La subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), Johana Tablada, dijo en un post de Facebook que «Cuba tiene una política de tolerancia cero ante cualquier modalidad de trata de personas». La publicación de la funcionaria fue una respuesta al Informe sobre la Trata de Personas, presentado en junio por el Departamento de Estado de EE. UU, en el que se advierte que el Gobierno cubano «no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la eliminación de la trata».

La afirmación de la funcionaria es ENGAÑOSA. Si bien las autoridades cubanas son estrictas en la judicialización de los casos que procesan como trata, persisten otras carencias como la ausencia de protocolos para asesorar a víctimas que se encuentran en otros países. De igual modo, el Gobierno no reconoce las causas internas, especialmente la precarización de la vida en Cuba, que pueden incidir en la proliferación de ese tipo de delitos.

El abogado Eloy Viera, coordinador de elTOQUE Jurídico, precisa que «esos protocolos, si existen, no son públicos» y añade que «el hecho de no ser públicos impide que las víctimas tengan un referente en cuanto a dónde acudir». Es decir, las personas afectadas por ese delito muchas veces no saben si pueden pedir asistencia o asesoramiento en las oficinas consulares cubanas en el exterior.

El caso reciente del reclutamiento de los cubanos Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz —que denunciaron haber sido engañados y enviados a Rusia para participar en la invasión a Ucrania— revela las fisuras del Informe cubano publicado el 15 de agosto de 2023 sobre la prevención y enfrentamiento a la trata de personas. El documento destaca «la ausencia de redes delictivas organizadas que estén radicadas en el país».

Sin embargo, veinte días después, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una nota en la que las autoridades de la isla reconocieron que «Cuba enfrenta operaciones de trata de personas con fines de reclutamiento militar», a raíz de las declaraciones de los dos jóvenes retenidos en Rusia. Ante la pregunta de si habían contactado con la Embajada cubana en ese país, ambos dijeron que no sabían cómo hacerlo. 

Cubanos en la guerra de Ucrania: entre la trata de personas y el mercenarismo

La promesa de remuneración y beneficios migratorios llevó a varios cubanos a la guerra en Ucrania. Declaraciones recientes del Gobierno cubano aluden a una red de tráfico de personas tras las operaciones de reclutamiento.

Otra realidad que pone en duda la «tolerancia cero» de Cuba son las frecuentes denuncias internacionales realizadas por organismos defensores de derechos humanos sobre violaciones en la exportación de personal médico. El reporte de Estados Unidos, con datos de 2021, refiere que en Cuba hay «una política o patrón gubernamental para sacar provecho de los programas de exportación de servicios profesionales, con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente en su programa de misiones médicas en el extranjero».

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), la trata de personas es «el proceso por el cual se somete y mantiene a un individuo en una situación de explotación con ánimo de extraer de él un beneficio económico». 

Restricciones y abusos: denuncias de internacionalistas cubanos

Entre los aspectos que señala el informe estadounidense se encuentra el uso de «tácticas engañosas y coercitivas», así como «violaciones laborales» contra los profesionales de la salud cubanos en países extranjeros. En ese sentido, en 2021, más de mil extrabajadores de «misiones médicas», respaldados por la ONG internacional Prisoners Defenders (PD), presentaron una denuncia contra el Gobierno de la isla ante la Corte Penal Internacional y la ONU.

La organización reveló que «el 75 % de los denunciantes no se ofrecieron como voluntarios para el programa y que el 33 % nunca firmó un contrato. Además, el 69 % desconocía su destino final y el 38 % tuvo sus pasaportes confiscados por los funcionarios cubanos», según los testimonios recopilados. Concluyó, además, que «el 76 % de las víctimas tenían “cuidadores” asignados [agentes gubernamentales] y que no podían relacionarse libremente con la población local. Asimismo, el 79 % experimentó restricciones de movimiento».

En mayo de 2022, otras ONG como Outreach Aid to the Americas y la Fundación Internacional para la Libertad, junto a Prisoners Defenders, denunciaron en Ciudad de México que los médicos cubanos en misiones estatales en el exterior trabajan en condiciones de «esclavitud moderna». Para demostrarlo reunieron decenas de testimonios de profesionales de la isla.

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El anuncio del presidente de México sobre la contratación de más médicos cubanos evidencia varias incoherencias de la Administración de AMLO y aporta nuevas evidencias en relación con la alianza política con el Gobierno de La Habana.

El reporte publicado en 2022 por el Departamento de Estado de EE. UU. puntualiza además que el Gobierno cubano «no informó a los participantes sobre los términos de sus contratos, los que varían de un país a otro; confiscó sus pasaportes, credenciales profesionales y salarios; y amenazó a los profesionales de la salud y a sus familiares si los médicos abandonaban el programa».

