El retroceso experimentado por Cuba durante el último lustro en materia de derechos humanos ha sido señalado por activistas, académicos, periodistas y organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos. Dentro de estas últimas, sobresalen dos prestigiosas ONG: Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI).

Ambas organizaciones de derechos humanos operan en todo el mundo en la mayoría de las situaciones de opresión o abuso grave. HRW y AI han elaborado sus informes por países, entre ellos, Cuba, de cara al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tendrá lugar en noviembre de 2023 para todos los Estados miembros. 

Los informes de investigación de HRW sobre violaciones de normas internacionales de derechos humanos obedecen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a otras normas de derechos humanos aceptadas internacionalmente. Los informes se utilizan como base para denunciar los abusos ante la comunidad internacional y para presionar a los Gobiernos y a las organizaciones internacionales a efectuar reformas.

Al igual que HRW, IA realiza investigaciones e incidencia para evitar y detener los abusos graves contra los derechos humanos, así como exigir justicia para aquellos cuyos derechos han sido violados.

¿Qué evidencian los informes de ambas ONG sobre la situación de los derechos humanos en la isla durante el último lustro?

Human Rights Watch sobre Cuba: «El Gobierno continúa reprimiendo y castigando»

El más reciente informe de HRW sobre Cuba destaca la represión continua de las autoridades hacia cualquier forma de disenso y crítica pública al poder, además de la severa crisis económica que impacta en los derechos básicos de los cubanos. 

La ONG denunció la respuesta violenta del Gobierno cubano a las manifestaciones de julio de 2021, la falta de libertades, la escasez de comida y de medicamentos, el deterioro de las condiciones de vida y la respuesta estatal ante la pandemia de la COVID-19.

«Los juicios de cientos de esos manifestantes en 2022 a menudo violaron las garantías básicas de debido proceso y dieron lugar a penas de prisión desproporcionadas», condena el informe.

HRW lamentó que la represión y la falta de predisposición del Gobierno para abordar las causas subyacentes de las protestas forzaran a cientos de miles de cubanos a abandonar el país en los últimos años. También señala la continuidad de la fallida política de aislamiento de Estados Unidos hacia Cuba, incluido el embargo.

Detenciones arbitrarias, procesos injustos y maltrato en las cárceles

La organización defensora de derechos humanos condenó las detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos; la frecuente ausencia de órdenes judiciales para justificar las detenciones; la vigilancia y el cerco a las viviendas de los activistas para impedirles salir a la calle; las más de mil personas detenidas como consecuencia de las protestas del 11J; las violaciones de derechos humanos de los detenidos, como el régimen de incomunicación y los maltratos y torturas en las cárceles.

Para HRW, los cargos de «desorden público» o «desacato» por los cuales fueron condenadas varias personas resultan «vagos e imprecisos». También consideró desproporcionadas las penas de hasta 25 años de prisión por el delito de «sedición» en juicios ordinarios y condenó el desarrollo de ciertos juicios a civiles en tribunales militares.

La investigación de HRW apuntó que: «La fiscalía presentó como conductas delictivas acciones que constituyen un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y asociación, tales como protestar pacíficamente, proferir insultos contra el presidente o la Policía o cantar canciones críticas con el Gobierno. Además, los fiscales utilizaron pruebas poco confiables y sin corroborar, tales como declaraciones tomadas únicamente a miembros de las fuerzas de seguridad o supuestas “huellas de olor” de los acusados, y los tribunales emitieron condenas en base a estas cuestionables evidencias».

Los presos políticos constituyen un agudo problema, ya que —según consta en el documento de HRW— «los cubanos que critican al Gobierno se enfrentan al grave riesgo de ser perseguidos penalmente. No se les garantiza el debido proceso ni un juicio justo ante un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo».

¿Qué cambió a dos años del 11J en Cuba?

El 11J dejó la orden de combate, la represión y sobre todo el deseo de la protesta. El antes y el después de una era para la ciudadanía cubana.

La investigación condenó las condiciones en los centros de detención: hacinamiento, ausencia de un mecanismo para que los detenidos puedan presentar reclamos por abusos, golpizas y encierros en celdas de aislamiento a quienes son críticos o inician huelgas de hambre, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica, así como la prohibición a expertos de las Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos internacionales y cubanas para que visiten las cárceles.

