El reconocido teórico descolonial y epistemólogo del Sur Boaventura de Sousa Santos fue denunciado por acoso sexual en una publicación de abril de 2023 realizada por tres académicas angloeuropeas (Lieselotte Viaene, Catarina Laranjeiro y Miye Nadya). La denuncia salió a la luz en una compilación titulada Sexual Misconduct in Academia. Informing an ethics of care in the University. En el artículo, las denunciantes afirman ser víctimas además de «extractivismo intelectual» por apropiaciones teóricas del pensador, que no reconoció en sus estudios los aportes de sus colegas.

Las declaraciones de las mujeres fueron ampliamente acogidas por los medios de comunicación, quienes de inmediato le dieron credibilidad al suceso, lo que levantó una ola de indignación contra el comportamiento del catedrático. Al escenario de respaldo y solidaridad desplegado se sumó el clamor de justicia por la diputada brasileña Bella Gonçalvez, quien afirmó también haber sido víctima de Boaventura cuando efectuaba su investigación doctoral en el Centro de Estudios Sociales (CES).

Sin embargo, resultó aún más contradictoria la invisibilidad mediática de las denuncias efectuadas en 2010 por la activista indígena Moira Ivana Millán, quien entonces manifestó en redes sociales haber sufrido agresión sexual por el maestro portugués. El caso removió diferentes criterios dentro de la academia y sus redes internacionales, incluso entre un sector aparentemente dirigido a transformar las relaciones Norte-Sur.

La colonialidad del poder/saber en las instituciones académicas como mecanismo de dominación patriarcal

El fundador del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra fue suspendido de todos sus cargos como miembro de la institución que fundó en 1978 y de la que fungía como director emérito, a raíz de las denuncias efectuadas en su contra; a pesar de negar toda responsabilidad ante las acusaciones que se le imputan. A su vez, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) suspendió igualmente todo vínculo laboral con Boaventura de Sousa Santos, mediante una declaración en la que sus miembros manifiestan su tolerancia cero y rechazo ante las expresiones de acoso sexual acometidas en sus instalaciones. La nota expresa, además, solidaridad con las víctimas de violencia, dado que los ámbitos académicos no están exentos de las asimetrías de poder, el clientelismo y la subordinación.

Mientras avanza el proceso investigativo, cientos de personalidades del campo cultural ratificaron su respaldo a las denunciantes mediante la firma del documento Todas sabemos. El apoyo público es una forma eficiente de contrarrestar la revictimización social que suele acontecer en estos casos, aún más si la persona expuesta/denunciada cuenta con prestigio social. De tal modo, se evita la expansión de lecturas falaces hacia las víctimas por el gremio que recibió con beneplácito las principales contribuciones del pensador. Dicho posicionamiento reduce también el menoscabo a la dignidad de quienes con su denuncia cuestionan el poder y el sistema que posibilitó la vulneración de sus derechos.

El #metoo contra el reconocido intelectual ratifica que las cátedras de altos estudios también constituyen entornos en los que se reproduce la misoginia, el acoso sexual y el racismo, así como la discriminación geográfico-espacial. Ello explica por qué suele prestársele mayor atención y credibilidad al testimonio de académicas [blancas, letradas, de clase media alta] sobre la voz de una mujer indígena, negra o empobrecida, proveniente del Sur Global, siendo este último el caso de Moira Ivana Millán. La academia redunda en mecanismos de validación que promueven la meritocracia como vía de ascenso, en tanto solidifica las jerarquías establecidas para ganar prestigio profesional y generar currículos que determinan las ganancias monetarias, al obviar que gran parte de los resultados investigativos se construyen sobre el esfuerzo no reconocido de estudiantes.

Me Too Cuba: comunidad segura para sobrevivientes de violencia sexual

La plataforma autogestionada busca generar espacios seguros para personas víctimas de violencia sexual ante la ausencia de apoyos institucionales, así como visibilizar la historia del movimiento de denuncia y acompañamiento en Cuba y el mundo.

