Hola, amig@s:

Nuestro equipo, en esta ocasión, estuvo pendiente de la aprobación del Decreto-Ley no. 389 por el Consejo de Estado, que afecta la libertad de los ciudadanos cubanos al ofrecer un marco legal a los órganos de seguridad nacional para desarrollar vigilancia electrónica y otros métodos de investigación. Por ser un tema que consideramos de vital importancia y que genera muchísima controversia, le dedicamos nuestro número dominical.

Si hacemos un ejercicio de memoria, recordaremos la cantidad de críticas provenientes de nuestro Gobierno cuando el presidente George W. Bush promovió la ley USA Patriot Act (conocida en español como Ley Patriota) que permitió al Gobierno norteamericano espiar a sus ciudadanos. Recordemos también que semejante ley en los Estados Unidos fue aprobada después del ataque terrorista del 11 de septiembre en el que murieron miles de personas y que generó varias intervenciones y acciones militares que desestabilizaron el Medio Oriente en nombre de la llamada Guerra contra el terrorismo.

¿Cuál es la situación de Cuba que lleva a aprobar una ley de este tipo? Aunque en nuestro contexto existen altos costos de conexión, Internet comienza a tener mayor trascendencia en la vida nacional. Este impacto se evidencia en los diferentes grupos ciudadanos que han hecho sentir sus reclamos en los medios digitales, que articulan sus opiniones y criterios sobre algunos aspectos de la vida social y política de la nación. Y es ahora, precisamente, que se aprueba este Decreto-Ley de acuerdo al modus operandi de legislar de nuestro Gobierno.

Desde los debates previos a la aprobación de la Constitución y a través del especial periodístico de elToque, La Cuba que viene, un equipo de juristas alertaba sobre la cantidad de remisiones a leyes que había en la actual Constitución. Se referían preocupados a la manera en que estaban redactados algunos artículos y cómo condicionaban el ejercicio de determinados derechos a leyes que se aprobarían después. Todo esto levantaba dudas en algunos sectores que conocen sobre el tema, hasta que finalmente comenzamos a ver cómo se van llenando esos espacios legales y a qué intereses responden.

Desde siempre se ha sabido que nuestra correspondencia podía ser vulnerada, como en otros países que tienen políticas que lo autorizan. Sabemos que la navegación en Internet deja trazas electrónicas con las cuales pueden conocer los sitios que frecuentamos, localizarnos a través de nuestros teléfonos, tomarnos fotos sin nuestro permiso o grabar audios al más puro estilo de 1984 de George Orwell. Ese temor siempre ha estado en el subconsciente del cubano, pero justo ahora este decreto ofrece basamento legal para ejecutar estos métodos y nos alertan que nuestros temores son una realidad.

Es evidente que estas medidas también tienen una connotación política, quizás como temor frente al innegable hervidero de protestas en la que está sumida toda la región de América Latina y el importante papel de las redes en la organización, proyección de las protestas y en la creación de movimientos sociales actuales. Recordemos que fueron los espacios digitales los que permitieron la existencia de fenómenos tales como la Primavera Árabe o las protestas que tienen lugar en este momento en Hong Kong contra el gobierno chino. Han sido las redes ideales canales de comunicación para la consecución de cambios sociales y políticos. Y justamente por eso, son esos espacios a los que los gobiernos totalitarios temen más que a nada; porque cuando una persona accede a Internet es ciudadano del mundo y no está restringido por las barreras físicas tradicionales.

Ante este intento de crear un CDR digital en el que todos vigilan a todos y más allá del evidente temor que nos genera sentir que alguien puede estar violando nuestra privacidad y espiándonos, lo mejor es olvidarse de la doble moral y expresarnos tal y como pensamos pues no hay que olvidar que ahora vivimos en un estado de derecho ¿o no? Espero que disfruten nuestro arte y tengan un buen domingo,

Wimar Verdecia

 

 

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