La Resolución 6/2026 permite bloquear activos en cuestión de horas y sin aviso previo a personas o entidades incluidas en la lista nacional de supuestos «terroristas». Tras su publicación fue presentada por varios medios como una norma sin precedentes, pero una revisión jurídica muestra que ese encuadre es inexacto.
Analizamos la independencia judicial, las garantías procesales, la libertad de expresión y los mecanismos de control del poder para contrastar el discurso oficial con la realidad documentada por organismos internacionales y casos concretos dentro de la isla.
Gobierno cubano crea el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, una nueva entidad subordinada al Consejo de Ministros. Su mandato es ambicioso: dirigir la transformación y el desarrollo del sistema empresarial estatal.
A partir del 18 de julio de 2026, la Oficina Nacional de Administración Tributaria podrá cobrar deudas fiscales directamente de las cuentas bancarias sin que el titular tenga que autorizar la operación.
El Parlamento cubano publicó el borrador de una ley que reestructura la burocracia del régimen para «lograr mayor eficacia en la función administrativa». La propuesta ha sido recibida por algunos como una señal de racionalización institucional. Sin embargo, una lectura detallada del proyecto obliga a moderar las expectativas.
Un nuevo decreto mantiene la garantía salarial del 60 % que ya existía en el sector estatal, pero impone nuevas condiciones. El empleador debe demostrar que agotó «todas las opciones» de reubicación del trabajador antes de aprobar la garantía.
Un operario de la empresa eléctrica en la Isla de la Juventud fue condenado por «sabotaje» por sustraer lubricante para venderlo, pero esta severa condena fue impuesta con base en un dictamen judicial publicado meses después de que ocurrieran los hechos.
El paquete normativo consolida y hace más explícitas las restricciones legales al uso de equipos de Starlink en la isla —servicio que nunca tuvo estatus legal en Cuba— en un momento en que su uso furtivo parece haberse expandido.
Con la actualización de los subsidios, el régimen pretende aliviar un déficit superior a las 900 000 viviendas y tener un «mayor control del presupuesto asignado» por el Estado.
La nueva Ley de Migración y su Reglamento establecen una nueva arquitectura migratoria que regirá a partir de noviembre de 2026, centrada en una condición: la residencia efectiva.
La decisión de juzgar en ausencia no parte del órgano judicial, sino de la primera línea del esquema represivo cubano. Son las autoridades del Ministerio del Interior quienes solicitan la continuidad del proceso: el ministro de Justicia insta al fiscal general y este emite el auto.
La Ley 172 codifica jurídicamente una práctica que el régimen había ejercido de facto durante décadas: tratar como «no cubanos» a quienes se oponen al Gobierno.
Durante décadas, el régimen jurídico de la ciudadanía cubana descansó sobre normas dispersas y fragmentarias. No había procedimientos claros, plazos definidos ni mecanismos de impugnación sistematizados. La nueva ley llena ese vacío, pero con condiciones y límites puntuales.
El régimen de Cuba publicó este 5 de mayo de 2026 un paquete normativo que formaliza la condición migratoria «Inversores y de Negocios» para los ciudadanos cubanos residentes en el exterior «que lo soliciten y participen en el modelo económico» del país.
¿Qué puede hacer un familiar, un vecino o el menor cuando la violencia ocurre dentro del hogar? ¿Qué mecanismos existen para proteger a niños, niñas y adolescentes cuando quien agrede es alguna de las personas que debería cuidarlos? A partir de estas y otras preguntas, elTOQUE publica este explicador con el propósito de que sirva de referencia para la ciudadanía ante situaciones similares.
La nueva resolución se inscribe en una tendencia sostenida del Estado cubano por trasladar al sector no estatal las obligaciones antilavado que históricamente recaían sobre el sistema bancario y financiero.
Esta semana un avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos aterrizó en La Habana con agentes del FBI para buscar a un menor de 10 años que habría sido secuestrado. Las supuestas motivaciones detrás del incidente generaron dudas en nuestra audiencia sobre si en Cuba se permite intervenir quirúrgicamente a un menor para una transición de género. Te explicamos en este artículo.
Dos normas publicadas el 21 de abril de 2026 formalizan un fenómeno que existía en la isla: el cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad por parte del sector privado.
