Por primera vez en más de 45 años, los cubanos y cubanas tendremos la oportunidad de decir SÍ o NO a un pacto entre sociedad y gobierno. Eso es, en síntesis casi simplista, lo que tenemos frente a nosotros con el proceso de referéndum constitucional.

Para tomar la decisión, conocer a fondo ventajas y desventajas de lo propuesto, es fundamental.

Mientras la campaña oficial (solo enfocada en el SÍ) localiza las razones para votar en entelequias como la Patria, la independencia y la soberanía (aunque ninguno de esos tres conceptos están ni definidos ni puestos en discusión con el documento), creemos que existen temas concretos dentro de los artículos que, de ser ratificados por los votantes, serán pasos de avance para la sociedad.

Un primer elemento destacable aparece entre los fundamentos políticos del Estado cubano: ahora se define como Estado socialista de derecho y justicia social.

Esto implica, al menos teóricamente, la colocación en su justo lugar y grado de la Constitución y las leyes, reforzándose así la noción de legalidad, lo que a su vez contribuye a la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva.

Se incluyen otros principios y valores novedosos para sustentar la actuación del Estado: son los casos de la supremacía constitucional (artículo 1), la transparencia (artículo 101, inciso h) y la autonomía municipal (artículo 168). Los dos primeros deben informar a todas las estructuras de poder, tanto a nivel nacional como local, y en el caso del tercero es obvio que está concebido para nuestros municipios, permitiéndoles tener un peso más importante en el logro de los objetivos del país. Digamos que la autonomía municipal viabiliza conseguir desde abajo las aspiraciones nacionales.

Panel: ¿Qué no podemos obviar de cara al referéndum constitucional?

Otra novedad importante es que la propuesta de Constitución cubana hace alusión al concepto de derechos humanos, ampliando su catálogo, así como a sus garantías procesales. Como punto de partida se define la dignidad como un valor supremo, al indicarse en el artículo 40 que sustenta el reconocimiento y ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, los tratados y las leyes.

Se establecen los derechos humanos como irrenunciables, imprescriptibles, indivisibles, universales e interdependientes, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación (artículo 41). Se indica también que ninguna persona debe ser víctima de discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana (artículo 42).

De conjunto con lo anterior, se reconocen importantes garantías procesales asociadas con la noción del debido proceso, tanto en materia penal como administrativa: la tutela judicial efectiva, el habeas corpus, el habeas data, entre otras (artículos del 92 al 100). Vale la pena resaltar que ahora obtienen protección constitucional el derecho a la vida (artículo 46), el desarrollo de la personalidad (artículo 47), el derecho al libre tránsito (artículo 52), el derecho a la información (artículo 53) y el derecho al acceso a los datos personales (artículo 97).

Para dar respuesta a necesidades prácticas actuales, se instituye el principio de ciudadanía efectiva. Así, un ciudadano cubano podrá gozar de otra ciudadanía sin perder los beneficios que se derivan de su condición. En virtud del artículo 36, la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana. Los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en el territorio nacional, se rigen por esa condición, en los términos establecidos en la ley y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera.

La concepción de la familia también se amplía, con la protección de sus diferentes tipologías. Se instituye el derecho de toda persona a fundar una, por lo que el Estado se compromete en la Constitución a protegerlas, cualquiera que sea su forma de organización, pues se le considera como célula fundamental de la sociedad.

Un paso importante es que se indica que las familias se constituyen por vínculos jurídicos o de hecho, de naturaleza afectiva, y se basan en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de sus integrantes. Por tanto, el Estado también asume la protección jurídica de los diversos tipos de familias (artículo 81).

Se protegen expresamente a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, como grupos sociales que requieren de especial atención por el Estado, la familia y la sociedad.

Como rasgo común en la protección de todos ellos, destaca la necesidad del vínculo entre el Estado, la sociedad y las familias para asegurar su desarrollo armónico e integral; para proteger, asistir y facilitar la satisfacción de sus necesidades, elevar su calidad de vida, y crear las condiciones requeridas para mejorar su autonomía personal, su inclusión y participación social (artículos del 86 al 89).

Dentro de la nueva estructura de los órganos del Estado también hay elementos novedosos que vale mencionar como positivos.

Se establecen límites temporales al ejercicio de algunos de los principales cargos públicos, así como a la edad para acceder a los de más alto rango. Esta medida ayuda a fortalecer un principio del republicanismo como modelo de gobierno: la alternancia en el ejercicio del poder. De esta manera, el presidente de la República solo podrá ejercer su cargo hasta dos períodos consecutivos, luego de lo cual no le será posible desempeñarlo nuevamente. Para ocupar ese cargo se deberá haber cumplido treinta y cinco años de edad, hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos, ser ciudadano cubano por nacimiento y no tener otra ciudadanía. Se exige además tener hasta sesenta años de edad para ser elegido en este cargo en un primer período (artículos 126 y 127). En el caso del vicepresidente de la República, se preceptúan los mismos requisitos que para el cargo de presidente (artículo 129).

Lo que está en juego con la nueva Constitución

Como parte de las garantías para asegurar la participación política, se crea una autoridad electoral permanente: el Consejo Electoral Nacional. Este órgano en particular funcionará como garantía institucional de los derechos a la participación política (artículo 204) y al sufragio (artículo 205). Entre sus funciones más importantes está controlar la confección y actualización del registro electoral, de conformidad con lo establecido en la ley (artículo 215). Cabe subrayar que, por primera vez en un texto constitucional de la Cuba revolucionaria y socialista, se menciona que el registro de electores tiene carácter público y permanente; lo conforman de oficio todos los ciudadanos con capacidad legal para ejercer el derecho al voto, de conformidad con lo previsto en la ley (artículo 206). Lo anterior es consecuente con el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder del Estado, y en razón de esto pueden, de conformidad con la Constitución y las leyes, estar inscriptos en el registro electoral (artículo 80, inciso a).

Sin haber pretendido enlistar todo lo que puede considerarse como un paso de avance en la propuesta de nueva Constitución, creo que estos son algunos de los cambios más favorables. Sin embargo, luego del 24 de febrero deberemos estar todos muy pendientes del desarrollo legislativo posterior, así como de las medidas prácticas para garantizar la concreción de los postulados constitucionales.