Desde julio de 2020, el uso “ordenado y controlado” de organismos genéticamente modificados (OGM) quedó amparado en Cuba con la publicación del Decreto Ley 4/2020. La norma involucra decisiones de los ministerios de Agricultura y el de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Sin embargo, el tema no es por mucho una novedad, ni en términos de aplicación ni del debate en torno a los beneficios y los peligros que representa.

En 2018 el periódico Granma publicó Tras las huellas de Monsanto, un artículo sobre la demanda interpuesta por el ciudadano Dewayne Johnson contra la multinacional estadounidense por los efectos cancerígenos que le había provocado un herbicida. El órgano oficial del Partido Comunista de Cuba incluyó los cultivos modificados genéticamente en una lista de “seis formas en las que Monsanto destruye la salud”.

Doce años antes, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) exhibía avances en la transgénesis de animales y plantas. Fue en 2006 cuando registró el primer anticuerpo monoclonal obtenido a partir de plantas transgénicas para purificar una vacuna humana (contra la hepatitis B): el CB-Hep.1. “El CIGB ha tomado las medidas pertinentes para evitar posibles riesgos para el entorno al cultivar especies transgénicas”, declararon entonces.

En 2008 se anunció que en cuatro provincias del país se realizaría la primera prueba a campo abierto del maíz modificado genéticamente FR-Bt1, y en 2009 se continuó ampliando su cultivo. En 2010 solo en Sancti Spíritus había más de 2.600 hectáreas.

Ese mismo año, un grupo de científicos cubanos entregó al Centro Nacional de Seguridad Biológica (CNSB) un expediente con información sobre el tema y solicitaron de manera informal una moratoria a la liberación de maíz transgénico en el país.

Por otro lado, ante una solicitud de evidencia sobre evaluaciones de la seguridad del FR-Bt1 para humanos y animales, el director del CNSB, Juan Carlos Menéndez, afirmó que el resultado del proceso de autorización era público; no así la información sobre dicho proceso. Concluyó que el FR-Bt1 sí cumplía los requisitos de seguridad para consumo animal y humano.

Hasta la aprobación del Decreto Ley 4/2020, el empleo de transgénicos estuvo gestionado a partir de autorizaciones singulares. No existía una regulación que controlara específicamente su uso. Como como marco estaba habilitada la Ley 81 para facultar al Citma para el control del medio ambiente y el riesgo biológico. Los preceptos generales del Decreto Ley 190 “De la Seguridad Biológica” regulan en el territorio nacional:

  • a) el uso, investigación, ensayo, producción, importación y exportación de agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de estos con información genética;
  • b) las liberaciones al medio ambiente de agentes biológicos, organismos y fragmentos de estos con información genética, las acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado cubano en materia de seguridad biológica o relacionados con ella, la prevención de accidentes que pudieran originarse y la adopción de medidas destinadas a proteger el medio ambiente y en particular a la población, los trabajadores, los animales y las plantas, de los efectos adversos que puedan provocar las actividades relacionadas con agentes biológicos, organismos y fragmentos de estos con información genética.

También se mantiene vigente un Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Seguridad Biológica de 2007. Fueron estos marcos regulatorios los empleados para otorgar la licencia de siembra del maíz transgénico.

Cuando en 2012 el CIGB debía renovar la licencia otorgada por la Oficina de Regulación, se volvió a pedir una moratoria que, en palabras del agrónomo y doctor en Producción ecológica Fernando Funes Monzote, “permitiría contar con el tiempo necesario para tomar decisiones más conscientes y reflexionar con la participación de toda la sociedad” .

Continúa pendiente un debate como el que Funes Monzote y otros reclamaban, incluyendo actores diversos ya que no se trata de “un problema exclusivo de la ciencia”. Hasta el momento, además, los posicionamientos de autoridades cubanas en relación con el tema han sido contradictorios.

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En 2013, Carlos Delgado, especialista en Bioética, comentó en la Televisión Cubana que aún faltaba un “diálogo social amplio”, que abarcara desde productores hasta consumidores. En el mismo programa, Rogelio Pupo, de la Empresa Productora y Comercializadora de Semillas del Ministerio de Agricultura, añadió que el uso de ese tipo de cultivo no se contemplaba en Cuba por motivos “de seguridad biológica”. De acuerdo con un reporte de la FAO en 2015 Manuel Rodríguez, director general de esa empresa, afirmó que la política del país era “no negociar con nadie que produzca semillas transgénicas”.

Sin embargo, en 2016 el CIGB tenía aprobados en el registro de variedades “dos líneas transgénicas de soya, una variedad transgénica de maíz y tres híbridos transgénicos de maíz”, declaró Abel Hernández, investigador de este centro, en entrevista publicada por  Cubadebate y citada por un dossier de Periodismo de Barrio.

En este contexto de contradicciones y ausencia de una discusión abierta que incluya a científicos, productores y consumidores, las normativas publicadas en julio de 2020 reconocen públicamente el uso de los organismos modificados genéticamente en la agricultura y el consumo humano como una política estatal.

“No estamos diciendo que es el único camino, sino que es una alternativa más, complemento de la agricultura convencional, y es muy importante su vínculo con el momento que atraviesa el país, impulsando la soberanía alimentaria sobre la base de la ciencia, la tecnología y la innovación, la producción nacional y la incorporación de la industria”, dijo el viceministro Armando Rodríguez Batista al presentar el decreto ley en la sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente.

“Esta es una norma que, a la vez que promueve el uso de OGM, crea una estructura que tiene la capacidad de ir conduciendo el proceso desde el punto de vista de la seguridad ambiental y biológica, y desde el punto de vista social”, añadió.

Sin embargo, las opiniones de algunos científicos y agroecólogos cubanos van en dirección contraria a la argumentación estatal.

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En su muro de Facebook, Eduardo Francisco Freyre, profesor titular de la Universidad Agraria de La Habana, se refirió a la carencia de “fundamentos científicos (y) políticos adecuados de este decreto ley”.

“El CIGB y otros factores institucionales vienen haciendo experimentos de laboratorio y a cielo abierto. Pero esa evidencia científica (…) es insuficiente para que se le haya dado luz verde oficial a los transgénicos en la agricultura”, opina. “A medida que una experiencia se generaliza, van apareciendo otros factores no contemplados en los experimentos. (…) No estamos obligados a esperar la confirmación de un desastre, y que se nos haga demasiado tarde para reparar nuestro exceso de confianza”.

Su colega Fernando Funes Monzote comentó, también en Facebook, que “hoy los cultivos transgénicos siguen sin ser una alternativa aceptable para Cuba o el mundo. Donde quiera que se han aplicado, la decisión ha sido guiada por la soberbia del ser humano que sigue camino a su autodestrucción. Hay muchas maneras de lograr la soberanía alimentaria para Cuba y ninguna de ellas son los transgénicos”.

 

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