En Cuba, hacer política, entre muchas otras profesiones, se ha convertido en una práctica amateur. Y esto, por dos razones: en primer lugar, porque lo central en la vida política cubana no es la toma de decisiones más efectivas para solventar los problemas que se enfrentan, sino la reproducción sistemática y a toda costa del poder del Partido Comunista;  en segundo, por la cultura de improvisación y experimentación que se ha instalado en la sociedad cubana donde se desestima muchas veces los entrenamientos profesionales rigurosos dando paso a que cualquiera crea que puede hacer cualquier cosa bien; una especie de menosprecio a la división social del trabajo.

Para la elite política cubana, en el fondo, lo fundamental no es que el jefe de gobierno de una ciudad solucione, por ejemplo, el problema de alcantarillados de su localidad, sino que lo haga dentro de los muy estrechos márgenes que le brinda su Partido; y esto usualmente termina por desarticular cualquier capacidad y esfuerzo resolutivo; además, si no lo consigue, importa poco, en tanto la jerarquía partidista se mantenga en pie. De modo que la gestión política no se valora de acuerdo con su efectividad, sino a su lealtad.

Lo antes descrito no es algo exclusivo de Cuba. En todos los países la lealtad resulta central para las organizaciones políticas. El problema radica en que la estructura del modelo político cubano incentiva estas dinámicas porque no permite contrapesos. Es decir, en las democracias liberales si bien la lealtad de un político con su partido es fundamental hacia dentro de la organización, hacia fuera resulta ser su capacidad de gestionar (y de convencer a la gente de que así es) lo que termina siendo determinante a la hora de elegirlo. En el modelo cubano la lealtad termina por ser el único factor en tanto es el Partido “la vanguardia de la nación” y por tanto los ojos de esta, y quien, en última instancia, decide por esta. La nación, (la parte de esta que reside en Cuba) solo ratifica listas al elegir las Asambleas, sin una gama real de opciones.

Dicho todo esto, ¿qué podemos esperar si quienes legislan en casi todo el país son “políticos amateurs”? Tenemos, sin dudas, ministros “pro” en su trabajo (más allá de que nos guste más o menos lo que hacen), pero el profesionalismo no es la norma en la administración del Estado cubano. Incluso en el ámbito de lo político en el que se profesionaliza la “administración pública” la remuneración es particularmente mala, de hecho, de las peores del país. Es decir, el sueldo promedio de los administradores públicos cubanos era de 510 CUP en 2016, lo cual estaba por debajo del salario promedio cubano para ese mismo periodo 740 pesos. Esto, desde luego, obliga a estos administradores o bien a dedicarse a otras actividades económicas a la par que tienen responsabilidades públicas, o bien a usar sus cargos para enriquecerse fuera de los márgenes legales. Porque si en efecto, nadie vive de su salario, la gente vive de otra cosa, en ocasiones ajena a la actividad económica misma que se supone realiza.

La práctica política como profesión no es reconocida en Cuba, no existe una formación profesional abierta a todos que estudien la cosa pública; e incluso, en el caso de la formación de cuadros del PCC, el perfil se reduce a administradores del Estado, pasando por alto elementos como la experiencia en activismos en espacios locales e internacionales, capacidad de liderazgo en escenarios espontáneos, construir equipos de personas capaces de estructurar, comunicar, financiar, e implementar proyectos y, desde luego, alguna experticia para hacer políticas públicas.

En el caso del aparato legislativo cubano basta con mirar a la Asamblea Nacional. Nuestros parlamentarios no se dedican a la política (aunque están obligados a hacer “política”), sino a otras cosas, tienen otros empleos, y cobran de hecho por esos otros trabajos. Esto significa que nuestros representantes en el parlamento se dedican a representarnos y a legislar para nosotros solo como “hobby”.

Hace un tiempo necesité instalar un aire acondicionado en el cuarto donde estoy quedándome en la Habana. El proceso requería abrir un hueco en la pared, llevar la 220 hasta el cuarto, poner un marco de madera en la pared e instalar finalmente el aire en el hueco. Puse manos a la obra e hice lo que creo era más efectivo: llamar a un carpintero para que hiciera el marco de madera, pagarle a un albañil para que abriese el hueco y a un electricista para que llevara la 220 hasta mi cuarto.

De la misma forma, cuando necesitamos destupir el lavamanos de casa no suele ocurrírsenos llamar a un doctor para que solucione el problema, ni tampoco llamamos a un abogado y a su equipo del bufete para que nos “eche la placa” que necesitamos. Uno espera que nuestros legisladores sepan hacer eso, y se dediquen a eso para que se especialicen en proponer leyes que solucionen los problemas que afectan a la gente y convenzan a esa misma gente de que lo hacen.

Cuando anunciaron la comisión temporal para la reforma constitucional imaginaba (o debía esperar al menos) ver allí varios expertos en derecho constitucional. En cambio, tenemos una comisión carente de constitucionalistas, y presidida por el Primer Secretario del Partido, un militar. Esperar una buena propuesta de ahí solo es posible porque la que tenemos hoy no nos sirve de mucho.

No pude pasar mi papelito: mis dudas sobre la nueva Constitución

La ineficiencia anda a sus anchas en casi todos los sectores de la vida nacional, incluida la política. Pero esa ineficiencia tiene una causa: la priorización de la lealtad política y la reproducción del poder del PCC por sobre la capacidad de gestionar. Así que permítanme rectificar: no es ineficiencia, sino una eficiencia torcida, en tanto se articula en torno a objetivos que no son necesariamente para el beneficio de la mayoría, una eficiencia dirigida a producir y reproducir poder para el PCC.

Desde luego no bastaría con pagarles a nuestros representantes en los distintos niveles; de poco valdría; podría hasta ser peor, porque si bien creo que legislan mal, al menos nos sale barato. Pagarle a alguien torpe en una actividad para que la continúe haciendo no va a conseguir que la haga bien. La ecuación debe ser precisamente a la inversa: crear un sistema político que lleve al gobierno a quienes pueden gobernar bien, y que la sociedad les pague por ello en su justa medida. Yo creo que la gente en el fondo es sabia, y que, si les dieran la oportunidad de elegir a sus políticos de forma directa, y con una amplia gama de opciones en proyectos y líderes, lo harían bien la mayor parte de las veces.

Perreo, política y ciudadanía en Cuba