Violación de derechos económicos, sociales y culturales

Acerca de los derechos económicos, sociales y culturales, el informe alerta sobre la profunda crisis que atraviesa Cuba, la cual incluye cortes del servicio eléctrico y grave escasez de comida, medicamentos y otros productos básicos. HRW señaló que las propias autoridades cubanas han reconocido que el déficit de medicinas ha empeorado y lo atribuyeron al embargo de Estados Unidos. El Gobierno también ha manifestado que el servicio eléctrico del país estaba en una «situación compleja» que «paraliza a una importante parte de la economía». El documento sostiene lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: los cubanos sufren un «colapso del sistema público de salud» y un «aumento generalizado de la pobreza y la desigualdad».

Sobre las restricciones a la movilidad, la ONG señala la negación selectiva del derecho de entrada o salida del país a los disidentes por motivos de «defensa y seguridad nacional» u «otras razones de interés público». Los casos más recientes son los de las activistas Anamely Ramos y Omara Ruiz Urquiola, a quienes el Gobierno cubano les impide la entrada en Cuba.

La libertad de expresión sigue estando coaccionada por el control del Gobierno de prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba, la restricción que impone el acceso de información proveniente del extranjero y la censura continua a críticos y periodistas independientes.

Respecto a la situación de los defensores de derechos humanos, HRW apunta que, al rehusarse a reconocer el trabajo en derechos humanos como una actividad legítima, el Gobierno niega estatus legal a las organizaciones cubanas que desempeñan esa tarea. «Ha sido habitual que las autoridades hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que documentan abusos».

Leyes y decretos para reprimir las libertades de expresión y reunión

En el contexto de las protestas del 11J, el informe criticó las interrupciones del servicio de Internet en todo el país, seguidas por conectividad intermitente, incluidas restricciones a las redes sociales y las plataformas de mensajería; rechazó el Decreto Ley 35, que regula el uso de las telecomunicaciones y restringe gravemente la libertad de expresión en el ciberespacio; y el Decreto Ley 370/2018, «que prohíbe la difusión de información «contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad» de las personas, para interrogar y multar a periodistas y críticos, y confiscar sus materiales».

«En mayo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó un código penal que, entre muchas restricciones imprecisas, incluye una disposición que sanciona con hasta diez años de cárcel a quien provea, reciba o tenga en su poder fondos “con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”. Ese lenguaje amplio allana el camino para que se impulsen procesos penales que socavarían el derecho de los cubanos a movilizarse y cuestionar de manera pacífica los abusos del Gobierno», añade el documento. 

Entra en vigor nuevo Código Penal: ¿qué esperar?

El nuevo Código Penal cubano entra en vigor este primero de diciembre de 2022. Aunque la vigencia de la ley no cambiará la esencia del sistema totalitario cubano, sí lo harán las formas de represión.

Aunque Cuba ratificó tratados de la Organización Internacional del Trabajo que protegen los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación y la negociación colectiva, la ONG denuncia que el Código de Trabajo cubano —actualizado en 2014— viola esos derechos. «Si bien Cuba permite la formación de sindicatos independientes, en la práctica las autoridades solo autorizan una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba».

También condena las normas impuestas por el Gobierno cubano a los trabajadores de la salud enviados al extranjero para prestar servicios. Según la ONG, los reglamentos exigidos violan derechos fundamentales, el derecho a la privacidad, la libertad, la circulación y la libertad de expresión y asociación. 

Género e identidad sexual

Sobre la orientación sexual e identidad de género, el informe destaca que la Constitución de 2019 prohíbe expresamente la discriminación sobre estas bases. Sin embargo, llama la atención sobre la violencia y la discriminación que aún sufren muchas personas de la comunidad LGBTIQ+, sobre todo en el interior de Cuba. Por otro lado, elogia el nuevo Código de las Familias que incluye una definición de matrimonio neutral en cuanto al género, lo cual abre la posibilidad de que puedan celebrarse matrimonios entre personas del mismo sexo. 

En cuanto a los derechos de la mujer, HRW celebra la despenalización del aborto por parte de Cuba efectuada en 1965, que ofrece el procedimiento sin cargo en los hospitales públicos, además del nuevo Código de las Familias que refuerza los derechos de mujeres y niñas; los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a la reproducción asistida; prohíbe la violencia doméstica y todo tipo de castigo físico, y reconoce el derecho a la distribución equitativa de las tareas domésticas y de cuidado entre los integrantes de la familia.

Postura y acción de organismos internacionales

¿Qué rol han desempeñado los actores internacionales para la mejora de los derechos humanos en Cuba? Según el informe de HRW, la comunidad internacional no ha conseguido, a lo largo de décadas, que haya avances sostenidos en materia de derechos humanos en Cuba.

