Ahora que la COVID-19 colocó la palabra pandemia en tantas conversaciones diarias, que deviene centro de atención y provoca tanto miedo en el imaginario colectivo desde hace algunos meses, debemos recordar más que nunca que hace años la Organización de Naciones Unidas (ONU) considera una pandemia mundial la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, por su amplia extensión, porque persiste pese a las medidas para erradicarla, implica “una violación grave y recurrente de los derechos humanos” y provoca “múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales”.

Las medidas para enfrentar la transmisión del virus SARS-CoV-2, como el confinamiento en el domicilio, las restricciones de movilidad y la suspensión de actividades laborales y educativas, aumentan el riesgo de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, sobre todo aquella que ocurre dentro del hogar.

Los casos de España, México, Chile y Ecuador ilustran cómo la violencia contra las mujeres se ha disparado. Ahora mismo, muchas de ellas están bajo el mismo techo con su agresor, en un contexto de estrés, presión psicológica y cercanía física que pueden favorecer la violencia, y de distanciamiento social, que dificulta su denuncia y atención.

El hecho de que la violencia contra las mujeres aumente mientras otros delitos han disminuido subraya la idea de que es una violencia de género, vinculada a desigualdades de género, y no a problemas sociales como la delincuencia o la inseguridad, por ejemplo. Como lo establece su definición, es una violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo.

La ONU sostiene que es muy probable que aumenten las tasas de violencia en el hogar mientras se intenta contener el nuevo coronavirus y, por tanto, esta constituye una de las tres formas en las que está afectando particularmente a las mujeres. Las otras dos formas en que las afecta la COVID-19 son el impacto sobre su propia salud y el cuidado de los demás.

Los efectos sobre la salud de las mujeres en Cuba confirman hasta el momento la tendencia mundial: no hay diferencias de género. Hombres y mujeres adultos son el grupo poblacional más afectado.

Los efectos sobre las tareas de cuidado sí exigen consideración mayor, tomando en cuenta su desigual distribución y la necesidad de que las medidas aplicadas por el gobierno cubano abarquen a todas las mujeres (no solo a las empleadas del sector estatal) y atiendan un problema estructural: la carga de trabajo doméstico no remunerado sobre ellas, también en tiempos de crisis.

Las mujeres no podemos ser amortiguadoras de la crisis

Los efectos sobre la violencia requerirán tiempo e instrumentos que permitan medirlos. Esto implica, antes que todo, reconocer la violencia que viven las mujeres cubanas en todos sus tipos, incluida la física, que suele resultar más visible, y también otras como la psicológica y la económica-patrimonial.

Gritarles a las mujeres, insultarlas, prohibirles vestirse de determinada forma o negarles recursos económicos son manifestaciones que a menudo ni siquiera se reconocen como violencia y son justificadas y naturalizadas por quienes las infligen, las viven o conocen.

El papel de los instrumentos e iniciativas contra el problema comienza precisamente por su visibilidad y continúa con el apoyo a las víctimas para que puedan salir de las situaciones de violencia.

 ¿Qué herramientas tenemos en Cuba?

  • La Federación de Mujeres Cubanas cuenta con 174 Casas de Atención a la Mujer y la Familia, cuyo objeto social comprende el apoyo a víctimas de violencia.
  • Los Servicios de Orientación Jurídica del Centro Nacional de Educación Sexual han trabajado de forma continua ante el problema.
  • La provincia de Cienfuegos cuenta con una institución de alcance local. El trabajo de un gabinete jurídico especializado en violencia contra las mujeres fue noticia y la distingue de otros territorios donde se nota la ausencia de un sistema nacional articulado y la concentración de servicios de este tipo en La Habana, extendida a las iniciativas de la sociedad civil.

De ese lado, tres iniciativas son las más difundidas en la actualidad.

