Pocos se atreven a afirmar que el fin del régimen cubano está cerca. Ni el agotamiento económico del sistema ni el desplome de sus políticas asistencialistas apuntan hacia una sentencia inminente. Tampoco las patadas de ahogado que significó la liberación de presos políticos en enero de 2025, usados por La Habana como moneda de cambio para que Washington sacara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. La posibilidad de un Estado democrático se vislumbra aún como especie de ensoñación difusa para muchos activistas cubanos dentro y fuera de la isla. 

Laritza Diversent, fundadora y directora de Cubalex, es una de ellas. Afirma no creer en la posibilidad de una Cuba en democracia en el futuro inmediato, aunque destaca que la sociedad civil tendrá un rol clave para hacer realidad ese momento y también después. Diversent, abogada y graduada en la Universidad de La Habana, tiene un máster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en American University Washington College of Law. 

Su organización, fundada en 2010, brinda asistencia legal gratuita y confidencial a personas en situación de vulnerabilidad; realiza, además, actividades de monitoreo y denuncia de violaciones de derechos humanos en Cuba. 

Laritza tuvo que exiliarse en Estados Unidos debido a la persecución que sufrió tras seis años de trabajo en la isla. Accedió a conversar con elTOQUE sobre cuestiones claves para el proceso de transición en Cuba y el papel que deberá tener la sociedad civil en la llamada «hora cero».

Durante décadas, el país ha operado bajo un sistema jurídico profundamente politizado. Si se produce una transición democrática, ¿cuáles serían los desafíos más inmediatos en el ámbito jurídico y penal? 

El desafío principal es prepararse desde ahora para un escenario de transición democrática. La gran pregunta es qué tan lista está la sociedad civil para identificar y priorizar las reformas jurídicas necesarias. No se trata de regresar automáticamente a la Constitución de 1940 ni de restablecer normas que estuvieron vigentes antes, porque han pasado más de 65 años. No podemos quedarnos anclados en el pasado.  

En primer lugar, deben garantizarse los derechos fundamentales del debido proceso. Sin embargo, el asunto es más complejo en el ámbito penal. No se puede prescindir de las instituciones existentes en el momento en que comience la transición. Es necesario utilizarlas en la medida de lo posible, porque ese período no estará exento de delitos, de violencia o de inseguridad. Los cambios tienen que ser progresivos y las reformas deberán establecer un equilibrio entre garantizar la estabilidad y promover la justicia.

Por ejemplo, no se puede cerrar de inmediato el Ministerio del Interior ni despedir masivamente a quienes trabajan en las instituciones vinculadas con el régimen anterior, como los Tribunales o las fuerzas del orden. Aunque esas instituciones hayan sido leales al Gobierno saliente, su funcionalidad será indispensable en la primera etapa. 

En efecto, en la mayoría de los escenarios de transición persisten estructuras o figuras del antiguo régimen. ¿Cómo debería suceder el proceso de depuración que garantice justicia, en particular, en las instituciones más implicadas en las violaciones de derechos humanos?

Quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos deben ser procesados, sin importar el cargo que ocuparan. Estas personas no pueden seguir formando parte del sistema y deberán responder ante la justicia. Pero no podemos asumir que todos los jueces de un Tribunal o todos los policías cometieron tales violaciones. 

El caso del Ministerio del Interior, sin embargo, es más delicado debido al nivel de implicación que esa institución ha tenido en hechos recientes, como la represión durante el 11 de julio de 2021. En un proceso de cambio, quienes ocupan posiciones de responsabilidad suelen destruir las pruebas que los comprometen. También influye el tiempo transcurrido, por lo que muchas víctimas podrían no recordar con precisión los detalles.

En otros procesos de transición, las negociaciones han incluido peticiones de impunidad por parte de quienes ostentan el poder. Así ocurrió, por ejemplo, en Colombia, durante los acuerdos de paz con las guerrillas, y sigue siendo un tema complejo. 

Los primeros pasos deben incluir la creación de una comisión de la verdad que permita recopilar información sobre los hechos. A nivel internacional existen criterios claros para definir qué constituye una grave violación de derechos humanos (tortura, desaparición forzada, genocidio, delitos de lesa humanidad…).

