Díaz-Canel ante el parlamento: las cuentas que no rinde

Díaz-Canel ante el parlamento: las cuentas que no rinde

20 / enero / 2023

Durante 29 minutos el presidente de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, se dirigió a los diputados a la Asamblea Nacional (ANPP) y al resto del país, en diciembre de 2022, como es habitual. Su intención era, según sus palabras, rendir cuenta de su gestión y para ello habló del contexto actual, la política exterior, «y valoraciones sobre las situaciones que hemos estado viviendo». Además, se refirió al ejercicio legistativo, el sistema del poder popular, la economía doméstica y los derechos humanos. Sin embargo, algunas de las ideas expuestas en cada uno de los tópicos son cuestionables y permiten un análisis más a fondo. Algo que no pudieron hacer los allí presentes.

¿Todos los derechos para todas las personas?

Según expresó el mandatario cubano en su intervención: «en estos años, desde la dirección del Estado, se ha orientado la profundización del estudio y análisis de los derechos humanos, convencidos de que somos un sistema garante de esos derechos y de la dignidad humana que los sustenta».

Sin embargo, esto es FALSO porque no puede aseverarse que en la isla se garantizan todos los derechos humanos. Cumplir unos sí y otros no establece una jerarquía contraria a la Constitución de 2019, que en su artículo 41 expresa que «el Estado cubano reconoce y garantiza a la persona el goce y el ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación. Su respeto y garantía es de obligatorio cumplimiento para todos».

Como ratifica un informe de la Alianza Regional que evalúa el desempeño del Estado cubano en relación con la implementación de los compromisos asumidos dentro del marco de la Evaluación Periódica Universal de mayo de 2018, «el Estado cubano incurrió (…) en diferentes violaciones a los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica» entre octubre de 2020 (fecha de presentación del informe previo) y marzo de 2022.

Las situaciones han sido «denunciadas en ámbitos internacionales tanto por la sociedad civil independiente de Cuba, como por la comunidad internacional, e incluso han motivado expresiones de preocupación y repudio por parte de organismos internacionales de derechos humanos», según subraya el estudio; en particular, «episodios de represión, violencia y censura contra la sociedad civil cubana que marcaron un serio retroceso en el respeto a los derechos precitados, al tiempo que motivaron una de las mayores protestas populares de la historia del país (11J)».

Entre los principales reclamos que se le hacen al Gobierno de la isla sobre este particular se encuentran la derogación de las normativas que restringen el ejercicio de los mencionados derechos; el cese de la represión, la censura y el hostigamiento a los miembros de la sociedad civil que intentan ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica; y la concesión de libertad a aquellas personas detenidas por expresar opiniones diferentes al discurso oficial.

Cuba y la guerra en Ucrania

Ante la ANPP, Miguel Díaz-Canel refirió que «el conflicto militar en Europa ha generado nuevos problemas y agravado muchos de los ya existentes».

Si bien el mandatario no obvió del todo la mención de la guerra entre Rusia y Ucrania —uno de los acontecimientos internacionales de mayor impacto en 2022 para Cuba y el resto del mundo—, sí omitió el posicionamiento del Gobierno cubano al respecto.

La política exterior cubana desde el inicio del conflicto se decantó por una posición de no condena a Rusia.

En consecuencia, Cuba se abstuvo en la votación del proyecto de resolución que en marzo de este año declaró ilegal la entrada de tropas rusas a territorio ucraniano, pocos días después del inicio de la guerra el 24 de febrero.

Mientras, en octubre, el Gobierno de La Habana mantuvo su abstención ante la resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para condenar los referendos llevados a cabo en cuatro regiones ucranianas para anexarse a la Federación de Rusia; y votó no a la resolución de la ONU según la cual Rusia debe «rendir cuentas por todas las violaciones del derecho internacional en Ucrania» y pagar reparaciones al país vecino por los daños causados.

Dentro del contexto de la guerra ruso-ucraniana, el Gobierno de Díaz-Canel ha mantenido una postura de cercanía y entendimiento con el Kremlin, con el que mantiene relaciones comerciales. También ha mantenido sus relaciones diplomáticas con Ucrania, que este año cambió a su representante en la isla.

Sobre Rusia, Díaz-Canel solo refirió que «las recientes visitas» a ese país, además de Argelia, Turquía y China «respondieron a invitaciones cursadas por sus Gobiernos y al interés de promover y consolidar lazos con esos países, tanto políticos como económico-comerciales».

