El pasado 1ro de octubre, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, respondió a las preguntas formuladas por el periodista Ian Phillips de la agencia Associated Press (AP). El canciller cubano ofreció respuestas que generaron múltiples críticas en las redes sociales y medios de comunicación, especialmente sobre tres temas: Venezuela, las regulaciones para viajar a activistas y periodistas, y la prohibición de entrada al país por ocho años a los médicos que abandonan misiones en el exterior.

El Toque te ofrece un chequeo de la veracidad de las respuestas de Bruno Rodríguez a estos dos últimos temas, por ser los que más reacciones negativas levantaron en algunos círculos de cubanos conectados a Internet. Para ello, las afirmaciones del ministro serán contrastadas con datos empíricos, puestas en contexto y clasificadas en las siguientes categorías: falso, verdadero o engañoso.

Pregunta del periodista: Hay varios activistas, disidentes y periodistas que se han quejado de encontrarse regulados cuando tratan de salir del país, es decir, le prohíben viajar. ¿Cuál es la justificación de esta medida?

Respuesta: “Ehhh [tartamudea] no lo sé. Habría que ver, conocer caso por caso”.  

 

Con su respuesta, el ministro pareciera que desconoce la existencia de personas a las que se les impide viajar por razones políticas y que no entran en ninguna de las categorías por él mencionadas posteriormente. ¿Es posible que Bruno desconozca estos casos y las causas por las que se les prohíbe salir del país?

• En el muro de Twitter del ministro, varias personas le han hecho saber —mucho antes de esta entrevista— su condición de regulados por razones políticas y la aplicación recurrente de esta limitación a la libertad de movimiento.

• En el Examen Periódico Universal de 2018 realizado por el Consejo de Derechos Humanos, del cual Cuba es partícipe, alrededor de 21 comunicaciones de organismos internacionales y de la sociedad civil cubana señalaron las “restricciones injustificadas a los viajes” como forma de represión contra “defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas políticos y de la sociedad civil y sus familiares”.
• En cuanto a las causas, aunque no es el MINREX, sino la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior quien tiene a su cargo la limitación de las salidas del país, al decir Bruno que ignora los motivos por los que se impide viajar a activistas y periodistas independientes cubanos, está desconociendo la propia legislación nacional, específicamente la Ley de Migración (Ley 1312). modificada por los Decreto-Ley 302 de 2012 y 327 de 2015. El Decreto-Ley 302 en su artículo 25 establece como limitantes para salir del país “Cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen” (inciso d) y “Cuando por razones de interés público, lo determinen las autoridades facultades”. El artículo 23 del propio Decreto-Ley permite bajo estos mismos supuestos la no otorgación del pasaporte. Estas dos figuras, aplicadas de manera discrecional, sirven de amparo a las autoridades, según han referido —en algunas ocasiones— a activistas y periodistas que han indagado sobre las causas de su prohibición para viajar.

Publicación en Facebook de la periodista independiente Luz Escobar.

Respuesta: “Las regulaciones migratorias cubanas son muy similares a las de cualquier país y cualquier política migratoria moderna, que establecen toda una serie de figuras en ley que restringen las salidas del país a personas que conocen información clasificada, es decir, cargos anteriores en el gobierno, etc.; a personas que están sometidas a procesos judiciales, ehh. En fin, hay toda una serie de figuras, pero que están reguladas, están reguladas en la ley. Sin embargo, la ley cubana garantiza, a diferencia de la norteamericana, que los cubanos puedan viajar libremente a cualquier lugar del mundo”.

Este planteamiento de Bruno contiene un elemento verídico, pero omite otros que vuelven discutible su afirmación.

