Dicen nuestros entrevistados que no entienden bien qué sucedió, que las cosas cambiaron de momento, y lo peor -enfatizan- es que no hay quien explique, con claridad, las últimas disposiciones para el gas licuado.

Unos hablan de recortes, otros de extensión de períodos; varias hipótesis que coinciden en un punto: “a todos nos afecta esta nueva situación, y no es que antes fuera muy buena, es que ahora será aún más difícil”.

Mary lo señala seria –y más preocupada que el resto– porque ella tiene una niña de 13 meses en casa. “Aunque yo utilizo las ollas reina y arrocera, el gas es esencial, porque puedo adelantar mientras el resto de los equipos cocinan otros alimentos. Además, ahí hiervo el agua, preparo la leche de la pequeña, en fin, en la dinámica de mi familia, el gas es fundamental”.

A ella un vecino de la cuadra muchas veces le compra “la balita”. Fue él quien llegó con la noticia: “no me supo explicar bien, solo me afirmó que ya no me tocaba cada 21 días, sino que a partir de ahora era más tiempo. Y por más que traté de que me diera otros detalles, él no supo, o no pudo”.

En días recientes, las empresas comercializadoras de la unión Cubapetróleo (CUPET) emitieron indicaciones para extender el tiempo de reposición del producto a los clientes que lo reciben “por la libreta”, y  mantener la prohibición de la firma de nuevos contratos para la compra “liberada”.

De acuerdo con el documento, existe un nuevo ciclo de ventas que varía en dependencia del número de miembros que conforman el núcleo familiar. Es decir, a una persona le corresponderá el gas cada 44 días, dos personas cada 35, tres o cuatro personas cada 32, y así de manera descendente. Para ilustrar más: el ciclo de 17 días—cinco personas en el núcleo—ahora se extiende a 30 días.

Foto tomada fuera de un punto de venta de gas en La Habana y facilitada a elTOQUE por sus usuarios.

Foto tomada fuera de un punto de venta de gas en La Habana y facilitada a elTOQUE por sus usuarios.

Esta medida, en realidad, sigue a otra que pasó con menos impacto mediático el pasado mes de abril de 2019. Por entonces, medios provinciales daban cuenta de la paralización de la firma de nuevos contratos para arrendar cilindros, con vistas a “mantener los servicios ya contratados.”

El periódico La Demajagua, de la provincia Granma, aseguraba que se había decidido paralizar la contratación “(…) a partir de las afectaciones provocadas a las importaciones de cilindros concentrados fuera de la nación y las dificultades objetivas que impiden el aseguramiento de estos recipientes con la producción nacional en estos momentos”.

Mientras que el Invasor, de Ciego de Ávila, traducía esas “dificultades objetivas” como “problemas de financiamiento” para sostener la producción nacional de los cilindros.

Al sumar el número de contratos que han reportado los medios provinciales que existían al cierre de 2018, esta nueva medida afectará como mínimo a 667 mil núcleos familiares que adquieren gas normado o “por la libre”, cerca del 18 % de los hogares censados en Cuba en 2012.

Según el más reciente Anuario Estadístico de Cuba, en el país se consumieron en 2017 (año en el que se extendió a todo el país la venta liberada) más de 159 mil toneladas de gas licuado de petróleo (GLP) un salto de 20 mil toneladas con respecto al año precedente y de 40 mil con respecto a 2013, momento en que inició el experimento de la venta “liberada” sólo en La Habana, Santiago de Cuba e Isla de la Juventud. Del total de toneladas que fueron consumidas en 2017, 93 mil correspondieron a consumidores privados (69,4 mil, en 2013).

Las razones para liberar la venta de este producto, prácticamente congelada desde la “revolución energética” que cambió la forma en que se cocinaba en Cuba (sustituyendo el kerosene y el GLP por hornillas y ollas eléctricas) hay que encontrarlas en los debates populares sobre el programa de los Lineamientos para la “actualización económica”, en 2011.

Uno de las peticiones más reiteradas en aquellas asambleas, que construyeron el consenso en torno a la reforma impulsada por Raúl Castro, era ofrecer acceso a métodos de cocción diferentes a las hornillas eléctricas, que ya para entonces habían demostrado ser una inversión muy ineficiente, con equipos de baja calidad, obsolescencia programada y fallos frecuentes en el suministro de piezas de repuesto.

Había además un razonamiento “económico”. Según el periódico Cinco de Septiembre, de Cienfuegos, en junio de 2017, “(…) de acuerdo con un cálculo en tiempo real del consumo en barra de electricidad, en las ocho provincias que iniciaron el proceso se ahorran 2,45 toneladas de diesel por cada cien ‘calabacitas’ de gas. Había que empezar la venta liberada de gas, entre otras razones, por el déficit de portadores energéticos del último año en Cuba”.

Ni entonces ni ahora las afirmaciones de los periodistas cienfuegueros fueron cuestionadas por directivos de la Unión Cubapetróleo o el Ministerio de Energía y Minas.

