FALSO que Payá sea parte de un «grupo criminal que perpetra atentados terroristas», como afirma La Jornada
Tras el nombramiento de Rosa María Payá como integrante de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el diario mexicano La Jornada publicó un editorial el 29 de junio de 2025 en el que se acusa sin pruebas a la activista cubana de pertenecer a un «grupo criminal que perpetra atentados terroristas» en la isla.
La acusación es FALSA y carece de sustento fáctico o legal. El editorial de La Jornada no proporciona pruebas ni fuentes verificables que respalden la acusación.
Rosa María Payá es la líder de Cuba Decide, una plataforma pacífica que promueve un cambio democrático en Cuba a través de consultas populares, peticiones ciudadanas y activismo internacional. Ninguna de sus acciones ha sido catalogada de violenta o delictiva por organismos independientes.
No existe ninguna causa judicial contra la activista de derechos humanos, de 36 años, por delitos relacionados con terrorismo, ni en Cuba ni en otro país. Tampoco figura en listas oficiales internacionales como persona vinculada a actividades criminales.
El Ministerio del Interior cubano (Minint) publicó, el 7 de diciembre de 2023, en la Gaceta Oficial la Resolución 19/2023 en la que se nombra a un grupo de personas y entidades que el organismo considera «vinculadas a actos de terrorismo». La resolución dispone que las 61 personas y 19 organizaciones señaladas pasen a formar parte de la «Lista Nacional de Terroristas». La mayoría de los mencionados están radicados en Estados Unidos.
Sin embargo, dentro de las personas aludidas, entre las que se incluyen periodistas, activistas, influencers…, no aparece Rosa María Payá ni la organización Cuba Decide.
Rosa María es hija del histórico líder católico de la isla Oswaldo Payá Sardiñas, ganador en 2002 del premio Sajarov de derechos humanos del Parlamento Europeo.
Payá —líder del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) y principal impulsor del Proyecto Varela— y Harold Cepero murieron en 2012 cuando viajaban en un automóvil. En 2023, tras una investigación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos culpabilizó al Estado cubano por la muerte de los disidentes.
Rosa María Payá: elección en la CIDH, financiamiento y acusaciones falsas
En el editorial de La Jornada también aparecen otras desinformaciones como que «Washington impuso a la terrorista cubana Rosa María Payá como integrante de la CIDH».
La elección de los comisionados de la CIDH no es una decisión unilateral de Estados Unidos, sino un proceso multilateral en el que participan los Estados miembros de la OEA, que votan de manera soberana en Asamblea General. El proceso de votación no es exclusivo ni dirigido por un solo Estado; la selección no está influenciada por una sola nación.
En la elección de 2025, Rosa María Payá fue una de las candidatas propuestas por Estados Unidos, pero su elección fue avalada por una mayoría de países de la región. No hay evidencia de chantajes ni imposiciones.
Payá obtuvo en la primera vuelta 20 votos (dos más de los necesarios) de los países miembros de la OEA. Se convirtió así en la primera cubana en ocupar el puesto. Cuba no participa en la OEA desde 1962.
En la red social X, Rosa María Payá señaló: «Mis prioridades son claras: proteger a quienes más lo necesitan, defender la democracia, garantizar una comisión eficaz y transparente, y acercar el sistema a los más vulnerables», enumeró la también directora de la Fundación para la Democracia Panamericana.
La joven afirmó, además: «vivimos en un continente donde la democracia se debilita, la represión crece y millones de personas sufren los efectos del colapso del Estado de derecho. La violencia, el crimen de Estado, el desplazamiento forzado y la persecución golpean con más fuerza a los más vulnerables. La misión de la CIDH es esencial».
En tanto, no existe consenso para el tercer puesto de comisionado vacante en la OEA. La elección será entre el mexicano José Luis Caballero Ochoa y el brasileño Fabio de Sá e Silva, que pasaron a la segunda ronda. México pidió un receso para entablar negociaciones antes de una tercera vuelta.
Mientras, en el texto publicado por el periódico con sede en Ciudad de México también se afirma que Payá «ha recibido millones de dólares de Usaid, el rostro amable del golpismo estadunidense [estadounidense]».
Recibir fondos de cooperación para actividades prodemocráticas no convierte a ninguna organización ni individuo en «golpista» o «criminal». La Usaid es una agencia oficial de cooperación estadounidense que financia múltiples proyectos de la sociedad civil en más de 100 países. En el caso cubano, los fondos están dirigidos al fortalecimiento de derechos humanos y acceso a la información, y son auditables.
