En Cuba existe una creciente percepción de que el aborto se está convirtiendo en un problema de salud pública y que afecta los indicadores de natalidad. Sin embargo, las cifras oficiales no respaldan la idea. 

Entre 1990 y 2021, el número de abortos realizados en la isla mostró una caída significativa. Si bien entre 2007 y 2015 hubo un ligero incremento, nunca alcanzó las cifras mostradas en la década de los ochenta. El mayor monto, registrado en 2015, fue de 91 500 interrupciones de embarazo, el 56.8 % del récord registrado en 1986. 

Ante el aumento acelerado del envejecimiento demográfico, el Gobierno cubano ha resaltado en numerosas ocasiones la importancia de incrementar la natalidad. La meta, que no va acompañada de mejoras en las estructuras económicas ni de cuidados, ¿compromete el acceso al aborto en Cuba?

El debate sobre el aborto y su clasificación como un problema de salud pública varía en los diferentes contextos. El acceso seguro, universal y gratuito al aborto es parte de los derechos sexuales y reproductivos. Además, limitar su acceso aumenta otros problemas de salud pública, como la mortalidad materna y complicaciones médicas asociadas a los abortos inseguros. A pesar de esto, muchos países de América Latina se niegan a su legalización por motivos religiosos o de sectores conservadores. 

Aunque Cuba fue el primer país de América Latina en despenalizar el aborto y asumirlo como un asunto de salud pública, las presiones de esos grupos también se han hecho sentir. En medios internacionales incluso se ha opinado que abortar en Cuba es una práctica «tan fácil como sacarse una muela».

En 2021, en Cuba se realizaron 51 488 abortos. En proporción, la cifra representa 52 interrupciones voluntarias de embarazo por cada 100 partos, 34 por cada 100 embarazadas y 19 por cada 1 000 mujeres. 

¿El aborto es la causa de la baja natalidad?

En la pasada Convención Internacional de Salud, Cuba Salud 2022, dos ponentes de Mayarí, Holguín, presentaban las interrupciones voluntarias del embarazo como «una problemática que debe ser resuelta con inmediatez antes de que sus efectos tengan mayores consecuencias en la población», y la ubicaban como la principal causa del decrecimiento en la natalidad del municipio. 

Sin embargo, esta interpretación del fenómeno que parece relacionar el acceso a los servicios de interrupción del embarazo con la falta de nacimientos en Cuba omite otras variables importantes. Además del respeto a la autonomía de la persona gestante, cualquier estrategia para cambiar las dinámicas demográficas en la isla, desde una perspectiva de derechos, debe considerar el peso significativo de las condiciones materiales, la educación sexual, el acceso a anticonceptivos modernos, la incidencia de violencia sexual (en especial aquella que afecta a adolescentes) y la carga femenina de los cuidados que también son tomados en cuenta en la planificación familiar.

Al analizar el total de abortos realizados cada año, entre 2018 y 2021 se evidenció un sustancial decrecimiento de más de 33 500 interrupciones de embarazo, hasta alcanzar la cifra más baja reportada desde 1980, según las estadísticas oficiales. 

Al contrastar las cifras con otros indicadores ―como el número de abortos por cada 100 partos, 100 embarazadas o por cada 1 000 mujeres―, se puede observar que desde la década de los ochenta han disminuido, aunque no de forma lineal. En conclusión, no se observa a simple vista una relación directa entre el número de abortos y el total de nacimientos.

El Gobierno cubano no ha publicado las cifras correspondientes a 2022, con las cuales se pudiera tener una idea más concreta de la situación de estos y otros indicadores del país luego de la pandemia de la COVID-19. 

En los últimos años, se han presentado otros obstáculos al acceso al aborto seguro, como el requerimiento de presentar un examen serológico, incluida la prueba de VIH, para acceder a una regulación menstrual. Dado que el resultado de estos exámenes suele demorar entre una semana y 21 días, muchas mujeres pueden perder la oportunidad de acceder a ese método que resulta menos riesgoso.

Además, los servicios de aborto no están disponibles en todos los municipios, lo cual marca una disparidad en el acceso al servicio para las mujeres de comunidades rurales y de difícil acceso. Durante la pandemia, algunos de estos servicios incluso se suspendieron, de acuerdo con denuncias ciudadanas.

Por otra parte, la actual escasez de insumos médicos también afecta los procedimientos ginecobstétricos. Como en otros servicios, algunas personas deben proveer los materiales o pagar al personal de los centros de salud para garantizar el acceso a la atención, lo que suma una brecha para la población más empobrecida.

