La familia de nueve personas tiene más de un núcleo si se aplica la lógica. La madre anciana es la dueña de la casa y allí viven sus hijas que, a la vez, han hecho familias propias. Para todos, la Empresa Eléctrica ha dispuesto un único metro contador de electricidad y también, para todos, una multa de 22 666 pesos.

Un amigo de la familia se comunicó con elToque para que reportáramos el caso lo antes posible. Era julio. Nos insistió en que cada minuto contaba para esa familia, en la que hay una niña de siete años, operada del corazón recientemente. Esta es la primera paradoja de la historia: a esta niña que todavía es protegida por el Estado en su derecho a tomar leche y que ha sido operada sin costo alguno para el bolsillo de su familia, se le negaba la luz eléctrica. Y se le negaba en un país que anunció en 2018 por los medios oficiales que “todos los cubanos ya disponen de servicio eléctrico por alguna vía desde abril último, a partir de la electrificación de las últimas 17 614 viviendas pendientes”. Se le negó al menos por un mes, según sus padres. Se le negó hasta tanto ellos y los demás miembros de la familia no pagaran el efectivo que multiplica con creces los salarios estatales.

Esta familia residente en el barrio habanero de Santa Fe, sin embargo, se negó a pagar, al inicio, por varias razones. En primer lugar, dice la madre de la niña que cuando pasaron los inspectores ella estaba operando el contador de electricidad porque ahí tiene (o tenía) tomacorrientes y el interruptor de un horno y “constantemente estoy trabajando ahí”.

A los inspectores, no obstante, les pareció que ella estaba cometiendo una infracción.

Cuenta Oricel, un vecino —compañero de trabajo de Ramón, el esposo de la presunta infractora— que ella “se levantó temprano” y cuando ellos (los inspectores) pasaron, “pensaron que estaba haciendo algo (ilegal) en el reloj.

“Eso me dijo él (Ramón). Pero yo le digo a él que ‘a mí me tienen que ver con la mano en la masaʼ. Él me dijo que era incapaz de cometer una infracción pero no sabía qué hacer para probarlo y le sugerí que fuera a ver a Díaz-Canel. Porque si (los inspectores) no tienen pruebas de que están poniendo un imán, no les pueden quitar la corriente”, comenta el vecino sin mucho conocimiento sobre los procederes de la Empresa Eléctrica.

Lejos de lo que comúnmente cree la población, para detectar manipulaciones en los metro contadores no se necesita ver a una persona tocándolos.

Dice un funcionario de la UNE a quien consultamos como ciudadanos en la Oficina de Atención a la Población que ellos tienen manera de saber si hay manipulación porque esta deja ‘huellas’. No es que te cojan con las manos en el metro, sino que hay mecanismos para detectar si ha sido manipulado, explica. Los contadores nuevos que usan son digitales y que se les ponga un imán enorme no vale de nada porque se mueve igual, pero en los metros viejos sí funciona ese mecanismo ilegal. También hay quienes cogen un lápiz y les dan hacia atrás a las manecillas del reloj para que muestren un consumo menor. Todas esas manipulaciones dejan rastros.

El funcionario puntualiza que los inspectores del sistema eléctrico cubano están en la calle, trabajan por rutas y, si llegan a una casa y detectan un metro contador que ha sido manipulado, ponen la multa, de acuerdo a la manipulación que se haya detectado. La multa —de 500 pesos generalmente— se pone una vez que se demuestra la infracción, señala.

Esto está regulado a partir del Decreto 260, del 9 de diciembre de 1998, en el que se expone que “Contravienen las regulaciones del servicio eléctrico y en consecuencia serán susceptibles de imposición de una multa y de las demás medidas que en cada caso se señala, el que:

-manipule, cambie o altere el equipo de medida y la acometida del servicio, impidiendo el funcionamiento correcto del referido equipo y el paso libre por este de toda la energía consumida, 500 pesos y el retiro del servicio por 72 horas.

Otras contravenciones también son comprendidas por este Decreto, en un sentido ascendente de la penalidad.

En cuanto al exorbitante número de pesos a pagar por esta familia habanera, el funcionario encargado de dar cuentas a la población explica que normalmente la multa viene acompañada de cálculo retroactivo y se debe a la aplicación del propio Decreto 260, que en su artículo 2 refiere que “con independencia de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 1, el infractor estará obligado al pago retroactivo de la energía eléctrica sustraída durante un año. En caso de reincidencia reiterada e incorregible de las contravenciones… el servicio podrá ser retirado hasta seis meses”.

