El 12 de abril de 2019, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, destacó la “compleja situación nacional e internacional existente, que impacta en el desarrollo económico del país”.

Buena parte de su intervención de aquella jornada se centró en las “fuertes restricciones financieras” sufridas por Cuba que, según anticipó, se extenderán al menos hasta 2021.

Así lo prevé el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Durante la primera de sus tres etapas deberán resolverse problemas como las numerosas deudas externas, los bajos niveles de inversión extranjera y la insuficiente disponibilidad de divisas, alertó el titular.

Más cerca en el tiempo, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, reconoció que “llevamos años rondando los mismos volúmenes de cosechas”. Un reportaje difundido por el Noticiero Nacional de Televisión reseñó su visita a polos de producción agrícola en la provincia de Camagüey, ocasión en la que hizo un nuevo llamado a elevar las entregas, “sobre todo ahora, que tenemos el compromiso de reducir importaciones”.

Las compras de alimentos son, junto a las de combustible, las que mayores erogaciones exigen a la Isla, detalló el ministro Gil en las mesas redondas de comienzos de esta semana, donde los principales dirigentes de varias carteras involucradas en el aumento salarial decretado para el sector presupuestado del país, acudieron a informar a la ciudadanía.

En ambos casos (comida y combustible) el panorama resulta preocupante. La crisis venezolana ha llevado a mínimos históricos las entregas acordadas en el Convenio Bilateral del Colaboración; y en cuanto a la pretendida invulnerabilidad alimentaria basta recordar el desabastecimiento generalizado que sufrió el país a comienzos de año, en lo fundamental superado a fuerza de compras en el exterior.

Para el economista Pedro Monreal “es altamente improbable que la oferta de alimentos de base nacional se incremente en los restantes seis meses de 2019 al nivel que se necesita para responder al aumento de la demanda asociado al incremento de salarios y pensiones.”

Su análisis tiene en cuenta el “mal primer trimestre del agro cubano” durante el año en curso y las dificultades que afronta el gobierno en su esfuerzo por “alinear los factores productivos”. Sumados a fenómenos como la descapitalización de cooperativas y empresas agropecuarias y la emigración desde las zonas rurales, conforman una ecuación difícil de solucionar.

No obstante, el 20 de julio los trabajadores del Ministerio de Educación comenzarán a recibir sus nuevos pagos incrementados. A comienzos de agosto también lo harán el resto de las nóminas, hasta alcanzar el millón 470 mil trabajadores que contempla la medida.

De la noche a la mañana, la tercera parte de la población económicamente activa del país habrá multiplicado sus ingresos entre dos y cuatro veces. Pero, salvo que vaya a producirse un milagro, no encontrarán en los mercados mucho más de lo que ahora se encuentran.

Consciente de esa dificultad, el presidente Díaz-Canel planteó tras el anuncio de la subida salarial que “este proceso lo tenemos que apoyar con una garantía en la circulación minorista, para evitar inflación (…) potenciar todo un grupo de bienes y servicios que le podamos brindar a la población”.

Ya durante las transmisiones realizadas desde el Palacio de la Revolución, extendió sus reflexiones al papel que habrán de jugar la población y el Estado en el “enfrentamiento a quienes pretendan fijar precios oportunistas”.

Siguiendo su línea de pensamiento, y la de la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, buena parte de las acciones que se adoptarán tendrán un sesgo restrictivo, con números telefónicos, correos electrónicos y páginas en Internet a través de las cuales denunciar ilegalidades, protagonizadas, previsiblemente, por negocios no estatales.

Investigadores como el economista Mauricio de Miranda, de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en Colombia, han alertado sobre los peligros de adoptar esa estrategia.

“Si un gobierno impone un precio tope, por debajo del precio de mercado (que sería el que refleja el equilibrio entre la oferta y la demanda), el resultado es la escasez. Cuba ha pasado ya por esta situación desde que a partir de los años 60’s se imponían ‘precios populistas’ a capricho, lo cual llevó a la necesidad de racionar todo el comercio”.

“No hay justificación técnica para un incremento de precios”, dice el ministro.

Durante las “mesas redondas” de martes y miércoles, el ministro de Economía y Planificación señaló que los nuevos ingresos pudieran tener múltiples empleos, “no solo comprar aceite y pollo”.

El titular reconoció que existe un riesgo de inflación con la llegada de más dinero a las manos de las personas. Esa inflación se podría expresar tanto en la subida de precios como en forma de la llamada “inflación deprimida”, precios iguales para productos que desaparecen del mercado o que se consiguen tras sufrir largas colas para adquirirlos.

No obstante, Gil insistió en que “no hay justificación técnica para un incremento de precios”.

“Se puede ganar más vendiendo más y no vendiendo más caro, y eso es válido tanto para el sector estatal como para el cuentapropista”, agregó.

Para el ministro, con más dinero en sus bolsillos, los trabajadores cubanos del sector presupuestado dispondrán ahora de mejores oportunidades para disfrutar de servicios como los turísticos y de las telecomunicaciones.

Sin embargo, como ha recordado Pedro Monreal, investigaciones sistemáticas de las autoras Betsy Anaya y Anicia García demuestran que los hogares cubanos gastan entre un 55 % y un 71 % de sus ingresos en garantizar la ingesta diaria de 3524 kilocalorías y 82 gramos de proteínas. Es decir, en comer. Y ya sabemos cuán satisfechos están los cubanos con el menú a su alcance.

No es ilógico considerar entonces que la mayor parte de los 7 700 millones de pesos que este año se sumarán a los presupuestos familiares sean destinados a la satisfacción de necesidades más básicas que a irse a la playa o navegar en internet.

Para el profesor universitario Julio Carranza, la única forma de atender todas las necesidades es incrementando la oferta.

“No veo cómo es posible impedir la presión inflacionaria ante un incremento de la demanda (…) sin que se incremente la oferta de esos productos y no veo otra manera de incrementar sustancialmente esa oferta sin los incentivos adecuados a los productores, que como sabemos son en este caso fundamentalmente los del sector no estatal”.

Se trata de una premisa generalmente aceptada, pero parece que el gobierno confían en poder neutralizar la espiral ascendente de los precios, para garantizar que sea exitosa esta medida que tanta popularidad le ha dado.

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