Entre el 19 de abril, cuando Miguel Díaz-Canel se convirtió en presidente cubano, hasta la fecha se han publicado en la Gaceta Oficial de Cuba 10 Decretos-Leyes, 8 Decretos, 193 Resoluciones y 74 Acuerdos del Consejo de Estado, entre otras normas de menor rango. No se emitió ninguna ley, y del total de los documentos jurídicos publicados 253 tenían fecha del 2017.

Un breve análisis de lo regulado en los últimos cuatro meses permite señalar varios hechos desde el punto de vista público. En primer lugar, y esto es una tendencia marcada desde hace varias décadas, el número de Resoluciones es absolutamente mayor que el de otras normas jurídicas publicadas. Le siguen los Decretos-Leyes, que solo puede realizarlos el Consejo de Estado, y los Decretos, que provienen del Consejo de Ministros. Son las Leyes, que surgen de la Asamblea Nacional del Poder Popular como órgano que representa la voluntad del pueblo cubano, las que menos presencia tienen en la publicación oficial. Incluso, algunas de ellas fueron modificadas o limitadas por Decretos-Leyes, que son normas de menor rango.

El Ministerio de Justicia mostró un serio rezago en la actualización de las medidas, pues más de la mitad de estas regulaciones públicas fueron redactadas en 2017. Un número significativo de ellas contienen la disposición de que la publicidad en la Gaceta Oficial otorga la entrada en vigor de su contenido. Pero la institución, encargada de la publicación en tiempo y forma de todas estas normas, no ha ofrecido explicación alguna sobre este evidente retraso. De las 253 normas con fechas del año pasado, 107 fueron publicadas, como apresuradamente, en el mes abril.

El atraso de varios meses para la vigencia en la vida nacional está relacionado con el otorgamiento de medallas y órdenes a grandes grupos de trabajadores, las designaciones de nuevas misiones diplomáticas en embajadas cubanas de varios países, y la ratificación de convenios con varias naciones (Consejo de Estado); la renovación de licencias para operaciones comerciales en Cuba a un igualmente amplio grupo de empresas extranjeras (Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera); la derogación y otorgamiento de prórrogas y licencias para la explotación y/o investigación minera en diferentes territorios del país (Ministerio de Energía y Minas); la emisión de sellos postales en conmemoración de fechas o personalidades históricas (Ministerio de las Comunicaciones); y la inscripción de un grupo de cooperativas y empresas estatales en el Registro Nacional de Constructores, Proyectistas y Consultores de la República de Cuba (RNCPC, Ministerio de la Construcción).

No es de dominio público tampoco si todas estas disposiciones se hicieron efectivas luego de su publicación, o si, por ejemplo, en un peor escenario, todas estas cooperativas y empresas ya estaban inscritas en el mencionado Registro Nacional, o las empresas extranjeras ya disponían de la renovación de sus licencias comerciales en Cuba. Si todo lo descrito en el párrafo anterior, dispuesto en 2017 pero publicado en 2018, se hizo vigente varios meses antes de la publicación de las normas que debían ponerlo en vigor, ¿qué función tienen entonces esas regulaciones?

Por el contrario, aunque menos probable, según la fecha de publicación todas estas instituciones han debido esperar meses para sus respectivas licencias y permisos, así como las nuevas misiones diplomáticas para su designación o el numeroso grupo de trabajadores e investigadores para su condecoración. Ninguna de las dos variantes se atiene a la transparencia que debe primar en este tipo de trámites.

A los muchos problemas que han sido diagnosticados a la Gaceta Oficial de Cuba, algunos de ellos por la propia ex Ministra de Justicia María Esther Reus en 2014, ahora se suma la falta de efectividad para regir en tiempo los procesos económicos y administrativos de los que en sus páginas se debe dar cuenta a la ciudadanía. Esta mala práctica evade toda la responsabilidad de la publicación, tanto para con las instituciones y personas implicadas, como con el derecho de la población a acceder a estas informaciones.

En este período de tiempo los tópicos regulados por el Consejo de Estado variaron desde la designación de Jueces Profesionales Titulares de Tribunal Militar de Región, la suspensión del Vocal de la Comisión Electoral Nacional Noel Martín, modificaciones a Decretos-Leyes y Leyes anteriores, hasta el llamado reordenamiento del Trabajo por Cuenta Propia.

