Hace unos días el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, divulgó en el programa de televisión Hacemos Cuba, la forma en que se hacen las leyes en nuestro país, desde octubre de 2018.

Resulta que un acuerdo del Consejo de Estado, del que yo no tenía conocimiento, crea un grupo de trabajo y una comisión, cuyos miembros atienden y asesoran la actividad legislativa de la Asamblea Nacional.

Para esta función jurídico-política de la Asamblea Nacional, el Estado cubano cuenta con instituciones como el Ministerio de Justicia y su dirección de Legislación, además de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la propia Asamblea Nacional.

En cambio, la “dirección del país” prefiere crear otro grupo reducido de funcionarios con influencia.

Para los que están más alejados de estos asuntos, podemos ser más explícitos: el Consejo de Estado se ha convertido en la práctica política cubana en el órgano creador de los actos normativos más importantes, aunque el diseño constitucional ha consagrado desde 1976 que las leyes son promulgadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular y los Decretos Leyes por el Consejo de Estado.

Dada la poca presencia política de la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado ha representado al Estado cubano todo el tiempo y los Decretos Leyes han sustituido en la cotidianidad legislativa a las leyes.

El Legislativo cubano, 40 años después

La metodología, tan extendida, de creación de instituciones, grupos, comisiones ad hoc, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad, pasando por encima de la institucionalidad prevista, no es nueva.

Entre los miembros que componen estos grupos asesores, según se ha anunciado, están quienes dirigen la Comisión de Implementación de los Lineamientos del Partido, otra institución creada fuera de la Constitución.

Antes de la explicación de Homero, sabíamos que se aprobaban políticas, documentos rectores, marcos de principios, sobre todo políticos, estratégicos; que servían de referencia a los que redactarían las normas jurídicas, pero no conocíamos la composición de estos colectivos asesores, uno más ampliado y otro más reducido.

En cualquier caso, se trata de una creación emergente que no nace solo para resolver la enorme cantidad de disposiciones normativas que tendrá que aprobar el Estado para hacer efectiva la Constitución, sino también para interponer otra mediación entre la voluntad popular y los diputados legisladores.

No estamos proponiendo ninguna conspiración ni acusando a ninguna persona natural o jurídica; estamos analizando un hecho.

Existe la Asamblea Nacional, existe el Ministerio de Justicia, existen las comisiones permanentes del órgano legislativo. Entonces, ¿para qué hace falta inventar un procedimiento alternativo, no previsto en la Constitución y en las leyes? ¿Será por desconfianza y para acumular en nuevas manos nuevas cuotas de poder, de control?

Ha explicado el secretario del Consejo de Estado —la persona dentro del aparato estatal más preparada en los intríngulis de la nueva carta magna, otrora profesor de Derecho Constitucional— que el Consejo de Ministros, es decir, el gobierno de la república, es el órgano que más iniciativa legislativa practica dentro del funcionamiento jurídico nacional.

También ha reconocido que otras formas de iniciativa legislativa se presentarán, dentro de las reconocidas por la Constitución. Entre estas, dos son esenciales: la que presentan los propios diputados de manera individual y la que el pueblo puede ejercer con el apoyo de 10 000 ciudadanos.

En los últimos días una práctica muy interesante ha comenzado a vislumbrarse en la actividad legislativa cubana.

La página web oficial de la Asamblea Nacional publicó dos proyectos de leyes, el de la Pesca y el de Símbolos Nacionales. Los particulares han dado opiniones y los diputados han discutido los documentos en sus provincias de residencia.

La transparencia de este proceso debe aplaudirse, siempre que no sea la publicación usada como opción sino como deber de la Asamblea Nacional y como derecho de los electores.

La experiencia de visibilización de estos dos proyectos crea el deber de hacer lo mismo con todos los que se discutan en el futuro porque, de no ser así, probaríamos que se transparentan solo las iniciativas de poco impacto político, como es el caso de estas dos, importantes, pero no decisivas.

Al mismo tiempo una práctica nada democrática se ha asomado otra vez: mientras sucedía la discusión de los dos proyectos de leyes, se anunciaba que el Consejo de Estado había aprobado dos Decretos Leyes: uno en relación al Sistema Nacional de Grados Científicos y otro sobre el Creador Audiovisual y Cinematográfico Independiente, asuntos que podían esperar por la deliberación de la Asamblea.

Si la nueva mentalidad, que tanto se ha buscado, la flamante cultura del detalle, expuesta por el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, indica que debemos ser abiertos y transparentes, sobre todo en lo que inmiscuye al Estado y al gobierno, entonces no podemos aprobar Decretos Leyes con contenidos de alcance general que deben ser discutidos por el máximo órgano estatal y el único, entre los superiores, electo directamente por el pueblo.

También es extraño que los diputados discutan los proyectos de leyes en reuniones provinciales, en las cuales el consenso se logra con más facilidad, pero en un colectivo que no representa ninguna estructura política en Cuba, porque los diputados no conforman bloques provinciales ni responden a la provincia sino al país en su totalidad.

Las deliberaciones sobre proyectos de leyes fuera del plenario de la Asamblea Nacional y fuera de las comisiones permanentes de ella, no responden a ninguna forma de organización de la actividad legislativa prevista en la Constitución y en las leyes.

La tensión legislativa va a llegar a su máxima expresión cuando empiece a acumularse trabajo de este apretado cronograma que la propia Constitución de 2019 presenta y el otro que la misma Asamblea Nacional debe alistar.

Creo que la creación legislativa debe democratizarse en estos momentos más que nunca antes, no solo por el incentivo oficial a la iniciativa popular, que ayudaría al Estado a no tener que proponerlo todo, sino por medio de la participación, que debe ser fomentada, de las instituciones especializadas de la sociedad civil.

Después vendrá la opción de la iniciativa popular de reforma constitucional, que —para no salirnos del tema— podría empezar por proponer la reserva de ley en el magno texto, junto a otros disímiles asuntos que aparecerán en el escenario social cubano, como la protección de los animales, la abolición de la pena de muerte, la aprobación de la eutanasia, la elección directa por el pueblo del Presidente de la República y los gobernadores, etc.

Los retos de la Asamblea Nacional del Poder Popular son grandes, pero ahora la Constitución no permitirá que haya ojerizas entre este órgano y el Consejo de Estado, porque ambos estarán dirigidos por la misma presidencia, que será la que decida qué se aprueba como Ley y qué se aprueba como Decreto Ley.

La prueba mayor que tendrá que vencer la Asamblea será la de defender su sentido de existencia política y jurídica: que sean hechas por sus diputados (los representantes del pueblo) las leyes de la república.

El soberano estará expectante para saber cuántos diputados y diputadas conformarán el máximo órgano representativo del país, y después qué será de su vida azarosa, si sobrevivirá como una institución poderosa o si será el mismo teatro de unanimidad y unidad forzada, que ha sido en las últimas cuatro décadas de Estado socialista cubano.

 

 

A continuación puede disfrutar del primer capítulo del Cubilete —una producción conjunta entre Periodismo de Barrio y elToque— en la cual dos de nuestros colegas juristas, el profesor Julio Antonio Fernández Estrada y nuestro bloguero Eloy Viera Cañive, se despojan de formalidades académicas para jugar y debatir sobre asuntos jurídicos muy relevantes para un país que acaba de cambiar su Constitución y comienza una ruta que debe cambiar más de 80 normas legales.

En esta primera emisión, Julito y Eloy comparten impresiones sobre el polémico concepto de “Seguridad Nacional”, recién incorporado a la carta magna cubana.