Durante la última década en Cuba fueron procesados legalmente al menos 128 casos de trata de personas, según los informes sobre la prevención y el combate de la trata de personas publicados por el Gobierno desde 2013. Aunque la cifra puede considerarse un subregistro, permite evaluar cuáles son las tendencias y desafíos respecto al flagelo en la isla. 

Estos documentos oficiales confirman y reconocen que delitos como la corrupción de menores, la explotación sexual infantil, el proxenetismo y los abusos sexuales ―muchos de los cuales han presentado agravantes como el tráfico de drogas y la falsificación de documentos― son problemas que afectan a nuestra sociedad. Incluso, un patrón recurrente, y preocupante, es que muchas mujeres y niñas se convierten en víctimas de trata a manos de personas con las cuales mantienen vínculos de parentesco, afecto y confianza.

Pocos casos registrados en muchos años

Durante el período comprendido entre 2011 y 2022, fueron presentados ante los Tribunales Populares Provinciales cubanos un total de 124 casos de trata de personas. La mayoría de los delitos fueron proxenetismo y corrupción de menores, con 61 casos cada uno, enfocados en la explotación sexual de mujeres y niñas cubanas.

Desde 2013, con excepción de 2016, el Gobierno cubano ha publicado anualmente un resumen ejecutivo en el que se presentan las acciones implementadas para la protección de las y los ciudadanos, las medidas de prevención, capacitación y enfrentamiento, así como un resumen de las causas juzgadas. 

Al observar el total de casos presentados en los informes anuales, destaca la disminución del número de procesos juzgados durante la pandemia por COVID-19 (2021-2022).

Según un informe presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), es posible que tanto las autoridades policiales como judiciales hayan experimentado obstáculos en la continuación de las investigaciones y procesos judiciales relacionados con la trata de personas, lo que podría haber resultado en suspensiones o retrasos en dichos procedimientos. 

La ONU también advierte que en el Caribe la capacidad de identificar, asistir y buscar justicia para las víctimas de trata probablemente se haya visto afectada por los desafíos derivados de la pandemia. Sin embargo, para comprender a cabalidad el impacto que tuvo la pandemia en el procesamiento de estos casos en Cuba, se necesitaría mayor información que la que se encuentra en los informes públicos, disponibles en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex). 

Cuba: ¿«tolerancia cero» ante cualquier modalidad de trata de personas?

El Gobierno cubano se posiciona a través del discurso en contra de la trata de personas. Sin embargo, no existen protocolos específicos —que sean conocidos— para brindar asistencia a las víctimas de ese delito fuera de sus fronteras. Además, varios organismos internacionales advierten que la violación de los derechos de los médicos internacionalistas es una modalidad de esclavitud moderna.

El 96 % de los casos presentados en los informes cubanos ocurrieron en territorio nacional, lo cual alerta sobre la importancia de visibilizar estos delitos en los medios de comunicación a nivel local y nacional como medida de prevención. 

En los informes publicados hasta 2016 no se especificó en qué provincia fueron juzgados los hechos reportados. No obstante, según los datos disponibles, entre 2017 y 2022 los delitos se concentraron principalmente en La Habana, seguida por Villa Clara, Ciego de Ávila, Artemisa y Camagüey.

En el 45 % de los casos presentados ante los tribunales se registraron otros delitos asociados a la trata de personas. La mayoría de los casos involucraron cargos por delitos de cohecho, amenazas, lesiones y corrupción de menores, tráfico de drogas, falsificación de documentos, violaciones y abusos lascivos de carácter continuado. 

Entre víctimas y victimarios 

En 2021, el Tribunal Provincial de Granma sentenció a la madre de dos menores de edad con discapacidad intelectual moderada por el delito de corrupción de menores y abuso sexual agravado contra su hija de 10 años. La señora, que mantenía relaciones con diferentes hombres con el propósito de obtener beneficios económicos, decidió facilitar el acceso de sus clientes a su hija. La madre fue sentenciada a 14 años de privación de libertad y dos de los perpetradores fueron encausados por las autoridades.

Este es uno de los 75 casos de trata de personas relacionados con menores de edad que fueron declarados en los informes del Gobierno cubano. Los casos se caracterizan principalmente por la explotación sexual de niñas, cuyas edades oscilan entre los 10 y los 15 años. En la mayoría, los victimarios eran conocidos de las víctimas (41 %), las madres (26 %), personas del círculo familiar (16 %).

Aunque por lo general los casos presentados en los informes correspondían a una sola víctima, hubo 21 procesos en que la trata fue múltiple. Según declararon las autoridades cubanas, los tratantes emplearon diversos métodos para someter a las víctimas; tales como el engaño, la coerción, las amenazas y el aprovechamiento de relaciones familiares o de pareja. En 94 de los casos presentados se declaró el carácter forzado o el uso de violencia física y amenazas por parte de los perpetradores. 

Aunque en la mayoría de los casos se registró un solo tratante implicado, se reportaron 28 procesos en los que también fueron juzgados los cómplices. Al analizar el perfil de los acusados, resalta que la mayoría de los tratantes fueron hombres cubanos que actuaron como proxenetas abusando de su vínculo como parejas, familiares o conocidos de las víctimas (114 hombres), aunque también se registró la participación de 50 mujeres. 

Los informes no recogen de forma sistemática los datos de las víctimas y los victimarios. En solo 17 casos se presentó la edad de los acusados, que iba desde los 18 hasta los 70 años, y en 27 casos se declaró el vínculo del o los cómplices, que eran principalmente conocidos de las víctimas, padrastros o «clientes».

