El trabajo por cuenta propia alcanza ya el 12% de la fuerza laboral en Cuba (567 982 personas). Su presencia se diversifica en ciudades y poblados, se consolida como referente de prosperidad en el imaginario de algunos sectores y grupos sociales, y oficialmente se ratifica que llegó para quedarse en la estructura productiva cubana.

Sus potencialidades, peligros, límites que encierra, ajustes y la incertidumbre que generan; son asuntos de discusión para la economía cubana.

Mientras avanza la actualización del modelo económico de desarrollo se hacen necesarios más ajustes. Las reformas abren espacios a nuevos actores que no lo son plenamente sin los derechos y deberes regulados que permitan su creación, reconocimiento, claridad en sus funciones y organización. Es necesario ajustar un marco legal transparente, predecible y no discrecional, que facilite el desarrollo del mundo productivo estatal y no estatal.

En el caso específico que nos ocupa, el propio término cuentapropismo es impreciso, lleno de contradicciones e insuficiente para dar cuenta de la heterogeneidad de actores económicos que engloba. En su interior conviven personas que realizan su labor de manera individual; otras que ponen capital propio o en común y emplean fuerza de trabajo, así como aquellas cuyos ingresos, más que de su trabajo, resultan de la renta. Es decir, este término que pareciera referir una misma cosa, contiene a empleadores/as, empleados/as y autoempleados/as.

No es igual una persona que vende maní o caramelos, la que en ocasiones desarrolla su actividad en situación de supervivencia; a una que contrata fuerza de trabajo para laborar en la construcción, u otra que posee un restaurante con veinte empleados/as; o aquella propietaria de una casa con tres habitaciones para rentar. Diferentes a todas ellas, al mismo tiempo, es la persona que se ofrece como empleada para esas u otras labores.

Algunos empleadores/as gestionan pequeñas y medianas empresas privadas, por lo que habría que reconocer la figura de empresario/a y legislar sobre ella. De igual manera, la distinción entre empleadores/as y empleados/as debe trascender al ámbito sindical, pues, a pasar de no ocupar el mismo lugar, la ley hoy prevé que pueden ser miembros de una misma organización gremial.

La revisión del trabajo por cuenta propia es una necesidad teórica, política y práctica. Redefinir o desagregar el término colocaría a las regulaciones y a las políticas específicas más cerca de los actores diversos, así como despejaría el camino para el análisis de la potencial expansión de otros servicios o ámbitos profesionales.

Al mismo tiempo, permitiría transparentar el debate sobre las complejidades y contradicciones clasistas manifiestas dentro de esa diversidad de actores económicos. Esto permite comprender que al interior de cada forma de propiedad y gestión existen relaciones de producción específicas que también deben ser puestas a debate —entre ellas la relación entre empleador/a y empleado/a—, como fundamento para la proyección de políticas diferenciadas.

Por ejemplo, el necesario desarrollo de incentivos públicos, suficientes y adecuados, para grupos sociales en desventaja que optan por el trabajo por cuenta propia (microcréditos preferenciales, mercados, capacitaciones, asesoría jurídica y técnica), lo que apuntaría a impedir que se genere una informalización precaria, que no rebase el marco de sobrevivencia e incremente los niveles de pobreza.

Por otra parte, una redefinición sobre el cuentapropismo demandaría la creación de canales de participación amplios, permanentes y diferenciados que faciliten el diálogo entre actores diversos para la elaboración de políticas, regulaciones y su evaluación, en interés del desarrollo de esta forma de gestión. Algunos cuentapropistas los piden insistentemente.

Ubiquemos otra perspectiva para el debate. Con frecuencia se obvia, en la crítica a la política salarial del Estado, que en el sector cuentapropista, con independencia de los ingresos más favorables que hoy representa respecto a los estatales, se reproduce en lo fundamental la añeja lógica de que el capitalista incrementa su ganancia a través de la apropiación de determinada cantidad de trabajo no retribuido a los trabajadores/as.

El capitalista pugna por reducir los salarios y prolongar la jornada de trabajo, mientras que el trabajador presiona constantemente en el sentido contrario. Si bien esta tensión puede ser regulada por la ley, la distribución de la riqueza social entre capitalistas y trabajadores es cada vez más desigual. No hay datos suficientes para evaluar el fenómeno en Cuba, pero la observación empírica apunta a ratificar esa tendencia.

Existe una falsa disyuntiva entre forma de gestión y propiedad estatal y privada. La misma deja fuera las formas socializadoras del poder en los procesos productivos. Nada impide que las relaciones de producción contenidas dentro del trabajo por cuenta propia exploren formas cooperativas, solidarias, mutualistas, de producir bienes y servicios, donde el trabajador/a no se somete a los designios salariales de la burocracia ni a las “exigencias” económicas de un dueño/a privado. Donde, por el contrario, establece sus propios mecanismos de distribución de las riquezas, dígase beneficio, ganancia.

Esto exige ir más allá de la comprensión de economía realmente existente, la que pareciera tener carácter universal, por encima de la historia, y en esa condición desconectada de nociones como política, ética, moral y justicia.

Contrario a esa comprensión, el debate sobre el cuentapropismo no es solo “económico”. Este no debe obviar la cuestión del derecho de las mujeres, las prácticas discriminatorias lesivas a la dignidad, la justicia laboral, la responsabilidad social con el entorno físico y con el desarrollo local, la creación de espacios para la sistematización de experiencia y elaboración de recomendación para las políticas públicas.

Sobre este particular todavía queda mucha tela por donde cortar. El asunto está en qué tijera se usa y por dónde empieza el corte.

 

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