El Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho y Políticas Públicas «Cuba Próxima» lanzó el 18 de septiembre de 2023 el programa «La Cuba que queremos», con el fin de posibilitar un cambio estructural profundo en Cuba y «refundar la República».

La propuesta de futuro es «con todos y para el bien de todos», como diría José Martí. Se trata del «resultado del trabajo colectivo de muchas personas de diferentes profesiones, posiciones políticas y experiencias de vida, que consensuaron este programa mínimo de propuestas para salvar la nación cubana de su actual crisis. Si bien todos los que participan en su elaboración consideran que el documento es solo una guía y está abierto al debate y a la incorporación o modificación de sus postulados», indicó la plataforma.

«En este programa se hallan, además de las ansias de renovación, el respeto, la justicia, la visión de desarrollo sostenible, una invitación a la reconstrucción física y moral de la sociedad devastada, acompañada al mismo tiempo de la feliz ausencia del atavío del odio», sostiene el comunicado oficial.

El programa define los principios fundacionales de una República democrática, para luego desarrollar diez ámbitos esenciales: derechos humanos; Estado democrático; elecciones libres; sociedad civil; desarrollo económico y bienestar; defensa del trabajo; cultura y educación; protección social; orden público, defensa, seguridad; y relaciones internacionales. Por último, expresa la necesidad de un proceso constituyente y de la «reconciliación nacional». 

República de ciudadanos, con democracia y bienestar

El contexto cubano se ha agravado en los últimos años. A finales de 2022, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) presentaba un informe sobre el estado de los derechos sociales en la isla. La investigación indicó que más del 72 % de los cubanos vive por debajo del umbral de la pobreza. 

El documento confirmó el creciente deterioro de los derechos sociales en la isla, generado por las crisis estructurales y la falta de voluntad política del Gobierno para cambiar esa realidad. 

En adición, el número de presos por motivos políticos ha aumentado desde julio de 2021. De acuerdo a la organización no gubernamental Prisoners Defenders, al cierre de julio de 2023 la lista de prisioneros políticos estaba compuesta por un total de 1 047 nombres. 

¿Es posible impulsar una iniciativa legislativa popular para conseguir la liberación de los presos políticos?

La iniciativa legislativa popular es un instrumento político que puede mantener el pulso con el poder; en el caso cubano podría ser efectivo para lograr la liberación de los presos políticos.

Mientras el Estado pone en práctica políticas represivas respaldadas por cambios legislativos recientes y ejerce la violencia institucional, se presenta como irrefutable el deterioro de las condiciones de vida generalizadas de la población: la falta de alimentos y de fármacos esenciales, y el deterioro de los servicios públicos. Incluso, la oficialista Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) indicó en su informe anual que, durante el primer semestre de 2023, el Gobierno invirtió casi cuatro veces más en hoteles y restaurantes que en salud pública y asistencia social. 

Ante tal situación, Cuba Próxima plantea que para procurar la existencia de una verdadera democracia social y política es pertinente trabajar por una república en la que ciudadanos libres, que gocen de los mismos derechos y oportunidades, sostengan una participación activa en la toma de decisiones. Sobre todo, aquellos grupos más vulnerables o históricamente marginalizados. Solo así —indican— se podría lograr la institucionalización de una sociedad civil autónoma, democrática y pluralista. 

«La Cuba que queremos» promueve el desarrollo integral de las infancias y adolescencias y la lucha contra cualquier forma de violencia a través de una ley contra la violencia de género. A su vez, aboga por un modelo de Estado transparente, incluyente y descentralizado con independencia entre las ramas del poder y autonomía para los gobiernos locales.

En el ámbito económico, el programa propone un modelo democrático con énfasis en el trabajo decente, orientado hacia el desarrollo y el bienestar de toda la población. Una forma de bienestar que se sostiene a través de la educación democrática, la atención de salud preventiva y un sistema de pensiones sostenible. Siempre con la paz, la justicia y la transparencia como elementos imprescindibles para la concertación política y la reconciliación nacional.

En relación a las fuerzas de seguridad, se plantea la necesidad de instituciones militares y fuerzas policiales comprometidas con la soberanía nacional y ciudadana. Mientras que, a nivel internacional, se mencionan los derechos humanos, la cooperación y la paz como pilares de su política exterior.

El proyecto representa una visión audaz y ambiciosa para el futuro de Cuba, anclada en valores fundamentales para una sociedad más justa, libre y próspera. No obstante, su implementación requiere y requerirá a largo plazo de un esfuerzo colectivo y de un compromiso sincero con esos principios.

