En mayo de 2019 el gobierno cubano autorizó lo que ya desde al menos 8 años antes se hacía: establecer redes de conexión alámbrica e inalámbrica entre ciudadanos sin intervención de la empresa estatal de las telecomunicaciones (ETECSA).

No las llamó redes comunitarias, como se les reconoce en el resto del mundo, sino “redes privadas de datos”. Si las hubiera llamado “redes comunitarias”, que es lo que son de acuerdo a sus objetivos y forma de funcionamiento, habría tenido que reconocer que el reglamento asociado a las resoluciones 98 y 99 del Ministerio de las Comunicaciones era sumamente restrictivo e impedía colocar a la llamada Snet (Street Network o red de la calle) como un actor fundamental para conectar a los desconectados que es lo que suelen hacer las redes comunitarias.

Las normas legales supuestamente van dirigidas “a ordenar las redes privadas de datos y los sistemas alámbricos de alta velocidad” en determinadas frecuencias y han generado un profundo descontento en una comunidad que había logrado “conectar” municipios enteros de todo el país (y a todos los municipios de La Habana) con infraestructura adquirida por sus miembros a los precios del mercado minorista internacional. Las resoluciones vinieron a desordenar lo que ya tenía cierto nivel de orden y apenas necesitaba legalizarse.

El forcejeo por el espacio radioeléctrico en Cuba recién comienza desde el punto de vista legal. En 2018, una funcionaria del departamento jurídico del Ministerio de Comunicaciones declaraba a la revista Somos Jóvenes que las conexiones inalámbricas estaban vetadas porque podían “causarles interferencias a otras estatales”. O sea, la red de la calle, la que provee servicios gratuitos, o con costos ínfimos a miles de usuarios, interfería con la red de ETECSA, la que cobra un dólar por hora de navegación por Internet en los parques y desde 7 CUC por 600 MB en los celulares.

El abrupto fin de una red cubana de gamers

La red de la calle no nació para conectar a los usuarios a Internet sobre todo porque cuando la red de la calle nació no había Internet en los parques; pero su infraestructura podría ayudar a que los usuarios obtuvieran la señal del parque desde sus casas.

En 2018, un artículo publicado por la revista Vice señalaba que más de 750 comunidades en Estados Unidos habían construido sus propias redes de navegación por Internet. “Estas redes han surgido en todo el país como un reflejo directo de la creciente frustración por la baja velocidad de la banda ancha, los altos precios y el pobre servicio al cliente”, explica el artículo. La respuesta de más de 20 estados fue aprobar “leyes proteccionistas” que obstaculizaban “los esfuerzos locales para construir estas redes regionales” y que estaban abiertamente a favor de las grandes empresas de telecomunicaciones.

En este mismo año la organización Derechos Digitales emitió un informe donde analizaba el estado de redes comunitarias en cuatro países de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia y México. Los desafíos que tenían que enfrentar las redes comunitarias eran los mismos que en Estados Unidos: “el monopolio de grandes operadores de telecomunicaciones que las consideran competidoras desleales por proveer servicios a costos más bajos”. Esto significa que lo que importaba no era la conexión, sino quién se quedaba con el dinero de los usuarios.

En un contexto como el cubano, donde el monopolio para proveer el servicio de Internet lo tiene una sola empresa, el dinero del acceso a Internet mediante las redes comunitarias iría a parar de todos modos a las manos de ETECSA. La única diferencia entre lo que existe actualmente y lo que podría existir si ocurriera una alianza Snet & ETECSA es que la ciudadanía, en lugar de conectarse desde un parque, bajo el sol y sin privacidad, lo haría desde sus viviendas. El uso de los datos móviles sería menor, pues se emplearía cuando no hay acceso doméstico. ETECSA podría responder, no sin razón, que la velocidad de la red desde los parques públicos se saturaría si aumentaran exponencialmente los usuarios que se conectan al mismo tiempo. Pero, aún así, sería más eficiente y menos costoso invertir en la mejora de la conexión desde los parques que llevar el servicio de Nauta a cada hogar o invertir en Nauta Hogar en aquellos sitios a los que las redes comunitarias no pueden llegar.

Quienes hoy reclaman que bajen los precios de Internet lo hacen, sobre todo, porque la única vía de acceso son los paquetes de datos móviles. Con el servicio de Internet mediante Nauta Hogar o el portal Nauta que brindan los parques wifi, multiplicado por Snet, y las tarifas actuales de un CUC por hora, los precios se habrían reducido sin reducirse. La inversión familiar para comunicarse, informarse, aprender en la red, sería menor. El descontento también.

Para que ETECSA y Snet sean aliados estratégicos en la informatización del país es necesario que las políticas públicas de uso y acceso a Internet superen las restricciones técnicas y comiencen a impulsar un marco jurídico que legalice, en primera instancia, a las redes comunitarias como lo que son: proveedores de servicios a la comunidad y no “redes privadas de datos” (que no lo son). En segundo lugar, es imprescindible, tal como se señaló en la Cumbre de Redes Comunitarias de 2018 (donde no hubo ningún representante de Snet, por cierto) que la administración del espectro contemple usos sociales. Si se entiende que los usos de redes comunitarias son “sociales”, o sea, para el bien de toda una comunidad, a ETECSA seguramente no le molestaría tanto permitirles ampliar la potencia para lograr, en un esfuerzo conjunto con la ciudadanía, que Cuba de verdad se informatice.