La Administración Trump ordenó suspender la asistencia de ayuda alimentaria a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario y se acogieron a beneficios financieros como refugiados. La decisión pudiera afectar mayormente a unos 321 000 cubanos y haitianos, quienes tienen respaldo legal para recibir servicios temporales de reasentamiento, incluidos alimentación, atención médica y alojamiento.

Una comunicación emitida el 3 de abril de 2025 por el Departamento de Agricultura señaló que tras la anunciada revocación del parole humanitario a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, identificado con CHNV, quedará automáticamente suspendido el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), también conocido como food stamps, para los beneficiarios de esas cuatro nacionalidades que obtenían cupones o tarjetas de alimentos.

El documento fue enviado a todas las agencias estatales que proporcionan asistencia alimentaria para inmigrantes en el país norteamericano, y estipula que a partir de la fecha del vencimiento del parole, el 24 de abril de 2025, deberán retirarles el SNAP a todas las personas inscritas con ese estatus migratorio.

La medida forma parte de los recortes de beneficios derivados de la política de cierre de fronteras y deportaciones masivas, lanzada por el presidente Donald Trump desde su retorno a la Casa Blanca. 

La instrucción federal aclara que la ayuda alimentaria será retirada de inmediato, a menos que las personas puedan demostrar que se encuentran ya con otro estatus migratorio elegible para el SNAP.

Al anunciar la revocación del CHNV, a finales de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que deberían abandonar el país todas las personas favorecidas por el programa, exceptuando los inmigrantes que hayan solicitado un ajuste de estatus, como asilo, Estatus de Protección Temporal (TPS) o visados de víctimas de delitos (T ó U).

También están exentas de deportación expedita las personas que tengan presentada una reclamación familiar, petición de noviazgo (fiancée) o solicitud de empleado inmigrante, con la correspondiente tasa abonada.

Cubanos afectados por la revocación del parole humanitario: incertidumbre y opciones legales

La revocación del parole humanitario ha dejado a miles de cubanos con más preguntas que respuestas sobre su futuro en EE. UU. Este texto busca aclarar esas dudas y ofrecer información relevante para quienes enfrentan esa situación.

Aunque el comunicado no condiciona a las personas a informar sobre un cambio de estatus para preservar la ayuda alimentaria, lo más recomendable es reportarlo a las autoridades del Departamento de Niños y Familias para asegurar su inclusión en el programa y evitar ser eliminado durante los procesos de certificación de los casos.

Alrededor de 532 000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresaron en Estados Unidos con parole humanitario, cuya solicitud comprometía la responsabilidad de un patrocinador económico para evitar carga pública de los admitidos.

Sin embargo, los cubanos y haitianos cuentan con la protección adicional de la Ley de Ayuda a la Educación de los Refugiados, vigente desde 1980, y la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales, de 1996; las cuales permiten recibir asistencia financiera, servicios médicos, alimentación y capacitación para el empleo a inmigrantes de ambas nacionalidades.

No está claro cuántas personas solicitaron el SNAP y otros beneficios adicionales tras ingresar al país con el parole humanitario. Los beneficios de alimentos no abarcan a nicaragüenses ni a venezolanos, exceptuando casos de necesidades especiales como niños, personas con discapacidad y ancianos.   

Al abrirse el parole para cubanos y haitianos, en enero de 2023, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Niños y Familias, con sede en Washington, aclaró que ambas nacionalidades eran elegibles para recibir ayuda financiera y servicios adicionales, como el SNAP. La asistencia alimentaria puede extenderse hasta 12 meses y solo se extingue si la persona recibe una orden final de deportación.

La comunicación divulgada por el Departamento de Agricultura recuerda que todos los cubanos y haitianos no afectados por una orden final de expulsión tienen derecho a recibir asistencia como refugiados.

En total, 110 240 cubanos y 211 040 haitianos ingresaron a Estados Unidos bajo el parole humanitario. Sin embargo, muchos de ellos han logrado regularizar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano (CAA) y el TPS para haitianos, que se implementó en 2024 y se extenderá hasta el 3 de agosto de 2025.

No aparecen mencionados en la directiva de recorte alimentario personas que ingresaron por la frontera con la aplicación CBP One o cuentan con un documento de libertad bajo supervisión (I-220A), cuyos casos están en proceso de asilo o revisión de estatus. 

En relación con los cubanos, se calcula que solo se verían afectados por la anulación del parole unos 26 000, quienes entraron al país después de marzo de 2024 y aún no han cumplido un año de permanencia en territorio estadounidense.

¿Cómo aplicar a las ayudas de alimentos (food stamps) en Estados Unidos?

En la comunidad de emigrantes cubanos en Estados Unidos, una de las ayudas más discutidas y mencionadas son los bonos de comida (food stamps). La ayuda responde al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) que proporciona beneficios para la compra de alimentos a personas y familias de bajos ingresos. 

Willy Allen, abogado de inmigración de Miami, restó importancia a la restricción alimentaria y consideró que para los cubanos con parole humanitario que no han regularizado su estatus migratorio, la mayor preocupación debe ser la cancelación de sus permisos de trabajo.

«La Ley de Ajuste Cubano tiene el poder de perdonar incluso a las personas que permanecen con visas y estatus expirados, y al final su protección mayor se va a imponer por encima de todas las demás regulaciones administrativas», opinó Allen.

El experto también alertó sobre dos demandas federales interpuestas contra el DHS por la revocación del parole humanitario, las cuales pudieran alterar las decisiones relacionadas con los beneficios del programa migratorio.

Una demanda fue presentada en un Tribunal de Boston por beneficiarios, patrocinadores y la organización Haitian Bridge Alliance, con el liderazgo del Justice Action Center; la segunda se litiga en un Tribunal de Washington D. C., impulsada por grupos defensores de los inmigrantes y la representación legal de Justice Action Center.

Ambas acciones legales tienen audiencias fijadas para la semana entrante, pero los jueces a cargo pudieran emitir órdenes temporales para paralizar el curso de la revocación del CHNV, así como la suspensión de los programas para inmigrantes ucranianos y refugiados afganos.