• Es cierto que en la mayoría de los países existen figuras legales que limitan la salida del país. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce la legitimidad de estas excepciones cuando “se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”. También es cierto que las causas por las que regulan a activistas y periodistas están contenidas en la ley cubana, como se mostró anteriormente.
• Sin embargo, una comparación de la legislación cubana con 15 legislaciones similares de países latinoamericanos realizada por el jurista Eloy Viera, arrojó que muy pocos casos usan la “seguridad nacional” como una causa expresa para limitar los movimientos de las personas (solo México) y mucho menos el “interés público”.
• También la legislación cubana reconoce una serie de limitantes a la libertad de movimiento que no es común encontrar en otros países, como las estipuladas en el Decreto 306 de 2012 del Consejo de Ministros. Allí se limita la libertad tanto de viajar como de salir definitivamente del país a directivos superiores de diversos tipos de instituciones estatales, graduados de la educación superior y técnicos de nivel medio que se desempeñen en “actividades vitales para el desarrollo económico, social y científico-técnico del país en los programas estratégicos, proyectos de investigación y servicios de salud”, así como a atletas de alto rendimiento. La comparación realizada con 15 países latinoamericanos no encontró limitaciones semejantes, a pesar de que muchas de estas naciones sufren también la pérdida de recursos humanos motivada por la emigración.
• Por otra parte, la mayoría de las legislaciones analizadas (salvo Nicaragua, con una normativa impulsada por el Sandinismo en 2012) establecen que son las autoridades judiciales las únicas capacitadas para dictar prohibición de salida del país, lo cual no ocurre en Cuba. Además, como señala la abogada Laritza Diversent, Directora Ejecutiva de Cubalex —organización que intentó ser registrada oficialmente en Cuba para defender y promover los derechos humanos y cuyos fundadores enfrentaron sanciones de prisión o debieron exiliarse—, las restricciones de movimiento contenidas en los incisos d (Defensa y Seguridad Nacional) y h (Interés público) de los artículos 23 y 25 del Decreto-Ley 302 de 2012 no se encuentran definidas y especificadas, lo cual da un amplio margen de interpretación y aplicación discrecional. Tampoco se establece en la Ley de Migración ni en su Reglamento un procedimiento de reclamación, ni existe norma que obligue a los funcionarios del Ministerio del Interior a fundamentar las bases legales de la “regulación” de un ciudadano determinado, con la cual cierran cualquier posibilidad de llevar el caso a tribunales. Estas ausencias tampoco son frecuentes en las legislaciones de otros países.

Por tanto, no es cierto del todo que las regulaciones migratorias cubanas sean “muy similares a las de cualquier país”, ya que algunos de sus elementos restrictivos no se encuentran en las legislaciones de otras naciones, ni existe esta ausencia de garantías para los procedimientos de reclamación ante una arbitrariedad y violación de derechos.

Tampoco es posible afirmar de manera rotunda que “la ley cubana garantiza, a diferencia de la norteamericana, que los cubanos puedan viajar libremente a cualquier lugar del mundo” ya que existen elementos dentro de la propia legislación que se emplean discrecionalmente para impedir el libre tránsito de las personas.

Pregunta del periodista: Si un médico cubano abandona su misión en el extranjero no puede volver a su país por muchos años, creo que son ocho años. ¿Por qué el médico cubano que decide hacerlo no puede volver a su país? Eso lleva a mucha gente a criticar el modelo, pensando que eso terminará siempre con familias divididas porque hay menos libertad de movimiento… ¿qué le parece?

Respuesta: “No estoy seguro que tenga razón”.

A esta pregunta, el ministro respondió esquivando el tema y haciendo referencia a lo que calificó como una “campaña mendaz, calumniosa, contra la cooperación médica cubana”. Sin embargo, hubo en su respuesta algunos parlamentos relacionados con la pregunta, que pueden someterse a verificación.

La situación es exactamente como la describe el periodista. El ministro sabe de la existencia de los médicos a los que se les impide entrar al país y sabe que ello responde a una política sustentada en regulaciones emitidas por el propio Ministerio que dirige y que ha comunicado y sostenido por múltiples vías en diversas ocasiones.

• La agrupación cívica No somos desertores y muchos de los médicos a los que el gobierno cubano impide entrar al país han denunciado en la cuenta de Twitter del ministro esta política discriminatoria en múltiples ocasiones. En 2017 enviaron al MINREX y a él una carta abierta firmada por casi 5 mil personas que denunciaban las violaciones de los derechos constitucionales y humanos de los médicos,al negárseles entrar a su país de nacimiento.

• A raíz de las modificaciones de las regulaciones migratorias anunciadas en 2017, los administradores del sitio Nación y Migración, perteneciente al MINREX, comunicaron a varios foristas la decisión de mantener los ocho años sin entrar al país para quienes abandonaron misiones en el exterior.

Foristas piden aclaración sobre las nuevas medidas en el sitio Nación y Migración.

• El 29 de septiembre de 2018, Annarella Grimal, miembro del grupo No Somos Desertores, se reunió en Dublín, Irlanda, con la vicecanciller cubana Ana Teresita González, y conversaron específicamente sobre los ocho años de exilio que se impone a los médicos que abandonan una misión en el exterior. “Tiene que haber una medida”, insistió la vicecanciller, que representa la posición oficial del MINREX.
• También en este caso Bruno desconoce la legislación cubana. Por una parte, el artículo 135 del Código Penal que condena de 3 a 8 años de cárcel a quienes abandonan un contrato laboral en el extranjero o se niegan a regresar una vez concluida su misión. Por otra, obvia las nuevas regulaciones migratorias anunciadas por él mismo en Washington en 2017 —aún sin publicar en la Gaceta Oficial— que mantienen “la limitante de entrar al país durante los ocho años posteriores al abandono de la misión”.

Respuesta de Bruno: “Cuba ciertamente tiene algún personal muy altamente calificado, del cual se trata de disponer de relevos antes de que emigren definitivamente. Esto generalmente ocurre por acuerdo entre el científico o el médico altamente especializado y la institución de salud a la que pertenece, y a veces se le solicita dilatar en el tiempo su salida definitiva del país, pero puedo asegurarle que esto ocurre por común acuerdo”.

