LA HABANA. Un extenso debate ha generado la publicación, en el sitio Cubadebate, de un artículo donde autoridades cubanas reafirman la posibilidad de que los cubanos residentes en el exterior pueden invertir en el país en calidad de inversores extranjeros.

No debiera ser una sorpresa, así lo estableció en la Ley 77 para la Inversión Extranjera de 1995 y fue ratificado por la Ley 118, aprobada en 2014 y vigente en la actualidad. En el mencionado artículo, el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, dejó claro que no existe ninguna restricción respecto al origen del capital para este tipo de inversiones.

Pero el principal impacto del artículo no es tanto el contenido de la Ley, como la posibilidad de que lo legislado se convierta en política. En 2014, refiriéndose al tema de la posible inversión de los emigrados en Cuba, el propio Malmierca decía que la ley no lo prohibía, pero la política no las promovía. El resultado ha sido que no se conoce de algún emigrado que haya podido invertir en el país, bajo las condiciones establecidas por la Ley 118.

Estamos, por tanto, ante un problema más político que económico, que de manera específica involucra a la política migratoria del país y las relaciones con los emigrados.

Desde 1978, la política migratoria cubana dejó de estar orientada a un rompimiento con los emigrados, para buscar formas de acercamiento con aquellos sectores interesados en mantener relaciones de diversa índole con su país de origen. Ha sido un proceso lento, no exento de conflictos y retrocesos, que a partir de 2013 ha registrado avances significativos, pero a todas luces insuficientes.

La política migratoria cubana está necesitada de acciones más inclusivas, que incentiven no solo el contacto con la emigración, sino su integración a la vida nacional. Uno de estos recursos es la posibilidad de invertir en Cuba, pero no parece que el camino de la inversión extranjera resulta el más conveniente.

El gobierno cubano invita a sus ciudadanos a invertir… ¿de verdad?

Varios economistas cubanos han mencionado la falta de correspondencia que existe entre las grandes inversiones que pretende atraer la Ley 118 y la escala del capital predominante entre los emigrados.

La mejor prueba de ello es que al margen de la regulación vigente y sin ningún otro respaldo legal, varios miles de millones de dólares han sido invertidos por los emigrados a través de las remesas, con destino a los pequeños negocios privados que se desarrollan en el país.

Es de suponer entonces que el escenario ideal para la inversión de los emigrados es la pequeña y mediana empresa, pero ello pasa por la necesidad de que éstas adquieran personalidad jurídica en el modelo económico cubano y, aunque están reconocidas incluso por la recientemente aprobada Constitución, aún no han sido emitidas las leyes complementarias que regulen su funcionamiento.

Cuando eso ocurra, habrá que ver si se legaliza que los emigrados inviertan su capital de manera directa en estas empresas y así equiparar sus derechos con el de los cubanos residentes en Cuba.

Son muchas las contradicciones que habitan en las actuales regulaciones, la más importante es limitar los derechos de los ciudadanos cubanos, ya residan en Cuba o en el exterior, para invertir en cualquier entidad económica nacional, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos para ello. Otro problema es establecer diferencias entre ciudadanos cubanos, que impiden la articulación de una política migratoria coherente con las realidades y necesidades del país.

No se trata de un problema menor, toda vez que pueda estar en duda la constitucionalidad de esta política. La Constitución establece lo que se ha dado en llamar la “ciudadanía efectiva”, mediante la cual se acepta la posibilidad de que un ciudadano cubano tenga otras ciudadanías, aunque dentro del territorio nacional solo es “efectiva” la cubana.

Si dentro de Cuba todos los cubanos compartimos iguales deberes, entonces debemos tener los mismos derechos. Es cierto que la inversión extranjera debe pasar por un tamiz distinto a la nacional, pero ello tiene que ver con el origen del capital, no con la residencia oficial de las personas, como se ha querido explicar.

Desde mi punto de vista, dos premisas políticas gravitan sobre este problema y han complicado las decisiones al respecto. La primera es el viejo temor de que a partir de la pequeña y mediana empresa se desarrolle una burguesía nativa, que distorsione los objetivos del socialismo y ponga en peligro la soberanía del país. La segunda son los prejuicios, presentes en algunos sectores, sobre la emigración y su papel histórico como base social de la contrarrevolución, al servicio de Estados Unidos.

Ninguna de las dos son premisas infundadas. Lenin alertaba sobre los problemas que implicaba aceptar a la pequeña y mediana empresa privada, a la que denominaba “capitalismo masivo”. No obstante, concluía que en esa fase del socialismo soviético, digamos el momento de la Nueva Política Económica (NEP), no había otra opción que asumir el reto de convivir con esta forma de propiedad. El Che, por su parte, consideró esta visión de Lenin como un error estratégico en la construcción del socialismo. Así de complicado ha sido este debate en el seno del marxismo.

En la Cuba actual, sin embargo, es un debate en buena medida superado por la realidad, dado que la existencia de la pequeña y mediana empresa privada es un hecho, resultado inevitable de las reformas económicas emprendidas en el país.

Respecto a los prejuicios políticos contra la emigración, tienen su origen en el papel desempeñado por los emigrados en la política de Estados Unidos contra Cuba. Incluso hoy, la derecha cubanoamericana encabeza las posiciones más hostiles contra el país y el llamado “exilio histórico” aún sirve de base social a esta agenda.

Sin embargo, mucho ha evolucionado la emigración cubana desde los tiempos en que estas posiciones eran casi absolutas y lo distintivo del momento actual es el predominio de los sectores que abogan por mejores relaciones con su país de origen. Estimular a estos sectores constituye una necesidad de la política exterior cubana, no solo en el caso de Estados Unidos, sino a escala internacional.

Aunque no se puede afirmar que han desaparecido todos los prejuicios, hoy día la sociedad cubana asume el hecho migratorio y las relaciones con los emigrados desde posturas muy diferentes a las del pasado, y es apreciable la existencia de un consenso bastante amplio, que apoya las relaciones con la emigración y reconoce la importancia de sumarla al futuro de la nación.

La meta entonces es ofrecer a los emigrados y sus descendientes ventajas morales y materiales que estimulen el vínculo con Cuba, y una de ellas es favorecer sus inversiones en el país. Efectivamente ello puede contribuir a la economía nacional, pero no es solo un problema de dinero y así debe ser pensado.

 

Este texto fue publicado originalmente en Progreso Semanal y se reproduce íntegramente en elToque con la intención de ofrecer información variada y desde diferentes perspectivas a nuestras audiencias.