Las sanciones más comunes impuestas a los tratantes fueron la privación de libertad, con penas que oscilaban entre 3 y 25 años. En lo que respecta a las sentencias impuestas a los cómplices, la mayoría de ellos fueron condenados a penas de prisión que oscilaron entre 4 y 30 años. Además, se aplicaron sanciones más leves que incluyeron penas de 3 a 4 años con la posibilidad de remisión condicional (sustituye la privación de libertad por la libertad con supervisión), así como trabajos correccionales con y sin internamiento.

La presencia de redes de trata en Cuba

En 2018, un ciudadano mexicano llegó a Cuba en una lancha rápida con el propósito de recoger a un grupo de cubanos que planeaban salir de la isla de manera irregular con la intención de llegar a Estados Unidos. Las personas fueron trasladadas a una casa en México, donde quedaron retenidas hasta que pagaron una suma de dinero determinada por el líder de la red criminal.

El grupo fue contactado y persuadido por otro cubano identificado como ANV, quien había decidido tiempo atrás unirse a la red tras no poder costear su propio viaje. Como parte del acuerdo, ANV aceptó convencer a otros cubanos de emigrar de forma irregular a México. 

El cubano no solo logró persuadir a sus connacionales de poner en peligro sus vidas, sino que también desempeñó funciones de vigilancia, cometió actos de violencia e intimidación contra los detenidos y se encargó de comunicarse con sus familiares para extorsionar dinero a cambio de su liberación.

En algunos casos, las víctimas de esta red de trata internacional fueron obligadas a trabajar y a contactar a sus familiares para obtener dinero y así lograr su liberación. En una ocasión, una madre tuvo que vender su casa para obtener el dinero requerido por los captores para liberar a su hijo ante la amenaza de que fuera asesinado. La esposa de ANV recibió el dinero y lo entregó a otro miembro de la red.

En 2019, ANV fue sancionado a 25 años de cárcel por el delito de privación de libertad (secuestro) y su esposa cumplió una sanción de 4 años y 8 meses por su rol de cómplice. Los dos ciudadanos mexicanos implicados fueron sentenciados a 25 y 20 años de prisión. 

Una red de trata suele involucrar a múltiples personas que trabajan en conjunto para reclutar, transportar, alojar, explotar y, en última instancia, obtener ganancias de las víctimas. Estas redes pueden operar a nivel local, nacional o internacional.

El delito a menudo implica la explotación de múltiples víctimas y puede manifestarse en diversas formas, como la explotación sexual, la explotación laboral, la servidumbre por deudas, la extracción de órganos. Según los informes publicados por el Gobierno cubano, en la última década se registraron 8 procesos judiciales que indican la existencia de redes de trata en el país, de ellos 3 fueron desarrollados en territorio nacional, 2 en Ecuador y los restantes en México, Trinidad y Tobago y Angola.

El principal delito por el que fueron procesados los acusados fue explotación sexual. Además, se registró la adopción ilegal de una menor de dos meses de edad y el caso relatado de privación de libertad de un grupo de migrantes cubanos que ingresaron de forma irregular a México. En ambos casos estuvieron implicados ciudadanos mexicanos. 

¿Qué dice la legislación cubana?

La trata de personas es un delito grave que consiste en la explotación de seres humanos con el propósito de obtener ganancias. La explotación puede manifestarse de diversas maneras, incluidas la explotación sexual, la laboral, la servidumbre, la esclavitud, la extracción de órganos. Además, involucra el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas mediante el uso de la fuerza, el engaño o la coerción con el objetivo de explotación. También abarca el matrimonio forzado, el reclutamiento de niños soldados, la mendicidad forzada y la trata de personas con fines de explotación de la mendicidad.

Cuba es Estado parte en diversos tratados y acuerdos internacionales que guardan relación directa o indirecta con la trata de personas. Destaca entre estos la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños. 

Adicionalmente, en la isla existe el Decreto Ley 316 modificativo del Código Penal y de la Ley contra actos de terrorismo, que establece sanciones para aquellos que adquieran, conviertan, transfieran o utilicen recursos con el fin de ocultar su origen ilícito, especialmente en casos vinculados con actividades de crimen organizado y otros delitos graves como la trata de personas.

Sin embargo, en el Informe sobre Trata de Personas 2023 emitido por Estados Unidos se señala a Cuba por no hacer lo suficiente para combatir la trata de personas. El documento destaca que las autoridades cubanas no investigaron casos de trata en 2021 y que continuaron coaccionando a las personas para participar en programas de exportación de mano de obra como las misiones médicas «internacionalistas».

Al respecto, Estados Unidos hace una serie de recomendaciones para abordar estos problemas, incluidas garantizar salarios justos, investigar y enjuiciar a traficantes, y capacitar a funcionarios en la identificación de víctimas de trata.

Por su parte, la ONU recomienda que para prevenir y atender los casos de trata es fundamental adoptar enfoques basados en los derechos humanos y en la igualdad de género. Esto implica garantizar el acceso a servicios de justicia y apoyo social sin discriminación y salvaguardar el acceso a la justicia para las víctimas.

Además, es esencial que los agentes encargados de hacer cumplir la ley estén atentos a las nuevas modalidades delictivas y adapten sus respuestas para evitar la impunidad de los tratantes. Los proveedores de servicios deben ser flexibles para satisfacer las necesidades de las comunidades, y la recopilación y análisis de datos sobre la trata de personas debe ser una prioridad para entender y abordar el problema en diferentes regiones. Por último, es fundamental llevar a cabo campañas de concienciación en el espacio público para que las víctimas comprendan que no están solas y que tienen derechos.