  • La Consejería para Mujeres en Situaciones de Violencia del Centro Oscar Arnulfo Romero, en La Habana, apuesta desde hace años por la incidencia desde la cercanía a las víctimas.
  • La consejería del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, en Cárdenas (Matanzas), ha generado diversas alianzas con instituciones gubernamentales que facilitan el proceso.
  • La plataforma digital Yo Sí Te Creo en Cuba, que agrupa a activistas y especialistas contra la violencia de género, activó ante la COVID-19 una línea telefónica que brinda consejería psicológica, asesoramiento legal y acompañamiento a las víctimas. La plataforma ha desarrollado un protocolo de acompañamiento a mujeres en situación de violencia durante las medidas de confinamiento, que aporta líneas de acción vitales para que cualquier persona que viva o tenga conocimiento de hechos de este tipo pueda reconocer la violencia, actuar ante ella y solicitar la intervención de las especialistas de Yo Sí Te Creo, cuando sea necesario.

Estas instituciones e iniciativas representan una información vital para muchas mujeres cubanas. Sin embargo, están muy lejos de garantizar que cada una de las que hoy vive violencia cuente con el apoyo imprescindible para superarla, independientemente de que resida en La Habana o en otra provincia, en una zona urbana o en una rural.

La Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género en Cuba, realizada en 2016, mostró que el 39,6 % de las mujeres ha vivido violencia a lo largo de su vida y el 26,7 %, en los últimos 12 meses. La Constitución de la República reconoce la importancia de erradicarla. Sin embargo, lo impiden varias carencias que superan el marco de la COVID-19.

¿Qué nos falta y qué podemos hacer?

Para superar la violencia contra las mujeres dentro del hogar, una primera clave es contar con una red nacional de casas de acogida, que les provea la salida inicial de su situación y el acompañamiento necesario para continuar el proceso desde el punto de vista psicológico y jurídico.

La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Šimonović, advierte que “el riesgo se agrava ante la carencia de refugios y servicios de ayuda a las víctimas”. Ese problema, que la pandemia actual muestra con carácter de urgencia para las mujeres cubanas, se convierte en la primera clave para pensar políticas integrales sostenidas.

La segunda clave tiene que ver con diseminar el conocimiento acerca de la violencia de género y el compromiso con erradicarla de quienes intervienen en su identificación, denuncia y en el trabajo con las víctimas. Superar la violencia exige una atención integral, como parte de la cual ninguna de las partes involucradas debe naturalizarla o justificarla.

Esto incluye a la atención psicológica, que sin perspectiva de género puede colocar la responsabilidad de la agresión sobre la víctima. Se extiende al asesoramiento jurídico y la investigación policial, acciones que comienzan en la recepción de la denuncia y continúan en el peritaje de los casos. Sin personal capacitado, atento al enfoque correcto, se corre el riesgo de continuar el sufrimiento de la víctima y llevarla a desistir del proceso. Continúa en el proceso penal, al que no llegan muchas víctimas de violencia. Sin personal capacitado, puede existir un alto riesgo de impunidad para los agresores.

La tercera clave corresponde al ordenamiento jurídico cubano. Las acciones de reparación y protección a las víctimas y sus familiares resultan esenciales para entender la violencia contra las mujeres como un problema social y no un asunto individual o el resultado de acciones desviadas. La ausencia de una Ley Integral contra la Violencia de Género obliga a procesar este tipo de actos violentos sin un reconocimiento explícito de su origen (contra las mujeres, por su género), ni siquiera en el caso de los feminicidios. Eso complica la búsqueda de justicia e incide en la cuarta clave: la forma en que la sociedad cubana continúa mirando la violencia contra las mujeres.

La Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género refleja que más de la mitad de la población estudiada, el 51,9 %, considera que en Cuba es poca, mientras que el 8,9 % considera que no existe. Ante las carencias nombradas, que colocan a las mujeres cubanas en una situación vulnerable con las medidas por la COVID-19, los tejidos comunitarios resultan vitales para plantar cara al problema.

Allí donde llega la información sobre medidas higiénico-sanitarias también debería llegar el apoyo especializado y la denuncia social. Pero el dato de la encuesta ilustra, por sí solo, que la pandemia actual es solo un lente de urgencia para la otra.

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