Un caso que pone en el centro del debate las relaciones contractuales entre la ciudadanía cubana y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) fue resuelto por el Tribunal Municipal Popular de Santa Clara. La sentencia número 29 emitida el 19 de mayo de 2025 —a la que elTOQUE tuvo acceso— desestimó la demanda presentada por un ciudadano contra la Dirección Provincial de Bufetes Colectivos de Villa Clara debido a la demora en la legalización de un documento académico.
El texto judicial precisa que el ciudadano contrató en junio de 2024 los servicios de la ONBC en Manicaragua para gestionar la obtención y legalización del plan temático de la carrera de Medicina cursada por su hija. El documento —esencial para validar estudios en el extranjero— no había sido entregado casi un año después. El demandante presentó quejas en varias instancias y, al no obtener respuesta efectiva, llevó el caso a los Tribunales.
La defensa de la ONBC se apoyó en dos argumentos clave: primero, que la cláusula del contrato firmado por el cliente eximía a la institución de responsabilidad por demoras ajenas; segundo, que la tardanza era imputable únicamente a la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, que enfrenta desde hace años un colapso estructural en su capacidad para gestionar trámites de este tipo.
El Tribunal, compuesto por tres jueces, reconoció que los contratos fueron válidamente celebrados y que el demandante tenía legitimidad para actuar en representación de su hija. Sin embargo, en su decisión dio un peso determinante a la cláusula contractual que exoneraba al bufete de responsabilidad en caso de demoras atribuibles a terceros. Para los jueces, el demandante no podía impugnar una de las cláusulas del documento a posteriori.
El fallo consideró que la ONBC actuó con «debida diligencia» al realizar varias gestiones de seguimiento ante la universidad y que, incluso, ofreció apoyo técnico e informático para acelerar los trámites. Asimismo, reconoció que las causas de la demora responden al «déficit de personal calificado, así como de recursos materiales e informáticos para garantizar la actividad y la crisis energética que enfrenta el país», por lo que debían considerarse ajenas a la voluntad del bufete.
En otras palabras, la sentencia se traduce en lo siguiente: la ONBC queda eximida porque no controla los tiempos de la universidad; la universidad no rinde cuentas ante el ciudadano directamente; y el sistema judicial se limita a evaluar si hubo o no violación contractual, sin entrar en responsabilidades de fondo sobre el colapso institucional.
La agonía de legalizar documentos en Cuba
Detrás de la decisión del Tribunal subyace una situación que en los últimos años afecta a miles de personas en Cuba. La contratación de servicios jurídicos depende de un engranaje institucional sobrecargado, que ha sido denunciado por los usuarios en reiteradas ocasiones y cuya demanda ha crecido de manera exponencial a causa de la crisis migratoria.
En septiembre de 2024, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla aseguró en la red social X que desde mayo las legalizaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores no excedían los diez días. La declaración celebraba un supuesto avance institucional que, según el titular, era resultado del esfuerzo conjunto de los trabajadores del gabinete que dirige y de la coordinación con el Ministerio de Justicia.
Unos meses antes, Lena Álvarez, directora general de Consultoría Jurídica Internacional, advirtió que las demoras en las universidades eran un problema «histórico», con plazos que en ocasiones superaban los seis meses o llegaban al año, sobre todo fuera de La Habana.
La decisión del Tribunal Municipal de Villa Clara ocurrió luego de que, en febrero de 2025, las autoridades anunciaran con optimismo cambios en el proceso de legalización de documentos. Desde entonces, el Ministerio de Justicia asumió la función que antes correspondía a Exteriores.
En ese momento, varios funcionarios aseguraron que el proceso se desarrollaría «sin interrupciones» y con apego a los plazos establecidos. Además, se conoció que en 2024 se legalizaron 1 500 000 documentos, a razón de 4 100 al día. La promesa fue que el proceso resultara más ágil e integrado, pero cayó en saco roto. Las evidencias recogidas por medios independientes, los testimonios ciudadanos y la demanda presentada en Villa Clara demostraron que el problema aún no se había resuelto.
Una nota publicada en Granma asegura que, en lo que va de 2025, las solicitudes para obtener certificados estudiantiles se han incrementado de manera considerable, así como las demoras en su obtención y legalización. «La escasez de personal calificado, la dificultad en la adquisición de los insumos y los problemas de movilidad entre las sedes universitarias dispersas geográficamente también desaceleran significativamente el proceso», dijo Denisse Pereira Yero, jefa del Departamento Jurídico Independiente del Ministerio de Educación Superior (MES).
Solo en la Universidad de La Habana, de 2023 a julio de 2025, se han recibido 22 452 solicitudes, de las cuales 17 463 han sido procesadas. Aún quedan sin tramitar 5 059 documentos. En 2024, el Departamento Jurídico Independiente del MES legalizó un total de 30 789 documentos y en el primer semestre de 2025 ha procesado 16 788.
No obstante, la lentitud del servicio no es el único de los males. A la demora se une lo costoso de los trámites. El precio por la obtención de cada documento docente puede variar entre los 2 500 y los 8 700 CUP aproximadamente, además de las tarifas de legalización y los sellos de timbre. En muchos casos, los clientes necesitan más de un documento. Por ejemplo, quienes desean emigrar o validar estudios en el exterior suelen necesitar varios —como certificaciones de notas, títulos y planes temáticos— lo que puede elevar el costo total a cifras superiores a los 15 000 CUP, sin incluir otros documentos registrales como certificados de nacimiento o antecedentes penales.
La indefensión de los ciudadanos en materia legal en Cuba los sitúa en un escenario sin mecanismos eficaces de rendición de cuentas entre instituciones. Ante las demoras, los canales de información resultan escasos y los reclamos formales, como demostró el caso judicial en Villa Clara, rara vez prosperan.
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