Ejercicio legislativo: la mitad de lo previsto es un «importante logro»

Díaz-Canel también se refirió al ejercicio legislativo como uno de los logros del mandato. «Hemos favorecido el más amplio ejercicio legislativo para que en el menor tiempo posible se promulguen las leyes que desarrollan los contenidos de la Constitución», dijo en su intervención.

Sin embargo, según reconoció Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro de Justicia, al exponer ante los mismos parlamentarios el cumplimiento del cronograma legislativo hasta diciembre de 2022, «de las 30 leyes previstas para 2022 (27 inicialmente y tres elevadas de decreto ley a ley)», solo 14 leyes fueron aprobadas hasta el cierre del Décimo Período Ordinario de Sesiones de la actual legislatura; mientras, «16 leyes» quedarán para ser incluidas «en el cronograma de la próxima legislatura».

En criterio de la Dr.C. Alina Bárbara López Hernández, la ANPP «no destina tiempo para discutir las leyes complementarias que deberían habilitar los derechos ciudadanos refrendados en la Constitución de 2019», cuando la nación se acerca al «mes cuarenta y cinco de la entrada en vigor del magno texto legal, cuyo mandato indica que los derechos debían habilitarse dentro de los dieciocho meses posteriores a esa fecha».

De tal modo, han quedado pospuestas para el próximo cronograma legislativo, entre otras, la ley de formas asociativas, la de transparencia y acceso a la información, la ley de la vivienda y la de salud pública.

Precisamente sobre la creación normativa, el presidente afirmó que «cada ley que aquí se apruebe será más legítima en la medida en que más personas participen en su elaboración» y agregó haber estimulado «mayores niveles de participación en los procesos de creación normativa».

Su afirmación se basa en que, durante la actual legislatura, los proyectos de leyes han sido publicados en espacios digitales tras su redacción, para ser consultados y para recoger criterios sobre estos.

La cuestión de la participación en estos procesos resulta cuestionable si se tiene en cuenta, por ejemplo, que no todos los cubanos tienen acceso o dominio de las plataformas digitales y que se queda en el nivel más básico posible, sin posibilidades por parte de la ciudadanía de incidir verdaderamente en el resultado final.

En el caso de los decretos leyes emitidos por el Consejo de Estado, los decretos emitidos por el Consejo de ministros y las resoluciones de los organismos, por tratarse de normas de menor jerarquía en términos legales, la población no puede tomar parte en el proceso —no tiene acceso a los proyectos antes de su aprobación ni puede emitir criterios sobre estos— porque los textos no son publicados de forma previa.

Además, importantes normas como el Código Penal que tiene implicaciones graves en la vida de las personas y sobre las que hay debates pendientes no se propuso ni se sometió a debate o referendo. Aunque no es una obligación hacerlo, sí hubiera sido una muestra de verdadera voluntad con la participación popular.

Sistema del Poder Popular: democracia y participación

A las recientes elecciones de delegados al Poder Popular también se refirió el presidente. «El pueblo votó (…), dando muestras de una elevada e inequívoca conciencia social que volvió a expresarse con absoluta transparencia y limpieza en las más recientes elecciones para delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular» (AMPP), recalcó el mandatario cubano.

Sin embargo, las elecciones de los delegados a las AMPP fueron las de más baja participación histórica registrada desde 1976, cuando se realizaron las primeras votaciones a miembros de las AMPP en la isla.

Según las cifras oficiales emitidas por la Comisión Electoral Nacional (CEN), a diferencia de las elecciones de 2017, cuando apenas un 10.97 % de la población se abstuvo, en esta ocasión 2 626 497 electores decidieron no ejercer su derecho al voto, lo que representa el 31.44 %. También se constataron los números más altos de votos en blanco y anulados, aunque las autoridades electorales no hagan énfasis en ello.

En segundo lugar, las elecciones en la isla se desarrollan en un contexto en el que no existen observadores independientes y, por tanto, toda la información y estadísticas que se emite de modo oficial es la única a la que se tiene acceso público.

En particular, en las votaciones del pasado 27 de noviembre, más allá de las cifras generales que fueron anunciadas de forma preliminar 24 horas después de la votación, en el transcurso de los primeros siete días tras el desarrollo del proceso en su primera vuelta, el Consejo Nacional Electoral no emitió información sobre los resultados finales en cada provincia.

Los datos públicos sobre el comportamiento en cada territorio fueron divulgados por medios de prensa y sitios web gubernamentales como portales del ciudadano, de forma asimétrica y poco detallada.