Con el nuevo decreto ley para inversores emigrados, el régimen vuelve a demostrar que su lógica no es reconectar con la diáspora, sino hacer concesiones quirúrgicas al segmento que le resulta útil para sobrevivir en este momento.
El campo cubano enfrenta una crisis de producción sin precedentes, con desplomes generalizados en casi todos los rubros. En ese contexto, se ha vuelto a modificar el marco legal agropecuario con normas que regulan la comercialización mayorista y minorista de productos agropecuarios y forestales. ¿Será suficiente para que llegue la comida a la mesa?
El Gobierno cubano publicó un paquete normativo para reorganizar el funcionamiento de más de 2 400 unidades del sector estatal, donde está empleada más de la mitad de la fuerza laboral activa del país. Se trata del Decreto 127 del Consejo de Ministros y sus resoluciones complementarias, normas que no materializan una reforma sustancial de un sistema en crisis.
El Gobierno cubano actualizó los precios para quienes deseen contratar potencia instalada en parques solares. Sobre lo que significa esa contratación que data de 2021 y sobre sus supuestos beneficios, te contamos en este texto.
Acosar y amenazar a las familias de disidentes y ciudadanos que critican el poder en Cuba es una práctica común del Ministerio del Interior. En marzo de 2026 una de las víctimas de esta práctica represiva del Estado cubano ha sido Caridad Silvente, madre de la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente —conocida en redes sociales como «Anna Bensi».
En medio de la profunda crisis de Cuba, las autoridades vuelven a colocar a la emigración en el centro de su discurso económico, a tono con expresiones de la Administración Trump que sugieren la vía de los negocios para provocar cambios. Pero la ley que permitiría a los emigrados ser propietarios de empresas privadas en Cuba no está vigente.
Dos personas fueron condenadas a penas de siete y nueve años de cárcel en Ciego de Ávila por robar tornillos que se utilizan para la instalación de paneles solares. En medio de una prolongada crisis del servicio eléctrico, las autoridades consideran que estos hechos constituyen un sabotaje.
leyes en Cuba
La Resolución 6/2026 permite bloquear activos en cuestión de horas y sin aviso previo a personas o entidades incluidas en la lista nacional de supuestos «terroristas». Tras su publicación fue presentada por varios medios como una norma sin precedentes, pero una revisión jurídica muestra que ese encuadre es inexacto.
Analizamos la independencia judicial, las garantías procesales, la libertad de expresión y los mecanismos de control del poder para contrastar el discurso oficial con la realidad documentada por organismos internacionales y casos concretos dentro de la isla.
El Parlamento cubano publicó el borrador de una ley que reestructura la burocracia del régimen para «lograr mayor eficacia en la función administrativa». La propuesta ha sido recibida por algunos como una señal de racionalización institucional. Sin embargo, una lectura detallada del proyecto obliga a moderar las expectativas.
El paquete normativo consolida y hace más explícitas las restricciones legales al uso de equipos de Starlink en la isla —servicio que nunca tuvo estatus legal en Cuba— en un momento en que su uso furtivo parece haberse expandido.
La decisión de juzgar en ausencia no parte del órgano judicial, sino de la primera línea del esquema represivo cubano. Son las autoridades del Ministerio del Interior quienes solicitan la continuidad del proceso: el ministro de Justicia insta al fiscal general y este emite el auto.
El régimen de Cuba publicó este 5 de mayo de 2026 un paquete normativo que formaliza la condición migratoria «Inversores y de Negocios» para los ciudadanos cubanos residentes en el exterior «que lo soliciten y participen en el modelo económico» del país.
Esta semana un avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos aterrizó en La Habana con agentes del FBI para buscar a un menor de 10 años que habría sido secuestrado. Las supuestas motivaciones detrás del incidente generaron dudas en nuestra audiencia sobre si en Cuba se permite intervenir quirúrgicamente a un menor para una transición de género. Te explicamos en este artículo.
El campo cubano enfrenta una crisis de producción sin precedentes, con desplomes generalizados en casi todos los rubros. En ese contexto, se ha vuelto a modificar el marco legal agropecuario con normas que regulan la comercialización mayorista y minorista de productos agropecuarios y forestales. ¿Será suficiente para que llegue la comida a la mesa?
