El proyecto constitucional en debate nos trae, en el ordenamiento político, una de sus modificaciones más drásticas: incorpora la figura de Presidente de la República.

Sobre esto pareciera que lo más polémico es el límite de edad previsto, los períodos en los que puede permanecer una misma persona en ese cargo y si debe o no ser votado de manera secreta, directa y libre por la ciudadanía. También se debate si esta figura tiene demasiadas prerrogativas o, por el contrario, tiene las manos atadas. Incluso se diserta sobre la forma de gobierno: ¿seremos presidencialista, parlamentario o un poco de ambos?

Pareciera que existe consenso respecto a esta inclusión. De hecho, aun antes de que se hiciera público el proyecto y, sobre todo después de las elecciones de abril último, se esparció una suerte de demanda compartida: votar directamente por el Presidente. Aunque obviamente no fue tenida en cuenta por quienes aprobaron el proyecto, supongo que sustenta la idea del consenso.

Aun frente a esos argumentos, me aventuro a preguntar: ¿necesitamos la figura del Presidente?, ¿para qué?

El argumento más o menos claro que hay detrás de esta propuesta pudiera apuntar a la búsqueda de mayor eficiencia en la gestión estatal y gubernamental. ¿Eficiencia respecto a qué?

Supongamos que respecto a la agilidad en la toma de decisiones, a la celeridad para responder a las urgencias, a la operatividad ejecutiva y legislativa. Pudiéramos añadir, además, mayor eficiencia en la lucha permanente contra las trabas burocráticas, así como una mejor condición para arbitrar las relaciones entre los actores diferentes —y los antagónicos— que describen la realidad cubana. Tal vez para que Cuba se parezca más al “mundo”. ¿Parecerse en qué?

Este enfoque sería suficiente si dejamos fuera del análisis la variable democracia, aun en su significado mínimo de gestión colectiva de la política. Otro camino pudiera tener en cuenta una comprensión de la eficiencia que contenga la democrática socialista, entendiendo por esta el permanente proceso de socialización del poder y las formas políticas que lo garanticen.

Simplifiquemos eso en la lógica siguiente: un grupo de personas que para tomar decisiones colegian criterios, visiones y representaciones diversas, resulta más eficiente como fórmula de gobierno que las que puede tomar una sola. Además de ser más justo, inclusivo y abarcador. Lo anterior no excluye la posibilidad de que una persona puede representar operativamente a ese conjunto y tener dentro de él funciones específicas.

Es importante recordar que en Cuba no existe la figura de Presidente del país. El orden institucional surgido en 1976 concibió un Consejo de Estado y un Consejo de Ministros, encabezados por un Presidente, cuyo principio constituyente está en la forma colegiada y deliberativa de los órganos de gobierno.

Sin embargo, esa norma ha experimentado una permanente desviación, una suerte de esquizofrenia entre el diseño político y su implementación. Aquel principio vio reducido su potencial democrático en una práctica política basada en el carisma personal que, durante mucho tiempo, contribuyó a reforzar en el sentido común el valor de contar con un Presidente, un líder, una voz unipersonal. Valor que parece ser asumido como condición natural de toda organización política y desde el que se presume que otras formulaciones son inoperantes.

El hecho concreto es que no se tuvo en cuenta suficientemente que la tradición socialista consagra variadas formas de gobierno colegiado: consejos, comunas, comité, asambleas; las que, en última instancia, condicionan los espacios representativos —también necesarios, funcionales y orgánicos al gobierno colectivo—, y colocan otros sentidos y exigencias a los liderazgos individuales, al controlarlos desde y subordinarlos al bien común.

La comprensión personalista del diseño propuesto se contradice con la tradición socialista republicana encarnada en el gobierno colegiado. Una cosa es corregir las desviaciones y otra renunciar a ese principio. Retomar este asunto como variable para el análisis, pone entre signos de interrogación la pertinencia de las figuras unipersonales que trae el proyecto, que incluye, además del Presidente de la República, al Primer Ministro y al Gobernador.

También en el sistema de tribunales aparece la tendencia personalista en la posibilidad de que las decisiones judiciales sean tomadas individualmente por jueces profesionales, sin estar conminados a colegiar entre varios, incluyendo a los jueces legos. Nótese que, aunque están fuera del contenido de la propuesta de Constitución, el poder de los directivos/as al interior de la empresa estatal socialista y de las instituciones del gobierno, así como de quienes encabezan las organizaciones políticas y de masas, reafirman este signo.

Otro presupuesto de la tradición socialista democrática poco atendido es el que consagra la supremacía de la elegibilidad y revocabilidad de los cargos públicos por sobre la designación. Esta es una disyuntiva esencial respecto a los modos en que el soberano controla a sus representantes. Solo el Presidente es elegido, y de manera indirecta. El Primer Ministro y el Gobernador son designados a propuesta de él, por lo que, en la práctica, estos últimos serán eslabones de su cadena de mando.

Puede que estemos frente a un diseño técnicamente más eficiente para dirimir conflictos, para distribuir riquezas y para el control estatal; pero no políticamente más democrático para el control popular de la gestión de un Estado que se proclama representante del pueblo. Elegir personas no reduce todo el acto democrático, pero sin elección la democracia es una entelequia.

Entonces, ¿es el socialismo antidemocrático per se? No. Lo es el verticalismo, la personalización de los procesos, los limitados mecanismos de control popular, el estrechamiento de la política y de lo político.

Para intentar el socialismo de otra manera probemos un gobierno con mandato popular, con órganos colegiados y deliberativos a todos los niveles, donde podamos elegir y revocar todos los cargos públicos en el Estado, el gobierno, la fábrica, la escuela, en las organizaciones políticas y sociales.

Reconstruyamos democráticamente el pasado que está inconcluso. Para eso, no necesitamos el presidente que nos están proponiendo.