La persistencia de la pena de muerte en Cuba, aunque soslayada, es una realidad que ha vuelto a la luz pública por estos días, luego de que un crimen múltiple levantara una ola de indignación ciudadana cuyo reclamo más recurrente fue la ejecución de los asesinos.

“Mi cuñado fue una de las víctimas, no creo que nada pueda calmar el dolor de esta y las otras familias. Sólo pido que le den la pena de muerte, para que no quede impune un crimen tan horrendo como ese”, expuso, por ejemplo, una usuaria identificada como Araimy en el foro digital del principal periódico del país. Junto a ella, decenas de foristas replicaron el pedido.

A falta de encuestas públicas y de otros espacios mediáticos de discusión (que prácticamente no existen) el intercambio generado en el mundo digital ilustra de modo muy sintomático lo que pudiera calificarse como un consenso interno: la pena capital, en moratoria oficial desde 2008, cuenta con abundante apoyo en el archipiélago caribeño.

“Cuando me enteré de que hace poco un hombre había asesinado a su bebita lanzándola contra una pared no pude menos que desear la muerte de alguien que detesta tanto a la vida”, comenta Ana María de 26 años de edad, consultada en plena calle de la ciudad sureña de Cienfuegos.

Este tipo de pensamiento basa en la proporcionalidad de la Ley del Talión (“ojo por ojo y diente por diente”) el supuesto deber social de castigar los delitos considerados como más peligrosos. Pero los detractores apuntan a que la sociedad cubana necesita superar la violencia física como reacción instintiva a lo que consideren sus miembros una agresión.

Violencia para frenar más violencia

“Está demostrado que la pena de muerte no tiene poder disuasorio, porque quien comete un acto punible no piensa en ese riesgo cuando ejecuta un asesinato, un robo con fuerza agravado o un delito contra la Seguridad del Estado”, explica Silvia Zamora Martell, criminóloga y jueza suplente del Tribunal Popular Provincial, de Cienfuegos. Los hechos parecen confirmar sus palabras, pues las últimas tres ejecuciones reportadas en Cuba, fueron concebidas para cortar una ola de secuestros de embarcaciones y aeronaves con destino a Estados Unidos.

A pesar del “éxito” inmediato entonces, los intentos no desaparecieron y apenas cuatro años después, en 2007, se conoció de otra toma de rehenes con víctimas fatales, cuyo fin era conseguir un avión para llegar a la Florida.

“No se ha logrado confirmar en ninguna parte del mundo que aplicando la pena máxima los índices delictivos disminuyan o que dejándola de aplicar, aumenten”, agrega la también profesora de Derecho en la Universidad de Cienfuegos.

“No olvidemos además que por muy seguro que sea el sistema judicial, siempre se corre el riesgo de ejecutar a una persona inocente”, advierte. “Pero a pesar de todos esos argumentos en contra de la pena capital, yo tampoco tengo un criterio acabado sobre su erradicación, porque comprendo también los sentimientos de los afectados cuando esperan justicia”, confiesa la profesora.

En ese equilibrio se mueve desde hace años el gobierno cubano, que tras el empleo numeroso de ese método en los años iniciales de la Revolución en el enfrentamiento con la reacción interna (según datos recogidos por organizaciones afines al exilio opositor), guarda el mecanismo para situaciones “excepcionales”, muchas de ellas vinculadas con el inacabado enfrentamiento a los intentos subversivos.

“Nuestras leyes permiten la pena de muerte. Está suspendida, pero ahí está de reserva, porque una vez la suspendimos y lo único que hicimos con ello fue estimular las agresiones y los sabotajes contra mi país”; comentó el presidente Raúl Castro a su pares de América Latina en enero de 2014.

“El pueblo cubano confía en que podrá llegar en el futuro el día en que existan las condiciones para abolir la pena capital en el país, no sólo a partir de sus convicciones éticas y morales, sino por su profundo sentido de justicia y humanismo. Sin embargo, esa medida tendrá que estar vinculada al cese de la política de agresión, que contra Cuba practica y ha practicado el gobierno de los Estados Unidos”; dijo por su parte el Ministerio de Relaciones Exteriores en respuesta a una solicitud de las Naciones Unidas.

La voluntad política sigue moviendo el péndulo, porque (como confirman varios juristas) ni en los círculos académicos ni en los pasillos de los tribunales existe debate entre corrientes interesadas en suprimir los fusilamientos del Código Penal; aprovechando para ello la reforma a esa ley prometida desde 2009.

Mientras tanto y pulsada su reacción, muchos cubanos acuden al furor más intempestivo y violento para juzgar a sus semejantes: “El que a hierro mata, a hierro debe morir”, claman algunos en el foro digital tras el asesinato, mientras otros recuerdan la polémica justicia que supone matar en nombre del bien común.