Acosar y amenazar a las familias de disidentes y ciudadanos que critican el poder en Cuba es una práctica común del Ministerio del Interior. En marzo de 2026 una de las víctimas de esta práctica represiva del Estado cubano ha sido Caridad Silvente, madre de la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente —conocida en redes sociales como «Anna Bensi».
Gobierno cubano crea el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, una nueva entidad subordinada al Consejo de Ministros. Su mandato es ambicioso: dirigir la transformación y el desarrollo del sistema empresarial estatal.
Un nuevo decreto mantiene la garantía salarial del 60 % que ya existía en el sector estatal, pero impone nuevas condiciones. El empleador debe demostrar que agotó «todas las opciones» de reubicación del trabajador antes de aprobar la garantía.
Con la actualización de los subsidios, el régimen pretende aliviar un déficit superior a las 900 000 viviendas y tener un «mayor control del presupuesto asignado» por el Estado.
La Ley 172 codifica jurídicamente una práctica que el régimen había ejercido de facto durante décadas: tratar como «no cubanos» a quienes se oponen al Gobierno.
¿Qué puede hacer un familiar, un vecino o el menor cuando la violencia ocurre dentro del hogar? ¿Qué mecanismos existen para proteger a niños, niñas y adolescentes cuando quien agrede es alguna de las personas que debería cuidarlos? A partir de estas y otras preguntas, elTOQUE publica este explicador con el propósito de que sirva de referencia para la ciudadanía ante situaciones similares.
Dos normas publicadas el 21 de abril de 2026 formalizan un fenómeno que existía en la isla: el cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad por parte del sector privado.
El Gobierno cubano publicó un paquete normativo para reorganizar el funcionamiento de más de 2 400 unidades del sector estatal, donde está empleada más de la mitad de la fuerza laboral activa del país. Se trata del Decreto 127 del Consejo de Ministros y sus resoluciones complementarias, normas que no materializan una reforma sustancial de un sistema en crisis.
En medio de la profunda crisis de Cuba, las autoridades vuelven a colocar a la emigración en el centro de su discurso económico, a tono con expresiones de la Administración Trump que sugieren la vía de los negocios para provocar cambios. Pero la ley que permitiría a los emigrados ser propietarios de empresas privadas en Cuba no está vigente.
A partir del 18 de julio de 2026, la Oficina Nacional de Administración Tributaria podrá cobrar deudas fiscales directamente de las cuentas bancarias sin que el titular tenga que autorizar la operación.
Un operario de la empresa eléctrica en la Isla de la Juventud fue condenado por «sabotaje» por sustraer lubricante para venderlo, pero esta severa condena fue impuesta con base en un dictamen judicial publicado meses después de que ocurrieran los hechos.
La nueva Ley de Migración y su Reglamento establecen una nueva arquitectura migratoria que regirá a partir de noviembre de 2026, centrada en una condición: la residencia efectiva.
Durante décadas, el régimen jurídico de la ciudadanía cubana descansó sobre normas dispersas y fragmentarias. No había procedimientos claros, plazos definidos ni mecanismos de impugnación sistematizados. La nueva ley llena ese vacío, pero con condiciones y límites puntuales.
La nueva resolución se inscribe en una tendencia sostenida del Estado cubano por trasladar al sector no estatal las obligaciones antilavado que históricamente recaían sobre el sistema bancario y financiero.
Con el nuevo decreto ley para inversores emigrados, el régimen vuelve a demostrar que su lógica no es reconectar con la diáspora, sino hacer concesiones quirúrgicas al segmento que le resulta útil para sobrevivir en este momento.
El Gobierno cubano actualizó los precios para quienes deseen contratar potencia instalada en parques solares. Sobre lo que significa esa contratación que data de 2021 y sobre sus supuestos beneficios, te contamos en este texto.
Dos personas fueron condenadas a penas de siete y nueve años de cárcel en Ciego de Ávila por robar tornillos que se utilizan para la instalación de paneles solares. En medio de una prolongada crisis del servicio eléctrico, las autoridades consideran que estos hechos constituyen un sabotaje.