Una parada de tráfico en Miami bastó para cambiar la vida de Jorge González de Dios, un cubano con I‑220A. Sin fecha de Corte ni antecedentes penales, con un proceso de residencia en trámite y su permiso de trabajo vigente, Jorge no había cometido delito alguno ni tenía orden de arresto. Aun así, terminó esposado y fue entregado a ICE.

Primero, lo llevaron al centro de detención Dania Beach, un recinto pensado para retenciones de no más de 24 horas. Allí permaneció una semana, esperando ser trasladado a Krome, en Miami-Dade, sitio que estaba sin capacidad. Finalmente, fue enviado junto a otros detenidos al nuevo complejo carcelario abierto en los Everglades, el polémico centro conocido como Alligator Alcatraz.

En una conversación exclusiva con elTOQUE, su esposa, quien prefirió el anonimato, contó lo ocurrido. Madre de un bebé de seis meses, supo lo que había sucedido cuando él logró comunicarse desde el centro de detención.

Cuando lo trasladaron a Alcatraz, su nombre desapareció del sistema de localización de personas detenidas por ICE. «Solo supimos que estaba allí porque pudo llamar. Cuando no aparecen en el sistema, legalmente los abogados no pueden hacer nada». 

Aunque días después González fue registrado nuevamente y su abogada pudo solicitar una audiencia de fianza (para el 17 de julio de 2025), «lo han vuelto a quitar del sistema», relata angustiada la esposa. 

Traslados sin aviso, incertidumbre legal: continúa la angustia de los familiares de cubanos detenidos por ICE

La incertidumbre crece entre familiares de cubanos detenidos por ICE. Mientras algunos son reubicados sin previo aviso a cientos de millas, otros siguen incomunicados o sin acceso a representación legal adecuada.

Según verificó elTOQUE con dos abogados que llevan casos de detenidos por ICE, hay grandes retrasos en el sistema de registro de los detenidos, lo cual está generando dificultades y demora en la presentación de recursos de defensa legal.

«Allí no están los grandes criminales. Están los que atraparon en citas de ICE o en la calle. Dios permita que logre salir de ese lugar», dice angustiada la esposa del cubano detenido.

Alligator Alcatraz fue construido en menos de diez días, sin estudios ambientales ni audiencias públicas, bajo poderes de emergencia del gobernador Ron DeSantis. Se alzó en el antiguo aeropuerto Dade-Collier, dentro de la Reserva Nacional Big Cypress, un territorio frágil y sagrado para tribus Miccosukee y Seminole.

Fue inaugurado el primero de julio de 2025 con la presencia del presidente Donald Trump y se vendió políticamente como un espacio reservado para los «peores criminales ilegales». Sin embargo, reportes de medios locales, testimonios familiares y declaraciones de legisladores del condado Orange confirman que la mayoría de los internos no tienen historial delictivo: son solicitantes de asilo, titulares de TPS o personas, como este cubano, que esperan el avance de sus casos migratorios.

Lo que ocurre dentro del centro solo se conoce por llamadas telefónicas breves. Los detenidos dicen que tienen una sola comida al día, la luz permanece encendida siempre y les impide el descanso; baños escasos, sin suficiente agua para la higiene, confiscación de Biblias y restricciones a la práctica religiosa.

También se habla de mosquitos cuyas picaduras provocan inflamaciones graves. Algunos internos muestran deterioro mental acelerado por la falta de medicamentos y la ansiedad constante.

Fuera del recinto, el centro enfrenta demandas ambientales impulsadas por organizaciones como Amigos de los Everglades y el Center for Biological Diversity, así como denuncias de violación de acuerdos con pueblos originarios. Las demandas alegan que el complejo destruye hábitats esenciales y que se construyó sin la consulta previa obligatoria.

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade, pidió al gobernador DeSantis poder supervisar el centro de detención, que especificó es propiedad de los contribuyentes del condado, «aunque el Estado haya tomado el control del mismo a través de los poderes de emergencia».

«Nuestra comunidad es la casa de una gran cantidad de personas de diversos países de todo el mundo, muchos de los cuales huyeron de la violencia y la opresión, buscando el Sueño Americano. Ellos son nuestros vecinos, colegas y amigos. Sin embargo, ahora mismo, las agencias de inmigración federal, con sus acciones, priorizan el miedo y la coacción sobre la compasión y la justicia», añadió Levine Cava.

En este sentido, Daniella Levine criticó las políticas de la Administración Trump que eliminó las protecciones a los inmigrantes; expresó que se deberían concentrar los esfuerzos en asegurar las fronteras y deportar a criminales peligrosos, en vez de eliminar las protecciones de las personas que cumplen la ley y contribuyen a la economía.

Para Bacardi Jackson, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida: «[las leyes estadounidenses] prohíben los castigos crueles e inusuales. Sin embargo, este centro evoca parte de la historia más oscura de nuestra nación, al tiempo que pisotea la misma tierra que las comunidades indígenas han luchado por proteger durante mucho tiempo».

El exalcalde de Miami y primer cubano en ocupar ese cargo, Xavier Suárez, también ha expresado su rechazo a la existencia del centro y a la narrativa que lo rodea. «Siempre he estado a favor de la inmigración. Soy inmigrante, ¿cómo no estarlo? Me entristece ver cómo tratan a las personas, la retórica que usan», declaró recientemente.

También alertó sobre los riesgos ambientales que implica esta instalación en un ecosistema tan frágil como el de los Everglades.