No fue hasta pasados diez días de la primera vuelta electoral y tres después de la segunda, el 7 de diciembre en conferencia de prensa, que el CEN ofreció los datos definitivos y las estadísticas desglosadas por territorio fueron publicadas en el diario Granma, incluidas las cifras de calidad del voto (votos válidos, en blanco, anulados).

Más allá de las valoraciones sobre el proceso electoral, sobre «la naturaleza popular del sistema político cubano», el mandatario aseguró haber promovido a lo largo de su gestión «el perfeccionamiento del Sistema del Poder Popular, para propiciar más democracia y participación».

Sin embargo, es justamente la participación popular uno de los ejes centrales del debate sobre el sistema político de la isla. Entre las aristas más cuestionadas sobre el tema se encuentra la rendición de cuentas y el control popular; asignaturas pendientes también durante la etapa presidencial vigente.

Aunque en la etapa de gobierno actual entró en vigor la nueva Constitución, sobre la base de la cual se reestructuraron los órganos locales del Poder Popular, la propia Ley de Leyes respalda que solo los delegados a las AMPP tienen el deber de «rendir cuenta periódicamente a sus electores de su gestión» (artículo 194, inciso d).

Sin embargo, como define el profesor mexicano Gastón Martínez, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, «la rendición de cuentas (…) debe de ser una práctica que abarque a los órganos políticos, económico-sociales representativos, y a todos los funcionarios y servidores públicos, y (…) también a la población».

Criterio que respalda la Dr.C. Patricia Arenas Bautista, especialista en Psicología y Desarrollo Organizacional, para quien rendir cuentas debe constituirse «como una actividad constante y en todas las direcciones». Pues, «es una de las condiciones de la democracia, pero también más allá de esta, lo es de todas las actividades que impliquen la coordinación: un buen Gobierno, una alta eficacia para el logro de los fines, la colaboración y el disfrute de los resultados».

El caso específico de lo definido en la Ley del Presidente y el Vicepresidente de la República de Cuba para la rendición de cuentas del propio jefe de Estado es un ejemplo que contradice la idea de participación y control popular sobre la gestión de gobierno al más alto nivel.

Resulta confuso, entonces, que el presidente denominara el momento de rendir «cuentas de su labor» a su más reciente discurso ante la ANPP; pues no fue estrictamente así.

Aunque el jefe de Estado cubano interviene en la sesión final de cada uno de los períodos ordinarios del parlamento que tienen lugar dos veces al año, en 2022 en julio y diciembre, no puede afirmarse por ello que está rindiendo cuenta a la ciudadanía.

La Constitución explicita que el mandatario le rinde cuenta de su gestión a la Asamblea (artículo 126), y según establece la Ley No. 136 del Presidente y el Vicepresidente de la República de Cuba, debe hacerlo con «periodicidad anual» (artículo 43.1). No obstante, la misma norma dispone que el informe del presidente «no requiere dictamen previo de las comisiones» de la Asamblea; es decir, no se contemplan preguntas ni dudas por parte de los diputados.

Sin embargo, «rendir cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre una gestión determinada cumplen el deber de dar a conocer o responder a las personas que le eligieron, designaron o son destinatarios de la labor, de los resultados del trabajo que han realizado en un período determinado», según lo definiera el Ms.C. Víctor Hugo Leyva.

Para que pueda considerarse una rendición de cuentas, debe lograrse «un diálogo o un intercambio profundo, abierto y respetuoso» entre los decisores y quienes les eligieron, en palabras de Eduardo Reyes, delegado del Poder Popular en La Habana.

Al procederse a la presentación oral de un informe que no implica el debate con los parlamentarios —aunque esto se haga en ajuste a la ley—, solo se está discursando ante el órgano legislativo supremo. Un discurso per se no constituye un mecanismo de rendición de cuentas.

La ausencia de diálogo e interrogantes entre el jefe de Estado y la Asamblea en las sesiones que cierran cada período ordinario solo limita la intervención del mandatario a un repaso sobre algunos de los aspectos más relevantes de la política general del país.

Aunque el tono general del discurso del mandatario cubano fue de insatisfacción, no hubo un análisis crítico de la gestión gubernamental, no se hizo énfasis en los errores ni en las posibles soluciones para revertir «el desequilibrio macroeconómico» en el que se encuentra sumida la isla. Sus palabras siguen pidiendo resistencia y confianza en el futuro, mientras el presente no tiene un rumbo claro. 

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