Dos cubanos con presuntos antecedentes penales fueron deportados a Sudán del Sur, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) en rueda de prensa el 21 de mayo de 2025. Se trata de Enrique Arias Hierro —supuestamente condenado por homicidio, robo a mano armada, hacerse pasar por un oficial, etcétera— y José Manuel Rodríguez Quiñones —asesinato en primer grado, asalto, tráfico de sustancias, etcétera—. El primero fue detenido el 2 de mayo y el segundo el 30 de abril.

Los deportados forman parte de un grupo de diez hombres en el que solo uno es ciudadano de Sudán del Sur. La explicación oficial de las autoridades estadounidenses es que estas personas no fueron aceptadas por sus países de origen ni por ningún otro, con excepción de Sudán del Sur. En la comunicación oficial, la Administración Trump dio a entender que los crímenes cometidos por estos individuos eran especiales o diferentes.

El investigador del Concejo de Inmigración Americano, Aaron Reichlin-Melnick —quien anteriormente trabajó de abogado de los Cuerpos de Justicia para Migrantes—, confirmó que los deportados habían cometido crímenes. Aunque es probable que algunos de ellos ya hubieran cumplido su condena, cuestión que también mencionó Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Protección de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El investigador añadió que los crímenes cometidos eran «atroces», pero que no eran diferentes a los de muchas personas que en la actualidad cumplen condena en EE. UU.

Trump convierte Guantánamo en centro masivo para inmigrantes deportados

El presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva el miércoles 29 de enero de 2025 para expandir el Centro de Operaciones para Migrantes (GMOC, por sus siglas en inglés), el cual tendría capacidad para 30 000 personas.

Brian Murphy, juez federal de Massachusetts, ordenó el 20 de mayo a la Administración Trump que no transfiriera la custodia de estos migrantes a un tercer país. Según Reichlin-Melnick, la orden de Murphy no impedía que ICE los detuviera o deportara, sino que les diera una «oportunidad» para desafiar legalmente su deportación.

Reichlin-Melnick apuntó que la orden de Murphy no se incumple al llevar a los deportados a Sudán del Sur, sino si son bajados del avión y entregados a las autoridades sursudanesas. El DHS dijo en la conferencia de prensa que el avión aterrizaría en Sudán del Sur, pero que luego podría ir a otro lugar, precisión que no fue aclarada a pesar de las preguntas de los periodistas.

Sin embargo, el juez Murphy declaró más tarde, el 21 de mayo, que sí habían incumplido su orden al no haberles dado oportunidad de objetar su deportación y haberlos llevado a un país peligroso.

Sudán del Sur es el país más joven del mundo. También uno de los más pobres e inestables. Se encuentra en el centro de África. Es probable que en el futuro cercano se desarrolle en su territorio una guerra civil o conflictos violentos. El Departamento de Estado de EE. UU. aconsejó a sus ciudadanos no viajar a dicha nación por riesgo de secuestro, alta criminalidad y conflictos armados.

No es la primera vez que el actual Gobierno estadounidense deporta a migrantes a terceros países. A principios de 2025, la Administración Trump llegó a un acuerdo con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, para transferir a algunos migrantes al Cecot —una megaprisión que pertenece al Estado salvadoreño—.

En febrero de 2025, varios medios publicaron las fotos de migrantes asiáticos deportados desde Estados Unidos hacia Panamá. Pedían ayuda con carteles improvisados desde un hotel de lujo reconvertido en centro de detención. Otro país centroamericano, Costa Rica, también aceptó recibir temporalmente a migrantes expulsados que eran nacionales de un tercer país. Otro grupo de migrantes fueron enviados a un centro masivo de detención en la Base Naval de Guantánamo —aunque técnicamente se trata de territorio estadounidense—.