Asumir que al Estado cubano le resulta más barato el gas que la electricidad no es un razonamiento peregrino. Sobre todo, si se tiene en cuenta la situación de la mayoría de las plantas generadoras de electricidad en el país

Más allá de las publicitadas inversiones en parques eólicos y fotovoltaicos, de la existencia de Energás, y de los cientos de grupos electrógenos heredados de los tiempos de la Batalla de Ideas, la producción de electricidad en Cuba sigue dependiendo de ocho centrales termoeléctricas. Solo una de ellas (la Lidio Ramón Pérez, de Felton, en Holguín) tiene menos de treinta años de activada.

En la mayoría del mundo, el ciclo de vida útil de una unidad generadora es de entre 25 y 30 años; en Cuba, por razones obvias, ese período de explotación es periódicamente extendido a partir de labores de mantenimiento y modernizaciones parciales. Aun así, desde hace tiempo viene verificándose un paulatino deterioro de la eficiencia y la capacidad de las plantas: la Antonio Guiteras, de Matanzas, por ejemplo, solo consigue aportar 280 de los 330 megawatts/hora que preveía su capacidad de diseño.

A esos problemas deben sumarse los del sistema de distribución, afectado por pérdidas que superan la media de países con similar nivel de desarrollo.

Un acuerdo suscrito con varias empresas y el gobierno ruso financia la construcción de cuatro bloques generadores (cada uno de 200 megawatts/hora) en la central Máximo Gómez, del Mariel. Pero no está definida su fecha de terminación, y ni siquiera a plena capacidad pasarán de satisfacer alrededor de una cuarta parte de la demanda nacional en ‘horario pico’; precisamente cuando las familias asumen el grueso de sus labores hogareñas, entre ellas cocinar.

Ojos bien cerrados

Hace pocos días una oyente denunció ante el programa Meridiano, de la emisora Radio Cadena Agramonte, en Camagüey, que al llegar a un punto de CUPET su cuñada se había enterado –de pronto– que las balitas de gas licuado solo podrían cambiarse cada dos meses. “¿Cómo pueden adoptar una medida así sin anunciársela a la población?”, se preguntaba la radioescucha.

La conductora de la sección de quejas tampoco había oído hablar de la decisión, pero fiel a la pauta establecida para tales casos apeló a la confianza en que la institución aludida brindaría “muy pronto” explicaciones.

La empresa CUPET Camagüey ha apostado por hacerse la desentendida. Ni en la radio, ni a través del periódico o la televisión locales, se han emitido declaraciones sobre la limitación de consumo que ya se aplica. Fuentes al interior de la empresa confirmaron a este reportero que se trata de una orden de carácter nacional, “aunque cada provincia la va implementando de manera independiente. Lo que sí es común para todas es la limitación en cuanto a brindar a información. Incluso se dice que fue sancionado el funcionario que habló con el periódico en Sancti Spíritus”.

Fue precisamente Sancti Spíritus la primera provincia donde un medio de prensa estatal se hizo eco de la noticia. Luego, el rotativo Invasor le dedicó un artículo que terminaba encontrándose con las mismas puertas cerradas y se veía obligado a asumir una verdad evidente para cualquier hijo de vecino:

“Si los problemas actuales del país para la adquisición de combustibles, agravados por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense (…) son públicos, ¿por qué no se ha explicado oportunamente a los consumidores los cambios en la comercialización? ¿Acaso la no disponibilidad de portadores energéticos está clasificada como información sensible para la defensa y la seguridad nacional?”

Tal vez algún concienzudo funcionario pudiera aducir que así es, pero entonces cabría responderle que las colas y el malestar generalizado de la población debieran serlo mucho más. En especial, cuando tienen como telón de fondo la indiferencia de las autoridades.

En julio pasado, durante su discurso ante la Asamblea Nacional, el presidente Díaz-Canel resaltó las virtudes del gobierno electrónico y llamó al “uso de todas las herramientas que nos pueden advertir a tiempo de cuándo algo está faltando o fallando”.

Pocas líneas después, luego de descalificar las fake news fabricadas por los enemigos, pronunció la frase que estaba llamada a motivar la más apreciable salva de aplausos de aquella tarde: “Otros podrán ser más ágiles y efectivos difundiendo mentiras, pero el pueblo cubano sabe que la Revolución, por principio, solo dice la verdad”.

En el caso de las balitas de gas, ya casi todos los medios digitales de noticias sobre Cuba (no estatales) han publicado informaciones y lanzado sus tesis sobre las posibles causas y significados de esta modificación. Pero el silencio en los medios de alcance local y nacional, bajo gestión del Partido Comunista, parece indicar que la “verdad revolucionaria” necesita aún de algún tiempo para expresarse.

*En este artículo contribuyeron nuestros periodistas Leydis Luisa Hernández Mitjans y Amaury Valdivia.