Soy un cinéfilo empedernido. Prefiero el cine y no las series. Me gustan los materiales que no se dilatan. Soy un fanático de Tom Hanks, como también lo soy de Vladimir Cruz y del Pichi Perugorría. Prefiero el cine porque es un mensaje contundente y condensado.

En los últimos días muchas personas debaten la escena de un beso apasionado entre dos hombres en el capítulo final de la novela brasileña Rastros de mentiras. Esa escena ha renovado también las discusiones con relación a la presencia en los últimos materiales televisivos cubanos desde aquel ladrillo de Felito Lahera— de parejas homosexuales como tramas o sub-tramas infaltables.

En lo particular, como cinéfilo, me inspira más una imagen de dos segundos o una trama de hora y media, que constantes temporadas recreando el mismo asunto. Más que un beso, luego de mil quinientos capítulos y perretas de auto-convencimiento, me inspira la emoción implícita en el abrazo final de Fresa y Chocolate o la muerte de Tom Hanks, luego de litigar sus derechos en Filadelfia.

Pero no quiero hablar de la homosexualidad. Quiero hablar de derechos en Cuba, eso sí, utilizando las imágenes que el cine, de cualquier lugar del mundo, me ha dejado.

El debate con relación a la homofobia y los derechos de la comunidad LGBTI se ha vuelto un tema de constante discusión en Cuba. No soy homosexual, sin embargo, entiendo que todos los derechos requieren de atención, de mecanismos efectivos de protección y de una plataforma social que permita su pacífico ejercicio. Los de la Comunidad del Arcoíris no son una excepción.

En los últimos años el activismo LGBTI se ha convertido en una de las principales fuerzas sociales de la nación. Han sido incluso considerados “oficialmente” como activos representantes de la sociedad civil cubana. Sin embargo, los mecanismos que han utilizado para la lucha por sus derechos, nada tienen que ver con las herramientas que el ordenamiento jurídico pudiera ofrecerles.

El actual Código Civil está vigente desde el año 1987. Su articulado reconoce la posibilidad de los ciudadanos de acudir a los Tribunales para ventilar litigios relacionados con la protección de sus derechos civiles. Sin embargo, en aquel entonces y hoy todavía, parece impensable que los miembros de la reconocida comunidad LGBTI cubana utilicen esa fórmula para luchar por sus derechos.

El punto aquí es que no puede hablarse de un amparo Constitucional o una mención expresa en el Capítulo VII de la Carta Magna Cubana a cuáles son nuestros derechos civiles. Por otra parte, el Código Civil sólo enuncia la posibilidad de discutir en sede judicial conflictos relacionados con “derechos civiles”, pero tampoco los detalla. Sigue faltando una norma complementaria que exprese, con claridad, cuáles son los derechos civiles de la comunidad LGBTI (y los de otros) para que pueda ser usada como fundamento al momento de presentar ante los Tribunales un conflicto relacionado con su menoscabo.

Me extrañaría también, atendiendo a la forma de funcionamiento de nuestro sistema judicial, que se permitiera el empleo de la también factible fórmula del artículo 20 del Código Civil, para usar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tardíamente firmado por Cuba, (entró en vigor en marzo del 1976, firmado por Cuba en el 2008 y no ha sido ratificado) como fundamento en la promoción de litigios de este tipo.

La tantas veces anunciada reforma al Código de Familia pudiera ser parte de la solución, pero luego de más de dos décadas de anuncio, no llega. En cambio, al menos los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e Intersexuales, cuentan con una institución pública con fines investigativos y educacionales que se ha erigido, a golpe de la fuerza política que su dirigencia detenta, en el órgano de consulta y solución de las marginaciones sexuales cubanas.

No es un tribunal, insisto, es una institución con un fin diferente, pero que aplica la fórmula de “la importancia de llamarse Ernesto”, para solucionar las preocupaciones de la comunidad LGBTI en Cuba. Las mismas marginaciones que no tienen donde ventilar otros actores sociales, también desprovistos de sustrato legal para acceder a la justicia y de nombres que le acompañen en campañas públicas.

Creo que en la Casa Cuba debemos caber todos. Debe haber espacio para que cualquier reivindicación de derechos sea posible. Para que campañas públicas de todo tipo, puedan ser debatidas, no solo desde una arista, sino desde todas las que pudieran generar un criterio válido. La única solución posible es utilizar el Derecho, la fuerza protectora y generalizadora del Derecho, el iluminado principio de la igualdad de los hombres ante la Ley.

Si no es ese el camino, si yerro en mi criterio y deben imponerse las gestiones públicas de justicia a partir de múltiples instituciones, espero entonces que se creen los Centros Nacionales de Educación Racial, Económica y Política. Así mientras esperamos por el lento desenvolvimiento de un aparato legislativo que se reúne solo dos veces al año, (quizás por eso demoran los debates de las reformas) podamos contar con otras instituciones, para que a fuerza de nombre o costumbre (ya sin derecho me da igual), puedan realizarse campañas públicas que reivindiquen todo tipo de marginaciones y no solo la sexual.

Mientras espero y debato, también disfruto a través del Paquete de Santa y Andrés. Verla en la pantalla chica no me hace renunciar al deseo de que aparezca en la cartelera del Yara junto con Antes que anochezca. El día que coma palomitas calientes en tanda corrida de ambos filmes, podré decir que vivo en una Cuba diferente.