Los reportes televisivos se suceden, casi a diario, en una suerte de nueva sección del Noticiero Estelar de la Televisión cubana (NTV). En ese medio y horario se revisten de oficialidad indiscutible en el país. ¿Cuál será el Tras la huella de hoy?, se preguntan los espectadores de la saga, aludiendo al popular dramatizado policíaco de factura nacional.
En la Isla, donde el sistema de prensa estatal desterró hace décadas la típica crónica roja, estos materiales sobre delitos, en medio de la reclusión domiciliaria por la COVID-19, han venido a despertar el morbo de los públicos, además de intensas polémicas sobre la pertinencia ética y jurídica de enjuiciar públicamente a supuestos infractores antes de que su culpabilidad haya sido probada por los órganos de justicia correspondientes.
Sin embargo, más allá de esos debates hay otras interrogantes que quedan flotando en el aire cada vez que un nuevo “capítulo” policial llega a los televidentes…
En un ambiente de férreo control verticalista y estructuras que han respondido durante décadas a un mando centralizado: Partido/Estado/Gobierno, ¿cómo se explica que cinco personas de Mayabeque puedan construir frigoríficos particulares en sus casas y almacenar para revender toneladas de cebollas, equivalentes en carga a decenas de rastras, sin que nadie lo sepa, ampare o propicie?
¿De qué forma se edifica una fábrica de pintura que puede albergar en depósito más de 1 600 tanquetas de 10 y 20 litros y 78 tanques de 200 litros, y que ese negocio funcione y sea rentable, sin tener una potente red de contactos/colaboradores/auspiciadores?
¿Quién “digiere” que, cuando tanto escasean los alimentos básicos, un sujeto pueda articular una operación delictiva en la que un camión estatal le traslada de La Habana a Sancti Spíritus —es decir, recorriendo media Isla—190 sacos de arroz y cientos de libras de pastas, entre otros productos, y esto pasa inadvertido para los distintos sistemas de vigilancia a todos los niveles?
Cuando se ve desenmascarar y hasta cortar momentáneamente puntas inferiores y más visibles de la densa madeja de la delincuencia, el sentido común indica que sus potentes ramas se elevan y extienden mucho más allá en un ambiente que no merece otro nombre que corrupción. Cotidiana, potente, rampante. Suavizada en el lenguaje común bajo los términos de “lucha”, “escape” “bisnes”. Quizá con varios “pejes gordos” implicados, pero con la cobertura suficiente como para no aparecer en los escarmientos doctrinarios del NTV, muchas veces verdaderos juicios paralelos a la justicia reglamentaria.
El historiador y politólogo cubano Esteban Morales publicaba hace algunos días en Facebook: “En los hechos delictivos que nuestra policía está atacando se trata de cantidades vinculadas a un acto de corrupción y robo que está más arriba dentro de la administración estatal. ¿De dónde salen esas grandes cantidades de productos sino de los propios almacenes estatales y de las cooperativas? Sigan hacia arriba para que encuentren a los ladrones más importantes”.
Precisamente hace una década el prestigioso ensayista cubano fue “separado” de las filas del Partido Comunista de Cuba (PCC) por publicar en el sitio web de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba su artículo: “Corrupción: ¿La verdadera contrarrevolución?”.
“La clave de todos nuestros problemas está en que nuestra economía manifiesta una incongruencia muy seria, entre la actividad laboral, el nivel de los salarios que se reciben y los precios de los productos, a veces inaccesibles, lo que provoca un insuficiente nivel de satisfacción de las necesidades apremiantes de la vida cotidiana, para una gran masa de la población y que se refleja en todo el resto de las relaciones sociales y la convivencia diaria”, argumentó el profesor, quien se precia de una “sostenida e incondicional fidelidad a la Revolución por más de 50 años”.
Pero, al parecer, ni en aquel instante ni después, alguien de las estructuras del poder le prestó verdadera atención, y lo más que logró Morales, tras reclamar durante un año, fue que le restituyeran su militancia plena en el PCC.
En julio de 2018, durante la clausura de la primera sesión ordinaria de la actual legislatura del Parlamento cubano, el entonces recién nombrado presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, convocó a “desplegar una batalla ética contra la corrupción, las ilegalidades, las adicciones y la indisciplina social”. No era el primero de estos llamados en la Asamblea Nacional, pero como la memoria entre nosotros es asunto volátil, se reseñó con toda la energía.
Sin embargo, a lo más que se ha llegado, una y otra vez, en los medios informativos gubernamentales de la Isla —regidos por el PCC— es a visibilizar casos menores, eslabones sueltos de cadenas que seguramente continúan hacia las alturas; mientras la ciudadanía espera salgan a la palestra los llamados delitos “de cuello blanco”.
En una tesis de licenciatura defendida en la Universidad de Holguín en 2013, que abordaba “El periodismo económico en el diario Granma y el tratamiento de ilegalidades, delitos económicos y corrupción administrativa durante el período 2008-2012”, la autora apuntaba en una de sus conclusiones:
“Mientras se favorecen en los análisis los temas de ilegalidades y delitos económicos, el flagelo de la corrupción administrativa no tiene un examen profundo ni sistemático” (p. 63).
“Los trabajos analizados se ocupan en exceso de situaciones a menudo aisladas y coyunturales, y obvian los exámenes de fondo, que deberían enfocarse en las interrelaciones existentes entre los indicadores económicos y los acontecimientos delictivos, para ofrecerle a la audiencia un producto verdaderamente riguroso y contextualizado” (pp. 63-64).
Examinar a fondo, contextualizar, implicaría también admitir que posiblemente muchos de los presuntos delitos evidencian, además de las violaciones, distorsiones económicas, repulsas a medidas arbitrarias y barreras absurdas a las fuerzas productivas. Aludiendo al caso de las cebollas, el economista Pedro Monreal apuntaba en Twitter: “Con oferta decreciente, precios topados y el monopolio estatal —pero ineficaz— de Acopio, los acaparadores-especuladores tienen la mesa servida, para rato. Las soluciones comienzan por revisar la política agropecuaria”.
En tanto, sobre otro de los “capítulos” detectivescos, el escritor Alex Fleites bromeaba en su muro de Facebook: “¿Y si el Estado le cobra los impuestos y le da un crédito para que eche pa’lante la fábrica de pintura?”
La tendencia, no obstante, parece seguir evitando los “exámenes de fondo” y la exposición de altos funcionarios que pudieran estar en las cabeceras de los negocios ilícitos. O como diríamos en buen cubano: “jugar con la cadena, pero sin tocar al mono”.
Por eso, tristemente, algunos en las redes sociales y en la calle opinan que esta nueva ofensiva policial —con todo lo que de loable pueda tener—, no hace más que descubrir “el agua tibia” de una corruptela que hace años está quemando la nación. Y pasará, como todas las fiebres, hasta que llegue el próximo y patriótico combate, quién sabe si amenazados por otra pandemia.
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