El concepto de “Revolución” de Fidel Castro ha sido un elemento central en el discurso gubernamental a la hora de impulsar cambios profundos en los últimos años. La recién promulgada Estrategia Económica y Social no fue la excepción. En su encendida alocución ante el Consejo de Ministros, el presidente Miguel Díaz-Canel acudió a fragmentos del célebre concepto para dar sustento simbólico al paquete de medidas presentadas.

Si bien el centro de la Estrategia gira en torno a la situación económica, desde el punto de vista político se busca contener el malestar social que podría derivar a un estallido en las calles cubanas. Según el propio mandatario, ese es el objetivo central del Gobierno norteamericano.

A lo anterior debe sumarse que no estamos en la década de 1990, en la que la conciencia acumulada por más de treinta años de Revolución y los logros en materia de justicia y bienestar social hicieron soportar la crisis catastrófica del llamado Período Especial, junto al liderazgo histórico de Fidel.

Definitivamente, hoy las condiciones son muy distintas. Por una parte, los niveles de consenso hacia el proyecto revolucionario han mermado y dan cuenta de una sociedad más fracturada, azotada por los duros años de la crisis. La generación histórica de manera natural ha ido cediendo terreno y la fuente de legitimidad de la nueva camada de gobernantes no se sostiene en la gesta fundadora del proceso, por más que etiqueten la frase “somos continuidad”. Somos un país más diverso en su composición social y en cuanto al proyecto de nación deseado.

No es casual que, a la par de las explicaciones sobre las nuevas medidas, Díaz-Canel brindara un contexto de fenómenos que vienen aconteciendo en ámbitos que denominó de “derecho y sociedad”; entre los cuales citó el uso magnificado de “temas sensibles” como el matrimonio igualitario, la violencia de género, el racismo y la ley de protección animal.

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Más allá del hincapié puesto en el empleo de estas agendas como armas de subversión interna, existe un reconocimiento de esta diversidad de voces y actores que disienten en distintos frentes del escenario político del archipiélago. En este terreno cabe preguntarse entonces: ¿Qué es lo que debe ser cambiado?

El presidente apeló a la sagacidad de los cuadros políticos para contrarrestar las manifestaciones críticas a través de un uso más efectivo de las estrategias de comunicación y las nuevas tecnologías, un elemento distintivo de su método de Gobierno. Pero ¿se trata solo de un manejo efectivo y militante de Twitter y de Facebook? o más bien deben encontrarse los cauces institucionales para que la pluralidad de la Cuba de hoy exprese sus protestas y reivindicaciones sin terminar atorada en una catarsis de redes sociales; que en el peor de los casos sea capitalizada por los enemigos externos en su propósito de derrocar a la Revolución.

Apuntar sólo a cambios económicos no es suficiente

Así como se busca avanzar en la actual circunstancia para implementar los cambios económicos postergados, a la par de garantizar el derecho a la Salud y a la vida de la población durante la pandemia en modo ejemplar, también es menester dar pasos firmes en el goce efectivo de derechos de expresión, asociación, información, reunión y manifestación.

Quizás exija más de lo posible en un momento en el cual el Gobierno está abocado a la salvación alimentaria. Pero la salida en largo plazo de la crisis actual no solo es asunto de cómo evitar las colas del pollo y de captar divisas a toda costa, también tiene que ver con afrontarla con un mayor debate público y espacios de participación ciudadana.

Entre otros avances, hoy se abre la puerta para crear nuevas formas de asociación económica, como las pequeñas y medianas empresas (pymes), ante lo cual es legítimo cuestionarse por qué la ciudadanía puede materializarlo en el ámbito económico y en el terreno político-social le es vetado. Ni siquiera aludo a un tema espinoso como la creación de nuevos partidos, agenda que no tiene cabida en el marco constitucional cubano. Me refiero a demandas que han quedado archivadas como una Ley de Asociaciones, que brinde un piso de reconocimiento y autonomía a nuevos actores de la sociedad civil. O de una Ley de Prensa necesaria para un ejercicio más plural y crítico de los medios informativos.

Para enmarcarlo en los referentes políticos actuales, se trata de dotar de contenido al Estado Socialista de Derecho plasmado en la nueva carta magna, ni más ni menos. En esta fue reconocida un catálogo importante de derechos humanos y garantías para su protección. También se les da jerarquía constitucional a los tratados internacionales en la materia, aunque están pendientes de ratificación los Pactos fundamentales de derechos sociales y civiles y políticos de Naciones Unidas.

Pero la concreción de este nuevo tipo de Estado no parece avanzar. Junto a las medidas de orden jurídico pendientes, la lógica de derechos no penetra en la cultura institucional ni en las políticas públicas. Hoy continúan prácticas como las detenciones arbitrarias en contra de opositores; la censura y castigos laborales para quienes ejercen su libertad de opinión —aun en defensa del proyecto socialista—; mientras, por otro lado, quedan impunes opiniones abiertas de funcionarios del Gobierno que discriminan personas por su orientación sexual o política.

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Este tipo de conductas, además de ser contrarias a la Constitución, no son compatibles con la construcción de un Estado Socialista de Derecho. Avanzar en esta vertiente implica desterrar las prácticas autoritarias, discriminatorias y de opacidad aún presentes; así como sancionar a aquellos servidores públicos que incurran en estos actos. Asimismo, la ciudadanía deberá contar con los mecanismos para manifestarse en contra de la vulneración a sus derechos, incluyendo el uso de la vía judicial.

Transitar en esta dirección no será sencillo en un contexto en el cual la hostilidad contra la isla se incrementa. Sin embargo, al mismo tiempo considero que es la manera más acertada de enfrentar viejos y nuevos desafíos como el bloqueo, el surgimiento de sujetos económicos privados, la precarización de derechos laborales, el incremento de la desigualdad, la depauperación de bienes y servicios públicos, la violencia de género, el racismo, además de la severa crisis alimentaria y climática. Por tanto, cambiar lo que debe ser cambiado demanda, en paralelo, oxigenar la vida pública y promover una cultura plena de derechos.

 

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