No obstante, las denuncias de los profesionales del sector que realizan misiones internacionalistas comenzaron hace varios años. Por ejemplo, en junio de 2021 el Parlamento Europeo aprobó una Resolución que alerta sobre las condiciones a las que son sometidos los cubanos enviados a misiones médicas en el exterior.

En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también incluyó en su informe anual las preocupaciones de mecanismos de Naciones Unidas sobre la explotación de personal médico cubano en el extranjero. La CIDH hizo referencia a un reporte enviado en noviembre de 2019 por María Grazia Giammarinaro, relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y por Urmila Bhoola, relatora especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, en el que se denuncian «presuntos abusos de derechos humanos sufridos por médicos de Cuba que participan en “misiones de internacionalización”».

El análisis de las relatoras apuntaba que «las condiciones de trabajo reportadas podrían elevarse a trabajo forzoso, según los indicadores establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)».

La definición de trabajo forzoso consta de dos elementos básicos. Por un lado, se refiere a un tipo de trabajo o servicio que se exige bajo la amenaza de una pena; por otro, enfatiza que este se lleva a cabo de forma involuntaria. «La pena no tiene por qué ser necesariamente una sanción penal, sino que también puede consistir en una pérdida de derechos y privilegios», puntualiza la OIT.

En ese sentido, la Resolución 368/2020 del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) establece un «Reglamento Disciplinario para los trabajadores civiles cubanos que prestan servicios en el exterior como colaboradores». Entre las prohibiciones que pueden ser sancionadas está la de participar en actos públicos de carácter social sin la debida autorización; emitir criterios o valoraciones en redes sociales sin instrucciones previas; sostener relaciones de amistad o vínculos con personas contrarias al Gobierno. También limita la posibilidad de conducir medios de transporte sin el permiso de las autoridades cubanas.

Por otro lado, los trabajadores del sector de salud calificados como «desertores e indeseables no pueden regresar a Cuba durante ocho años en virtud de la Ley de Migración (…) y el Gobierno los clasifica como emigrantes, sin que se les permita visitar a sus hijos o familiares en Cuba», según condenó el Parlamento Europeo con la Resolución del 12 de julio de 2023 sobre el estado del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba.

La investigadora Maria C. Werlau, directora de Archivo Cuba, advierte que «existen diversos acuerdos internacionales de relevancia que ratifican la ilegalidad de los esquemas de exportación de servicios de salud implementados por el Estado cubano en la actualidad». Werlau destaca en su investigación la presencia de elementos violatorios de derechos como la confiscación de los salarios.

«Casi siempre el Estado cubano recibe el pago en moneda dura de parte del Estado contratante o de la organización internacional que subvenciona los servicios de salud, y a su vez paga a los trabajadores una fracción de dichos ingresos que oscila entre el 5 % y el 25 % (…), de manera que el Estado cubano típicamente ingresa a sus arcas entre el 75 % y el 95 % de los pagos», afirma Werlau.

Esa realidad contrasta con el hecho de que Cuba ha asumido diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo relacionados con derechos laborales, como el Convenio 29 sobre Trabajo Forzado u Obligatorio (1930) y el Convenio 95 sobre Protección de Salarios (1949); los cuales prohíben el trabajo forzado y garantizan la libertad del trabajador para disponer de su salario.

Lo cierto es que varias regulaciones nacionales, como la Resolución 168/2010, violan derechos de los trabajadores del sector. En cuanto a la restricción al movimiento, el Decreto Ley 302 de 2012 regula la entrada y salida de profesionales cubanos en actividades vitales para el desarrollo económico, social y científico del país, programas estratégicos, proyectos de investigación y servicios de salud.

En mayo de 2022, el Gremio Médico Cubano Libre dio a conocer que 17 doctores cubanos se encontraban detenidos en Venezuela después de ser interceptados mientras intentaban viajar a Colombia. La denuncia fue realizada por el doctor cubano Miguel Ángel Ruano, quien compartió en sus redes sociales capturas de los mensajes que intercambió con algunos de ellos.

Después de ese hecho, los directivos de la misión médica cubana en Venezuela recogieron los pasaportes a los más de 20 000 colaboradores de la salud que estaban en ese país. La medida se tomó a raíz del arresto de los profesionales que intentaban huir, «quienes fueron trasladados a la isla en calidad de detenidos y bajo amenazas de condenarlos hasta a ocho años de prisión por abandono de funciones, según el artículo 176.1 del nuevo Código Penal».