Derechos humanos 

Cuba Próxima propone la creación de un catálogo que abarque tanto los derechos sociales e individuales como aquellos de tercera y cuarta generaciones. 

También es crucial ratificar los pactos de derechos políticos y civiles, y económicos, sociales y culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como suscribir otros tratados internacionales y regionales sobre derechos humanos y protocolos facultativos, al otorgarles rango constitucional.

Violaciones de derechos humanos en Cuba: Los señalamientos de la ONU

La ONU ha señalado violaciones de derechos humanos en Cuba, como detenciones arbitrarias y falta de libertades. Por su parte, el régimen no ha ratificado pactos claves de derechos humanos para evitar someterse a investigaciones y obligaciones internacionales sobre derechos que no reconoce como la huelga y libertad sindical.

El programa promueve la concepción y posterior puesta en práctica de una serie de documentos de carácter jurídico, como un Código Civil, una legislación contra la violencia de género y un nuevo Código Penal; en el que se eliminen la sanción de pena de muerte y la criminalización de la opinión política. En mayo de 2022 la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) falló a favor de un nuevo Código Penal, que entró en vigor en diciembre. El cuerpo legal castiga a quienes reciben financiación extranjera y presenta 24 delitos sancionables con la pena máxima. De esta veintena, cuatro específicamente son delitos contra la seguridad del Estado.

Entre otras menciones, «La Cuba que queremos» propone limitar la competencia de los tribunales militares a cuestiones estrictamente de ese carácter y de sus efectivos; contar con un poder judicial independiente; el restablecimiento del ejercicio libre de la abogacía; la creación de una Defensoría del Pueblo como garante máximo del disfrute de los derechos humanos; y la incorporación de Cuba a la Corte Penal Internacional, al fortalecer la jurisdicción sobre crímenes de transcendencia internacional.

Estado democrático 

«La democracia sociopolítica demanda centralidad de los derechos humanos, imperio de la Ley, sociedad civil autónoma, cultura humanista, civilidad política, economía democrática y bienestar social. O sea, demanda un Estado de derecho, lo cual requiere la condición jurídica de ciudadanía», señala el documento. 

Para poner en práctica la afirmación, Cuba Próxima introduce una serie de cambios que han de desarrollarse, como el reconocimiento a la múltiple ciudadanía. Ello permitiría a la población ser parte de diversas comunidades y culturas. También es esencial otorgar el derecho al voto a los emigrados.

Otro factor sería la libre asociación política en todas sus formas, incluida la formación de agrupaciones con programas de gobierno, nominación de candidatos y acceso equitativo a los medios de comunicación y fuentes de financiamiento. Esto, a su vez, estaría acompañado de un sistema de financiamiento equitativo y transparente, y que provenga tanto del Estado como de la sociedad civil, individuos y empresas privadas. Todo regulado bajo una misma ley. 

También debería facilitarse a la ciudadanía presentar iniciativas y propuestas de reforma a la Constitución, al promover una participación activa en el proceso legislativo. Pero, sobre todo, es necesario asegurar que el sistema de justicia tenga como principal enfoque la centralidad y la protección de los derechos humanos, y que exija su cumplimiento a las instituciones públicas de manera continua.

Elecciones libres 

Contar con un debido sistema electoral es fundamental a la hora de transformar la voluntad social en voluntad política. 

La propuesta del Centro de Estudios gira en torno a una Norma Electoral Provisional que establezca las bases para un proceso democrático inclusivo y transparente. 

La normativa de uso único permitirá a la ciudadanía acceder a las instituciones públicas de representación en un contexto aún carente de reglas e instituciones democráticas sólidas. Los candidatos electos tendrán, por tanto, la responsabilidad de iniciar la construcción de estas bases democráticas, en un entorno que carece de medios de comunicación consolidados, organizaciones de la sociedad civil y fuerzas políticas establecidas.

«Elecciones generales» en Cuba: ¿Qué pasó este 26 de marzo?

Los tiempos de mayoría abrumadora han pasado a la historia. Estas elecciones han sido las «más irregulares» en Cuba desde 1976.

Todos los cargos políticos deberían ser nominados democráticamente a través de elecciones libres, iguales, directas, secretas, periódicas y competitivas. Incluso, dado el caso, llegar a ser revocados por un quórum de electores o miembros de la Asamblea. 

