Yolanda Ferrer Gómez, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) dijo: «En Cuba nadie es sancionado por su forma de pensar o por expresar sus opiniones, al contrario, el Estado propicia el intercambio permanente para lograr una efectiva participación del pueblo en la conducción del país. La Constitución de la República en su artículo 54 establece que el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión». Esta afirmación es falsa.

La aseveración de Ferrer Gómez pertenece a una Declaración oficial de la ANPP publicada en su sitio web, el 8 de diciembre de 2020, en respuesta a un comunicado de María Arena, presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, quien hizo pública la preocupación de esta institución por la situación de los miembros del Movimiento San Isidro (MSI).

La Declaración de la Asamblea se integra a la campaña descalificativa hacia el MSI a quien Ferrer Gómez considera un «grupúsculo» que puso en práctica «un nuevo show como parte de las acciones subversivas contra Cuba». Refiere, además, que los «juicios de valor» emitidos por María Arena «nada tienen que ver» con la realidad cubana y le comunica a la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos que le hará llegar «información adicional para que (…) pueda contar con elementos suficientes para llegar a una opinión real y objetiva».

Sin embargo, otra vez se han denunciado, desde la sociedad civil, violaciones al artículo 54 de la Constitución que cita Yolanda Ferrer para respaldar sus argumentaciones. Y existen disímiles casos de cubanos que han sido sancionados, en rigor, por expresar criterios que se contraponen a la ideología imperante en el país.

SIETE EJEMPLOS (DOCUMENTADOS) DE SANCIONES POR IDEOLOGÍA

El 13 de agosto de 2019, Martha del Carmen Mesa Valenciano, viceministra primera de Educación Superior, publicó un texto en el cual definía, desde lo institucional, el perfil que debía cumplir un profesor universitario cubano. Afirma Mesa Valenciano: «El que no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro Partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe renunciar a ser profesor universitario».

A partir de investigaciones de la periodista Claudia Padrón Cueto, de los informes del Observatorio de Libertad Académica y la denuncia de otros casos de manera individual, hemos conformado un listado de ejemplos recientes de ciudadanos sancionados en Cuba por su forma de pensar. Decidimos citar solo siete casos, de los que consta evidencia pública de resoluciones institucionales en las cuales se confirman las razones políticas e ideológicas de las sanciones sobre los afectados:

  • 2010: El estudiante Eliecer Jiménez (Universidad de Camagüey) fue cesado durante dos años por la difusión de un documental que denunciaba el mal estado de las instalaciones sanitarias de la institución donde estudiaba.
  • 2014: El estudiante Reinaldo Agustín Ferrer Santos fue separado de la Facultad de Medicina de Santiago de Cuba, según expresara, porque sus principios y su ideología eran diferentes a los promulgados por el Gobierno.
  • 2014: El estudiante José Alberto Miniet fue expulsado de la Universidad de Granma donde estudiaba Derecho. La resolución justificaba la decisión en que «mediante el filtraje de palabras clave se pudo apreciar que la mensajería [de Miniet] versaba sobre actos, conductas y posiciones ideológicas contrarias a los valores de un estudiante universitario y de un joven cubano formado por el sistema nacional de educación».
  • 2015: El profesor Boris González Arenas fue separado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) por no poseer los «requisitos de confiabilidad»; el propio proceso incluyó dejar sin efecto su nombramiento como Coordinador de la Cátedra de Asignaturas Teóricas Integral Cultural. Todo ello debido a que publicaba «artículos que se oponen al Gobierno cubano» en su blog personal Probidad.
  • 2016: Al Dr. en Ciencias Jurídicas y profesor de la Universidad de Oriente, René Fidel González se le revocó su categoría docente en esta institución por colaborar con medios como Rebelión y La Joven Cuba. El Consejo de Dirección de la Universidad emitió una declaración en la que afirmaba que René Fidel «nunca [contó], ni contará, con las condiciones para ser profesor universitario y mucho menos en una Universidad mambisa, humanista y revolucionaria como la de Oriente».
  • 2017: El estudiante David Mauri Cardoso fue expulsado de la Universidad de Cienfuegos debido a que, durante un examen de español, llamó «dictador» a Fidel Castro y manifestó que no le había rendido homenaje tras su muerte. La Resolución Rectoral 37/2017 que lo inculpara consideró que las ideas del estudiante «no son acordes a nuestros principios revolucionarios»; catalogó como grave la indisciplina y resolvió: «Sancionar al estudiante David Mauri Cardoso, por mantener una actitud contraria a nuestro proceso revolucionario, a Expulsión de la Educación Superior».
  • 2017: La estudiante Karla María Pérez González fue expulsada de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas. Según una declaración emitida por la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de esta casa de altos estudios, la decisión la tomó la brigada de primer año de Periodismo a la que pertenecía Pérez González. Se notifica allí, además: «La mencionada estudiante reconoce ser miembro de una organización ilegal y contrarrevolucionaria, contraria a los principios, objetivos y valores de la Revolución cubana. El estudiantado universitario no aceptará jamás la contrarrevolución dentro de nuestras Universidades».

PERSECUCIÓN POR MOTIVOS IDEOLÓGICOS: RASGO DEL SISTEMA POLÍTICO CUBANO

No estamos ante la presencia de un fenómeno novedoso. Desde el triunfo de la Revolución en 1959 el «diversionismo ideológico» fue considerado no solo un delito, sino una aberración.