Medios independientes cubanos se unen para exigir la liberación de #todos los presos políticos

Una coalición de medios independientes de Cuba pone a disposición de sus audiencias la iniciativa #TODOS, una plataforma basada en herramientas de periodismo de datos que visibiliza las excarcelaciones de personas presas políticas como resultado de las negociaciones del Gobierno del archipiélago con el Vaticano y Estados Unidos.

Un proceso de transición en Cuba no debería conceder amnistía a quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos, ya que este tipo de acuerdos serían nulos bajo estándares internacionales. No obstante, podría contemplarse para los responsables de violaciones menores, siempre y cuando aporten información valiosa que ayude a identificar a los de mayor rango. Ningún alto cargo puede alegar desconocimiento de las acciones cometidas por sus subordinados. Era su deber saberlo y actuar en consecuencia.

En una entrevista reciente para Árbol Invertido, comentabas que aún veías lejos una Cuba democrática. ¿En qué estado de madurez crees que se encuentra la sociedad civil cubana para liderar un proceso de transición? 

Los que están en el poder tienen las armas y, por ende, una posición para negociar. Nosotros no tenemos posición para negociar. La sociedad civil cubana está limitada por la represión y el exilio. La persecución constante —incluso transnacional— y la poca comprensión de nuestras necesidades por parte de la cooperación internacional, agravan la situación. Mi mayor temor es que lleguemos a un escenario de transición sin una sociedad civil preparada.

La falta de documentación de experiencias pasadas ―como las vividas durante la década de los noventa por organizaciones que aprendieron a operar en condiciones extremas y cuyos integrantes tuvieron que exiliarse― implica que las nuevas generaciones de activistas desconozcan lecciones valiosas de quienes lucharon antes. Los procesos de exilio forzado han sido extremadamente difíciles y desgastantes para quienes los han vivido. A menudo, grupos de activistas salían del país tras operar y resistir dentro de Cuba, pero su trabajo no siempre continuaba en el extranjero.  

Es urgente sentarnos con quienes protagonizaron esas luchas mientras aún están vivos y documentar sus experiencias, especialmente la de los presos políticos. Recuperar esa parte de la historia es fundamental no solo para entender lo que hemos enfrentado, sino también para prepararnos mejor para el proceso de transición. 

Debemos ser realistas cuando hablamos de la preparación de la sociedad civil para asumir cambios en Cuba: ni siquiera sabemos con claridad quiénes podrían liderar un proceso de transición. No se vislumbran figuras con el perfil necesario, y no hemos diferenciado suficientemente entre defensores de derechos humanos y opositores políticos, quienes sí aspiran a tener cargos públicos. A mí, constantemente, me llaman opositora y no lo soy, porque no es mi interés formar parte de Gobierno alguno.

Por 65 años, el sistema ha impedido que los cargos públicos sean desempeñados de manera profesional y transparente. El sistema político cubano ha establecido patrones organizativos deformados. Por ejemplo, Teresa Amarelle es secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas ―que el Gobierno cataloga de organización social y de masa, y en los foros internacionales la califica como organización de la sociedad civil―. Amarelle ocupa, además, un cargo en el Partido Comunista y tiene un puesto en el Consejo de Estado. Significa que una sola persona reúne la condición del líder social o comunitario, líder partidista y funcionaria del Estado. Es evidente la falta de separación entre Estado, Partido y sociedad civil en Cuba.

Exclusión política y adoctrinamiento: otros límites de la educación en Cuba

Testimonios que recopiló elTOQUE y el registro de organizaciones de la sociedad civil muestran la discriminación por motivos políticos como un obstáculo para el acceso a la educación. 

A nivel cultural será difícil también desprenderse del autoritarismo bajo el que hemos crecido…

No se nace siendo democrático, sino que se aprende. Todavía en las redes sociales se nota lo mucho que tenemos que instruirnos en materia de respeto, tolerancia, igualdad y equidad. La igualdad no es igualitarismo. Los cubanos de las últimas generaciones crecimos bajo una dictadura y tenemos un Fidel Castro dentro. 

En 65 años de dictadura, el sistema educativo no ha incluido contenidos sobre derechos fundamentales; más bien, se ha fomentado el adoctrinamiento. ¿Por qué Cuba no ha ratificado el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas? La mayoría de los ciudadanos no conocen sus derechos y consideran que son concesiones del régimen. Ese desconocimiento es notable incluso entre universitarios, lo que refleja el impacto profundo del adoctrinamiento. Muchos funcionarios cubanos hablan de «derechos conquistados» y es un disparate. Nosotros somos seres humanos y, como tales, tenemos derechos. Yo tengo derecho a la libertad de expresión; que alguien la restrinja es otra cosa. La educación en derechos humanos y la formación en valores democráticos son esenciales, y su ausencia nos deja mal preparados para liderar una transición. 

