Los acontecimientos ocurridos el pasado 8 de febrero en la ciudad de Santiago de Cuba, cuando vecinos de la barriada de Nuevo Vista Alegre intentaron linchar masiva y violentamente al presunto violador de una menor de 8 años de edad, pudieron haber evocado en muchos la frase de Fidel Castro que reconoce el espíritu rebelde e indómito de la heroica ciudad: Santiago sigue siendo Santiago.

A pesar de lo llamativo y difundido del hecho a través de redes sociales, es preciso afirmar que la justicia por propia mano como mecanismo para sustituir la justicia formal, no es un fenómeno exclusivo de Cuba y mucho menos de Santiago.

En Puebla, México, en agosto de 2018 una multitud quemó vivos a Ricardo y Alberto Flores. Los hombres, que habían sido detenidos por “beber en la vía pública”, fueron sacados de la unidad policial y linchados por una información falsa que estaba difundiéndose por WhatsApp, y que los acusaba de ser secuestradores de niños.

El 25 de marzo de 2019 en la ciudad argentina de Comodoro Rivadavia, cerca de 11 habitantes del lugar mataron a un hombre y quemaron una casa. La razón: una mentira distribuida a través de WhatsApp que señalaba al hijo del fallecido como presunto responsable del abuso de un menor de edad.

Algunos estudios apuntan entre los factores fundamentales que inciden en el desarrollo de estos fenómenos en la región a la desconfianza en los aparatos judiciales y las autoridades, a las crisis de seguridad y a una impunidad que lejos de disminuir se acrecienta.

Cuba ha quedado al margen de muchos fenómenos que a diario se reproducen en Latinoamérica. Sin embargo, a pesar de su escasa divulgación, no ha permanecido al margen de los linchamientos.

En el año 2017, un impactante video en el que un grupo familiar apuñaleaba y filmaba al supuesto agresor de uno de sus familiares se divulgó en las redes sociales y en canales foráneos de televisión. También circuló la agresión colectiva de los vecinos de una localidad que la emprendieron agresivamente contra el supuesto violador de una menor, en la cual se escuchan claramente los pedidos de muerte de algunos de los presentes.

¿Responden estos fenómenos en Cuba a las mismas causas que en la mayor parte de Latinoamérica?

La primera información que ofrece el Ministerio de Relaciones Exteriores a los interesados en el tema de la seguridad en Cuba es que el país “disfruta de un alto índice de seguridad, superior a la mayoría de los países de la región y garantizado por una fuerte presencia policial”. Una afirmación difícilmente discutible y que elimina la inseguridad ciudadana como una de las motivaciones fundamentales de los linchamientos.

Sin embargo, la fuerte presencia policial que garantiza “seguridad” también implica un uso indiscriminado del derecho penal. La rama más agresiva del derecho se emplea en Cuba para enfrentar los problemas sociales más comunes. Las condenas de prisión por la adquisición de 15 mil manzanas o 70 cartones de huevos así lo demuestran. Como también lo demuestra la intervención policial en el domicilio de un periodista independiente bajo el argumento de que al no poseer la documentación acreditativa de la propiedad de un teléfono y una computadora pudo haberlas “receptado”.

La influencia indiscriminada de los aparatos policiales en la vida privada de los ciudadanos contribuye a la generación de un sentimiento que me gusta denominar “inseguridad atípica”. Esta es una inseguridad relacionada con el hecho de sentirse constantemente vulnerable ante la acción de las autoridades y, por ende, desprotegido ante estas.

Las arbitrariedades policiales que con mayoritaria impunidad se reproducen a diario en Cuba y que cada vez con mayor frecuencia se exponen en redes sociales refuerzan ese sentimiento de inseguridad y pueden ser un motivo importante para que la ciudadanía muestre niveles crecientes de repulsa hacia las fuerzas de orden público.

Parece ser repulsa, y no solo deseos de venganza, lo que también afloró en Santiago de Cuba el día 8 de febrero, cuando la muchedumbre impedida de llevar a cabo su propia justicia, la emprendió a piedras con la policía y esta respondió disparando con armas largas, cuyo calibre o tipo de proyectil no se ha podido confirmar.