Tales normas resultan enteramente consecuentes con las lógicas de competencia del capital, lo que convierte a las instituciones académicas en potenciales espacios para la reproducción de violencias. Media también la relevancia que se le otorga a figuras cuyos resultados suelen demeritar la obra de subordinados; ya que dichos ámbitos están atravesados por el favoritismo clientelar, el tráfico de influencias y las relaciones de compadrazgo. Sus métodos están amparados en los marcos tradicionales que soportan la razón de la racionalidad moderna/occidental, lo que imposibilita el ejercicio pleno de cualquier teoría con pretensión emancipatoria.

Para la conversión de las cátedras universitarias en espacios seguros, resulta necesaria la expansión de metodologías que tengan incorporadas la conciencia feminista y sensibilizar a la ciudadanía frente a las diversas violencias que generan las estructuras de funcionamiento de las sociedades contemporáneas. Dichos entornos deben estar dirigidos a erradicar patrones clasistas, racistas, machista/patriarcales, capacitistas, etcétera, cuyo conjunto orgánico solidifica el corpus discriminatorio que promueve la eticidad del capitalismo como paradigma civilizatorio.

A su vez, urge la necesidad de promover en la conciencia cotidiana, desde las primeras edades hasta los espacios superiores de enseñanza, la visibilización de alternativas sociales enfocadas en la erradicación de tales fenómenos, analizados desde una perspectiva holística. Se necesitan opciones capaces de pulverizar, desde las mentalidades y la praxis ciudadana, dicho conjunto de comportamientos, reproducidos por los medios de prensa, la familia, la escuela y los espacios de socialización habituales. Para establecer un modelo de enseñanza horizontal, democrático y (des)jerarquizado, los aportes teóricos del brasileño Paulo Freire (1921-1997) sobre la educación popular constituyen un sendero ampliamente subvalorado por la academia, que sigue anclada a metodologías tradicionales en la construcción del conocimiento y en el método bancario.

Tales herramientas de liberación y aprendizajes colectivos, combinados con el sentipensamiento que conforma la sabiduría de los pueblos que constituyen objeto de estudio por la teoría descolonial, deberían constituir el sostén inspirativo para revertir las estratificaciones establecidas en el seno de la institucionalidad y sus espacios de legitimación cultural. Dichos sitios suelen estar ajenos con relativa frecuencia a las batallas de toda vanguardia política o movimiento de lucha social por la reversión del sistema-mundo globalizado.

Discriminación estructural: crítica desde los márgenes feministas

El caso de Boaventura de Sousa Santos puso al descubierto que, mientras unas denunciantes recibieron atención y apoyo, la lideresa mapuche de nacionalidad argentina Moira Ivana Millán llevaba 13 años soportando el silencio cómplice de sus compañeras/os, colegas y medios de comunicación. Su caso se vio lacerado, además, por peticiones de discreción en el ámbito institucional, para supuestamente evitar que sus declaraciones fueran «instrumentalizadas por la derecha», dado el posicionamiento anticapitalista del escritor, elementos que implican dosis añadidas de violencia simbólica a la agresión.

La feminista negra y teórica descolonial Yuderkys Espinosa Miñoso señaló la activación de los mecanismos de sororidad feminista [blancos/clasistas] en favor de las denunciantes angloeuropeas; al tiempo que remarcó la ausencia de tales redes solidarias cuando se trata de mujeres negras, indígenas, trans, musulmanas, asiáticas y empobrecidas que sufren los efectos del acoso sin la visibilidad de la denuncia. La lamentable realidad atraviesa la desestimación de los reclamos de la activista mapuche. No obstante, Boaventura de Sousa fue apartado de sus espacios de poder e influencia docente, como acción preventiva frente a las denuncias de 2023, en espera de que se defina su caso en el terreno penal.

La problematización de la intelectual dominicana Yuderkys Espinosa también visibiliza los privilegios en la agenda del feminismo mainstream, que suele despreciar los saberes, cosmovisiones y narrativas procedentes de colectivos históricamente subalternizados por el imaginario colonial europeo. No es casual que el #metoo sea protagonizado por mujeres blancas, letradas, universitarias, del Norte Global y con acceso a los medios de comunicación; elementos que en su conjunto inciden de manera favorable en la credibilidad del relato.