La financiación de los procesos electorales —de acuerdo con «La Cuba que queremos»— tendría que ser regulada por una Ley, que permita a los candidatos recibir donaciones equitativas por parte del Estado, asociaciones de la sociedad civil, ciudadanos individuales y empresas privadas. Estos tendrían que estar dispuestos a socializar sus agendas y así, competir de manera efectiva y ser evaluados por los electores.

Sociedad civil 

En el camino hacia la consolidación de un Estado de derecho sólido y duradero, Cuba Próxima reconoce la importancia de la construcción de una sociedad civil activa y autónoma, en la que los ciudadanos gocen de derechos y garantías. Los cimientos son delineados en un conjunto de principios que buscan asegurar el bienestar y la libertad de todos los miembros de la sociedad. 

Entre ellos, se hace mención al acceso universal a servicios esenciales como la educación, la salud, la seguridad social y la asistencia pública. Derechos inalienables que —según explican— deben ser garantizados para cada individuo, sin importar su condición o desventaja. También es necesaria la igualdad de acceso a la esfera pública. Esto incluye la libertad de expresión, de prensa, de reunión, asociación y manifestación, el acceso a la información, así como el disfrute de las condiciones culturales y económicas.

Para consolidar un Estado de derecho pleno este debe, a su vez, reconocer y proteger legalmente las diversas relaciones conyugales y familiares; empoderar a grupos vulnerables; asegurar la atención médica y el acceso a programas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidades o neurodivergencias; y promover la formación de agrupaciones civiles con sus propias agendas. 

Con respecto a este último punto, se hace crucial contar con una ley de asociaciones que reconozca la autonomía y la pluralidad de los sujetos nacionales, al otorgar la debida personalidad jurídica y permitir un funcionamiento independiente de la economía respecto al Estado y los partidos políticos.

Por último, se propone la adhesión de Cuba a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, lo cual facilitará los procedimientos judiciales y administrativos entre cubanos residentes en el extranjero y sus contrapartes en la isla.

Desarrollo económico y bienestar

En relación a las problemáticas económicas, Cuba Próxima plantea un grupo de medidas que incluye acciones destinadas a fomentar la participación de diversas formas de propiedad, desde empresas públicas con una gestión eficiente y socialmente responsable, hasta empresas privadas individuales y asociaciones que promuevan la colaboración entre diferentes tipos de empresas. Además, se insta a resolver los conflictos en torno a empresas expropiadas a cubanos y a estadounidenses, sin descuidar las urgencias financieras nacionales.

Para estabilizar el valor de la moneda nacional, se propone una combinación de factores, que van desde el fortalecimiento de la economía hasta la plena convertibilidad del peso, un mercado de divisas unificado y una tasa de cambio flexible. Asimismo, se aboga por la independencia del Banco Central de Cuba para implementar políticas monetarias que promuevan bajos niveles de desempleo e inflación.

La plataforma hace énfasis en la importancia de defender las reglas del mercado y la libre contratación económica, bajo una regulación estatal necesaria. Esto se complementa con leyes antimonopolio y otras medidas que protejan la libre y justa competencia.

El fomento de la producción, los servicios, la exportación y el aumento del ingreso per cápita son objetivos centrales. También propone la necesidad urgente de una reforma agraria y un programa nacional de fomento agropecuario, mientras se impulsan de forma simultánea otros sectores clave como el turismo, la industria manufacturera y la minería. 

La promoción de la inversión extranjera, tanto privada como pública, es esencial para el crecimiento de todos los sectores del país, con un interés especial en la participación de la diáspora cubana. Se enfatiza en inversiones a nivel local que generen cadenas productivas y coloquen a Cuba en una posición ventajosa en cadenas globales de valor. Se sugiere establecer instrumentos tributarios que estimulen la producción. Así como garantizar un sistema de impuestos equitativo sobre ganancias de personas jurídicas y naturales, tanto públicas como privadas.

Inversionistas cubanos residentes en el exterior, la invitación que se repite

Las autoridades gubernamentales afirman que los inversionistas cubanos residentes en el exterior están protegidos ante cualquier eventualidad, pero en la práctica no se ha podido constatar que esto sea del todo cierto.

Además, se plantea la necesidad de reconstruir la infraestructura del país y perfeccionar el sistema de control contable y fiscalización del presupuesto estatal, al otorgar poderes plenos a la Contraloría General. Una vez que la economía alcance cierto nivel de desarrollo, aspirar a salarios y pensiones que cubran las necesidades de los cubanos. Avanzar hacia la implementación de una renta básica sostenible. 