Pero cómo mide la Empresa Eléctrica este robo y, en consecuencia, aplica el cálculo retroactivo, es algo que no aparece en el Decreto. El funcionario sí tuvo respuesta para esto, aun cuando no autorizó la grabación: A la persona a la cual le detectan ese fraude se le contabilizan los equipos y el cálculo retroactivo se hace a partir de una tabla que poseen, no de lo que la persona diga que tiene o consume.

La tabla indica cuánto consume un aire acondicionado y en qué horario se usa generalmente. Expone el consumo aproximado. Así cuando empiezas a sumar los kilowatts de los equipos rigiéndote por la tabla, multiplicado a su vez por la cantidad de meses de infracción, te da un número que suele ser alto. Hay familias que han tenido un cálculo de más de cien mil pesos —refiere.

Compete al Ministerio de Finanzas y Precios establecer, dirigir y controlar el cobro de las multas por contravenciones e infracciones, por lo que no es este un problema que se pueda resolver solo en los límites de la Empresa Eléctrica o el Ministerio de Energía y Minas.

Niurvis Méndez Odelín, directora de Presupuesto que atiende a la población una vez por semana en el Ministerio de Finanzas y Precios confirmó que es su organismo el encargado de velar por el control del Patrimonio Estatal y en consecuencia dirigir y controlar el cobro de multas e infracciones, así como la valuación de estas. Sin embargo, aún no sabemos mediante qué mecanismo llega a su destino final (Empresa Eléctrica en este caso) ese dinero recaudado.

***

—Buenas tardes, ¿Ramón se encuentra?

—Hmmm, ustedes sí que sí —nos interpela la sobrina porque esta es la segunda vez que venimos en un día. La presunta infractora sale y dice que no es que deseche nuestra ayuda del todo, pero que ahora está ‘encaminando’ su solicitud ante otra ‘instancia estatal’ y no le parece prudente ‘mezclar las cosas’. Es julio de 2019.

El funcionario que nos recibió en la UNE, radicada en el Ministerio de Energía y Minas, aclara que, para reclamar, la persona debe acudir a la Empresa Eléctrica, que es la facultada para “recepcionar las reclamaciones”.

La web de la UNE, no obstante, solo exhibe, a la vista de los ciudadanos un sumario de posibles reclamaciones por daños a la propiedad, pero indica que la Empresa Eléctrica no aceptará reclamaciones por razones como las que siguen:

  1. Cuando el daño se hubiere producido por fuerza mayor, caso fortuito o manipulación no autorizada de terceros a las instalaciones eléctricas de la Empresa.
  2. Cualquier artificio utilizado por el cliente directa o indirectamente para cometer fraude, según Decreto 260 y que las acciones para cometer dicho fraude constituyan la causa del daño de los equipos.

Entonces, cómo reclama un usuario al que la Empresa de antemano lo halla culpable. Volver al Decreto 260, que ya cumplió sus 20 años, y en particular a sus Disposiciones Finales, es chocar de frente con una incongruencia. “El Ministerio de la Industria Básica, a través del cuerpo de inspectores estatales eléctricos, asumirá las funciones del control de las medidas orientadas por el Estado para el servicio eléctrico, la imposición de las multas personales que se requiera, efectuar las denuncias procedentes y la comunicación a los organismos locales del Poder Popular y a los demás órganos y organismos correspondientes para la aplicación de lo dispuesto”.

Aunque al Ministerio referenciado lo extinguieron, la Empresa Eléctrica mantiene apego a este Decreto en el que no está prevista la protección al consumidor. Por otra parte, Cuba, en el 2019, se rige por una Ley Eléctrica (1287) de enero de 1975 y en su Artículo 17 se lee:

“El Ministerio de la Industria Eléctrica (también extinguido) podrá retirar el servicio y rescindir el contrato a aquellos usuarios que incurran en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que les incumben de acuerdo con esta ley”…

No hay una letra dedicada a la protección al consumidor.

Sin embargo, la consumidora que en este caso se presenta como presunta manipuladora del metro contador dice: “Fui a ver a una abogada para que me confeccionara una carta que enviaré a otros lugares, pero ya tengo una en el Ministerio (de Energía y Minas). Estoy dando estos pasos y quiero hacer cada cosa en su momento. Por eso ahora no queremos hablar con la prensa si no es Granma.