En una reciente declaración, publicada el 10 de junio de 2023, Moira Ivana Millán destacó la incongruencia del epistemólogo, dado el predominio de una narrativa teórico-discursiva basada en el extractivismo intelectual, el irrespeto a la condición humana de sus semejantes y la reproducción del colonialismo cognoscente. Tales actitudes están disociadas de su labor científica, supuestamente comprometida con las ideas descoloniales, frente a las estructuras opresivas de la modernidad.

Activistas cubanas hablan sobre justicia restaurativa en casos de violencia machista (+Narración)

Cinco feministas cubanas debaten sobre la efectividad del esquema punitivo para atender y reparar a las víctimas de violencias de género, y la necesidad de caminar hacia un modelo de justicia restaurativa.

En el comunicado, la activista indígena expone la violencia económica del sociólogo europeo. A la vez, responde a la polémica levantada por sus detractores, en relación a unos correos que supuestamente envió solicitándole asistencia monetaria, cuyo contenido fue filtrado por De Sousa Santos. Ante ello, Millán alega que la petición había sido enviada a un grupo de amigas/os entre los que no se encontraba el sociólogo como destinatario, de modo que la filtración viola su derecho a la privacidad. No obstante, señala Moira, jamás recibió ayuda del científico social, a pesar de ser consciente de su precaria condición material:

«Millones de mujeres oprimidas, violentadas, violadas dependen económicamente de sus verdugos. Ellas no cuentan con las herramientas para cortar las cadenas y liberarse del grillo esclavista del abusador. Estas mujeres muchas veces se alimentan, se cobijan y se visten bajo el yugo de estos seres despreciables. Si un tribunal juzgara a sus verdugos, ¿podrían estos mostrar que solventar económicamente a sus víctimas los vuelve inocentes? Su intención mostrando este mail como prueba es parte del perverso mecanismo de sujeción y esclavitud».

El teórico tildó de «absurdas» las acusaciones, al afirmar que iniciará una querella judicial contra las demandantes y al calificar sus testimonios de «acto miserable de venganza personal y política». Al acudir a los tribunales, De Sousa se ampara en las instituciones, a la vez que adjudica señalamientos de irracionalidad e insensatez hacia sus denunciantes (colonialidad del saber), en uso efectivo de las tradicionales estrategias de deslegitimación como soporte del machismo/patriarcal, cuyas tácticas quedaron expuestas por la activista sudamericana:

«Como mujer mapuche conozco perfectamente el negacionismo como instrumento de la desmemoria, práctica histórica de los Estados racistas e invasores (…). Es por ello que cuando usted me pide que me retracte, que mienta diciendo que es inocente y me doblegue ante sus amenazas, demuestra una profunda ignorancia de la esencia ancestral de mi pueblo y por lo tanto de mi persona. Mi verdad no está bajo el yugo de su poder».

La conciencia de ese universo problemático no puede estar subordinado a los intereses de la agenda nociva del feminismo blanco/hegemónico, más centrado en el empoderamiento político-económico de las mujeres dentro de las propias estructuras de poder capitalistas, en lugar de contribuir al desmantelamiento de los mecanismos de opresión múltiples de las sociedades. Existe la necesidad de viabilizar una alternativa ante el régimen que potencia las mentalidades individualistas reproductoras de la dominación patriarcal, racista y meritocrática-colonial. Hasta que dicha realidad no sea subvertida por las agendas de articulación cívica que luchan por la equidad, los ámbitos de instrucción escolar y las cátedras de altos estudios seguirán siendo espacios de violencia transversal y un obstáculo para la emancipación de las clases populares.

Justicia restaurativa y conciencia feminista como alternativas de emancipación en la sociedad cubana

La adopción de políticas punitivas ante el problema de la violencia de género es una de las trampas en las que incurren determinadas corrientes feministas y sectores políticos, a pesar de su comprobada ineficacia, pues no atiende las raíces estructurales del fenómeno. En varios contextos geográficos está demostrado que surte el efecto contrario, al aumentar la espiral de violencias. Es importante resaltar este elemento, dado que a los feminismos como teorías de diverso carácter político-filosófico en su praxis emancipatoria no les corresponde únicamente el empoderamiento de las mujeres para romper con los lazos de sometimiento y dependencia hacia los mandatos de dominación patriarcales. Su propuesta exige, a la vez, concientización en todos los grupos poblacionales y la siembra de preceptos humanistas que no contribuyan a la reproducción de violencias.

