En diciembre de 2017 los trabajadores privados en Cuba supimos que se nos aplicarían, en algún momento cercano, dos nuevas medidas. En cualquier momento podríamos dejar de tener derecho a tener más de una licencia por persona y aquellos que tengan entre 1 y 5 empleados bajo su gestión dejarán de disfrutar de una exención de impuestos.

Estas dos medidas tienen, sin lugar dudas, un carácter restrictivo para la comunidad de trabajadores por cuenta propia del país. Su puesta en práctica evidencia el sesgo que se mantiene sobre el desarrollo del sector privado nacional y la aspiración a mantenerlo fuera de una posición de importancia dentro de la economía nacional y, por tanto, también de la política.

Esas decisiones son un paso atrás que marca la tendencia iniciada el año pasado con la congelación de licencias, cierre de negocios y aumento de trabas burocráticas y administrativas en las relaciones con empresas estatales.

Criminalizar a la totalidad de los trabajadores por cuenta propia por desvío de recursos, actos de corrupción y otros delitos es, además de ofensivo, una mirada superficial y sesgada a este sector. ¿Qué pasaría si el mismo enfoque se aplicara a empresas estatales donde estos delitos pululan?

El ejercicio del trabajo por cuenta propia en Cuba se encuentra regulado actualmente por las resoluciones 41 y 42 de 2013 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En estas se dicta el alcance social para cada una de las licencias, estableciendo así el marco de acción aprobado para ellas. Este alcance social está catalogado por la mayoría de los emprendedores como excesivamente restrictivo y de poco fomento para el desarrollo de los negocios que se inician bajo estas normas.

De tal forma, la solución para ampliar el marco de acción de los negocios es el de ejercer varias actividades a la vez. Así no se ejerce una actividad de manera ilegal, aunque se tengan que pagar mayores impuestos por realizar varias actividades a la vez.

Esa manera de organizar (puntillista) genera que hoy en toda Cuba se puedan encontrar negocios que son Hostal-Restaurante, Cafeterías-Fregadoras de autos, Arrendador de espacios-Organizador de eventos, y tantísimas otras combinaciones, propiedad de una misma persona que desarrolla así buena parte de su creatividad y su capacidad dinámica de generar ingresos, para ellos y para el país.

La reducción a una sola licencia para el ejercicio del trabajo por cuenta propia no eliminará las asociaciones entre cubanos (residentes o no residentes) o entre cubanos y extranjeros para la apertura de negocios. Tampoco da solución al uso extendido de testaferros para iguales fines. En todo caso, pone en evidencia la necesidad de crear una ley de empresas y actualizar la política que permita la inversión de los emigrados cubanos. Leyes que respondan a realidades, como aceptar la asociación en el sector privado y la inclusión de la diáspora cubana en el proceso de construcción de país, de manera legal y transparente.

¿Cuánta divisa ha llegado al país por cuestión de remesas enviadas para comenzar negocios o inversiones directas hechas por extranjeros interesados en Cuba? ¿Qué sucederá con aquellas personas que han invertido en varios negocios y ahora deben limitarse a uno? ¿En la ejecución de estas medidas se han contemplado las pérdidas que esto puede generar a los cubanos, los empleos que desaparecerían, los negocios que quebrarían, la afectación que provocaría en la comunidad?

La idea de que una persona pueda ejercer una sola actividad desarma la capacidad de generar valor agregado en los negocios, producto de la disminución en la integralidad de los servicios. Además, mantiene el estado de creación de bienes y prestación de servicios en niveles artesanales y desestimula el flujo de recursos financieros desde el exterior. Los efectos de estas medidas son impropios de las necesidades del mercado cubano, de las condiciones económicas actuales y de las propias aspiraciones del pueblo de vivir una vida más próspera.

Otros significados tiene el fin de la exención de pago de impuestos por los primeros cinco trabajadores. Es una decisión que repercute en dos elementos primordiales dentro del país.

Por una parte, puede pretender ayudar a financiar el déficit acumulado en el gasto público y por otra, restringir el crecimiento de los negocios por cuenta propia.

En el caso de financiar el gasto público, ya la ley 113 del Sistema Tributario establecía para este año un impuesto del 5% por trabajador contratado, usando como base el salario medio de la provincia. Su implementación se une a otras como el cobro de impuestos a los trabajadores estatales, recortes en el presupuesto público, disminución de la masa laboral en el sector estatal y eliminación de la masividad en algunos beneficios sociales. Todas como parte de una política fiscal restrictiva que permita financiar el déficit de gasto público en el que se viene incurriendo todos los años.

La eliminación a la exención del pago de impuestos a los primeros cinco trabajadores, se puede entender como un atajo más para financiar dicho déficit. Aunque esta medida no representa un impuesto excesivamente elevado, no es bien recibido en momentos donde la mayoría de las medidas anunciadas sí tienen un carácter negativo.

En realidad, esta medida está conformada por dos elementos que modifican la lectura sobre la contratación de fuerza de trabajo. Por un lado, se elimina el beneficio de la exención de pago de impuestos por los primeros cinco trabajadores y la segunda y quizás más importante es el reajuste en las reglas de retribución mínima pagada a cada trabajador. Es en esta última donde más se puede apreciar el carácter desestimulante de la medida al incrementar la cantidad de salarios mínimos según los trabajadores contratados.

En esencia, mientras más personas sean contratadas por un negocio privado, mayor será el impuesto que deberá pagar. La medida ataca directamente cualquier negocio que intente contratar más de 20 trabajadores al establecerle como retribución mínima pagada a cada trabajador unos 4 800 CUP y por tanto pago de impuestos sobre fuerza de trabajo en base a este monto.

Si bien esa retribución en algunos casos no se aleja de ciertos salarios en el sector privado, sí está por encima del salario promedio de muchos trabajadores contratados. Esto sin mencionar que el salario medio del país no alcanza los 800 CUP. El establecimiento de esta base como retribución mínima pagada provoca que los negocios no crezcan en capacidades productivas por el uso de mano obra contratada e intenta, junto a la implementación de una sola licencia o las trabas para concertar contratos con empresas estatales, restringir y desestimular cualquier crecimiento que venga de este sector.

El sector privado cubano necesita avanzar y mostrarse como una variable fundamental en el cambio de la estructura económica que necesita el país. Las capacidades para esto son infinitas, pero sólo podrán alcanzarse si los temores y la desconfianza se cambian por la inclusión y el entendimiento que los trabajadores privados son una parte de la respuesta, y no del problema, que hoy se enfrenta.

 

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