Por su parte, el Consejo de Ministros publicó en estos meses Decretos sobre la protección de áreas mineras reservadas, modificaciones al reglamento sobre el fortalecimiento del sistema empresarial cubano, modificaciones al reglamento de la Ley de Inversión Extranjera, prórrogas de derechos mineros a algunas empresas, el reglamento de la entrega de tierras estatales ociosas que fue también modificado, y sobre la Oficina Cubana de Propiedad Industrial, para actualizar las normas vigentes respecto a las prácticas modernas.

De todos los Decretos publicados en estos meses, solo dos están firmados por el actual presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Uno, el Decreto No. 349/2018, que regula sobre las contravenciones de las regulaciones en materia de política cultural y sobre la prestación de servicios artísticos. En él se declara ilegal toda contratación de servicios artísticos sin la mediación de la empresa de cultura correspondiente, y se establece como una de las medidas posibles la suspensión de la licencia por cuenta propia de todo trabajador privado que incurra en ese tipo de arreglos. Este Decreto forma parte del paquete de medidas publicado el 10 de julio sobre la actividad privada en Cuba. El otro es el modificativo al reglamento de la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo.

El resto de los Decretos están firmados, como correspondió según la fecha de entrega, por el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba Raúl Castro Ruz.

En cuanto a las Resoluciones ministeriales, fue el mes mayo, seguido de abril, el de más publicaciones. Sobre las cantidades, son los Ministerios de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (72), de la Construcción (57) y de Energía y Minas (29) los que más sobresalen. Los focos temáticos de estas resoluciones fueron, respectivamente, la validación de licencias comerciales en Cuba a empresas extranjeras, la inscripción de cooperativas y empresas estales en el RNCPC, y el otorgamiento de prórrogas y permisos para investigación de áreas mineras a empresas nacionales.

No obstante, en cuanto a impacto y alcance sobre la población cubana, aun cuando todas inciden en mayor o menor medida, resalta otro grupo de instituciones. Entre ellas están el Ministerio de Educación con lo establecido sobre los exámenes de ingreso; el Ministerio de Comercio Interior con las “Indicaciones para la organización y ejecución de la protección al consumidor en el sistema de comercio interno”, el Banco Nacional de Cuba con los nuevos permisos para tramitar remesas familiares desde el extranjero a Cuba, y los Ministerios de Finanzas y Precios, de Economía y Planificación, de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte con el paquete de medidas para el reordenamiento de la actividad privada en Cuba.

Fue en julio, aunque con menos documentos, que se publicaron las regulaciones que mayor cobertura mediática han tenido en este tiempo y las que mayores expectativas habían generado entre la población. En este mes se hicieron el públicas las mencionadas medidas de reordenamiento, que incluyen un polémico experimento con los transportistas privados en La Habana, y que en general estuvieron en estudio durante casi un año, desde agosto de 2017, cuando se paralizó la entrega de licencias para un grupo de las más rentables actividades privadas en la Isla.

Sin que todavía sus disposiciones hayan entrado en vigor —será en octubre para el experimento con los transportistas privados en La Habana, y en diciembre para el resto de los trabajadores por cuenta propia— la principal interpretación de las nuevas medidas es que buscan aumentar el control y las limitantes para el ejercicio de la iniciativa privada en la Isla. Los efectos en la práctica aún están por verse, pero los pronósticos de investigadores y especialistas no son positivos.

La práctica distorsionada para legislar en Cuba, en la que los Decretos-Leyes emitidos por el Consejo de Estado superan a las normas de mayor rango que emite la Asamblea Nacional, y en la que, como se ha señalado, los tiempos de publicación no son confiables para todas las normas que contiene la Gaceta Oficial, es solo una muestra de todas las dificultades pendientes que Cuba debe afrontar aún en materia de comunicación. La más grave es precisamente toda la desregulación que con respecto al acceso de información pública persiste en las instituciones estatales. Este es un asunto incluido en la próxima política de comunicación que se estuvo discutiendo con algunos periodistas cubanos recientemente. La palabra transparencia, por cierto, solo aparece una vez en el proyecto de Constitución que ya se está debatiendo en la Isla.

 

Texto publicado originalmente en Progreso Semanal