En el contexto de la emergencia por la COVID-19 conversamos sobre la atención a las personas vulnerables en Cuba. Esta entrevista se realizó el 8 de mayo de 2020 en una transmisión en vivo a través de YouTube.

Panelistas:

• Elaine Acosta, investigadora cubana, profesora en la Universidad Internacional de la Florida.
• Michael Sánchez, coordinador del proyecto Akokán, en el barrio Los Pocitos, Marianao, La Habana.

Moderador:

• José Jasán Nieves, periodista y coordinador general de elTOQUE.

José Jasán Nieves: ¿Qué personas deben considerarse como vulnerables en este contexto de la pandemia?

Elaine Acosta: La vulnerabilidad es una condición intrínseca al ser humano y la experimenta en diferentes etapas de la vida con distintos grados de intensidad, según la situación en la que se encuentre: el género, la edad, la raza, la clase social. La vulnerabilidad es una condición cambiante, resultado de procesos sociales y de coyunturas económicas, desastres naturales, crisis sanitarias, etc.

Ahora bien, hay grupos más vulnerables que otros de manera más o menos permanente, porque están en posiciones sociales que los hacen más vulnerables de forma estructural. En el caso de Cuba, las ciencias sociales han tenido mucha dificultad para lidiar con términos como vulnerabilidad, pobreza, exclusión, marginalidad, porque el modelo sociopolítico y económico se presentaba como resolutor de todos estos problemas.

Teniendo en cuenta que la COVID-19 ha visibilizado más la condición de vulnerabilidad que tenemos todos; existen determinadas características de esta pandemia que pone a un grupo de personas en una situación de vulnerabilidad. Hay dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta. Atendiendo a criterios médicos conocidos, se ha definido a las personas mayores y con padecimientos crónicos previos como las más vulnerables frente al contagio. Se conoce que la letalidad de este virus es mayor en personas que tienen más de 60 años. En el caso cubano este criterio es más preocupante y notorio, debido el alto grado de envejecimiento poblacional del país –un 20 % de la población tiene más de 60 años, lo que representa más de dos millones de personas–. Ahí hay un gran grupo, con sus diferencias, porque este virus no afecta por igual a todas las personas mayores, pues aquellas que se encuentran en mayor situación de pobreza y que están solas son más vulnerables. Sabemos que los hogares de adultos mayores solos han aumentado considerablemente, hemos pasado de un 11 % de hogares a un 17 % en la actualidad.

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Por otro lado, buena parte de las medidas epidemiológicas para prevenir el contagio han sido el confinamiento y el distanciamiento social y eso ha implicado la paralización parcial de la economía, la pérdida de empleos no esenciales, la suspensión de clases y un conjunto de medidas que ponen a otros grupos, más allá de los definidos médicamente, en situación de mayor vulnerabilidad.

Dos de los eventos de transmisión local en el país han ocurrido justamente afectando a las personas mayores en instituciones de cuidado del Estado: el caso del hogar de ancianos de la provincia de Villa Clara, y el evento del Centro de Protección Social ubicado en el Cotorro, que trabaja con personas en situación de calle. Cerca del 50 % de estas personas son mayores y eso lo hace más grave.

El tercer grupo lo conforman las personas en situación de discapacidad, particularmente las que están encamadas en los domicilios; situación que ya es compleja y precaria para muchas de las familias en Cuba. Sobre estas personas tenemos una deuda muy grande en términos de estadística, de normativa y de tipos de intervención. No hemos incorporado las nuevas identificaciones internacionales en la medición de la discapacidad. En América Latina, Cuba es el país con menos información estadística disponible, según reporta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Hay otro grupo importante, bastante amplio, las mujeres y los niños en situación de confinamiento. A pesar de las políticas sociales de otorgamiento y ampliación de derechos hacia las mujeres, Cuba es un país donde la sobrecarga de cuidados sigue estando sobre las mujeres, y muchas son mayores de 50 años. Hay que resaltar también el tema de la violencia de género. En la gran mayoría de los países la violencia hacia las mujeres y los niños y las niñas en el ámbito doméstico ha aumentado con el confinamiento; si a eso le sumamos la situación particular cubana, con viviendas multifamiliares, con hacinamiento, la situación se complejiza. Se han reportado al menos tres feminicidios en lo que va de pandemia.

También hay un personal de Salud mayoritariamente femenino, que está con una doble o triple carga de trabajo y, por lo tanto, con mayor vulnerabilidad. Por último, hay dos grupos, los migrantes internos en La Habana, de los que apenas se habla, conformado mayoritariamente por mujeres; por lo tanto, hay vulneraciones sobre vulneraciones. Luego, agregaría también el sector cuentapropista, particularmente las mujeres, que no han podido beneficiarse de las medidas de apoyo y protección salarial que sí se entregaron a las trabajadoras del sector estatal. Las mujeres cuentapropistas han sido discriminadas por las medidas de protección social aplicadas por el Gobierno y esto habla mucho de cómo se considera este sector.

José Jasán Nieves: El Gobierno ha implementado medidas de control e intervención sanitaria para enfrentar la enfermedad. Algunas están destinadas a atender a los sectores más vulnerables. ¿Qué experiencias de intervención han podido monitorear? ¿Qué aspectos positivos o negativos señalarían en ese sentido?

Elaine Acosta: Para entender el alcance de estas medidas, hay que entender que la pandemia llega a una sociedad marcada por una profunda crisis económica. Aunque el Gobierno la ha llamado “coyuntural”, los economistas coinciden en que es una situación estructural, lo que hace complejo el manejo de las medidas de confinamiento y hace que estas sean experimentadas por la población con una sensación mayor de inseguridad y eventual vulnerabilidad. Además, ha habido una disminución paulatina de los beneficios y la asistencia social en general por parte del Estado en los últimos años.