Sin embargo, la “inseguridad atípica” y la repulsa social no justifican por sí solas todo lo acontecido en Santiago. Yo creo que en el origen del fenómeno hay que colocar la desajustada percepción popular de la justicia que impera en Cuba, motivada, entre otras cosas, por el desproporcionado tratamiento que el sistema legal cubano ofrece a diferentes sujetos y situaciones.

Por ejemplo, los delitos que afectan a menores resultan ser en extremo sensibles para la ciudadanía, tanto en Cuba como en cualquier otro lugar del mundo. Los principales delitos cometidos contra los menores en Cuba son los abusos lascivos, la corrupción de menores, la violación y las lesiones. Los victimarios fundamentalmente oscilan entre los 18 y los 30 años y los más afectados son menores del sexo masculino entre 13 y 15 años. De acuerdo a un reporte de 2016, las medidas que se les han impuesto son “de alto rigor”, pero solo “el 54 % de los victimarios fue sancionado a privación de libertad”.

Ese hecho contrasta con el entendido popular de que quienes sacrifican ganado mayor o trafican drogas mayoritariamente reciben penas que implican la prisión efectiva. Un criterio que, a falta de datos oficiales, puede ser validado con el análisis de casos singulares que demuestran que matarifes de vacas o dealers de cocaína, han sufrido sanciones más graves que las impuestas a abusadores de menores u homicidas.

Esta diferenciación, lejos de contribuir a la superación de una cultura penal revanchista, fomenta su reproducción.

El supuesto autor de la violación de la menor en Santiago es, supuestamente también, portador del VIH, lo cual en este tipo de delitos es una agravante. De resultar responsable de los hechos que se le imputan y, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal vigente, pudiese ser sancionado a pena de muerte. La escasa probabilidad de que esto acontezca es otro de los elementos para tener en cuenta al evaluar dichos temas en Cuba.

Desde el establecimiento de la moratoria de la pena de muerte en el año 2000, en respuesta a un llamado de la Organización de las Naciones Unidas, que considera este castigo una práctica cruel e inhumana que no tiene cabida en el siglo XXI, la pena escasamente se aplica y cuando se ha impuesto en primera instancia ha sido modificada por el Tribunal Supremo Popular.

Sin embargo, ni la moratoria ni la ausencia de su aplicación desde 2003 o incluso la conmutación de la pena capital a un grupo de reos en el año 2008, han llevado aún a su abolición. Su permanencia dentro del catálogo de sanciones aplicables a muchos delitos regulados en el Código Penal, incluidas la violación y la corrupción de menores, más que evitar, favorece la reproducción de intentos de linchamiento como el de Santiago de Cuba.

Para evitar la producción de este tipo de situaciones, es preciso generar una cultura jurídica construida a partir de un debate abierto y desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos; un debate que parece no interesar a quienes hoy están más preocupados por desarticular la matriz de que las motivaciones del enfrentamiento de la ciudadanía y la policía no son políticas, que en condenar el hecho en sí mismo y atacar sus posibles causas.

Consideran que ese es un debate políticamente poco saludable, porque políticamente han decidido mantener en el imaginario popular la idea de que hay circunstancias en las que un Estado puede disponer de la vida de las personas. “Sería ingenuo e irresponsable renunciar al efecto disuasivo que provoca la pena capital en los verdaderos terroristas mercenarios al servicio del imperio, porque pondría en peligro la vida y la seguridad de nuestro pueblo”, expresó el propio Raúl Castro en 2008, cuando todavía ocupaba el cargo de segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Sin embargo, políticamente también olvidan que una sociedad inculta jurídicamente no es necesariamente una sociedad incapaz de aplicar la lógica. La misma lógica que les permite preguntarse: ¿por qué si tres personas que secuestraron una embarcación para salir del país fueron merecedoras de la muerte, incluso bajo la vigencia de una moratoria, entonces una que presuntamente violó brutalmente a una menor de edad, sabiendo que era portador de una enfermedad de transmisión sexual, no lo es?

Mientras esa lógica no se contradiga, no se invierta y no se ofrezcan soluciones, puede que Santiago siga siendo Santiago.