El artículo refiere que «el funcionario público encargado de cumplir alguna misión en otro país que la abandone o cumplida esta o requerido en cualquier momento para que regrese se niegue expresa o tácitamente a hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de tres a ocho años».

Según Yamila de Armas Águila, presidenta de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, las exportaciones de servicios de salud fueron el 50 % de las exportaciones de servicios en 2020; estas, a su vez, representaron el 80 % de las exportaciones totales del país. En diciembre de 2022, el ministro de Salud, José Ángel Portal, afirmó que 23 792 profesionales del sector trabajaban hasta el momento en 56 países. 

Desentrañar la trata con enfoque de género

Una investigación publicada por la revista Sexología y Sociedad revela que de 2010 a 2017 se identificó que 71 personas de nacionalidad cubana fueron víctima de trata, a partir de una encuesta aplicada a 25 agentes consulares cubanos que ejercieron en 28 países. Los casos se detectaron en Argentina, Francia, Ecuador, Bélgica, China, Holanda, Reino Unido, España, Turquía, Italia y Haití. Las cifras más altas se encontraron en España (30) y Turquía (20).

El aumento de ese flagelo parece vincularse a las crecientes migraciones cubanas y a la baja percepción de riesgo. El estudio precisa que las víctimas eran mujeres de 18 a 35 años, de origen mestizo o blanco, con niveles educativos medios y bajos, que provenían fundamentalmente de las provincias orientales y de La Habana.

La explotación sexual (48 %), el trabajo forzoso (36 %) y la esclavitud (8 %) fueron las formas de trata identificadas. No se detectaron casos de extracción de órganos entre las víctimas cubanas. Las mujeres también enfrentaron situaciones de aislamiento, mala alimentación y violaciones de derechos universales, precisa la investigación publicada en 2018.

El 32 % de los encuestados explica que en esos casos se han identificado grupos criminales organizados y pequeñas redes de cubanos que, en combinación con ciudadanos de otros países, coordinan el traslado de las mujeres para ser explotadas en el exterior.

La investigación aclara que «las acciones que llevan a cabo las oficinas consulares tienen un carácter general». Es decir, no existe un protocolo específico con enfoque de género para estos casos. La investigación concluye que además fue posible constatar «la falta de conciencia de género en la mayoría de los especialistas consultados y (…) la limitada capacitación en algunos sectores con el encargo social de prevenir y atender la problemática de la trata».

Cuba, la violación de derechos humanos y el Examen Periódico Universal de la ONU

El EPU es un mecanismo de revisión que se efectúa a todos los Estados miembros en un período de cuatro años y medio y admite informes tanto de los Gobiernos como de organizaciones de la sociedad civil.

Cuba: una política imprecisa contra la trata

Cuba forma parte de la Convención de Palermo contra el Crimen Transnacional Organizado y de su Protocolo sobre la trata de personas. Las autoridades de la isla mencionan, entre las acciones que se realizan para evitar y combatir estos delitos, el intercambio de información con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y con organismos homólogos. En el país también existe un Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento de la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas.

Según aparece contemplado en el Informe Nacional de Cuba sobre la Trata de Personas de 2022 —el más reciente que se ha publicado—, el Gobierno debe brindar una atención especializada a las víctimas, así como a grupos en situación de mayor vulnerabilidad: niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Los datos revelan que, «en el período referido, se juzgaron seis casos por delitos con rasgos típicos de trata de personas (…), se reportaron ocho hechos extraordinarios en el año. De ellos, se identificaron dos abusos lascivos, un caso de acoso sexual, tres maltratos y dos violaciones».

En resumen, se identificaron seis víctimas de trata, cinco niñas menores de edad y una mujer. Las sanciones penales para los victimarios estuvieron en el rango de cinco a quince años de privación de libertad, de acuerdo con el documento. Debemos resaltar también que el informe anual presentado por el Gobierno cubano suprimió las fuentes nacionales independientes, lo que dificulta que la información pueda ser contrastada.

El abogado Eloy Viera afirma que «la tolerancia cero no se basa solamente en la judicialización (…), sino también en mecanismos de prevención efectivos que impidan la proliferación de redes que puedan promover la trata». En ese sentido, resalta la importancia de establecer mecanismos de asesoría para las víctimas en las oficinas cubanas en el extranjero.

De igual modo, denuncia el no reconocimiento estatal de la precarización de la vida cubana, una realidad que incide en que algunos lleguen a plantearse la posibilidad de salir del país, incluso mediante una red de ese tipo. «Mientras las causas que generan esa precarización y que favorecen la reproducción del fenómeno no se ataquen o, como mínimo, no se reconozcan, existe un problema», advierte el jurista.