¿Qué papel tendría la sociedad civil en un proceso futuro de justicia y reconciliación?

Debemos prepararnos desde ahora, porque si nos encuentra en las condiciones actuales, será un caos. Reconstruir un país puede tomar décadas y la transición no será cuestión de tres meses o de un año. Hay procesos complejos, como la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos, que en Cuba tiene dimensiones particulares. En nuestro caso, no ha habido solo violencia física, sino un hostigamiento constante, que ha causado exilio forzado y otros efectos profundos a nivel psicológico.

Es fundamental no repetir los mismos patrones del pasado; como el del Gobierno que llegó al poder en 1959 y actuó con venganza. Aunque el daño que hemos sufrido ha sido enorme, la sociedad civil debe tener un rol activo y audaz, y ha de evitar que en la transición surjan nuevas violaciones de derechos humanos o se instaure otra dictadura. Le tocará ser el triple de vigilante de lo que lo es ahora.

¿Cuáles deberían ser las garantías básicas para las víctimas en el diseño de políticas de memoria, verdad y justicia?

Por la magnitud y sistematicidad de las violaciones de derechos humanos, podríamos considerar que el total de la población es víctima del fenómeno de alguna forma. Sin embargo, un Gobierno de transición no podrá reparar económicamente a toda la ciudadanía. Por ello, las medidas de satisfacción y garantías de no repetición serán fundamentales. 

Un desafío importante será recuperar la memoria histórica de Cuba, que ha sido intencionalmente borrada por el régimen. Es crucial que se documenten y visibilicen las violaciones de derechos humanos, como las muertes bajo custodia. Crear bases de datos y herramientas de monitoreo permitirá identificar patrones de abuso y establecer mecanismos de justicia y reparación durante el proceso de transición; y, a la vez, reconstruir los principios éticos y políticos de un Estado de derecho.

Las víctimas deben recibir reparaciones, pero muchas no podrán demostrar formalmente su condición por falta de pruebas, ya que el Gobierno oculta sentencias y viola procesos. Deberá ser inmediata la restitución de libertades para los presos políticos y el acceso a tratamientos psicológicos para quienes sufrieron daños. El Gobierno de transición deberá asumir la responsabilidad de las violaciones del régimen anterior, pedir disculpas públicas a la población y reconocer el sufrimiento de las víctimas. No puede haber reconciliación sin justicia. 

En los primeros 100 días de una transición, ¿qué principios fundamentales deberían guiar la redacción de una nueva Constitución para Cuba en materia de derechos humanos?

Una nueva Constitución para Cuba debe surgir de un proceso constituyente con amplia participación de los diversos sectores de la sociedad. Ese proceso debe enfocarse en establecer garantías de no repetición. Además, la Constitución debe ser de aplicación directa; sus normas deben poder ejecutarse sin necesidad de leyes adicionales. Para ello se requiere un poder judicial fuerte y accesible que permita a los ciudadanos exigir el respeto de sus derechos constitucionales de forma inmediata.  

En cuanto a los derechos humanos, no se trata de reconocer «nuevos derechos», sino de garantizar que los existentes evolucionen con el tiempo. Por ejemplo, la libertad de expresión incluye ahora el acceso a Internet como medio de búsqueda y difusión de información. También es fundamental proteger derechos absolutos, como la objeción de conciencia, que no admiten restricciones bajo ningún pretexto.  

¿Cómo visualizas el papel de Cubalex en un país en democracia? 

Cubalex será una voz crítica e incómoda para quienes ocupen el poder. Seguiremos promoviendo los valores democráticos. En una Cuba futura, nuestra labor se enfocará en restablecer y fortalecer el Estado de derecho, documentar violaciones de derechos humanos y apoyar procesos como el derecho a la verdad, la justicia transicional y la reconstrucción institucional. No existe una democracia perfecta, y mientras sea así, la sociedad civil tendrá que impulsar los cambios necesarios. Es una aspiración y una utopía legítima, no la que tiene el Partido Comunista.

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