Una publicación en la red social Twitter del ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, ha levantado cierto revuelo.

En su post, el funcionario afirmaba que la Ley 118 (Ley de Inversión Extranjera) no establece limitaciones con relación al origen de los capitales, ni de los inversores, para aceptar propuestas de negocios en Cuba.

El anuncio corrió por los espacios digitales como un asunto con ribetes de novedad, pero en realidad no hay nada nuevo…

Tweet de Rodrigo Malmierca sobre la Ley 118 de la Inversión Extranjera en Cuba.

Tweet de Rodrigo Malmierca sobre la Ley 118 de la Inversión Extranjera en Cuba.

Una entrevista publicada por Cubadebate de la directora de Inversión Extranjera en el MINCEX, Déborah Rivas, deja claro que no se ha producido un nuevo pronunciamiento legal, sino que se ha recordado que la Ley de Inversión Extranjera quedó redactada de forma tal que no se estableciesen limitaciones por razón del origen nacional de los inversores o de sus capitales.

La funcionaria reconoció que desde el 2014, y aquí hacemos la primera aclaración, “ciudadanos extranjeros de origen cubano” (son cubanos de nacimiento o hijos de cubanos, pero poseen otra ciudadanía) han presentado proyectos de inversión para ser desarrollados en la Isla.

El caso más conocido fue el de los tractores Oggún, un proyecto que consiguió incluso las licencias del gobierno estadounidense para instalar una fábrica de esos equipos agrícolas en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

La iniciativa fue ampliamente publicitada por medios y voceros progubernamentales, llegando a llamarla como los “tractores de Troya” que romperían el Bloqueo.

Sin embargo, tras varios meses de solicitud, la oportunidad de inversión fue descartada por el gobierno cubano.

Así lo contó a la revista OnCuba, Saul Berenthal, el cubanoamericano que impulsaba la idea:

“(…) nos dieron tres argumentos principales. Primero, que la nuestra no es una empresa con un historial largo en la fabricación de tractores, lo cual es cierto porque somos una empresa relativamente nueva, de emprendedores que decidieron hacer un tractor que ya se había diseñado décadas atrás en Estados Unidos, y ponerlo en marcha con lógicas actualizaciones como una respuesta a las necesidades específicas de Cuba.

Nosotros no tenemos un gran abanico de productos en esta dirección, como sí lo tienen los fabricantes chinos o los rusos u otros norteamericanos, pero sí tenemos un tractor diseñado para el entorno agrícola cubano y eso nos parece una fortaleza. Pero ciertamente no tenemos un gran historial como compañía.

La segunda razón es que no teníamos las tecnologías y los dispositivos de protección medioambiental, y la tercera era esto mismo, pero en lo referido a la seguridad al operador (…) Los funcionarios del Mariel con los que nos reunimos, y que fueron muy amables y profesionales al darnos esta explicación, nos dijeron que esa decisión no nos cerraba las puertas de Cuba y que había otras oportunidades para hacer negocios en la isla.”

Es decir, la posibilidad legal que declara la Ley 118, no es garantía material.

Saul Berenthal explica las causas de la negativa del gobierno cubano a su proyecto de los tractores Oggún. Foto: Ismario Rodríguez (OnCuba)

Saul Berenthal explica las causas de la negativa del gobierno cubano a su proyecto de los tractores Oggún. Foto: Ismario Rodríguez (OnCuba)

La ciudadanía cubana, no se pierde. Después de 1959, le fue retirada a quienes tomaron armas en Girón contra el gobierno de la revolución.

No se pierde la ciudadanía porque es un vínculo jurídico que se mantiene con un Estado y no con un gobierno. Lo que se pierde luego de 24 meses de ausencia de Cuba y que define muchas cosas, es la condición de residente.

Por eso, está muy bien declarar que no hay limitaciones legales basadas en la ciudadanía para que los cubanos puedan invertir en Cuba.

Sin embargo, esa aseveración no quiere decir que no existan limitaciones, relacionadas con la residencia. Ahora que ya todos los nacidos en esta tierra e incluso nuestros hijos y nietos, aunque hayan nacido en el exterior, son considerados cubanos, no todos los cubanos podemos ser inversores. Solo los que vivan oficialmente fuera de Cuba y cuyo capital provenga del exterior, pueden “aspirar” a esa condición.

Entrecomillamos “aspirar”, porque a pesar de que se han presentado algunos proyectos de inversión impulsados por cubanos no residentes, hasta la fecha ninguno ha sido aprobado por el gobierno.

Invertir en Cuba: entre el deseo y la realidad

Hay otros requisitos adicionales, no explicitados en la Ley, ni en sus normas complementarias, que dependen del arbitrio de las autoridades cubanas y definen el paso del plano de los deseos y la voluntad al de un negocio concreto, con beneficios para todas las partes.

La propia Déborah Rivas aclaró en la entrevista a Cubadebate, que los proyectos presentados por cubanos, no fueron aprobados porque “tenía(n) que estar orientados a actividades comprendidas en las políticas sectoriales definidas para el capital foráneo”.