Fecundidad adolescente y abortos

En julio de 2022, la investigadora cubana y feminista Ailynn Torres Santana realizó una publicación en Facebook en la cual reflexionaba, entre otros elementos, sobre el impacto del aborto y la fecundidad en edades tempranas. 

«Si el número elevado de abortos en la adolescencia es un problema, otro, más grave acaso, es el de la alta fecundidad en esas edades. Cuba tiene una tasa de fecundidad general de 42.5 nacidos vivos por 1 000 mujeres de 15 a 49 años, pero en la adolescencia (de 15 a 19 años) esa cifra aumenta a 52.3».

En 2019, el 12.4% de las adolescentes entre 15 y 19 años en Cuba eran madres o estaban embarazadas de su primer hijo, según los resultados de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS Cuba, 2019) realizada por el Ministerio de Salud Pública con el apoyo de UNICEF. 

Embarazos adolescentes en Cuba ¿por qué las altas cifras?

Aun cuando el país se caracteriza por una baja natalidad, la tasa de fecundidad de las cubanas menores de 18 años ha visto un aumento en los últimos 15 años.

Según los datos publicados en los anuarios de la estatal Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), en los últimos 15 años se constató un aumento en la tasa de fecundidad de las cubanas menores de 18 años. Las jóvenes con menos de 20 años aportan más del 17 % de los nacimientos que se registran en el país. A lo que se suma que uno de cada cuatro abortos corresponde a una mujer de 19 años o menos. 

Las cifras de aborto en la adolescencia, quizás, siguen la misma tendencia al crecimiento que se evidencia en la tasa de fecundidad. Sin embargo, debido a la falta de transparencia y desglose de datos por parte del Gobierno cubano (única fuente de información disponible en el tema), no es posible afirmar esta tendencia o realizar un análisis más profundo, en específico para niñas y jóvenes menores de 15 años.

Ante este panorama, Torres apunta la necesidad de implementar el programa integral de educación sexual en el sistema educativo del país (pospuesto desde 2021 por las autoridades), especialmente en la adolescencia, y mejorar la disponibilidad de anticonceptivos. 

Hasta 2019 la cobertura anticonceptiva en Cuba se consideraba alta, aunque insuficiente. Desde entonces las autoridades cubanas no han publicado cifras de dicho indicador. Sin embargo, el desabastecimiento de condones masculinos, el método anticonceptivo más extendido en Cuba, ha ganado titulares en medios nacionales e independientes. 

Un estudio de 2020 realizado por Caroline Belaúnde Brynsrud concluye que entre los factores que contribuyen a la tasa de abortos en Cuba se encuentran los embarazos no planificados a corta edad, los roles de género y la falta de información sobre las consecuencias del aborto, apuntando a que en muchas ocasiones el consentimiento se otorga sin la información necesaria.

Legislar como garantía de derechos

La Constitución cubana ―aprobada en 2019― estableció el principio de protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, es necesario respaldar el acceso seguro, universal y gratuito al aborto en legislaciones específicas, como pudiera ser la prevista ley de salud pública.

La activista Marta María Ramírez declaró al medio feminista Latfem que la importancia de legislar a favor del aborto es que, una vez esté respaldado el derecho por una normativa, todas las personas, sin excepción, deben respetarla. Esto implica que los médicos no podrán negarse a brindar atención relacionada con el aborto, que se garantizará el acceso a métodos anticonceptivos y a una educación sexual integral que vaya más allá de enfoques biologicistas.

La normativa debería considerar las desigualdades sociales y estructurales por las que ciertos grupos pueden enfrentar mayores dificultades para acceder a información sobre anticoncepción, servicios de salud reproductiva y opciones de aborto seguro y legal. Estas brechas hacen que las personas en grupos vulnerables se vean obligadas a llevar embarazos no deseados a término o a recurrir a métodos inseguros para interrumpirlos, lo que pone en riesgo su salud y bienestar.

Una legislación inclusiva y justa sobre el aborto debe eliminar las barreras que enfrentan los grupos marginalizados. Esto implica asegurar el acceso equitativo a servicios de salud sexual y reproductiva, promover la educación sexual integral que aborde las realidades diversas de las personas y abogar por políticas públicas que reduzcan las desigualdades sociales y económicas que influyen en las decisiones reproductivas. Al hacerlo, se puede garantizar que todos tengan la libertad y la capacidad de tomar decisiones informadas y autónomas sobre su salud y su vida reproductivas.