«El embargo estadounidense brinda una excusa al Gobierno cubano para los problemas del país, un pretexto para los abusos, y despierta la simpatía de Gobiernos que, de otro modo, habrían sido más proclives a condenar las prácticas abusivas en el país», apunta el documento de la ONG.

Sobre la posición de los diversos actores internacionales respecto a Cuba en los últimos años, HRW subraya la preocupación del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas por los señalamientos de maltrato y detenciones arbitrarias de niños y niñas que habían participado en las protestas de julio de 2021; la votación de la Asamblea General de la ONU por una mayoría abrumadora a favor de condenar el embargo; y las declaraciones de la Unión Europea sobre su consternación por las violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno cubano.

Finalmente, HRW recuerda que Cuba fue elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2020, su quinto mandato en los últimos 15 años. Durante este período, se opuso de manera reiterada a resoluciones que alertaban sobre violaciones de derechos humanos en Rusia, Etiopía, Siria y Nicaragua, entre otros países considerados aliados.

También señala la frustración del Parlamento Europeo ante la falta de avances en la situación de derechos humanos de Cuba, razón por la cual adoptó una resolución que condena los «abusos sistemáticos» contra los disidentes y críticos y exhortó a la UE a considerar la suspensión, por motivos de derechos humanos, del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación bilateral. 

Amnistía Internacional: escasez de alimentos, cortes de electricidad y presos de conciencia

Amnistía Internacional resaltó en su informe sobre Cuba que continúan las interrupciones del servicio eléctrico, la crisis alimentaria y la permanencia en las cárceles de centenares de personas que habían sufrido la represión en las protestas de julio de 2021, además de las interrupciones del acceso a Internet en el contexto de varias manifestaciones contra los cortes de electricidad en diversas zonas del país.

Al igual que HRW, elogió el nuevo Código de las Familias, que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo y, entre otros aspectos, permite a las parejas homosexuales adoptar; pero expresó preocupación por el aumento significativo de la migración de cubanos, muchos a través de peligrosas travesías por la selva del Tapón del Darién o mediante arriesgados viajes por mar.

La ONG señaló que a lo largo de 2022 la escasez de alimentos obligó a la población a hacer filas durante horas para conseguir productos básicos, y en algunas partes de la isla fueron frecuentes los cortes eléctricos. «El Gobierno culpó de la situación económica casi exclusivamente al embargo económico estadounidense e hizo caso omiso de su obligación de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales», añadió el informe.

Sobre la represión a la disidencia, argumenta AI que solicitó al Gobierno cubano acceso al país para asistir a los juicios de las personas detenidas por las manifestaciones del 11J, pero las autoridades cubanas no lo permitieron. La organización subraya algunas sentencias desmesuradas de hasta 30 años de prisión para personas que lanzaron piedras o botellas a la Policía durante las manifestaciones; el despliegue de cadetes y las detenciones arbitrarias en protestas posteriores en varios puntos del país contra los cortes de electricidad; así como la interrupción de Internet, táctica cada vez más habitual para limitar la comunicación en Cuba en momentos delicados desde el punto de vista político.

Cuba, la violación de derechos humanos y el Examen Periódico Universal de la ONU

El EPU es un mecanismo de revisión que se efectúa a todos los Estados miembros en un período de cuatro años y medio y admite informes tanto de los Gobiernos como de organizaciones de la sociedad civil.

A su vez, el informe de AI llama la atención sobre el discurso del presidente Miguel Díaz-Canel el 2 de octubre de 2022, en el cual restó importancia al carácter generalizado de las protestas y sugirió que una minoría de «contrarrevolucionarios» con conexiones fuera de Cuba había llevado a cabo «actos de vandalismo, como cerrar vías o tirar piedras», al tiempo que afirmó que esas personas serían tratadas con todo el «rigor de las leyes».

El documento de IA coincide con el informe de HRW al criticar el nuevo Código Penal que consolida las limitaciones a la libertad de expresión y de reunión habituales. La normativa presenta un panorama inquietante para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica con las autoridades.

Respecto a los derechos de las mujeres y las niñas, resaltó el rol fundamental de las mujeres activistas de derechos humanos en la resistencia a la represión; entre ellas, las madres de las personas detenidas en las protestas de julio de 2021. También criticó el hecho de que no se tipificara el femicidio como delito en el nuevo Código Penal, pese a las propuestas de las mujeres partidarias de esa medida.

Sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos, denunció la condena de los presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo Pérez y José Daniel Ferrer García, detenidos en el marco de la represión a las protestas de julio de 2021.