Finalmente, en esta área, se aboga por el establecimiento de un Código de Comercio basado en la libertad comercial, la licitud de actividades comerciales, la transparencia, la responsabilidad social y ambiental, el comercio legítimo y el respeto a los derechos del consumidor.

Defensa del trabajo 

Para establecer un modelo sociopolítico que ponga al Estado y al mercado al servicio de las personas, Cuba Próxima presenta una propuesta centrada en el ámbito del trabajo como piedra angular de la cuestión social.

La iniciativa enfatiza en la importancia de salvaguardar las condiciones de trabajo, de garantizar una retribución justa y de establecer medidas como el salario mínimo, una jornada laboral de ocho horas diarias, el pago de jornadas laborales extras, el necesario descanso semanal y anual remunerado, así como la indemnización por despido sin justa causa y el seguro de desempleo.

El documento aboga por un sistema de contratos colectivos de trabajo, un marco de justicia laboral, el derecho a la huelga y la libertad sindical como elementos esenciales en la defensa de los derechos de los trabajadores. También subraya la importancia de promover entidades gestoras de empleo tanto públicas como privadas, bajo la coordinación racional del Ministerio de Trabajo, con el objetivo de fomentar un entorno laboral equitativo y productivo.

Para erradicar cualquier forma de discriminación, se propone la igualdad de oportunidades para la mano de obra nacional y extranjera en términos de salarios y de acceso a puestos de dirección y gestión.

En el ámbito de la inspección laboral, se propone un enfoque riguroso con la participación activa de los sindicatos. Se busca establecer un sólido sistema de justicia laboral que incluya la representación efectiva de las organizaciones sindicales. Asimismo, se plantea la creación de una Comisión Trisectorial que reúna a representantes de sindicatos, asociaciones de profesionales y oficios, empresarios y el Gobierno, para evaluar periódicamente las condiciones del desarrollo socioeconómico y acordar un marco de acuerdo sobre el proceso económico/laboral.

Finalmente, se insta a cumplir y a suscribir, cuando sea necesario, los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a aprobar un Código del Trabajo que refleje los principios de justicia y equidad laboral.

Cultura y educación

La iniciativa de cultura y educación aborda diferentes áreas clave que buscan potenciar estos aspectos esenciales en la vida de los ciudadanos. 

En veinte puntos se incluyen medidas que van desde el fomento de las ciencias y la libre iniciativa cultural hasta el apoyo financiero a la obra cultural de individuos y grupos talentosos. Se destaca la importancia de la preservación del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, con especial énfasis en terrenos como el cine, la fotografía y la documentación.

Para fortalecer la educación, esta será pública, universal, de alta calidad y obligatoria hasta el bachillerato. Siempre reconociendo el derecho de los padres a elegir la educación que consideren adecuada para sus hijos.

Se enfatiza la importancia de la enseñanza técnico-profesional y se propone la incorporación de la enseñanza de la inteligencia artificial, la informática y su tecnología en todos los niveles de formación.

En el ámbito de la comunicación y la información, se busca garantizar el acceso a contenidos veraces, variados y socialmente relevantes, así como promover la pluralidad de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales en igualdad de derechos y obligaciones.

Protección social 

En el ámbito de la protección social, se establece la corresponsabilidad entre el Estado, el mercado, las familias y la sociedad civil; al evitar la excesiva centralización y promover la participación ciudadana. 

Una de las principales propuestas es el rediseño —con enfoque colaborativo y participativo— del modelo de bienestar. Redistribuir funciones y atribuciones entre los distintos actores, para evitar la concentración excesiva en el Estado.

Asimismo, se defiende el acceso universal a la salud. Una atención integral que incluya también el carácter preventivo. Esto implica el desarrollo de diversas instituciones sanitarias, así como la regulación estatal del ejercicio privado de la Medicina, y la implementación de un sistema de seguros médicos con diversas coberturas adaptadas a la realidad económica y el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Destaca la importancia de una política medioambiental basada en la ciencia, que se apoye en diagnósticos y sugerencias científicas, al respetar los principios del derecho ambiental y los tratados internacionales. La política incluirá el fomento de fuentes de energía limpia, la educación ambiental y la participación ciudadana, junto con un programa de «cambio verde».

Para responder de manera efectiva ante catástrofes naturales, sanitarias y humanas, se plantea el desarrollo de una Defensa Civil organizada y preparada. Para ello, tendrá que existir, por parte del Estado, una disponibilidad continua de recursos económicos, científicos, legales, institucionales, profesionales y sociales. 

