No pocos economistas cubanos, de dentro y fuera de la isla, han hecho propuestas económicas al Gobierno. En particular desde 2019, coincidiendo con la mayor crisis financiera y productiva del país en los últimos 30 años. Uno de ellos es el profesor universitario Mauricio de Miranda Parrondo, quien recientemente publicó sus «Diez propuestas de medidas de política económica para Cuba». Ese programa forma parte de un proyecto mayor, de reformas en diversos ámbitos, promovido por la plataforma Cuba Próxima.

«Un Gobierno totalitario puede adoptar medidas correctas. Los chinos y los vietnamitas tomaron medidas económicas muy arriesgadas frente al dogma. Medidas que cambiaron totalmente sus sociedades sin mover un milímetro del control político, cosa que a mí no me gustaría que pasara en Cuba», declaró recientemente De Miranda, al resaltar la importancia de promover un marco para el bienestar material y la participación ciudadana.

En un mundo ideal, las reformas económicas solo deberían ser efectivas si se complementaran con aperturas políticas de igual magnitud. Pero las experiencias de las dos naciones asiáticas demuestran lo contrario. Allí, la prosperidad material acabó siendo aprovechada por el Estado para sofocar las disidencias de cualquier signo.

«El mejor escenario sería ir avanzando en las reformas estructurales de la economía, y al mismo tiempo ir permitiendo el empoderamiento de la sociedad, con una profunda transformación de nuestras instituciones y del sistema político», expuso el actual profesor de la Universidad Javeriana de Cali, en Colombia.

O Praga o Beijing

Entre todas las recomendaciones, las económicas son las que mayor posibilidad tienen de ser atendidas por el Gobierno. No sería la primera vez. En el pasado reciente las autoridades asumieron de manera implícita iniciativas de economistas emigrados o críticos con la estrategia oficial, en temas como la gestión agropecuaria o la formación de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El «decálogo económico» de De Miranda contiene las propuestas siguientes:

1. Orientar las inversiones estatales, en asociación con empresas privadas y cooperativas, hacia la recuperación de los sectores industrial y agropecuario, y las infraestructuras de comunicaciones y transporte.
2. Eliminar las restricciones al emprendimiento privado y cooperativo en las 112 actividades actualmente prohibidas, en especial las relativas a los sectores industrial, agropecuario, de comunicaciones, transportes y servicios.
3. Eliminar las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE).
4. Eliminar el rol empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (GAE).
5. Reorganizar el Estado reduciendo la burocracia.
6. Eliminar del gasto público las asignaciones correspondientes a las organizaciones políticas y de masas.
7. Dictar una ley de empresas que elimine los monopolios estatales, fomente la inversión extranjera y de emigrados, y garantice la igualdad de condiciones para todos los actores económicos.
8. Eliminar la MLC y otras formas de pago alternativas al CUP.
9. Establecer un régimen cambiario flexible, con una banda cambiaria regulada por el Banco Central.
10. Reincorporar a Cuba al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Tres de ellas podrían implementarse sin cambios de base en cuanto a la institucionalidad o el discurso oficial: las relativas a las inversiones, las OSDE y la reducción de la burocracia. Y otras dos serían aplicables en alguna medida: la eliminación de la MLC y el establecimiento de una banda cambiaria. Pero las cinco restantes se perfilan como «inaceptables» para el sistema por la confrontación directa que le hacen.

De Miranda es de la opinión, sin embargo, que la isla ha llegado a un momento límite, que no permite seguir demorando las soluciones. «Las sanciones estadounidenses son obstáculos para el desarrollo, pero no está en nuestras manos decidir al respecto. Lo que sí puede hacer el Gobierno cubano —y tiene, además, la responsabilidad de hacerlo— es adoptar las medidas para salir de la crisis en que se encuentra el país. Una crisis que se agravó con la pandemia, pero en realidad venía de mucho antes, porque es estructural», sentenció.

Algunos de los ítems del programa económico han sido contemplados por el propio Gobierno (las tiendas en MLC se consideran apenas un mal menor), y pudieran presentarse como resultado de un proceso de corrección de «distorsiones» de la Tarea Ordenamiento; otros, como se apuntaba, entran en conflicto con la naturaleza misma del sistema. Al menos uno no está en manos del Gobierno de la isla, estrictamente hablando. Es el caso de la integración de Cuba a los organismos multilaterales de crédito. En el FMI, por ejemplo, Estados Unidos es el único país con derecho a vetar potenciales adhesiones.

Sin importar los obstáculos probables, regresar a los organismos multilaterales de crédito debería ser una prioridad para el país, consideró De Miranda. «Cuba necesita con urgencia un Plan Marshall, pues ni los recursos del Estado ni la capacidad de ahorro de su población bastan para impulsar la recuperación».

Al discutir sobre la viabilidad de sus propuestas, el comunicador social Alexei Padilla Herrera, miembro de Cuba Próxima, se preguntó si existirían mecanismos para forzar al Gobierno a adoptar decisiones con las que no estuviera de acuerdo. «Me refiero a la posibilidad de transformarnos en ciudadanía, en lugar de “estadanía” [concepto de un teórico brasileño que designa a la ciudadanía que pierde tal condición por hallarse subordinada al Estado]», detalló.

«La efectividad de un Gobierno se mide por su capacidad para generar bienestar, y en ese sentido los resultados del cubano creo que están claros», le replicó De Miranda. Bienestar y legitimidad están estrechamente relacionados, «pero en nuestro país habría que preguntarse a quién beneficia que no sea así», acotó.

Sin la exigencia parlamentaria o judicial, solo el peso de las circunstancias y el activismo de la sociedad civil podrían forzar al Gobierno a aplicar el «decálogo económico». Y en qué medida hacerlo.

Para encontrar los referentes que mejor definen la encrucijada planteada ante la isla conviene remontarse a 1989. Ese año, en Praga, se inició el desmontaje de la Checoslovaquia del «socialismo real», para establecer una sociedad hoy radicalmente distinta. Por las mismas fechas, miles de kilómetros al este, en Beijing, el Partido Comunista copaba las protestas en Tiananmén dando varias vueltas de tuerca a su programa de reformas de mercado, del que surgiría un país también impensable por entonces. Cualquiera de esos escenarios pudiera ser el de la evolución probable de Cuba. Sin importar el que en definitiva se adopte, la realidad de los hechos es que Cuba está obligada a cambiar.

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