Algunos consideran el uso de Internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) un eficaz instrumento para la expresión de la libertad del sujeto y otros resaltan su posible uso para acrecentar el despotismo y la manipulación social. Con independencia del intenso debate que existe sobre el tema, el acceso a Internet resulta indispensable para valorar la libertad del individuo en las sociedades contemporáneas.

En 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declaró el acceso a Internet como un derecho humano, por ser una herramienta que facilita el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto. Los relatores especiales para la libertad de expresión, en una declaración conjunta realizada ese mismo año, indicaron que los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión.

Frank La Rue, relator especial para la libertad de expresión de Naciones Unidas, estimaba que los beneficios y posibilidades de Internet se fundan en características singulares como su velocidad, su alcance mundial y su relativo anonimato. A la vez, considera que estos rasgos distintivos, que permiten a las personas difundir información en tiempo real y movilizarse, también han ocasionado temor en los gobiernos. Se han aumentado así “las restricciones impuestas a Internet mediante el uso de tecnologías cada vez más avanzadas para bloquear contenidos, vigilar y detectar a activistas y críticos”; se ha tipificado “como delito la expresión legítima de opiniones” y se ha adoptado “legislación restrictiva para justificar esas medidas”.

Un estudio reciente de los investigadores Iria Puyosa y Armando Chaguaceda, quienes han aplicado las metodologías empleadas por Freedom on the Net (proyecto de la ONG Freedom House) y la base de datos Variedades de Democracia (V-Dem), asegura que las prácticas de control más evidentes del derecho de acceso a Internet en Latinoamérica son el filtrado de contenidos por palabras clave, el bloqueo de URL por DNS y los apagones de Internet. A estos mecanismos de control, Puyosa y Chaguaceda les han denominado ‘mecanismos de primera generación’.

Según los autores del estudio, a partir de 2009 se han desarrollado “controles de segunda generación como restricción temporal de la conectividad en regiones en donde se producen protestas, bloqueo just-on-time de aplicaciones móviles”, requerimientos informales de remoción de contenidos a los administradores de sitios web, “ralentización de las conexiones en momentos de alta conflictividad política” y establecimiento de altos costos de los servicios para limitar el acceso masivo a Internet.

En su artículo “Cinco regímenes políticos en Latinoamérica, libertad de Internet y mecanismos de control”, Puyosa y Chaguaceda reconocen, en países con restricciones a la libertad de expresión, la existencia de limitaciones en el desarrollo de la infraestructura de acceso a Internet y el incremento de los controles sobre los proveedores de servicios.

Asimismo, encuentran evidencias de prácticas de control que no se basan en mecanismos técnicos, sino policiales, judiciales o administrativos: “impuestos al uso de Internet, requerimientos administrativos a los proveedores de acceso, reportes policiales rutinarios de la actividad ciudadana en Internet y prisión por expresión política en la web”. Mencionan prácticas de monitoreo masivo (en ocasiones visibilizado por el propio gobierno), uso de información publicada en línea para hostigar o acusar legalmente a activistas políticos, así como ciberataques perpetrados contra activistas opositores o patriotic hacking.

Cuba, con relación al derecho de acceso a Internet, ha pasado del desconocimiento al establecimiento de infraestructuras y políticas que garantizan y regulan el uso de la red de redes.

Un informe publicado por We Are Social y Hootsuite en enero de 2017 anunciaba que Cuba tenía 3 510 000 de usuarios activos de redes sociales en 2016 (de ellos el 90 % se conectaba desde sus móviles). Esto significaba un incremento del 368 % con respecto a 2015, año en que se instalaron las primeras 35 zonas wifi públicas en todo el país.

En julio de 2017, en las sesiones previas a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el vicepresidente Miguel Díaz Canel empleó esas estadísticas para contrarrestar la presentación de Cuba “como un país desconectado” e indicó que constantemente había “una persecución financiera feroz contra las empresas tecnológicas con las que tenemos convenios […] para poder tener la infraestructura que nos hace falta”.