La Jornada publicó, además, que la activista cubana «es aliada de Luis Almagro, coautor del "golpe de Estado" de 2019 en Bolivia». Adjudicar la autoría a Luis Almagro —y, por asociación, a Rosa María Payá— de lo ocurrido en el país sudamericano carece de fundamento y distorsiona los hechos. No existe prueba alguna de que Payá tuviera injerencia en ese proceso.
El medio mexicano también aseguró que Payá «mantiene una campaña para reforzar el bloqueo de Washington contra Cuba». Aunque Rosa María ha defendido sanciones y medidas diplomáticas para presionar al Gobierno cubano, no ha promovido el uso de tácticas violentas o medidas que pudieran afectar a la población civil, como erróneamente sugiere el editorial.
Acusar a Payá de promover «el hambre» o «crímenes de guerra» es una distorsión retórica sin sustento legal.
El editorial de La Jornada presenta una serie de afirmaciones erróneas y desinformadas sobre Rosa María Payá. Las acusaciones de ser «terrorista», de actuar como «ariete de la Casa Blanca» o de no interesarse por el pueblo cubano carecen de fundamento y son intentos de desinformación ideológica.
El director de elTOQUE Jurídico, Eloy Viera Cañive, señala: «el término “libelo”, cuyo origen etimológico no tenía inicialmente connotación negativa, fue evolucionando con el tiempo hasta asociarse con expresiones difamatorias realizadas por escrito. De hecho, en el ámbito anglosajón el término libel se utiliza para referirse al delito de difamación cuando este se concreta por medio de un soporte escrito».
«Menciono esto para destacar la importancia que las sociedades han otorgado históricamente a las declaraciones difamatorias que se difunden a través de medios duraderos, como la prensa escrita. Esta preocupación se debe, en gran medida, al papel amplificador que desempeñan los medios de comunicación: cuando reproducen afirmaciones falsas o lesivas al honor de una persona, el daño causado puede ser significativamente mayor. En ese sentido, algunos ordenamientos jurídicos hacen una distinción particular con respecto a la prensa escrita, al considerar que su mensaje no es efímero —como puede serlo el de la radio o la televisión—, sino persistente y replicable», señala el abogado cubano.
Según Viera Cañive: «por esas razones, las afirmaciones publicadas por La Jornada sobre Rosa María Payá resultan no solo moralmente reprobables, sino jurídicamente cuestionables. Moralmente, porque reproducen de forma acrítica la narrativa propagandística del Partido Comunista de Cuba, una organización que, por su identificación ideológica con la izquierda que La Jornada representa y defiende, es tratada por el periódico como un actor legítimo cuyas ideas merecen difusión».
«Pero más allá de la responsabilidad ética, existe también responsabilidad jurídica. Tal vez esta no pueda ser exigida en un sistema como el cubano, donde las instituciones no responden a los principios del Estado de derecho. Sin embargo, en un país como México, donde aún existen espacios institucionales en los que jueces y Tribunales pueden actuar como contrapesos efectivos y garantes de la legalidad, este tipo de prácticas sí puede —y debe— ser objeto de reproche legal», concluyó el experto.
La Jornada y la repetición de la retórica oficial del PCC
Lo expuesto por La Jornada está alineado con lo que publicó el diario Granma, medio oficial del PCC. Ambos medios señalaron que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, «presionó en repetidas ocasiones a los miembros de la OEA para que respaldaran esa candidatura», la de Payá. Mencionan el «golpe de Estado» de Bolivia (2019), la Usaid y el supuesto apoyo de organizaciones terroristas. Ambos textos son tan coincidentes que parecen haber salido de la misma redacción.
No es la primera vez que La Jornada ha mostrado una clara tendencia a alinearse con la narrativa oficial del Gobierno cubano, minimizando las denuncias de la sociedad civil y las organizaciones internacionales sobre la represión en la isla. Ejemplos de ello incluyen su cobertura de las protestas del 11 de julio de 2021; en la cual, en vez de señalar la brutalidad policial y la persecución de los manifestantes, se enfocó en desacreditar las movilizaciones como «intentos desestabilizadores financiados desde el extranjero».
En su tratamiento de la situación de los presos políticos, el medio ha restado importancia a las denuncias de grupos de derechos humanos, haciendo eco de las explicaciones oficiales del Gobierno que los describe de «delincuentes comunes» sin mencionar el contexto de su encarcelamiento por ejercer su derecho a la libre expresión. De este modo, el periódico mexicano contribuye a desinformar y diluir la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Cuba, en lugar de ofrecer una cobertura basada en hechos verificables.
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