Como aspecto positivo, esta crisis ha evidenciado la capacidad de agencia que una parte de la sociedad civil tiene para ayudar y apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad. Hay organizaciones como la Iglesia, los proyectos comunitarios, agrupaciones profesionales (psicólogos), movimientos sociales y otros que han empezado a tener un aporte importante en la asistencia a estos grupos vulnerables. Sin embargo, no se les reconoce desde la oficialidad y no se producen alianzas importantes que son parte de las estrategias de intervención en otros territorios de América Latina.

Necesitamos el reconocimiento de la sociedad civil y una nueva Ley de asociaciones. El Estado no puede solo frente a las necesidades cada vez más crecientes de la población en un contexto de crisis estructural sostenida y crónica.

Existen otros problemas transversales que afectan a la población en su conjunto, por ejemplo, el abastecimiento. El Estado ha tratado de implementar medidas que lo desbordan totalmente, porque es una situación crónica desde hace años y muy difícil de resolver en este corto tiempo con las deficiencias de gestiones administrativas.

También existen iniciativas loables por parte del Gobierno, como llevar módulos a las puertas de las personas con mayor situación de vulnerabilidad y utilizar a los estudiantes.

José Jasán Nieves: Quisiera particularizar en la experiencia del proyecto Akokán en el barrio Los Pocitos. ¿Quiénes son las personas vulnerables allí y qué están haciendo para acompañarlas y ayudarlas en estas circunstancias?

Michael Sánchez: En comunidades como esta muchas personas vienen de otras provincias del país buscando oportunidades de vida. Predomina el empleo informal, la mayoría de las personas no tiene acceso a Internet y padecen enfermedades de base.

Hemos identificado cinco condiciones fundamentales de vulnerabilidad en estos asentamientos informales. En primer lugar está el acceso a la información oportuna, veraz y comprensible.

En segundo lugar se encuentra el hacinamiento. Hay que quedarse en casa y me duele decirlo, pero es un término bastante elitista, porque aquí a veces el espacio habitacional es más peligroso que la calle. Mantener el aislamiento social es difícil pues son viviendas de construcción precaria, a veces de madera, de zinc, de latón; que no tienen acceso al agua directamente, donde pueden vivir 9 o 10 personas.

En tercer lugar está la seguridad económica. La mayoría de estas personas no tiene empleos formales. Muchos trabajan en el tema del reciclaje, la construcción, son vendedores ambulantes o trabajan de forma ilegal; con lo cual aumenta la fragilidad económica.

En cuarto lugar está el acceso al agua, porque algunos no tienen acceso desde su casa, sino desde otros puntos comunes. Esto hace que la gente intercambie y pueda producirse una infección colectiva; aunque hasta ahora no se ha reportado ningún caso.

Y en quinto lugar está el asunto de la violencia machista al interior de las viviendas, que puede convertirse en un problema mayor.

Por eso consideramos que debemos trabajar no solo en el periodo de emergencia, sino también en el de recuperación.

José Jasán Nieves: ¿Cuáles son sus recomendaciones para la atención a las personas vulnerables en este contexto?

Elaine Acosta: Necesitamos que el Gobierno escuche a aquellas personas que están trabajando con las poblaciones más vulnerables. El tema de la información es vital para toda la ciudadanía y para los investigadores también. Hay un aumento sostenido de la desigualdad social en Cuba y para muchas personas quedarse en casa es una opción prácticamente imposible. Por otro lado, tenemos un mensaje gubernamental que criminaliza cuando no comprende estas situaciones sociales.

El Gobierno cubano debe actualizar y reformar las normativas que se necesitan para que los derechos de estas personas sean protegidos y garantizados. Debe existir una Ley sobre la violencia de género para garantizar los derechos de las mujeres que están desprotegidas. Eso es urgente.

También deben cambiarse los paradigmas y modelos que están desactualizados en el manejo de la intervención social. El Gobierno y las políticas públicas tienen bastante que aprender de las nuevas generaciones que están en el terreno. Incorporar el enfoque de género y de derecho en buena parte de las políticas públicas, que pasa por la ampliación de derechos y reformas que son estructurales y que no están adecuadamente garantizadas.

Necesitamos también garantizar una seguridad alimentaria para la población y no la tenemos. Hay servicios básicos que no están garantizados para el conjunto de la población y menos para los más vulnerables.

El déficit habitacional es un problema crónico en la sociedad cubana.

Y agregaría el estímulo del asociacionismo, aprovechando los recursos que están en la comunidad, como la capacidad y esas ganas de hacer de la sociedad civil que es más diversa de lo que pensamos.

Hay que eliminar un conjunto de trabas para que el periodismo independiente pueda ejercer adecuadamente su trabajo y contribuir a la investigación social y la información.

Hay que hacer alianzas con la emergente empresa privada o el cuentapropismo. Sin embargo, parece que eso va en la dirección contraria. Hemos visto como muchos negocios particulares han salido a apoyar y aliviar estas situaciones. Los cuidados deben convertirse en un asunto prioritario en la agenda pública y para eso el conjunto de los actores debe poder expresarse y movilizarse adecuadamente, sin restricciones ni criminalización.

José Jasán Nieves: Les agradezco su participación.

Gracias a todos por acompañarnos.

 

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Este proyecto fue apoyado a través del programa de Microgrants Check Global COVID-19.