El emprendimiento enfrenta en Cuba más obstáculos que en otros lugares. La escasez  de recursos o la ausencia de un mercado mayorista que afectan al cuentapropismo —o según una definición bromista cargada de doble sentido, al “cuentapropeo”—, son nimiedades comparadas con las limitaciones a la creatividad impuestas por el ordenamiento jurídico.

Nuestros “cuentapropistas” han tenido que irse acomodando a las mareas regulatorias, que en Cuba no necesariamente cumplen con los ciclos de la luna.

En pleno verano de 2017 (1ero de agosto para ser más exactos), los reguladores cubanos (no digo legisladores porque, como casi siempre, los diputados cubanos no intervinieron), dignos fans de la serie de HBO Juego de Tronos, decidieron que el Invierno había llegado para quedarse y congelaron por casi un año una buena parte de las licencias del trabajo por cuenta propia.

En julio de 2018, en medio de la efervescencia del cambio de gobierno y del anuncio de una reforma constitucional, el calentamiento global comenzó a hacer efecto. El deshielo tuvo como colofón la publicación de un paquete de medidas “perfeccionadas”.

Atendiendo al largo período de espera, se suponía que las medidas iban a ser el David de Miguel Ángel hecho norma.

Sin embargo, muy pronto se supo que todo el conjunto había sido concebido y producido hacía mucho tiempo, solo que los maestros no habían querido mostrárnoslo.

Especial – Hacia dónde va el cuentapropismo en Cuba

El producto no cumplió con las expectativas del público. Inmediatamente la crítica la emprendió con la obra. Por primera vez, y un día antes del estreno definitivo, la marea volvió a cambiar. La audiencia fue tímidamente complacida.

Después de tanta parafernalia, supusimos que íbamos a tener una legislación duradera. Pero nada puede durar cuando la intención es controlar hasta el más mínimo detalle. Cuando se pretende obviar la lógica del derecho y determinar lo que está permitido y no lo que está prohibido.

Después del 6 de diciembre de 2018 las licencias para los emprendedores cubanos se limitaron al número de 123 actividades. Cada una con un “alcance” específicamente determinado en las normas. Sin embargo, este 20 de febrero, la marea volvió a inundarlos, o más concretamente a salpicarlos.

Las lunas, como dicen los guajiros, al parecer se han vuelto más cortas en vísperas del 24F.

A escasos tres meses de implementado el paquetazo, se toman nuevas decisiones que modifican varias de las disposiciones que recientemente entraron en vigor.

Como se anunció, se aprobarán cinco nuevas actividades para el ejercicio del trabajo por cuenta propia. Al mismo tiempo, se unificarán algunas de las previamente autorizadas y se modificarán los alcances de otras para ampliar la gama de servicios que podrán prestarse con una misma licencia. Se permitirá, además, que el Facilitador de Permuta tenga la capacidad —no reconocida previamente— de contratar al menos dos trabajadores.

Las nuevas medidas también modifican los niveles de evaluación, facultando a los Consejos de la Administración Municipal (CAM) para que sean quienes autoricen las licencias relacionadas con las paladares, los bares y los arrendadores de vivienda y espacios, en el caso en que se arrienden más de cuatro habitaciones o viviendas completas. Así mismo, estos órganos ejecutivos podrán regular los precios y tarifas de los servicios prestados por los cuentapropistas, cuando las circunstancias lo aconsejen y atendiendo a las características de cada territorio.

Muy pronto habrá traductores y productores de alimentos en conservas por cuenta propia. El sector artístico, afectado por el Decreto 349 se verá beneficiado. Aparecerán nuevos agentes de casting, auxiliares de producción artística y operadores/arrendadores de equipos; mientras otros dejarán de ser clandestinos y regularizarán su estatus.

Los cerrajeros podrán además de arreglar cerraduras del medioevo, avanzar a la era digital. Por supuesto, no sin antes agradecerle al Estado/Gobierno por permitirles incursionar en el mundo de las cerraduras electrónicas.

Mientras tanto, los programadores, los sopladores de botella o cualquier otro entusiasta que rebase lo imaginado por quienes impulsan las mareas, deberán seguir esperando.

En su espera no pasarán sed pues los acompañarán los aguadores, esos que ahora de acuerdo a la ley podrán también vender hielo pero no durofrío. Y tendrán que hacerlo, si hay mucha sequía, a los precios que el CAM de su municipio determine.

El proyecto de constitución que muy probablemente será aprobado el próximo 24 de febrero reconoce la propiedad privada. ¿Por qué no utilizar entonces el espíritu constitucional y cambiar radicalmente la forma en que se regula el emprendimiento? ¿Por qué no establecer reglas generales y no autorizaciones casuísticas apoyadas en una constitución que reconoce el papel del mercado controlado en la economía cubana?

Lo que está en juego con la nueva Constitución

La Carta Magna que se someterá a referéndum no cambia las dinámicas de formación de las normas jurídicas cubanas. Tampoco ofrece nuevas herramientas para mejorar la influencia de los ciudadanos en la conformación de estas; por el contrario, mantiene la hegemonía de quienes hasta hoy definen el qué y el hasta dónde de lo legalmente permitido.

Las medidas que se anunciaran el 20 de febrero por funcionarios del Ministerio de Trabajo y de Finanzas y Precios son un paso de avance pero, a la vez, demuestran que el ritmo que se sigue no es el de la conga del pueblo.

El ritmo es el de quienes desde la comodidad de King´s Landing apelan al mantenimiento de un muro de hielo, con la justificación de que detrás se esconden caminantes blancos dispuestos a acabar con “la gloria que se ha vivido”.

Al parecer habrá que esperar a ver quién gana entre Daenerys y Cersei, para saber cuándo destrabarán el “desarrollo de las fuerzas productivas”.