El año 2024 dejó un saldo preocupante en materia de derechos humanos en Cuba. Estuvo marcado por la represión de las protestas ciudadanas y por una elevada cifra de presos políticos. A la crisis estructural que vive el país ―con colapsos en los servicios básicos y aumento de la sensación de inseguridad― se sumó la aprobación de paquetazos legislativos que limitan la pequeña empresa privada, que otorgan más poder a los militares y a la Seguridad del Estado, que restringen los derechos migratorios y que refuerzan el control sobre la sociedad civil.

elTOQUE presenta un resumen de las cinco claves para entender 2024 en materia jurídica.

1. Represión, protestas y presos políticos

El año se distinguió por el refuerzo de la represión y las violaciones de los derechos humanos. El descontento popular ―motivado principalmente por los apagones y la escasez de productos y servicios esenciales― provocó más de 188 protestas entre enero y noviembre. La respuesta del Estado fue contundente, con al menos 62 detenciones durante este período de acuerdo con la organización independiente Justicia 11J.

Asimismo, hasta la fecha, Prisoners Defenders contabiliza más de 1 000 presos políticos en un sistema penitenciario caracterizado por la falta de alimentos y de atención médica. Solamente en noviembre, Cubalex reportó siete muertes en las cárceles de la isla asociadas con las deplorables condiciones de vida de los reclusos. La más reciente fue la del preso político Manuel de Jesús Guillén Esplugas, «cuya muerte fue resultado de la brutal violencia ejercida por los guardias del Combinado del Este», denuncia Cubalex.

El país se mantiene como una de las naciones con una de las tasas de población carcelaria más altas del mundo (794 reclusos por cada 100 000 habitantes). A lo anterior se añade un uso excesivo de la prisión provisional, en tanto se aplica a la mayoría de los imputados, quienes permanecen detenidos sin sentencia a la espera del juicio.

Solicitan prisión para nueve de cada diez personas juzgadas en Cuba

El uso de la cárcel como forma principal de la política de «severidad» del régimen pudiera explicar por qué Cuba se ubica entre los países de mayor población penal del mundo por cada 100 000 habitantes.

2. Ley de Comunicación Social y la caza de brujas contra periodistas y voces críticas

Este año, el Gobierno cubano endureció sus mecanismos de control sobre la libertad de expresión y prensa tras la entrada en vigor de la Ley de Comunicación Social y la aprobación de la Ley de Transparencia. De conjunto, las normativas limitan el acceso a la información pública y consolidan el no reconocimiento de un sistema de prensa independiente del Estado.

Desde mediados de septiembre de 2024, la represión contra periodistas y activistas se intensificó con una nueva oleada que incluyó la citación de, al menos, una veintena de colaboradores de medios independientes, gestores de proyectos sociales y creadores de contenido bajo la figura de «testigos» en una supuesta investigación por el delito de «mercenarismo» (tipificado en el artículo 143 del Código Penal). Entre los afectados estuvo Rafael Escalona, director de la revista Magazine AM:PM, quien enfrentó presiones que culminaron en el cierre temporal del medio el 16 de septiembre.

Extorsión, decomisos y amenazas en nueva operación represiva contra la sociedad civil cubana

Desde que comenzó esta oleada represiva a mediados de septiembre de 2024, hemos podido confirmar que una veintena de colaboradores de varios medios de prensa independientes y también gestores de proyectos sociales o de emprendimiento, activistas y creadores de contenido, fueron llevados a declarar como «testigos» de una supuesta instrucción penal por la comisión del delito de «mercenarismo».

Las violaciones a este derecho fundamental, junto con la alarmante situación de los presos políticos, no pasaron inadvertidas en el ámbito internacional. Varias organizaciones denunciaron los hechos, y una carta firmada por más de 220 personalidades (entre ellas Fito Páez y Leonardo Padura) exigió el fin de la represión y mayores garantías para los derechos humanos en Cuba.

3. Aumenta el poder de los militares y de la Seguridad del Estado

Otra de las novedades del año fue la entrada en vigor de la Ley de Procedimiento Administrativo, la cual amplió la impunidad legal de los militares y de los cuerpos de la Seguridad del Estado. La nueva normativa excluye de forma explícita la posibilidad de que los ciudadanos exijan responsabilidades patrimoniales por acciones vinculadas a actividades militares, de defensa nacional o de seguridad del Estado. Se trata de una medida que reafirma la arbitrariedad con la que operan estas fuerzas para aplicar medidas como la regulación migratoria o la imposibilidad de retorno a voces críticas. 

Por otro lado, mediante el Decreto 103, el régimen reforzó la amenaza contra quienes se oponen públicamente al Servicio Militar Obligatorio. Lejos de buscar alternativas a la represión penal, la medida consolida la capacidad del régimen de silenciar el descontento hacia lo que denomina el «honroso deber de servir con las armas a la patria».  

Por su parte, la Resolución 9 del Ministerio de las Fuerzas Armadas, publicada de manera inusual en la Gaceta Oficial (pues las regulaciones de índole militar suelen tratarse con carácter reservado), autoriza el uso de armas para la custodia de áreas de interés estratégico, incluidas zonas agropecuarias y proyectos constructivos bajo control militar.