Por último, se propone llevar a cabo una reforma del actual sistema de pensiones y seguridad social, con la institución de una reserva que se invertirá de manera productiva. 

Orden público, defensa, seguridad

La preservación del orden, la seguridad y el respeto a los derechos individuales y colectivos son fundamentales en la construcción y sostenimiento de un Estado democrático. 

Con el objetivo de fortalecer y adecuar las instituciones encargadas de mantener el equilibrio social, Cuba Próxima propone abolir el llamado Servicio Militar obligatorio. Solo así la participación en las fuerzas armadas será verdaderamente voluntaria y consciente. La medida, a su vez, respeta la libertad individual y promueve un enfoque más moderno y participativo en la defensa nacional.

Por otra parte, para garantizar la civilidad y el estricto apego a las normas constitucionales y legales, se propone la reestructuración de los institutos militares. Se plantea la implementación de una estrategia de capacitación en materia de derechos humanos y cultura democrática para todas las fuerzas del orden público, defensa y seguridad nacional, con el fin de fortalecer el compromiso con los principios fundamentales de la democracia y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos.

Para preservar la imparcialidad y neutralidad de las fuerzas armadas en asuntos políticos, se propone prohibir la pertenencia de militares a agrupaciones políticas o su elección para cargos políticos mientras permanezcan en servicio activo.

Relaciones internacionales

En cuanto a política exterior y relaciones internacionales se refiere, el documento aboga por priorizar los intereses de la nación sobre los de un sistema o partido, al considerar sus condiciones naturales, geopolíticas e históricas. 

El programa subraya que Cuba es un país con recursos limitados, lo cual la obliga a depender del comercio internacional. Por tanto, se hace pertinente fomentar amistad y cooperación con todas las naciones; estimular cooperación económica y contratación justa de técnicos y profesionales; explotar estratégicamente su ubicación geográfica y herencia cultural, al mantener vínculos con Estados Unidos; renegociar deudas financieras; participar en organismos multilaterales; cumplir acuerdos internacionales; acceder a mecanismos financieros internacionales; y negociar acuerdos de cooperación y libre comercio con socios estratégicos.

A la par, el país deberá fomentar relaciones internacionales basadas en la paz, en la resolución de conflictos y en el respeto a los derechos humanos. Así como prohibir el desarrollo de bases militares extranjeras en su suelo.

Nueva carta magna y reconciliación nacional

Más allá de los elementos mencionados, un paso vital para el establecimiento de un Estado de derecho en Cuba —de acuerdo con lo que plantea la plataforma— será la convocatoria a un proceso constituyente que dé lugar a una nueva carta magna. El ejercicio democrático va a requerir de la participación activa de todos los sectores socioeconómicos y de las diversas corrientes políticas y pensamientos, incluida la diáspora. Con ello, se busca un diálogo genuino y una concertación plural, libre y democrática.

Reclamar derechos constitucionales en Cuba: la nueva trampa hecha ley

¿Cuánta protección ofrecerá la ley de reclamación de derechos constitucionales en Cuba? En el siguiente texto explicamos los peligros y la indefensión a la que se verá expuesta la ciudadanía de aprobarse el proyecto de la nueva regulación.

En este contexto, la iniciativa de Cuba Próxima ha tomado la delantera al trabajar en una propuesta de carta magna, basada en la Constitución propuesta por la República de Cuba Posible en 2018. La propuesta representa un paso importante hacia la construcción de un marco legal que refleje los anhelos y la diversidad de la sociedad cubana.

La democratización de Cuba también exige un proceso de reconciliación nacional fundado en los principios de paz, justicia y transparencia. El proceso debe abordar la reparación en distintos niveles: económico, político, judicial, psicológico, social y moral, en beneficio de toda la población, sin excepciones.

La propuesta de Cuba Próxima, plasmada en el documento titulado «Comisión de Verdad, Justicia, Reconciliación y Memoria Histórica», detalla las bases doctrinarias y la estructura organizativa que guiaría el trabajo de la Comisión. La iniciativa representa un paso esencial hacia la sanación de heridas históricas y la construcción de un futuro más inclusivo y equitativo.

«La Cuba que queremos» constituye un avance sustancial hacia la construcción de una nación más democrática, inclusiva y justa. El camino hacia una nueva Constitución y la implementación de mecanismos de reconciliación y protección de derechos marcan hitos cruciales en la búsqueda de un futuro promisorio para los cubanos.