En esta parte de la respuesta, Bruno se desvía de la pregunta inicial (¿Por qué el médico que abandona una misión no puede regresar a Cuba en ocho años?) y va hacia el tema de los permisos de salida definitivos a estos profesionales.

• Cuando el canciller cubano habla de “común acuerdo”, hace referencia a la Indicación No. 2 de 2014 del Ministro de Salud. En lo relacionado con los trabajadores de esa rama que solicitan autorización para residir en el exterior, estipula en el punto cuarto: “En este caso, la persona facultada para ello [quien autoriza] podrá ajustar, de mutuo acuerdo, el término del compromiso laboral, previendo cualquier afectación de los servicios que preste”.
• El Decreto 306 de 2012 en su artículo 2 dice que los profesionales de la Salud que soliciten residir en el exterior deben ser autorizados en un plazo que no exceda los cinco años, para garantizar en ese período el entrenamiento del relevo en la actividad en que se desempeña el solicitante. Ello hace que el plazo del “mutuo acuerdo” pueda ser bastante extenso y complicado, sobre todo cuando hablamos de procesos tan sensibles como los trámites migratorios. No obstante, en los casos en que la liberación se otorgue de la forma más expedita posible, ello depende fundamentalmente de la buena voluntad de la persona encargada de expedirla y no de los intereses o necesidades del médico que la solicita. Por tanto, el término “mutuo acuerdo”, en la práctica, no es correcto para designar una relación en la que el poder descansa solo en una de las partes.

Respuesta de Bruno: “No debiera olvidar usted al preguntar que no estamos hablando de relaciones migratorias normales; estamos hablando de relaciones migratorias que han sido cautivas, víctimas por muchos años de una fuerte politización por parte del gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos llegó a establecer un programa de “parole” para médicos cubanos y personal médico, deportivo, etcétera, en el exterior inédito y único para Cuba”.

• Es cierto que Estados Unidos aplicó entre 2006 y 2017 el Programa de Permisos para Profesionales Médicos Cubanos (CMPP, siglas en inglés), que facilitaba al personal médico cubano de misión en terceros países la solicitud del permiso de ingreso a los Estados Unidos.
• Sin embargo, las medidas prohibitivas para evitar la salida del país del personal médico son anteriores al CMPP — antes se obligaba a los médicos a esperar 10 años para otorgarles el permiso de salida o se les destinaba a trabajar en la agricultura o labores de saneamiento y a los que abandonaban el país se les condenaba a prohibiciones de entrada de 15 años como mínimo — y han sido justificadas bajo los argumentos de la gratuidad de la educación en el país y para contrarrestar el “robo de cerebros”. Por otra parte, desde hace dos años Estados Unidos eliminó este programa, también fue derogada la Política de Pies secos-pies mojados y posterior a ese paso, Cuba realizó modificaciones a sus regulaciones migratorias que mantuvieron el castigo de ocho años para quienes abandonan misiones médicas, así como tampoco modificaron las restricciones para viajes y salida del país de profesionales y técnicos de la Salud.
• Cuando en diciembre de 2015 el gobierno cubano decidió restablecer las regulaciones a los viajes de los médicos —las cuales había suspendido en 2013, invocó como justificación hacer frente a las políticas norteamericanas que estimulaban la migración selectiva, pero también hizo clara referencia a que dicha medida respondía a la necesidad de garantizar al pueblo un servicio de salud eficiente y de calidad, y mitigar las afectaciones que se producen como consecuencia de “la creciente contratación no planificada de médicos cubanos en otros países”.

La respuesta del canciller es engañosa, pues las restricciones de viaje y salida del país al personal médico no están determinadas en última instancia por políticas específicas de un gobierno extranjero, sino porque el gobierno cubano subordina las libertades individuales a la formación gratuita de los médicos, así como al interés estatal de mantener los servicios de salud (nacionales y de exportación) y reducir la migración de fuerza laboral capacitada, un fenómeno que se manifiesta en muchos de los países del Tercer mundo.

Como conclusión, podemos afirmar que, en su entrevista con la agencia AP a principios de octubre de 2019, el ministro de Relaciones Exteriores cubano Bruno Rodríguez dio respuestas falsas al responder a las preguntas sobre las prohibiciones para viajar a activistas y periodistas y el castigo de ocho años sin entrar al país a los médicos que abandonan misiones en el exterior. También hizo afirmaciones engañosas en aquellas respuestas que partían de un elemento verídico o parcialmente verídico, pero enunciado de manera descontextualizada u omitiendo elementos que cuestionan dicha veracidad.

*En la verificación de este discurso contribuyó el abogado Eloy Viera Cañive.

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