A inicios de la década de los sesenta, como documenta el escritor cubano Pío Serrano, la FEU —ya bajo el control revolucionario— exigió una «limpieza» de profesores en las universidades cubanas. Ello provocó el despido de cerca del 80 % de los docentes. Se trataba, en su gran mayoría, de figuras republicanas que, también, fueron cesanteadas de las instituciones culturales.

El académico Abel Sierra Madero, en un artículo publicado en Letras Libres, rememora que la Unión de Jóvenes Comunistas, por su parte, exhortaba a los estudiantes de la enseñanza preuniversitaria, mediante un comunicado, a expulsar de los centros educativos a «elementos contrarrevolucionarios y homosexuales (…), [a aquellos con] algún tipo de blandenguería pequeñoburguesa y que sean apáticos a las actividades revolucionarias que realiza el estudiantado». Lo anterior con el objetivo de impedir su acceso a la universidad y propiciar su integración al Servicio Militar. El oficio concluía diciendo: «apliquen la fuerza del poder obrero y campesino, la fuerza de las masas, el derecho de las masas contra sus enemigos […]. ¡Fuera los homosexuales y los contrarrevolucionarios de nuestros planteles!».

Luego del primer Congreso Nacional de Educación y Cultura en 1971 se institucionalizó la «parametración» sobre una base ideológica. Se trata de un ejercicio que establecía requisitos a cumplir por artistas e intelectuales si deseaban pertenecer a las instituciones, de lo contrario los esperaba la destitución e incluso la cárcel. A partir de entonces el «diversionismo ideológico» se convirtió en un delito punible, aunque con anterioridad también se hubiese aplicado el castigo por ello.

Refiere el académico Emilio José Gallardo que fue Raúl Castro quien acusó al grupo editorial de la revista Pensamiento Crítico de «diversionismo ideológico», en 1971. Ello provocó la clausura de la publicación y la demolición de la sede donde laboraban. Por este motivo, también, fue separado de la Universidad de La Habana el poeta cubano Esteban Luis Cárdenas. Carlos Victoria, otro destacado narrador cubano exiliado en el 80, también fue expulsado de la Universidad de La Habana en 1971 acusado de diversionismo ideológico.

El escritor Néstor Díaz de Villegas fue expulsado del preuniversitario donde estudiaba en la ciudad de Cienfuegos, en 1974, y condenado a 6 años de prisión. Sobre su delito y los pormenores del juicio, el propio Néstor ha narrado: «explicaron la manera en que yo había circulado entre los estudiantes del pre un poema contrarrevolucionario en el cual me burlaba del cambio de nombre de la avenida Carlos iii por el de Salvador Allende. Recordaron que, durante las lecturas obligatorias de los discursos de Fidel, yo había solicitado retirarme, alegando aburrimiento e indiferencia».

En el propio 1974 el escritor René Ariza fue acusado de un delito contra la integridad y estabilidad del país. Así lo recogen las conclusiones provisionales del fiscal, documentado en el libro El martillo y el espejo. Directrices de la política cultural cubana, de Emilio J. Gallardo:

[…] desde hace algún tiempo viene dedicándose a escribir cuentos, ensayos y relatos cuyo contenido y enfoque se basan en el más amplio diversionismo ideológico y propaganda contrarrevolucionaria escrita. Que todo ese material literario carente de valor artístico escrito en contra de los intereses de nuestro pueblo, de nuestro Primer Ministro Comandante Fidel Castro Ruz, mártires de nuestra patria y demás dirigentes nuestros, fue tratado de enviar al exterior de nuestro país para mediante su divulgación incitar contra el orden socialista y la solidaridad internacional. (Almendros, Jiménez-Leal, 1984, p. 188 citado en Gallardo, 2009, p. 251).

En 1988, durante una lectura de poesía en la ciudad de Matanzas (entre los participantes se encontraba Carilda Oliver Labra), un grupo de policías irrumpió en el recinto y golpearon a los asistentes porque alguien los había acusado de «diversionismo ideológico».

Rolando Prats, por ser gestor principal del proyecto PAIDEIA, Tercera Opción y más tarde por su liderazgo en la Corriente Socialista Democrática Cubana (CSDC), fue expulsado en 1990 del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría y del Comité Estatal de Colaboración Económica, donde impartía clases de ruso. Así lo ha narrado el propio Prats: «se me despidió sin violencia pero también sin razones convincentes, recurriendo a tecnicismos o a motivos más bien opacos».

César Mora, uno de los miembros protagónicos de Tercera Opción, fue expulsado de su carrera en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú en 1989 y conducido a Cuba de manera forzosa. Todo ello se desencadenó luego de que César solicitara su baja como cadete y se opusiera a firmar una carta de adhesión al discurso con que Fidel Castro hiciera pública su ruptura con la política de democratización de Gorbachov. Al poco tiempo de haber llegado a Cuba, César recibió una resolución del Ministerio de Educación Superior que certificaba su expulsión, según ha narrado él mismo, «por actividades contrarrevolucionarias de cualquier centro universitario de Cuba».

Este breve recorrido en el cual se han rescatado solo algunos casos representativos (se trata de un fenómeno mayor y extensible a varias áreas y sectores sociales) contrarresta también lo afirmado por Ferrer González. Estamos ante un fenómeno que puede catalogarse como una política del Estado cubano para controlar, silenciar y castigar a los ciudadanos que se opongan a su ideología y al modelo socialista aplicado en Cuba o, incluso, que expresen descontento o intenten modificaciones a nivel político, cultural, civil o educativo.