Cuba no escapa del punitivismo para enfrentar el fenómeno. «De los procesos juzgados por el delito de asesinato en el que aconteció la muerte de una mujer como consecuencia de la violencia de género o familiar, se impuso a todos los responsables, sanciones de privación de libertad por encima de los 25 años y, en algunos casos, privación perpetua de libertad», detalla una nota del Tribunal Supremo Popular.

Las reformas jurídicas del Código Penal y la Ley del proceso penal incluyeron por primera vez la violencia de género dentro del sistema judicial cubano. Sin embargo, una vez más se refuerza el carácter punitivo, al aumentar las penas sin otras acciones complementarias. Si bien medidas de ese corte pueden tener carácter persuasorio en la ciudadanía y ofrecer mayores garantías a las víctimas contra la impunidad, resultan per se incompletas de no estar acompañadas por otras prácticas preventivas, que son fundamentales para evitar los feminicidios, los delitos de acoso y otras manifestaciones de la violencia de género.

Atención a la violencia de género. ¿Cómo llega Cuba a 2023?

Mientras el Gobierno se enfocó durante 2022 en reformas legislativas como vía para abordar el problema de la violencia machista, la sociedad civil independiente posiciona el acceso a la justicia, la reparación y el acompañamiento a las sobrevivientes como una prioridad a atender.

Para lograr el arribo a un escenario óptimo, resulta esencial la divulgación de preceptos contrarios a los dictados de las masculinidades tóxicas desde las infancias. Todo ello, sin obviar la adopción de políticas que contribuyan a la liberación de las mujeres dentro del seno de una sociedad basada en criterios de igualdad ciudadana, equidad y justicia, dadas las asimetrías sexo/género, agudizadas por los patrones de acumulación económica concentrada en los grupos de poder tradicionalmente hegemónicos.

La agenda preventiva y restauradora de los feminismos requiere atender las variables estructurales en las poblaciones marginalizadas. El contexto de precariedad facilita la potenciación de múltiples violencias mientras limita las posibilidades de salir de estos ciclos, dadas las dificultades para el acceso a bienes indispensables que contribuyan al sostenimiento de una vida digna. La atención de factores como la solvencia económica resulta de vital importancia para lograr efectividad en las estrategias resolutivas; elemento que suele pasar inadvertido para algunas corrientes de pensamiento feministas y movimientos sociales.

Para combatir el acoso sexual en el seno de las institucionales educativas resulta primordial la distribución de metodologías insertadas en la enseñanza descolonizadora en los jóvenes, dirigida a la erradicación de las numerosas formas de violencias contra las mujeres y las niñas. A tenor con ello, urge la implementación de talleres impartidos por colectivos feministas en las universidades, así como una mayor circulación de las investigaciones producidas sobre estos temas desde la academia y el activismo. A su vez, está demostrada la efectividad de prevenir el acoso en los centros de enseñanza al aplicar los preceptos horizontales y democratizados de la educación popular, en lugar de sostener la metodología verticalista que refuerza la figura de autoridad del profesor.

De igual forma, es vital para estos fines la labor pedagógica de los medios de prensa, en sinergia con el esfuerzo de los especialistas, para que dicho corpus se encuentre a disposición de la ciudadanía. Por ello, en aras de transformar el actual escenario, es urgente la aprobación de una ley integral contra la violencia de género. Por último, es importante destacar la relevancia de las prácticas de justicia reparativa y la restauración a la dignidad en las víctimas de violencia por razones de género, al ser este elemento sobre el que se requiere adquirir mayores dotes de conocimiento en el sistema jurídico y los espacios institucionales, que reclaman una incorporación de los aportes teóricos de los feminismos emancipatorios. Este paso resulta esencial para formar una sociedad con voluntad de transformar las estadísticas de feminicidios en la isla. Tales propósitos están enmarcados en la idea de materializar los valores republicanos de igualdad y fraternidad entre todos los seres humanos, sin distinción de «raza», sexo o géneros

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