Ella, en julio, prefería darle un voto de confianza al mismo sistema que la desprotegió cuando lo necesitaba, al que le cortó la luz.

“Vamos a hacer las cosas como son: es bueno que el día que yo tenga que dirigirme a la prensa, ya haya agotado las vías oficiales y tenga respaldo. Si esto no llega a donde yo espero, los contacto”, dice cortante.

Añade que “la historia es bien interesante”, pero no puede estar “peor de lo que está”. “Tengo a mi alrededor a otras personas, a nueve personas que componen la familia y hemos llegado al consenso de no ir a la prensa”.

Como insistimos en que lo nuestro es ayudar, ella contesta que “una de las cosas que más me ha molestado en todo este proceso ha sido el acoso, la insistencia”.

—Eso molesta. Ellos (los inspectores) vienen porque no hemos pagado, pero me he dirigido a la compañía. Desgraciadamente estoy esperando una respuesta en una situación muy difícil porque no tenemos electricidad.

Pero qué es lo que espera esta consumidora exactamente, por qué le molesta el “acoso”, ¿qué hay detrás de su decisión a ultranza de ir “por la canalita” ahora?

En la visita a su casa, encontramos que, como alternativa al servicio negado por la Empresa Eléctrica, esta familia condenada a pagar 22 666 pesos, casi mil CUC, echó a andar una planta de gasolina.

“Estoy usando una pequeña planta de gasolina que se enciende solo por la noche. Se la dejó de regalo a mi esposo un vecino cuando se fue y la hemos usado en momentos de ciclones”, dice la mujer, quizás sin saber que con ello puede incurrir en otra infracción según las reglas de la Empresa Eléctrica.

Para conectar plantas en las casas se debe tener una buena instalación eléctrica, que incluya chucho de polo: un dispositivo de doble polo que actúe automáticamente porque si en un circuito se va la corriente y la persona pone su planta, esta le insufla corriente a la línea y puede matar a los linieros que estén trabajando en el restablecimiento del servicio; lo que supimos mientras conversábamos con el funcionario del Ministerio de Energía y Minas.

Confirma el Artículo 17 de la Sección Tercera (De las instalaciones interiores) de la arcaica Ley Eléctrica: “Los usuarios que poseen plantas generadoras de energía eléctrica para servicios de emergencia, estarán obligados a instalarlas a través de un desconectivo de doble tiro, a fin de que sea posible la interconexión del generador con las líneas del Ministerio de la Industria Eléctrica”.

Además, precisa el funcionario, que poner una planta de gas, hidrocarburos y sus derivados lleva un grupo de regulaciones medioambientales, en tanto puede hacer emanaciones que contaminen el entorno y molesten a los vecinos.

En su política de ahorro de energía eléctrica, en cierta consonancia con lo más avanzado del orbe y el uso de energías limpias, así como para paliar la escasez en los suministros de hidrocarburos, Cuba lanzó en 2010 el anuncio de “un incremento en las tarifas eléctricas para los grandes consumidores del sector residencial”.

“A los usuarios domésticos que consuman más de 200 kilowatts/hora al mes se les aplicará un aumento progresivo en la tarifa que oscilará entre el 15 y el 285 %”, decía la nota publicada en el diario Granma.

Esos clientes “tendrán que pagar entre 1,50 y 5 pesos por kilowatt/hora al mes” si bien la medida pretendía “estimular el ahorro y un uso más racional de la electricidad por parte de los consumidores”.

La casa de Santa Fe a la que le fue retirado el servicio no sintió el estímulo de la medida de 2010, en tanto conviven varios núcleos bajo un mismo techo y con un mismo contador. Hasta el momento de la presunta infracción, continuaban registrando, allí, un alto consumo de electricidad, aunque no tan alto como la Empresa Eléctrica esperaba.

Aun si estos consumidores no tuvieran la razón y se tratara de un robo a la Empresa Eléctrica, qué mecanismos legales amparan a una familia cuando necesita de un servicio público elemental y se le niega porque, primero, tiene que pagar una suma que multiplica los salarios juntos de todos sus miembros.

La respuesta parece ser que no los hay. Así como la Empresa mantiene para todos un único metro contador, solo dispone procedimientos para reclamaciones por daños de propiedad. Esta familia, finalmente, tuvo que pagar los 22 666 pesos. El dinero, ¿no es propiedad?

 

 

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