Es decir, los Proyectos tienen que ajustarse a la Cartera de Oportunidades publicada por el gobierno cada año, la cual constituye la hoja de ruta de los intereses oficiales.

Esa situación limita las posibilidades de inversión, pues la iniciativa deberá encuadrar dentro de proyectos cuyos montos sobrepasan las siete cifras, y de tal cantidad de dinero parecen disponer muy pocos de nuestros connacionales residentes en el extranjero.

Ya fue reconocido desde 2012 por el ministro de Relaciones Exteriores (de entonces y de ahora) Bruno Rodríguez, en un encuentro con cubanos emigrados en Estados Unidos:

“Yo no sé a cuántos cubanos ustedes conocen que podrían invertir en Cuba 200, 300, 500, mil millones de dólares, que es la inversión que demanda Cuba. Es decir, hoy el desarrollo económico de Cuba no demanda la inversión de 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares.

(…) Existe hoy la base legal para que los cubanos de le emigración inviertan. Yo sé que es muy difícil, yo sé que no entra en nuestras políticas, y considero que un factor principal es el que he mencionado: que Cuba anda buscando inversiones que son de magnitud a las que no llega como regla la emigración.

“Nosotros tenemos una política de inversión extranjera basada en la búsqueda de socios fuera de Cuba, cuando nos falta capital, tecnología o mercado. Si no, preferimos que funcione el capital nacional. Hoy es reconocido internacionalmente que Cuba es productor [en la farmacología] de productos no sólo de última generación, sino de nuevas tecnologías en materias de vacunas contra el cáncer, tratamientos para el pie diabético, en el sector de vacunas preventivas, en general, en anticolesterolémicos, etc. Bueno, eso se hizo con capital nacional, y a nosotros no nos interesa que alguien llegue con 100 mil dólares a invertir en la industria farmacéutica en Cuba, ni nos interesa tampoco que haya un pequeño taller privado tratando de competir con el Polo Científico, con los poderosos centros de investigación que se tienen. No digo que no pueda ocurrir, lo que digo es que no está en nuestras prioridades en este momento.”

“Mencioné que nosotros necesitamos reconstruir un nuevo y potente puerto. Nosotros no necesitamos 100 mil dólares; necesitamos mucho más para esto.”

Fin de la cita.

¿Qué nos dice entonces el reflotamiento de la Ley 118?

Está claro que las sumas de dinero requeridas, son, por sí solas, una limitación material que disminuye notablemente el número de cubanos residentes en el exterior que podría invertir en Cuba.

Si le sumamos que el domicilio foráneo es indispensable para la consideración como inversor, el número de cubanos con posibilidades reales se reduciría mucho más.

El ministro Malmierca y sus subordinados no han publicado ahora nuevas normas jurídicas que modifiquen situaciones o concedan nuevos derechos. Simplemente, han refrescado una idea que es viable desde el año 2014, pero a la que nunca le habían dado publicidad como hasta ahora.

No hay que ser muy suspicaz para notar la coincidencia de estos anuncios con la escalada de medidas y presiones del gobierno de Estados Unidos contra Cuba y contra los inversionistas extranjeros, expuestos ahora a demandas por trabajar en el archipiélago.

La publicidad de la opción para inversionistas cubanos no residentes parece ser, pues, una jugada política a la riposta, como quien desea mostrarse abierto mientras otros proclaman sus medidas de cierre.

La empeorada situación económica tras los pobres resultados de la reforma impulsada por Raúl Castro y el escaso apoyo de los socios estratégicos (Venezuela, China, Rusia…) generan un contexto propicio para este tipo de declaraciones, que pueden ser celebradas como grandes noticias, si no son contrastadas.

Visto lo visto en cuanto a las dificultades que impone la burocracia estatal para invertir en Cuba (no sólo a inversionistas que conozcan o usen la palabra “asere”, sino a quien venga de cualquier parte del mundo) y con la agresividad de la Administración Trump subiendo por días; parece muy poco probable que un acaudalado con los millones que demanda la Cartera de Oportunidades le tome la palabra al ministro.

En cambio, lo que sí se podría celebrar es que este anuncio de ahora contenga las señales de un cambio en la política interna del país.

En esta sociedad, donde más importante que el marco legal, son las políticas que definen la aplicación e interpretación de las leyes (recordemos que, hace muy poco, con tan solo un “cambio de política” dejó de ser prohibida para los cubanos la entrada a los hoteles, el uso de celulares, la navegación en internet y la posibilidad de viajar al extranjero sin permisos de salida) el anuncio de una flexibilización, de ser real, no deja de ser interesante.

Ahora falta que cambie también en la dirigencia la aspiración de contar sólo con los cubanos más acaudalados.

La suma de muchos “pequeños” capitales de 100, 200 o 300 mil dólares podría significar la mejoría en la vida de decenas de miles de cubanos de dentro; una solución endógena que no necesita esperar porque cambien los vientos políticos en la capital norteamericana.

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