El anteproyecto de ley del registro civil será sometido a debate parlamentario en julio de 2025. El texto incluye cambios en materia de identidad de género y permite el reconocimiento legal de la multiparentalidad, aunque persisten limitaciones que afectan a grupos históricamente invisibilizados —como las personas no binarias—.

Oscar Silvera, ministro de Justicia, aseguró que la propuesta es una reforma que busca «atemperar la función registral civil al contexto actual», de acuerdo con el periódico oficialista Granma. Entre los cambios, incluye una de las decisiones más esperadas por el colectivo LGBTQ+: permitir que las personas modifiquen el sexo en sus documentos según su identidad de género. No haría falta una orden judicial ni someterse a cirugía. Sería un cambio importante frente al sistema actual, que exige una operación para reconocer de manera legal una transición de género.

Aunque el proyecto ha sido celebrado por sectores oficialistas y por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), que dirige la diputada Mariela Castro Espín, también ha sido objeto de críticas por mantener una concepción binaria del género (femenino/masculino) y la falta de inclusión de otros colectivos, según refiere la agencia AP.

Otro aspecto novedoso del anteproyecto es la posibilidad de inscribir más de dos vínculos filiatorios en los nacimientos. Es decir, una persona podría tener legalmente más de dos madres o padres. Esta figura (multiparentalidad) ya estaba reconocida en el Código de las Familias aprobado en 2022. Sin embargo, ahora se habilita su reflejo en el Registro Civil, mediante resolución judicial o escritura pública que respalde los pactos entre los adultos responsables.

Ministerio de Justicia asume legalizaciones de documentos: ¿Qué esperar?

En los últimos años, el país experimentó un incremento sustancial de la demanda del servicio debido a la crisis migratoria y, en particular, luego de la entrada en vigor de la ley de nietos.

La modificación del nombre por razones de identidad de género ya no requerirá que se cambie simultáneamente el sexo registral y viceversa; lo que permite disociar ambas decisiones según la voluntad de la persona.

En relación con el procedimiento para registrar un cambio de sexo, el texto fija un proceso administrativo simplificado que podrá ser resuelto por el registrador civil en un plazo de hasta diez días hábiles, tras evaluar la documentación presentada. No se exigirá cirugía ni modificaciones físicas, aunque sí será necesario presentar un diagnóstico de disforia de género emitido por profesionales de la Salud.

Además, el anteproyecto incluye disposiciones para establecer un régimen disciplinario específico para los registradores civiles, lo que podría traducirse en un control más estricto del Estado sobre quienes manejan una función clave para la ciudadanía. Asimismo, el anteproyecto incorpora la posibilidad de inscribir la unión de hecho entre parejas. 

A pesar de los avances, la efectividad de esta reforma legal enfrenta múltiples obstáculos prácticos. El sistema de registro civil en Cuba opera, en gran parte, de manera analógica, lo que produce demoras prolongadas en la emisión de documentos básicos; situación que la población ha denunciado reiteradamente. La informatización prometida por el Gobierno parece poco viable en el corto plazo, dadas las condiciones materiales del país.

Entre promesas y realidades, ¿diez días para legalizar documentos en Cuba?

Bruno Rodríguez celebró que las legalizaciones en Minrex no exceden el plazo de diez días. Sin embargo, una reciente encuesta realizada por elTOQUE cuestiona la afirmación del canciller cubano. 

La propuesta legislativa forma parte de un paquete más amplio que incluye reformas al sistema deportivo, al régimen de contravenciones administrativas y una nueva ley para la niñez y juventud que, según las autoridades cubanas, estarían alineadas con los preceptos de la Constitución de 2019 y el Código de las Familias.

La discusión sobre esta ley ocurrirá en un contexto nacional marcado por una profunda crisis económica, el debilitamiento de servicios públicos esenciales y una creciente desconfianza en la capacidad del Estado para implementar sus reformas. Mientras, miles de personas esperan durante meses por certificados de nacimiento y la legalización de documentos registrales.

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