Publican Ley de Procedimiento Administrativo: más impunidad para los militares y la Seguridad del Estado

Los militares y los cuerpos de seguridad gozan de impunidad material y también tienen la capacidad de impedir que se establezca en la ley algún mecanismo que permita a la ciudadanía exigirles respuestas públicas y documentadas de forma «legal».

4. «Dinamizar» la economía: ¿más presión sobre el sector no estatal?

Durante el año se aprobaron varias medidas relacionadas con la actividad económica en el país. Algunas de ellas estuvieron encaminadas a lo que podría llamarse el «ordenamiento» del sector privado, en particular de las mipymes, que estuvieron en la mira de las autoridades y los legisladores.

Una de las medidas que generó polémica, y debate entre los emprendedores, fue la actualización del listado de actividades prohibidas para la iniciativa privada, establecido en el Decreto 107. El listado mantuvo casi las mismas limitantes y excepciones que la versión de 2021, criticada por académicos, economistas y parte del sector no estatal, quienes señalaron la imposibilidad de brindar servicios profesionales y técnicos. 

Entre las flexibilizaciones incorporadas en 2024 figuran las ventajas tributarias concedidas a los actores económicos, estatales y no estatales que importan mercancías destinadas a procesos productivos en el sector agrícola (Resolución 329); así como las sucesivas renovaciones de la libre importación de alimentos, aseo y medicina. Sin embargo, las medidas son pequeños parches ante la gestión deficiente de la agricultura, a la que el Estado destina menos del 3 % de su presupuesto en inversiones.

Por otra parte, el comercio mayorista de las empresas privadas vivió importantes retrocesos, como la obligatoriedad de contratar a comercializadoras estatales. Lo que varios expertos y emprendedores denominaron «una camisa de fuerza», se sumó a las limitaciones que apenas un mes antes había establecido la Resolución 166, mediante la cual se reforzó la prohibición de que los privados propusieran clientes y proveedores fuera de la cartera elaborada previamente por el Estado.

Nuevas reglas del comercio mayorista: el Estado respira, los privados se asfixian

Desde una perspectiva económica, la ley de oferta y demanda sugiere que una disminución en la oferta, combinada con una demanda constante o creciente, puede provocar un aumento de precios. La nueva medida podría entonces convertirse en un bumerán.

El primer ministro Manuel Marrero negó que los paquetazos dirigidos a la iniciativa privada representaran «una cruzada». Sin embargo, lo que el Gobierno denomina proceso de «corrección de distorsiones», derivó en más de 370 000 multas, tan solo en lo relativo al control de precios, así como en la regulación migratoria a más de 9 000 deudores.

En materia económica, otra de las novedades del año fue la subida que quintuplicó impuestos asociados a la compra, venta o donación de viviendas (Resolución 313/2024). No obstante, se anunciaron beneficios fiscales como la comercialización, importación y traspaso de vehículos de motor, si bien la normativa no ha sido publicada hasta la fecha y la posibilidad de tener un coche permanece fuera del alcance de la mayoría de los cubanos.

5. Aumenta el tráfico de drogas y la sensación de inseguridad

El aumento de los homicidios reportados por la prensa independiente, aunque negado por la oficialidad, es un indicador preocupante para la ciudadanía. De acuerdo con estimaciones publicadas por elTOQUE Jurídico, en Cuba, la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes oscila entre 4.97 y 5.80, en dependencia del número de población total que se maneje a la hora de realizar el cálculo. En cualquier caso, se trata de una cifra superior al 4.4 que afirmaban los últimos reportes oficiales de 2019. Asimismo, el Observatorio Alas Tensas reportó 53 feminicidios entre enero y noviembre de 2024.

El consumo y tráfico de drogas también muestran un preocupante ascenso, especialmente entre jóvenes y menores de edad. Las sustancias, entre ellas la conocida como «El químico», se han introducido incluso en niveles educativos básicos, como octavo y noveno grado, y en los primeros años de enseñanza técnico­profesional.

Jóvenes y menores de 18 años involucrados en tráfico de drogas en Cuba

La mayoría de los niños y jóvenes involucrados en el tráfico, tenencia y consumo de drogas son del sexo masculino, aunque también existe una participación significativa de las muchachas. 

El coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe del Órgano Antidroga del Ministerio del Interior, informó que en 2024 se registraron 83 casos relacionados con tráfico de drogas, los cuales involucraron a 51 jóvenes y 72 menores de 18 años. De estas personas, 36 fueron imputadas por delitos de tráfico y tenencia, así como por corrupción de menores.

Además, durante 2024 aumentó la sensación de inseguridad y violencia en Cuba. Publicaciones de prensa independiente alertaron, además, sobre la presencia de bandas y el aumento de la ciberdelincuencia.

Una encuesta independiente de Cubadata reveló que el 61 % de los participantes fue víctima de algún tipo de violencia o delito en los meses previos al estudio. Aunque algunos funcionarios han atribuido el fenómeno al aumento de la información compartida en Internet, el incremento de la criminalidad parece estar vinculado con la profundización de la crisis económica.

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