A pesar del reconocimiento internacional del derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental, el mismo no ha encontrado reflejo en normas cubanas de mayor jerarquía como las Leyes o la Constitución. Todo el ordenamiento jurídico desarrollado en Cuba con relación a la materia ha emanado de normativas administrativas, especialmente del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM).

El arsenal jurídico vigente no solo cuenta con una llamativa dispersión, sino que utiliza principios y lineamientos de la política partidista como sustento para su desarrollo. Muestra de ese particular resulta ser la “Estrategia Nacional para el desarrollo de la infraestructura de conectividad de Banda Ancha en Cuba” (“Estrategia”), publicada por el MINCOM en junio de 2015. El documento no reconoce en su marco legal ninguna norma jurídica y señala que “aunque existen 22 normativas regulatorias ministeriales relacionadas con la banda ancha, estas no se adecuan a la situación actual”.

En la actualidad, “como parte de la implementación de la Política Integral para el perfeccionamiento de la Informatización de la sociedad en Cuba, el Ministerio de Comunicaciones elabora un conjunto de normativas jurídicas relacionadas con la banda ancha, en particular, la Ley de Telecomunicaciones/TIC y el Decreto Ley de Informática/TIC y sus normativas complementarias”.

La “Estrategia” utiliza como sustento legal los Lineamientos para la política económica y social del Partido y la Revolución y el Objetivo 52 de la Primera Conferencia Nacional del PCC, que reafirma “la necesidad de aprovechar las TIC como herramienta para el desarrollo del conocimiento, la economía y la actividad política e ideológica”.

La “Estrategia” reconoce que en el año 2015 Cuba no contaba con banda ancha fija ni móvil y que solo el 3,4 % de los hogares y el 25,7 % de la población usaban Internet.

Las cifras oficiales de conectividad han ido aumentando paulatinamente. Según el Anuario publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información a finales de 2017, Cuba contaba con 4 529 200 usuarios de servicios de Internet, lo que equivale aproximadamente al 40 % de la población cubana. No obstante, el cómputo de los usuarios incluye a aquellos que usan la red exclusivamente nacional denominada Intranet como usuarios de Internet global.

Los números demuestran que hoy no se puede negar categóricamente la existencia de un sustrato material para el ejercicio del derecho de acceso. Por demás, la tendencia al parecer es a la ampliación, pues las proyecciones declaradas en la “Estrategia” son que para 2020 no menos del 50 % de los hogares cubanos tenga acceso de banda ancha.

El concepto banda ancha es primordial para valorar el ejercicio del derecho de acceso. Las limitaciones a la velocidad de la conexión restringen el uso de las potencialidades que la red de redes ofrece. En ese sentido, la ONU ha reconocido que la amplia disponibilidad de banda ancha se considera un factor necesario para la innovación, la productividad, el crecimiento económico y la inversión extranjera.

La banda ancha no es un concepto estático teniendo en cuenta que las velocidades de acceso a Internet aumentan constantemente. La velocidad mínima para considerarse banda ancha varía entre los países, pero todos consideran como conexiones de banda ancha aquellas que tienen una elevada capacidad para transportar información.

A tono con las indicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que pertenece a la ONU, el gobierno cubano ha empleado el concepto en sus proyecciones. Sin embargo, ese empleo se ha producido a partir de limitar cuantitativamente un concepto cada vez más mutable.

Las proyecciones realizadas por el gobierno en su “Estrategia” indican la implementación de servicio de banda ancha hasta 2020 con una velocidad de al menos 256 kbit/s. Así lo ha establecido en la Resolución 319/15 del ministro de las Comunicaciones, donde se reconocen como banda ancha en Cuba a aquellas conexiones con al menos la velocidad aludida.

No obstante, el gobierno ha declarado también que llegará a lo que ha denominado Banda Ancha Avanzada en 2025, con una velocidad de bajada de 2 048 kbit/s, y a una Banda Ancha Total en 2030, con una velocidad de bajada de 10 Mbit/s.

Texto publicado originalmente en Periodismo de Barrio