garantías Constitucionales!»[6]. En ese pasaje, Fidel Castro formula una de las críticas más lúcidas —y hoy más incómodas— de La historia me absolverá. Al afirmar que no puede existir constitucionalidad allí donde el poder constituyente y el poder legislativo se concentran en un mismo organismo; no está improvisando una consigna revolucionaria, sino enunciando un principio elemental del constitucionalismo moderno: sin separación de poderes, la ley deja de ser límite y se convierte en instrumento.

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La ironía alcanza su punto más alto cuando ridiculiza la existencia de un Tribunal de Garantías Constitucionales en un sistema capaz de modificar la Constitución «en diez minutos». Fidel no alude a una entelequia, sino a una institución real creada por la Constitución de 1940 para limitar el poder y someterlo a la ley. Su burla apunta, en realidad, a la farsa de cualquier orden jurídico sin contrapesos efectivos. La ironía histórica es evidente: esa crítica, dirigida contra el régimen de Batista, describe con exactitud el funcionamiento del Estado cubano posterior a 1959, en el cual la desaparición del control constitucional independiente convirtió la ley en instrumento del poder. El alegato no denuncia solo un abuso del pasado; anticipa la lógica del despotismo institucional que la Revolución terminaría consolidando.

El constitucionalista peruano Domingo García Belaúnde, en un texto que resume la existencia y el quehacer del Tribunal de Garantías Constitucionales,[7] señala lo siguiente: «Más tarde, en 1959, caería el batistato, al compás de la revolución castrista de ese año, pero muy pronto la Isla adoptó otro rumbo, desactivó finalmente las instituciones existentes (las cubanas eran, a ese momento, más nominales que reales), y se enderezó a un modelo político distinto que, en materia de control constitucional, era la antípoda de la tradición existente en Cuba y de lo que pasaba en el resto de la América Latina. Dicho en otras palabras, la trayectoria jurídica cubana, que culminó con la creación, en 1940, del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, fue interrumpida, no volvió más, y el país se enrumbó por otros senderos».[8]

Lo más llamativo no es que Fidel olvidara los principios constitucionales que expuso en su alegato, sino la velocidad con que lo hizo. No hubo un período de transición, duda o debate constitucional: apenas tomado el poder, la urgencia dejó de ser restaurar la legalidad y pasó a ser blindar el mando. En nombre de la Revolución, las leyes dejaron de funcionar como límites y se transformaron en herramientas dúctiles, redactadas, reformadas o anuladas según las necesidades del momento. La concentración del poder que el Fidel de 1953 denunciaba como incompatible con la constitucionalidad se convirtió, en cuestión de meses, en la base del nuevo orden. Como señala García Belaúnde, la Revolución no perfeccionó la tradición constitucional cubana ni la corrigió, sino que la interrumpió de manera abrupta y la sustituyó por un modelo en el cual el control constitucional resultaba no solo innecesario, sino peligroso.

En otro fragmento sumamente revelador, Fidel dice: «Os voy a referir una historia. Había una vez una república. Tenía su Constitución, sus leyes, sus libertades, Presidente, Congreso, Tribunales; todo el mundo podría reunirse, asociarse, hablar y escribir con entera libertad. El Gobierno no satisfacía al pueblo, pero el pueblo podía cambiarlo y ya solo faltaban unos días para hacerlo. Existía una opinión pública respetada y acatada y todos los problemas de interés colectivo eran discutidos libremente. Había partidos políticos, horas doctrinales de radio, programas polémicos de televisión, actos públicos, y en el pueblo palpitaba el entusiasmo».[9]

Ese pasaje tiene algo casi imperdonable para el relato oficial posterior: describe con serenidad una república viva. No idealizada ni perfecta, pero reconocible como tal. Fidel no habla de un páramo político ni de un país sometido al silencio absoluto, sino de una sociedad con Constitución, elecciones inminentes, pluralismo, opinión pública activa y una vida cívica que «palpitaba». Al decir que el Gobierno no satisfacía al pueblo pero que el pueblo podía cambiarlo, introduce una idea decisiva: la crisis de 1953 no era la de un sistema cerrado, sino la de un orden interrumpido. Ese fragmento revela que el objetivo inicial no era fundar un régimen nuevo, sino restaurar una legalidad quebrada.

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La manipulación posterior de la historia se vuelve entonces evidente. Para justificar el tránsito al marxismo-leninismo y la alianza con la Unión Soviética, fue necesario demonizar retrospectivamente esa república, convertirla en caricatura, negar la pluralidad que Fidel había reconocido. La narrativa revolucionaria necesitó borrar aquella Cuba con partidos, prensa, debate y alternancia para presentar 1959 como una ruptura inevitable, no como una desviación. Ese pasaje del alegato expone esa operación ideológica desde dentro: si en 1953 existía una opinión pública respetada, libertades reales y la posibilidad de cambio político, entonces la supresión total de esas libertades después no fue una continuidad histórica, sino una renuncia consciente. La historia que Fidel cuenta para acusar a Batista termina, sin proponérselo, dejando al descubierto la mayor falsificación del poder revolucionario: la idea de que no había nada que salvar antes de destruirlo todo.

La subversión que representa hoy la lectura de La historia me absolverá no es contra Cuba, sino contra la petrificación del poder; no contra la patria, sino a favor de ella; no contra la historia, sino contra su secuestro. Cerca del final del alegato, Fidel cita la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre, en su segunda redacción del 24 de junio de 1893, cuyo artículo 35 expone: «Cuando el Gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para este el más sagrado de los derechos y el más imperioso de los deberes».[10] Nadie podría acusar al joven Fidel de escribir un panfleto contrarrevolucionario. Pero su texto —si se toma en serio— es la evidencia más contundente de que la Revolución traicionó su promesa. Y más aún: de que la solución para Cuba no pasa por «continuar» el proceso, sino por retomar el espíritu democrático que justificaba aquel discurso.

Si la legitimidad del Moncada se fundamentaba en la necesidad de restaurar derechos, hoy esa misma necesidad es mucho más imperiosa. La historia absolverá o condenará, sí; pero antes de eso la historia exige coherencia, y ningún documento expone mejor la incoherencia del discurso castrista. La paradoja es brutal: el alegato que dio origen a la Revolución es hoy la crítica más profunda de sus resultados.

[1] Fidel Castro: La Historia me absolverá, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1973, p. 7.

[2] Ibid., p. 25.

[3] Ibid., p. 83.

[4] Ibid., p. 71.

[5] Ibid., p. 79.

[6] Ibid., p. 149.

[7] El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, creado por la Constitución de 1940, fue una de las instituciones más avanzadas del constitucionalismo cubano, concebido para garantizar la supremacía de la Constitución y proteger los derechos fundamentales frente a abusos del poder. Integrado en el Tribunal Supremo como sala especializada, podía declarar la inconstitucionalidad de leyes y actos del Estado y tutelar derechos civiles y sociales, funcionando como límite jurídico al Ejecutivo y al Legislativo. Aunque su actuación fue irregular y quedó debilitada tras el golpe de Batista en 1952, su desaparición definitiva después de 1959 marcó el fin del control constitucional independiente en Cuba y dejó al poder político sin contrapesos legales efectivos, una carencia que sigue definiendo al sistema cubano actual.

[8] Domingo García Belaunde: El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales en Cuba (1940-1952), Anuario iberoamericano de justicia constitucional, Nº. 4, 2000, p. 127.

[9] Fidel Castro: Ob. Cit., p. 125.

[10] Ibid., p.161.

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