Organizaciones cubanas reclaman a la Unión Europea un diálogo más inclusivo con la sociedad civil

Foto: Markus Spiske / Unsplash.

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Una decena de organizaciones de la sociedad civil cubana radicadas en el exilio enviaron una misiva a Kaja Kallas, actual Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. En la carta, con fecha 5 de mayo de 2025, los firmantes exigen lo que consideran un acto de justicia democrática: que la Unión Europea condicione cualquier nuevo diálogo político con el régimen cubano a la participación efectiva de la sociedad civil independiente.

«La situación de los derechos y libertades fundamentales en Cuba continúa siendo alarmante», expresan los activistas. Asimismo, denuncian la represión sistemática, detenciones arbitrarias y restricciones de movimiento contra opositores, defensores de derechos humanos y organizaciones no alineadas con el Gobierno.

La carta plantea una demanda clara: el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea y Cuba establece como pilares el respeto a los derechos humanos y la participación de la sociedad civil, pero quienes realmente representan esa sociedad civil siguen siendo excluidos de los espacios de consulta.

El reclamo de las organizaciones independientes no es aislado. En abril de 2021, varias ONG—entre ellas Freedom House, Civil Rights Defenders y Prisoners Defenders— denunciaron también la exclusión de la sociedad civil independiente cubana de las reuniones de la Delegación de la Unión Europea en La Habana. En esas instancias, según la denuncia, participaron únicamente organizaciones «dependientes» del Estado cubano.

En ese momento, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, alertó sobre los «gravísimos actos» del cuerpo diplomático europeo en Cuba al favorecer a estas entidades paraestatales; acción que, a su juicio, «pone en peligro el Acuerdo de Diálogo con Cuba».

Una respuesta ambigua por parte de Europa

La Unión Europea ha condenado en múltiples ocasiones la situación de derechos humanos en la isla. En septiembre de 2024, el Parlamento del ente supranacional aprobó una resolución con una clara mayoría que exigía la liberación inmediata del opositor José Daniel Ferrer y del resto de los presos políticos. A su vez, denunciaba las condiciones de aislamiento, tortura y represión a la que están sometidos.

A esta resolución se suman, al menos, seis más desde 2019 firmadas por el Parlamento Europeo, en las que se criticó la falta de libertades y el aumento de la represión. Sin embargo, en la práctica diplomática, la implementación del ADPC ha continuado sin grandes consecuencias, pese a que el acuerdo contempla explícitamente una cláusula de suspensión en caso de violaciones graves de derechos humanos.

El contraste entre los compromisos declarados y las acciones concretas genera malestar y desconfianza entre los activistas cubanos. «La exclusión contradice tanto el espíritu como la letra del acuerdo», señalan los autores de la misiva dirigida a Kaja Kallas.

La carta apunta la necesidad de revisar la postura europea hacia Cuba. «Esta petición no solo responde a los compromisos internacionales asumidos por la Unión Europea, sino que constituye una medida ética y política esencial», subrayan

Entre las organizaciones que respaldan la carta figuran la Red Femenina de Cuba, la Comisión Cubana de Defensa Electoral (Cocude), Mujeres Democristianas de Cuba y la Coalición Feminista Cubana; el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (Flamur), DemoCuba, la Coalición Feminista Cubana y Cuba x Cuba. Todas trabajan desde dentro o fuera del país en favor de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Los firmantes advierten que en un contexto de criminalización del disenso por parte del Estado cubano, las voces de la sociedad civil independiente no pueden ser ignoradas por los actores internacionales.

Aquí puedes leer la carta en extenso.

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